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15dic10
Rodríguez: "El Contralor es arbitrario"
Luego de que el contralor del Estado, Gabriel Herbas, anunciara el inicio de un proceso por supuesta malversación contra ex autoridades del Poder Judicial, el ex presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, calificó de "arbitrario, discriminador y ofensivo" al funcionario, y pidió que se le restituya su derecho a la presunción de inocencia y alegó que los pagos a los que se refiere y que beneficiaron a más de 6 mil funcionarios fueron aprobados por el Congreso Nacional en el presupuesto del Poder Judicial.
Sin embargo, Herbas anunció que la denuncia fue presentada al Ministerio Público contra Rodríguez Veltzé y otras 16 ex autoridades del Poder Judicial por haber supuestamente autorizado para ese poder el pago presuntamente ilegal de bonos "Pantaleón Dalence y Congelado" que llega a los 200 millones de bolivianos, recursos transferidos de los depósitos judiciales de los litigantes.
"Lo que ha hecho el Contralor es vulnerar la Constitución: no ha respetado la presunción de inocencia de mis actos, la licitud de mis actos, ni me ha demostrado ni preguntado nada, simplemente me ha acusado, me ha denigrado y esa actuación la entiendo como una discriminación que señala la nueva Constitución y la ley antirracismo, que dice que la autoridad pública que limite el ejercicio de los derechos ciudadanos discrimina", demandó el ex mandatario.
El ex presidente de la República, que llegó a ese cargo en 2005 siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que nunca fue comunicado ni citado y que cuando consultó en la Contraloría le informaron que no existía una auditoría, sino un informe circunstancial que no lo conoce porque además no se hizo público y que ahora sirvió de base para las acusaciones.
"Tengo la esperanza de que el Fiscal, si ha recibido esa acusación, devuelva al Contralor para que este cumpla con los procedimientos que demanda la ley, porque incluso hay fallos constitucionales en este y en otro período de Morales donde se reitera que la Contraloría tiene que revisar sus procedimientos antes de acusar", dijo Rodríguez.
La ex autoridad explicó que los supuestos "bonos" observados son parte de una política salarial que adoptó hace muchos años el Poder Judicial, "antes de que yo me convierta en presidente el año 2004", y que fueron aprobados en el Presupuesto General de la Nación mediante la ley financial que aprueba el Congreso, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional.
"Los recursos no se disponen libremente, no están en una caja abierta para pagar bonos ni ninguna otra cosa. En el tema presupuestario, si no está legal y debidamente presupuestado, no se ejecuta", afirmó.
Insistió en que "nadie ejecuta nada, no sale el dinero del Tesoro. No está en las cajas del Poder Judicial, está en el Tesoro, entonces, ¿cómo puede alegarse pagos irregulares?".
Miles de funcionarios
Eduardo Rodríguez aclaró que son miles de funcionarios los que recibieron el pago de ese bono y desde hace muchos años "no sólo se pagaba a los ministros o a los presidentes (de la Suprema), sino también a los aproximadamente mil jueces que hay en el país, mil funcionarios auxiliares, 1.500 funcionarios administrativos… Aproximadamente a 6 mil funcionarios sin distinción".
Según el Contralor, el pago de esos beneficios es ilegal porque fue anulado con el Decreto 21060 en 1985. Sin embargo, Rodríguez Veltzé explicó que, aunque dicho decreto consolidó los bonos, posteriormente fue objeto de múltiples excepciones, variaciones y modificaciones para múltiples sectores, empezando por el propio Congreso de la Nación, el Magisterio y las Fuerzas Armadas.
"No es una novedad. Si alguien quiere escandalizarse de los bonos en el Poder Judicial, debería mirar los bonos en las Fuerzas Armadas. Además son conquistas salariales", manifestó y expresó su extrañeza porque en la lista que hizo pública el Contralor no están muchos funcionarios que en su momento fueron parte de ese proceso. "No voy a dejar de decir que es arbitrario, discriminador y ofensivo. Veré en su momento si asumo alguna acción, porque hasta ahora no he recibido ni un papel".
Para el Contralor, sólo entre los años 2007 y 2008 se encontraron transferencias ilegales por un monto de 10 millones de bolivianos, de los cuales se utilizaron recursos para el pago de bonos.
Otro acusado
Rodolfo Mérida
Ex consejero"Era legal, pero yo me opuse"
"La posición institucional se expresó en el informe que realiza Santiago López, que es el director de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura, al plenario de la entidad. En relación a esta temática señala que los depósitos judiciales consolidados, los bonos Pantaleón Dalence y complementarios fueron analizados en auditorías de confiabilidad y señala que se ha verificado que las consolidaciones de depósitos judiciales a favor del Poder Judicial ejecutadas en las últimas gestiones se realizaron conforme a disposiciones legales vigentes como la ley del 17 de noviembre de 1923, bajo el Gobierno de Bautista Saavedra, el Decreto Supremo 11299 del 20 de enero de 1974, el Decreto Supremo 17514 del 11 de julio de 1980 además del convenio suscrito entre la Corte Suprema de Justicia y el banco del Estado sobre la transferencia de depósitos judiciales que establecen su consolidación con una ambigüedad de más de tres años que no hubieran sido restituidos a favor del interesado, que quedarían a favor del Poder Judicial, debiendo ser traspasados estos recursos a las cuentas de recursos propios.
Existe incluso un pronunciamiento de la Contraloría, mediante informe EF/EE22/FO4-T2 (EGO7/1), que considera como no aplicable la recomendación en atención a que se reconoce la autonomía económica del Poder Judicial y que se encuentra autorizado a pagar los mencionados bonos según su disponibilidad financiera.
En lo personal debo aclarar que como consejero de la Judicatura he actuado con absoluta responsabilidad y no me he aferrado ni me aferro al cargo. Yo debo expresar que apruebo y entiendo la posición institucional pero en su momento yo fui de voto disidente y expresé mi preocupación".
Son 17 acusados por la Contraloría
Los acusados por la Contraloría son los ex ministros de la Corte Suprema de Justicia Héctor Sandóval, Eddy Fernández, Eduardo Rodríguez, Hugo Salvatierra, Gualberto Dávalos, Édgar Rosales, Hugo Dellien, Julio Urquizo y Armando Villafuerte junto a los ex consejeros de la Judicatura María Teresa Rivero, Guido Chávez y José Luis Dabdoub.
También fueron denunciados ante la Fiscalía José Hurtado Poveda, Carlos Javier Garrón, _ Adán Soria Díaz Canseco, Mario Castellanos y el actual consejero Rodolfo Mérida.
Herbas explicó que las ex autoridades cobraron los bonos pese a que el 21060 anuló el beneficios, pero Rodriguez dijo que ese Decreto fue modificado.
[Fuente: Los Tiempos, Cochabamba, 15dic10]
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