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24oct10
Juez ordena detención preventiva de Pablo Cossío; defensa apelará decisión
La audiencia de medidas cautelares llevada a cabo ayer, y que duró más de ocho horas, derivó en la detención preventiva de Pablo Cossío Cortez, imputado por el Ministerio Público por varios delitos dentro del caso Piscina Olímpica. Durante la audiencia se reveló que la Fiscalía habría identificado a la funcionaria de la Gobernación, Rosmery Ruiz, como autora de posibles actos de obstaculización de las investigaciones.
La jueza cautelar, María Candelaria Peñarrieta, una joven profesional recientemente posesionada en el cargo, fue la autoridad jurisdiccional que tomó la decisión de la detención preventiva de Cossío luego de escuchar por varias horas y en una audiencia con masiva concurrencia de interesados, parientes y prensa local, los alegatos de las partes.
La autoridad tuvo que mostrar varias veces firmeza y poner orden en la sala. Hubo un momento en que advirtió a los presentes que ordenaría el desalojo de la sala, toda vez que el desorden y el bullicio interno impedían escuchar los alegatos y concentrarse en las peticiones y exposición de pruebas de cargo y descargo que hacían los abogados del Ministerio Público y del imputado. Peñarrieta también mostró flexibilidad en el manejo de la audiencia. Le puso ritmo. Autorizó descansos y pequeñas ausencias para que los presentes puedan alimentarse o correr al baño.
Al momento de emitir su resolución, visiblemente afectada por el largo proceso, determinó un cuarto intermedio, tiempo que utilizó para realizar un profundo análisis de todos los elementos de prueba y de las normativas vigentes en el país, todo con la finalidad de demostrar que su actuación se enmarcó, en todo el tiempo, en las leyes que rigen la sociedad.
Determinó la detención preventiva y la hipoteca legal de los bienes de Pablo Cossío e instruyó la retención de dineros que poseyera en el sistema financiero, instruyendo a la Autoridad competente (ASFI) ejecutar esa instrucción.
La audiencia
La audiencia se inició a las nueve de la mañana pero, debido a la masiva concurrencia de interesados, la jueza ordenó un cambio de sala, lo que retrasó unos diez minutos el curso de los alegatos.
Entre los presentes se observó a familiares de Pablo Cossío así como a funcionarios de la Gobernación.
Una vez reinstalada la audiencia y cumplidas las formalidades que ordena la ley, la jueza Tercero de Instrucción en Materia Penal instruyó que sea el Ministerio Público quien tenga la palabra inicial, luego los representantes de la Gobernación de Tarija, en su condición de querellantes, y después la defensa del imputado y éste mismo, ejerciten su defensa técnica y material.
El fiscal de la Unidad Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción, Marcos Arce, comenzó refiriéndose a las declaraciones que le fueron tomadas a Sergio Donoso el pasado viernes 15 del presente, las que fueron solicitadas por el mismo Donoso en el penal de Morros Blancos, donde guarda detención preventiva en la actualidad.
El fiscal hizo referencia a la existencia de varios peligros procesales como son los de obstaculización y de fuga, principalmente, en los que argumentó que Pablo Cossío Cortez tendría la suficiente capacidad como para obstaculizar, modificar e incluso destruir algunos elementos de prueba que se podrían generar en la Gobernación, siendo el principal motivo el que está vinculado directamente con el Gobernador.
Mientras que en referencia a los peligros de fuga, dijo que el imputado contaba con la posibilidad de salir del departamento como del país en cualquier momento, mostrando documentación que demostraba que Cossío Cortez junto a su familia habrían efectuado viajes a diferentes países y también regiones del país.
Por su parte, el fiscal Gilbert Muñoz, que ratificó las declaraciones de su colega afirmando que todo el proceso investigativo que se realizó fue efectuado en cumplimiento de la legalidad establecida en la Constitución Política del Estado y también las normas vigentes, garantizando el debido proceso en todo momento y respetando los derechos y garantías de los imputados "porque todos los elementos de prueba conseguidos han sido calificados como suficientes y han demostrado la probabilidad de la existencia de los delitos imputados…".
Una revelación
Además de los argumentos esgrimidos por el fiscal Muñoz, éste reveló la existencia de una obstaculización vinculada con la Gobernación. Mencionó que no es posible negar que el imputado sea hermano del gobernador, Mario Cossío, recordando que la primera autoridad departamental hizo referencia a una persecución política en su contra, su familia y entorno más cercano.
Muñoz dio lectura a la última parte de la declaración de Sergio Donoso, en la que -según explicó- se demuestra la obstaculización directa de una ex funcionaria fiscal y en la actualidad funcionaria de la Gobernación, en la que señaló que el tema del rechazo emitido a favor de Mario Cossío Cortez sería irregular porque solamente fue emitido a su favor y que debería haber favorecido al resto de los involucrados.
Explicó que Donoso refiere -en su declaración- que no estaba de acuerdo con firmar el rechazo y se fue sin ser notificado, sin embargo, fueron a notificarlo personalmente, describiendo a una funcionaria del Ministerio Público, quien le explicó que al emitirse el rechazo a favor de Mario Cossío Cortez, este favorecería a todos, incluso refirió que al momento de firmar, tras una serie de presiones, la referida funcionaria le solicitó que firmase con una fecha anterior al día en que firmó.
Ya en ese momento se identificó que la funcionaria a la que hacía referencia el fiscal Muñoz era la asesora legal de la Gobernación, Rosmary Ruiz, que estuvo acompañada por el abogado Marco Castillo, misma que reaccionó enérgicamente ante las afirmaciones del funcionario del Ministerio Público, refiriendo incluso que es objeto de constantes amenazas anónimas.
Ruiz, además de referirse a estas amenazas, aseguró que la Gobernación sí presentó querella, en dos oportunidades, contra varios de los imputados, e incluso aseguró y lamentó que muchas de las personas a las que refieren se en las querellas en la actualidad no están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
La defensa
Luego fue el turno del abogado defensor, Jaime Tapia, quien buscó los mejores argumentos posibles para desvirtuar las afirmaciones del Ministerio Público, incluso aportó con algunos elementos de prueba que -consideró- servirían para que la autoridad jurisdiccional rechace el pedido de la Fiscalía de aplicar la medida de última ratio (detención) contra su defendido. Incluso solicitó que se aplicase la detención domiciliaria con custodia policial, pero pidió que a Pablo Cossío se le permitiese asistir a su fuente laboral, siendo que este es un derecho constitucional con el que cuenta.
Además, proporcionó varios elementos de prueba que explicó demostrarían el arraigo natural de su defendido y que desvirtuarían el peligro procesal de fuga, además de descalificar las declaraciones testificales de Sergio Donoso Trigo y Víctor Sánchez Sánchez.
Tras el rechazo de su argumentación por la jueza, la defensa anunció que apelará la decisión en los próximos días, por considerar que la determinación judicial no es la más adecuada.
[Fuente: El País, Tarija, 24oct10]
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