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14sep18
Bolivia requiere una ley para implementar fallos de Corte IDH
Bolivia requiere una ley para implementar sentencias contra del Estado que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Un especialista detectó que persisten las “barreras judiciales” y que no hay mecanismos de “monitoreo permanente” para hacer seguimiento de la aplicación de las resoluciones.
“Dejar a la víctima frente a los instrumentos procesales internos con todos los dilemas y los problemas hace necesario que el Estado boliviano deba aprobar una ley que regule los procedimientos internos para el cumplimiento de las sentencias internacionales y principalmente de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Ramiro Orias, oficial de programas de Due Process of Law.
La Corte IDH es uno de los órganos “competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos” por los Estados partes de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Ayer, la UMSA realizó un foro sobre la conmemoración de los 40 años de la entrada en vigor de ese instrumento.
Claudia Martin, de American University Washington College of Law, indicó que hace falta una ley porque la Convención establece “que cuando hay una sentencia (de la Corte IDH) en contra del Estado, el Estado tiene que implementarla siguiendo los procedimientos internos”.
Martin afirmó que ante la falta de “procedimientos claros” de cómo implementar los fallos de la Corte IDH, “la única forma de establecer esos procedimientos es a través de una ley de implementación de las sentencias”.
“Muchas veces las sentencias tienen compromisos económicos. Por ejemplo, si hay una desaparición forzada se establece una compensación y entonces empieza todo el mundo a discutir de dónde saldrá la plata, porque no está en el presupuesto aquí, no está en el presupuesto acá. Como no hay esa ley, tampoco hay recursos asignados en caso de que el Estado sea encontrado responsable. Si no hay una ley, las sentencias empiezan a rebotar entre distintas oficinas, nadie quiere hacerse responsable”, explicó Martin.
La especialista explicó que Colombia tiene una ley “de implementación de sentencias y recomendaciones” y estima que sucede lo mismo en Perú.
Además de Orias y Martin también participaron en el foro indicado el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, y Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 14sep18]
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