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22mar18
Contrabando y/o crimen organizado
La ejecución de dos militares a manos de contrabandistas de vehículos indocumentados (chutos) ha vuelto a poner en agenda un antiguo tema de controversia: la falta de efectividad en la lucha contra el contrabando.
La diferencia en esta ocasión es que el hecho ha revelado que en el país opera una mafia organizada de contrabandistas que es capaz de asesinar a sangre fría con tal de mantener el negocio ilícito y que ha ido involucrando a pueblos enteros en las rutas de ingreso de esta ilícita actividad.
Por otro lado, ha quedado en evidencia que el Estado, que se supone debería ser más poderoso que cualquier organización privada, sea esta lícita o ilícita, está perdiendo la guerra contra el contrabando.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha hablado de esa derrota con mucha claridad.
El mercado boliviano está inundado de productos usados y nuevos que ingresan de contrabando, lo que quiere decir que no pagan las tasas arancelarias correspondientes al Estado. Sólo en la frontera con Chile se han identificado unas 120 rutas clandestinas por donde circulan las mercaderías.
Ese ya es un problema preocupante porque el país deja de percibir importantes recursos que bien podrían ser utilizados para encarar problemas de urgente atención como la salud, la reforma de la justicia o el drama carcelario. Sin embargo, lo que más debería preocupar al Gobierno en particular y al país en su conjunto es el efecto negativo que tiene el contrabando en la economía nacional, que se traduce en la destrucción lenta pero segura del aparato productivo.
Los productores nacionales no pueden competir con los precios bajos de la mercadería que se fabrica en serie en China y otros países. La consecuencia es que se achican o se cierran los emprendimientos nacionales y que más trabajadores van a parar a la calle.
De hecho, el presidente Evo Morales ya expresó su preocupación por el incremento del desempleo.
Quizá una de las respuestas a esta inquietud se encuentre en el floreciente contrabando.
Según un estudio de la CEPB presentado al Gobierno el 2015, el contrabando mueve 1.680 millones de dólares y si a eso se le suma el contrabando hormiga la cifra llega incluso a 2.230 millones de dólares. De lograr el control de esta actividad, el PIB del país crecería entre el 1 y el 1,5%.
Sin embargo, el país se aleja cada vez más de ese objetivo. Cuando Marlene Ardaya asumió la presidencia de la Aduana, lo hizo empoderada por la élite política y casi como una "dama de hierro" que no cedería ante nada.
Nadie puede negar que puso su energía en la titánica tarea que le tocó desempeñar, por eso llamó la atención que hace unos días haya declarado que la Aduana se retira del control de las fronteras para dejar esa tarea únicamente a las fuerzas del orden, es decir, a los militares. Fue una especie de capitulación en media batalla.
No existe una explicación oficial de este cambio, lo que da a entender que hubo un giro en las altas esferas del poder o que se produjo algún cruce insalvable con el Ministerio de Defensa que ha tomado más protagonismo en esta tarea.
Refuerza esa idea la decisión del presidente Evo Morales de remitir a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que otorga un fuero especial a los militares y les permite el uso de armas de todo tipo en la lucha contra el contrabando. En otras palabras, los empodera para salir a las carreteras, pero, a juzgar por las declaraciones de Ardaya, en adelante lo harán sin el control de una entidad civil como es la Aduana Nacional.
Es preciso que el Gobierno entienda que la lucha contra el contrabando es un asunto de Estado y, como tal, debe asumir acciones contundentes para encarar la tarea. La CEPB ha dado una pauta para crear una entidad especializada únicamente en esta lucha, que no dependa de las Fuerzas Armadas, de la Policía ni de la Aduana, pero que tenga personal capacitado y presupuesto acorde a su gran objetivo. Tal vez sí, tal vez no, lo importante es abrir el debate con miras a resolver un viejo problema que ahora ha tomado ribetes de crimen organizado.
[Fuente: Página Siete, Editorial, La Paz, 22mar18]
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