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09may22
Chuteros tejen alianzas con 'malos funcionarios' de tres instituciones
Las organizaciones criminales dedicadas a internar vehículos 'chutos', incluidos aquellos que fueron robados en países vecinos, establecieron alianzas con "malos funcionarios" de al menos tres entidades públicas.
El Gobierno lo reconoce y anuncia ajustes, pero sin fijar plazos.
Estas alianzas ilegales permiten, por ejemplo, que un automóvil sustraído en Chile pueda llegar a poblados de Santa Cruz y otras regiones, pasando todos los controles. Además, estos motorizados terminan con documentos "legalizados" y listos para ser vendidos para circular en las capitales de departamento.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, explicó, por ejemplo, que se detectó a servidores implicados en la venta irregular de los autoadhesivos B-Sisa que permiten a un motorizado abastecerse de combustible.
"Existen malos funcionarios en diferentes instituciones y, en este caso, funcionarios de una institución responsable del control de estos vehículos indocumentados y robados, ilegales como es Diprove.
Es oportuno considerar que hubo denuncias en la Agencia Nacional de Hidrocarburos donde, en algún momento, se han vendido estos etiquetas del B-Sisa para que, de alguna manera, puedan tener acceso al cargado de combustible", afirmó Vargas.
Reveló que en los primeros cuatro meses de este año, su entidad pudo confiscar "unos 1.000 vehículos indocumentados". Esas unidades son quemadas por los efectivos militares en cuanto son detectadas por la fuerza pública.
"Hemos visto denuncias en diferentes lugares donde estos vehículos ya vienen con las placas clonadas y con todos los certificados de inspección vehicular y tienen todo legal. Hay toda una red de malos funcionarios que están también en una organización delictiva", puntualizó.
Este problema era como un secreto a voces. El diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), admitió que, incluido Chapare, "en poblaciones de los nueve departamento circulan vehículos 'chutos'" que llegan especialmente de Chile.
El Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV), una ONG dedicada a la recuperación de motorizados robados en Chile, señaló que en muchos casos esas unidades terminan en manos de autoridades políticas y uniformados. Hugo Bustos, director de esa organización, estuvo en marzo en Santa Cruz junto con equipo de periodistas del canal Meganoticias de Chile que documentó su trabajo. Halló una vagoneta en el domicilio de jefe policial, quien ahora está detenido en Palmasola.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ordenó la intervención de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) con el cambio total de sus efectivos. El proceso comenzó con 22 cambios y el comandante general de la Policía, general Jhonny Aguilera, optó por defender a su institución.
Aseguró que los delitos son de orden personal.
"La Policía Boliviana está conformada por 37.800 efectivos y la mayoría de todos estamos comprometidos para brindar seguridad a los hogares bolivianos", dijo.
El viernes, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, destituyó a nueve funcionarios por estar presuntamente involucrados en el desmantelamiento de vehículos comisados, en Oruro.
"Al enterarnos que habían sido aprehendidos funcionarios que se encontraban en el lugar, por presuntos hechos de desmantelamiento, inmediatamente se asume la decisión de destituir a estos funcionarios", explicó Serrudo.
El portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, indicó que existe una crisis institucional que no sólo afecta a la Policía y que se hace una evaluación con miras a "establecer un diagnóstico real" sobre lo que sucede, especialmente, en las filas del Verde Olivo.
"Se requiere un cambio de timón desde el Órgano Ejecutivo para poder reconducir la recuperación de la credibilidad de la institución, señaló el diputado oficialista Daniel Rojas.
[Fuente: Por Mauricio Quiroz Terán, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 09may22]
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