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26may21
Exjefe de gabinete de Murillo cae en EEUU, el exministro está acorralado
El abogado Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, quien fue jefe de gabinete de Arturo Murillo, exministro de Gobierno, fue arrestado el viernes en Estados Unidos, en el marco de una investigación iniciada por el pago de sobornos en la compra, en 2019, de equipamiento antidisturbios para Bolivia mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS).
La investigación, que además involucra a otras cuatro personas y que identificó que se pagó más de dos millones de dólares a la intermediaria, generó amplia repercusión en el país y pedidos para la extradición del exministro, quien se encuentra en territorio estadounidense desde que dejó el país tras el retorno al poder del Movimiento Al Socialismo.
El Ministerio de Justicia, mediante un mensaje publicado en sus cuentas en redes sociales, anunció que prepara una acusación por corrupción, luego de que “el operador del prófugo Arturo Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, fue arrestado el 21 de mayo en EEUU con tres cómplices por lavado de dinero”.
En realidad sólo fue arrestado Méndez. Los otros tres investigados son: Bryan Samuel Berkman y Luis Berkman Littmann, identificados como propietarios de la empresa intermediaria BTS, además de Philip Lichtenfeld, un empresario boliviano-estadounidense que confirmó que fue citado a declarar y aseguró que, luego de ello, retornó a su vida cotidiana.
“Yo ya presenté mi declaración, así que no me están buscando, absolutamente nada (…) He presentado mi descargo y no tengo ningún problema en este momento. Creo que todo se va a aclarar (…) Indirectamente estoy vinculado, hay algunas cosas que están equivocadas, pero no soy partícipe de dicha operación”, aseveró en declaraciones a la red Gigavisión desde EEUU.
La investigación del FBI, contenida en un informe de 25 páginas y registrada como caso 21-mj-6320-AOV, menciona que “Bryan Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld pagaron sobornos por un total de al menos 582 mil dólares a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, funcionario del Ministerio de Gobierno de Bolivia, y al menos 20.000 dólares para el co-Conspirador 2, un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia, a cambio de utilizar sus cargos oficiales para ayudar a una empresa intermediaria (Bravo Tactical Solutions LLC), Bryan Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld y otros para obtener y retener el negocio para la empresa intermediaria”.
El contrato fue firmado el 19 de diciembre de 2019 por un monto de 5,6 millones de dólares y la compra fue realizada a la empresa brasileña Condor por poco más de tres millones de dólares. El restante fue para BTS que, a su vez, según la investigación estadounidense, pagó a Méndez y al funcionario no identificado del Ministerio de Defensa.
El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, demandó la extradición de los responsables de este acto de corrupción. “En su momento fuimos claros: el pueblo luchó contra el fraude, pero después los viejos políticos se apropiaron del poder y traicionaron nuestra lucha. El Gobierno debe exigir y hacer todo lo posible para extraditar a todos los implicados en este caso de corrupción”, escribió en Twitter.
Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia, exmiembro del gabinete de Jeanine Añez junto a Murillo, dijo que esto confirma su denuncia de que en la compra de gases lacrimógenos y material antidisturbios “existió un negociado” y que además “desvirtúa el tema de que haya una persecución política de Murillo”. Por ello, dijo que el exministro debe responder en el país.
Erick Morón, senador de Creemos, coincidió con este criterio. “Esperemos que lleguen a desbaratar esta red, este clan que conformó en su momento el señor Murillo y que den la cara”, afirmó, luego de lamentar que funcionarios de Gobierno hayan estado impulsando negociados en momentos en que los bolivianos morían por la Covid-19.
“Arturo Murillo, el exministro López, tienen que venir al país y rendir cuentas a la justicia”, opinó a su turno el diputado Renán Cabezas, del MAS. Aludió con ello a Fernando López, exministro de Defensa, quien también es investigado en Bolivia por el caso del contrato para la compra de este equipamiento.
Murillo, que suele responder mediante sus redes sociales a las acusaciones que le hacen en el país, esta vez no publicó nada.
La empresa intermediaria recibió más de dos millones de dólares
Según la investigación realizada en Estados Unidos, de los 5.649.137 dólares que Bolivia pagó para la compra de gases lacrimógenos y material antidisturbios, 2.291.402 dólares (más del 40,5%) fueron destinados a la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) de propiedad de Bryan Samuel Berkman y Luis Berkman Littmann, ahora investigados por pago de sobornos.
La empresa proveedora de los productos, la brasileña Cóndor, recibió un pago de 3.375.735 dólares, pero luego de reiterados intentos que se hicieron para depositar el monto total del contrato en una cuenta personal en Estados Unidos, desde el estatal Banco Central de Bolivia (BCB).
Siempre de acuerdo a esa investigación, del monto que recibió BTS 520 mil dólares fueron destinados al exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, quien fue arrestado el viernes en Florida. Además, 20.000 dólares fueron para un funcionario del Ministerio de Defensa, quien sin embargo no es identificado.
“Una orden de compra de fecha 17 de diciembre de 2019 muestra que la empresa intermediaria compró el equipo requerido bajo el contrato de gas lacrimógeno de la compañía de Brasil por aproximadamente 3.357.735 dólares , lo que dejó a la compañía intermediaria con aproximadamente 2.291.402 dólares”, se lee en el punto 27 del informe.
En enero de este año, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que ocho auditorías solicitadas por su cartera detectaron un sobreprecio de más de siete millones de bolivianos (aproximadamente un millón dólares) en la compra de los gases lacrimógenos.
El informe del FBI detalla además cómo se hicieron varios intentos de pago desde el BCB. La investigación revela incluso mensajes en WhatssApp que compartieron los implicados.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 26may21]
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