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24mar18
Chile apela al miedo y predice riesgo mundial si gana Bolivia
La defensa chilena se valió ayer hasta de recortes de la prensa boliviana para "demostrar" que no tiene obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar y apeló al miedo: la diplomacia internacional se vendrá al suelo si La Haya le da razón a Bolivia porque las conversaciones de "buena fe" entre países podrán ser llevadas ante tribunales.
Los cuatro abogados que intervinieron en la segunda jornada de alegatos orales coincidieron en que los intercambios diplomáticos y compromisos asumidos desde 1950 hasta 2006 no indican que Chile tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar e intentaron desarmar la argumentación boliviana, para ello incluso intentaron quitar valor al "abrazo de Charaña" de 1975 entre Augusto Pinochet y Hugo Banzer.
Al cierre de los alegatos, el jurista estadounidense Harold Koh encendió la mecha del miedo. "La diplomacia internacional está en riesgo" advirtió porque si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falla a favor de Bolivia las "conversaciones de buena fe" podrán ser llevadas a tribunales. El agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé le recordó que será el alto tribunal de justicia el que dictará la sentencia.
Pidió a la Corte que rechace la demanda boliviana. "Esta Corte nunca ha declarado que un debate diplomático signifique una obligación, al menos que el Estado haya manifestado desear estar obligado" dijo.
Para Koh no fue suficiente la advertencia sino dijo que el mismo Pacto de Bogotá sobre el que se cimenta la CIJ estará en duda porque los Estados tendrían una jurisprudencia para negociar a perpetuidad o hasta que una de las partes ceda a sus intereses.
El jurista británico Sam Wordsworth empleó recortes de periódicos y cables de agencias de noticias para demostrar que al país al que defiende no asumió ningún compromiso para negociar un acceso soberano al mar.
El jurista se valió de una página del diario Presencia y cables de las agencias de noticias como Reuters para indicar que el acuerdo de 1975 entre los dictadores Hugo Banzer, de Bolivia, y Augusto Pinochet no generó una obligación jurídica
Responsabilizó a Bolivia de interrumpir las negociaciones de 1950, en las que medió Estados Unidos, y -según dijo- en 1960 rechazó públicamente la continuidad de conversaciones y rompió relaciones diplomáticas.
En este punto, la parte boliviana precisó que estas negociaciones se interrumpieron por una situación política interna.
La OEA, sin competencia
La abogada argentina Mónica Pinto se encargó de analizar las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el tema marítimo y concluyó que éstas no han creado una "obligación de negociar" porque son de carácter recomendatorio y tiene carácter de "aspiración política" sin alcance jurídico vinculante.
La OEA se pronunció en 11 oportunidades sobre la solución de la controversia marítima que sostienen Bolivia y Chile y este último respaldó tres de ellas; inclusive redactó "palabra por palabra" la emitida en 1983, y admitió el carácter vinculante de los documentos del organismo que trató el asunto, afirmó el martes la abogada del equipo jurídico boliviano Amy Sander.
Esas resoluciones tienen carácter vinculante, pero la jurista Pinto explicó al tribunal lo contrario: el organismo hemisférico no tiene competencia para pedir una negociación.
El abogado australiano Ben Juratowitch, del equipo chileno, intentó convencer a los 15 magistrados de la CIJ que los actos de Pinochet no tienen legalidad y que sólo cuentan las interacciones diplomáticas asumidas desde la restauración de la democracia en ese país, en 1989.
Desde Patricio Aylwin, Eduardo Frey Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, los gobiernos de Chile "resolvieron no insistir en su pasado y privilegiar las relaciones de futuro para su país" subrayó.
La defensa boliviana presentó a La Haya el acuerdo de Charaña como una prueba del incumplimiento de Santiago a sus promesas porque entonces se abrió la posibilidad de un intercambio territorial.
Juratowitch también dijo que si Bolivia y Chile estaban sujetos a la obligación de negociar deberían existir documentos y pruebas que lo acrediten, pero "no ha habido ni lo uno ni lo otro".
El jurista hizo un repaso a la documentación desde los años 80 en adelante y concluyó que en 1987 Bolivia cerró la posibilidad de negociar un intercambio de territorios como se había planteado en 1975, en el gobierno del dictador Pinochet.
El jurista también hizo alusión a la Agenda de 13 Puntos de 2006 concertada entre los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet. Según dijo la expresión "cuestión marítima" que fue insertada en la Agenda de los 13 puntos, "ni requería ni entrañaba la negociación de un acceso soberano como aduce ahora Bolivia" e indicó que Chile dejó claro, ante la Asamblea de la OEA en 2008, que no cederá soberanía a Bolivia pero que se encontraba predispuesto al "diálogo con fórmula".
Sin obligación jurídica
Juratowitch consideró que Bolivia acudió a la Corte porque su Constitución, promulgada en 2009, indica que el mar es una cualidad que se debe recuperar y plantea la renegociación del Tratado de 1904.
Bolivia acudió a la CIJ en 2013 después de que el diálogo entre Chile y Bolivia sobre la Agenda de 13 Puntos fue cancelada unilateralmente por Santiago.
"No hay ninguna obligación que perdure desde el pasado, ni tampoco hay una obligación nueva", dijo el abogado australiano antes de dar paso al jurista estadounidense Harold Koh.
Koh sintetizó los argumentos planteados por sus colegas. Chile negoció con Bolivia una salida al mar en Charaña, pero esas negociaciones fracasaron "y jamás se retornó", dijo en síntesis e insistió en que "jamás se creó una obligación jurídica" que obligue a negociar a las partes.
"Los argumentos expuestos aquí señalan lo contrario y que (Chile) siempre se ha interesado por los problemas de Bolivia" alegó en referencia a los acuerdos bilaterales, pero dio un golpe bajo "¿Por qué estamos aquí y no en una mesa de negociación? Porque Bolivia nos ha traído hasta aquí", sostuvo el jurista.
[Fuente: Por Juan Carlos Véliz, Página Siete, La Paz, 24mar18]
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