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29sep15
Demandan a Bolivia ante CIDH por "pésima" defensa pública
Cuando no se halla justicia en Bolivia, luego de agotar todas las instancias, es posible demandar al Estado por atentar contra los derechos humanos de sus ciudadanos. Y esto es lo que hicieron dos abogados bolivianos que se compadecieron del caso de dos hermanos que ya fueron condenados a 20 y 10 años de cárcel en el penal de El Abra por una denuncia de violación sexual. En el juicio oral de los hermanos Castillo, los abogados, los jueces (y después los vocales), habrían vulnerado el derecho de los acusados a una defensa material y eficaz.
Las pruebas son tan evidentes, aseguran los abogados Henry Pinto Dávalos y Joseph William Loney, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya admitió la demanda contra Bolivia y le asignó el código P-609-15. Ya está en etapa de revisión de fondo y esperamos que pase a la segunda instancia, que es la Corte Interamericana de Derechos para juicio.
Los objetivos de los abogados son tres: lograr que el fallo contra los hermanos Castillo sea anulado; sentar precedente para que la justicia boliviana deje de discriminar a las personas que no tienen dinero para pagar un abogado particular; y obligar al Estado boliviano a diseñar protocolos específicos o guías de actuación para abogados de la defensa pública y de oficio, que no existen en Bolivia.
EL CASO Los hermanos Castillo fueron acusados de violencia sexual. Su familia es muy pobre y no pudo contratar un abogado particular, por lo que, en estos casos, el Estado debía asignarles abogados de defensa pública (funcionarios pagados por el Gobierno) o abogados de oficio (egresados de Derecho).
El rol de estos abogados, ya sean de defensa pública o de oficio, debe ser actuar como cualquier abogado particular. Vale decir, coordinar con sus clientes la estrategia de defensa, aportar distintas pruebas, orientar a sus clientes sobre sus derechos y plazos para presentar observaciones, excepciones, incidentes, recursos y otros.
En el caso de los hermanos Castillo, les cambiaron al menos seis abogados de oficio y de defensa pública. A algunos los conocieron en las mismas audiencias y ni siquiera se sentaron a conversar antes. La madre de los dos jóvenes acordó prestarse dinero y contrató un abogado particular para el día del juicio, pero éste no se presentó. La madre y los hermanos pidieron la postergación del juicio, el 15 de agosto de 2013, pero el juez del Tribunal de Sentencia 4 Henry Maida rechazó este derecho y llamó por teléfono a dos abogados de oficio, Agneta Miranda y Pablo Alfonso Camacho, para que ellos acudan de inmediato al juicio y defiendan a los hermanos. La mamá de los acusados protestó y fue sacada de la audiencia.
Los abogados de oficio no visitaron a sus clientes mientras duró el juicio, no presentaron ni una sola prueba a favor de ellos, no objetaron nada. Los hermanos fueron condenados y llevados a El Abra. Los abogados debían apelar la sentencia en un plazo de 15 días, pero no lo hicieron ni les comunicaron a sus clientes de ello. Ante el silencio de los defensores de oficio, la sentencia fue ejecutoriada. Al no haber apelado, tampoco podían interponer un recurso de casación para revisar en última instancia la sentencia y la vulneración del derecho a la defensa se consolidó por completo.
Haciendo estudios en las cárceles, los abogados Henry Pinto y Joseph William Loney se encontraron con el caso de los hermanos Castillo, al que consideran emblemático de lo que pasa actualmente en la justicia.
Pinto, que además es docente de la UMSS y autor de varios libros de Derecho, explicó que en los últimos años el rol de los abogados de oficio y de defensa pública se ha desnaturalizado y muchos de ellos, en lugar de defender a los procesados, se han vuelto funcionales a los jueces.
"Los hermanos Castillo no solo son muy pobres, sino que recién lograron su bachillerato en El Abra. Ellos desconocían sus derechos y sus abogados no les orientaron ni advirtieron de las consecuencias de no presentar recursos, apelaciones y otros", dijo Pinto.
Los abogados Pinto y Loney interpusieron un amparo constitucional que fue rechazado por la vocal Nuria Gonzáles, quien les respondió que al no haber apelado los abogados de oficio, no agotaron todas las instancias y un amparo contitucional no podía suplir aquello. Esta decisión fue ratificada en Sucre.
Ante la flagrante vulneración del derecho a la defensa de los hermanos Castillo, los abogados Pinto y Loney presentaron una demanda contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la admitió para estudiarla a fondo.
El país enfrenta 31 demandas
El procurador general del Estado, Héctor Arce, confirmó que Bolivia enfrenta 31 demandas, 28 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 3 demandas activas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los procesos, acusan a Bolivia de violación a los derechos humanos.
Sin embargo, Arce en entrevista con la agencia ANF, le restó importancia a estos procesos aseverando que "tenemos el índice más bajo de la región en cuanto a demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo tres demandas activas en la actualidad y en procesos a la Comisión de Derechos Humanos tenemos 28 contabilizando los últimos".
Explicó que los 28 procesos ante la CIDH (uno de ellos es el planteado por la deficiente defensa pública) están en etapa de revisión de fondo y pueden desembocar en tres alternativas: concluyen de manera regular, o se abandonan, o se llega a un acuerdo final.
P-609-15, es el código de registro asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la denuncia interpuesta el 11 de mayo de 2015 por los abogados bolivianos Henry Pinto Dávalos y Joseph William Loney, que llevan el caso de los hermanos Castillo gratuitamente, para sentar un precedente y frenar la injusticia.
La Defensa Pública en otros países está obligada a actuar bien
Antes de demandar al Estado boliviano por la pésima defensa pública, y de oficio, que atenta contra derechos fundamentales de los ciudadanos, los abogados Henry Pinto y Joseph William Loney efectuaron un estudio comparado de las defensas públicas existentes en Chile y Colombia.
En estos países vecinos, los defensores públicos y de oficio enmarcan todas sus actuaciones a favor de sus clientes, gracias a protocolos específicos que les obligan, por ejemplo, a apelar las sentencias, aunque sus defendidos no se los pidan o autoricen. De esta manera, se garantiza que las personas que desconocen sus derechos o no tienen dinero, sean defendidas como corresponde y sin ninguna discriminación. En Bolivia, solo existen parámetros dados por una norma, pero no hay un protocolo que obligue a los defensores públicos y de oficio a apelar, a presentar excepciones y recursos que favorezcan a sus clientes.
Comisión ya pidió informe a Bolivia sobre el caso Castillo
El abogado Joseph William Loney llegó ayer de Estados Unidos y averiguó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya solicitó al Estado boliviano un informe sobre el proceder de las autoridades que administraron el caso hermanos Castillo. "Nuestra intención es sentar precedente para que no se discrimine a las personas por no tener dinero o conocimiento de sus derechos y que se desarrollen protocolos mínimos para obligar a esos defensores a no ser funcionales a los jueces, sino a brindar una defensa material y eficaz a sus defendidos".
El caso MZ, de violación sexual a una extranjera, llegó a la CIDH y el Estado boliviano tuvo que pedir disculpas, aceptar la culpa de la justicia boliviana y desarrollar varias normas en favor de las víctimas de violencia.
[Fuente: Opinión, Cochabamba, 29sep15]
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