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07mar20
Bolivia señala que en los 14 años del gobierno del MAS la CIDH solo atendió tres audiencias de 150 solicitudes
Bolivia realizó un fuerte reclamo a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), institución a la que acusa de su poco accionar durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, periodo en el que se le hizo llegar más de un centenar de solicitudes de audiencia.
Acompañado de Jaime Aparicio, agente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el ministro de Justicia Álvaro Coímbra, asistió a Puerto Príncipe, Haití, donde se lleva acabo el 175 periodo de sesiones de la CIDH.
Además de observar al organismo internacional de su lento accionar ante las denuncias en contra del gobierno del MAS, la delegación boliviana expuso también el fraude y las acciones violentas que se produjeron después de las elecciones del 20 de octubre pasado.
Durante su intervención, Coimbra criticó al gobierno de Evo Morales. "El régimen mató a más de 100 personas a causa de sus convicciones políticas, generó más de 1.000 exiliados; promovió una fuerte discriminación racial y política; ataques a periodistas y medios de comunicación", señaló entre otras cosas la autoridad.
Criticó a la CIDH señalando que durante 14 años las víctimas realizaron alrededor de 150 solicitudes de audiencia este organismo, pero sólo se atendieron tres.
"Por el contrario, en estos últimos cuatro meses existe una extraña celeridad (en favor del MAS) al punto de que ha otorgado tres audiencias, una de ellas teniendo como base un simple texto de celular", manifestó la autoridad.
Coimbra se refirió a las elecciones generales anuladas como un fraude monumental y expuso los enfrentamientos que se vivieron en las jornadas posteriores. "El anterior Gobierno organizó ataques terroristas que pretendían hacer explotar plantas gasíferas de Carrasco y Senkata, sembrando terror en El Alto, La Paz y Cochabamba con saqueos e incendios contra instalaciones y vehículos de la Policía", agregó.
Por último, la autoridad solicitó la visita de expertos independientes para analizar la situación de los derechos humanos en el país.
[Fuente: El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 07mar20]
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