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18jun10
Según parlamentarios del oficialismo exiten dos requerimientos acusatorios en contra del prefecto Cossío
Dos requerimientos acusatorios por supuestos contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica fueron presentados por el Ministerio Público el 2008 ante la Corte Suprema de Justicia contra el Gobernador de Tarija, Mario Cossío. Esos documentos son la base con la que se prevé aprobar mediante la Asamblea Legislativa un proceso legal, informó el diputado Wilman Cardozo, aliado del MAS.
El Ministerio Público presentó un memorial a la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal a proposición acusatoria de la ministra de Transparencia y Lucha Anticorrupción, Nardy Suxo, que fue elaborada en 2008 contra el gobernador de Tarija, Mario Cossío y Adel Cortez, por los supuestos hechos de corrupción en su gestión como prefecto del Departamento.
Situación delicada
La diputada suplente de PPB, Mirtha Arce, señaló que estas acusaciones no tienen sustento legal y que obedecen a un tema político de copar espacios regionales de poder. "Al gobernador Cossío le han presentado varios procesos cuando era prefecto los cuales fueron rechazados por no tener ningún sustento legal. Los oficialistas están utilizando todos los recursos, supuestamente legales, para viabilizar sus investigaciones y ahora están motivando que se logre un pliego acusatorio para que se pueda inhabilitar de sus funciones a nuestro Gobernador".
"Lo que pasa es que el Gobierno pretende lograr mediante acciones supuestamente legales e independientes, tener las gobernaciones y municipios que no logró en las urnas, porque saben que el gobernador Mario Cossío ha logrado hacer gestión y tiene apoyo de la población. Más bien ellos han copiado las políticas sociales tan exitosas de la gestión de Tarija como el diploma de Bachiller y el seguro de salud", señaló Arce, legisladora suplente de Adrián Oliva.
Por su parte, el diputado chaqueño por PAN, Wilman Cardozo, aseguró que el caso puede ser manejado de forma política por el oficialismo. "Para mí puede haber ingredientes políticos de parte del Ejecutivo, pero en otros casos incluso la empresa privada lo acusa; para mí la situación jurídica de Cossío es muy delicada y cualquier rato va a caer". En esa misma línea, el diputado Luís Alfaro del MAS cree que Cossío tiene los días contados si no esclarece las denuncias de corrupción.
Cardozo, jefe de la agrupación Plan Autonómico Nacional (PAN) explicó que las denuncias se refieren a temas de gestión en obras que no contarían con respaldos ni siguieron los procedimientos administrativos para las licitaciones.
"Las obras han sido mal licitadas, sin tener el registro ambiental, el derecho de propiedad, sin estudio de suelo y ahora están las obras paralizadas. El gobernador Cossío no puede acogerse en que ha sido elegido por el pueblo y por lo tanto no se lo puede juzgar", dijo.
Generadores de gas
Uno de los requerimientos acusatorio de la Fiscalía General, se refiere a una licitación de contrato para la adquisición de Generadores de Gas para las provincias de Bermejo y Entre Ríos con la coordinación del PNUD en 2005, cuando Adel Cortez era prefecto. Entonces se suscribió el contrato con la Distribuidora CUMMIS por un monto de 1.362.280.50 dólares.
Con este antecedente, el año 2006 Mario Cossío, como prefecto de Tarija suscribe una enmienda en supuesta "infracción de las estipulaciones del contrato y el pliego de condiciones", para luego alquilar un equipo de motor generador para la localidad de Bermejo, por el mal estado de los motores que instaló la empresa, lo que sería un gasto para la Prefectura.
El documento señala que Cossío, no ejecutó las boletas de garantía ni obligó a cumplir los términos de contrato con la distribuidora, siendo esta la causa por la que la Prefectura de Tarija habría sido afectada en su economía.
Millones de dólares
El otro caso obedece a una acusación directa de Clemente Guevara, de la Federación Sindical de Campesinos del departamento y Nardi Suxo en su condición de Ministra Anticorrupción.
Se trata de varios proyectos de construcción, como una presa de enrocado en le cantón Yesera por más seis millones de dólares. En 2006 supuestamente se hace un anticipo de diez millones de bolivianos. Una piscina olímpica en San Jacinto por más de cinco millones de dólares y el velódromo departamental por 23 millones de bolivianos.
En todos los casos no se habrían realizado los procedimientos legales para la adjudicación de obras, además de no tener estudios sobre los terrenos apropiados.
[Fuente: El Diario, La Paz, 18 jun10]
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