24abr03

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Nueva agresión contra un abogado de Cejis en Riberalta.

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En la noche de ayer, miércoles 23 de abril, nuevamente fue agredido en Riberalta, Departamento de Beni, el abogado Cliver Rocha, coordinador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social - CEJIS en esa localidad, institución que asesora los procesos de titulación de tierras indígenas. El abogado Rocha fue golpeado brutalmente por dos hombres que se desplazaban en moto, luego de haberlo seguido durante varias cuadras al salir de su oficina. A tiempo de golpearlo, los agresores le exigían abandonar la región.

El abogado del CEJIS había recibido amenazas y es la segunda agresión que sufre en el presente año. El 13 de marzo pasado, al salir de una audiencia en el juzgado agrario, fue golpeado por el empresario de la castaña Alex Ribert Rejas, miembro de la familia que disputa las tierras del pueblo indígena Tacana.

Por los mismos días, la Central Indígena de la Región Amazónica - CIRABO, denunció amenazas de muerte contra el Secretario de Tierra y Territorio, Ruperto Amutari, y la retención, tortura y amenazas de muerte contra Carlos Ramírez, dirigente del pueblo indígena araona, por parte de pirateros de la madera y oficiales de la Fuerza Naval Boliviana, quienes exigían autorización para transportar madera cortada ilegalmente en su territorio indígena.

Pero no solo en el Norte amazónico se presentan actuaciones violentas para mantener el acaparamiento de tierras y el control de los recursos naturales. Las organizaciones indígenas chiquitanas de Monte Verde, Santa Cruz, vienen denunciando desde hace varios meses la presencia de grupos armados en su territorio, que por cuenta de propietarios ilegales amenazan a dirigentes y asesores para quedarse con las tierras que legítimamente le pertenecen a este pueblo indígena. En septiembre del 2001 fue secuestrado y también brutalmente golpeado el abogado del CEJIS y funcionarios de la Superintendencia Forestal y la Superintendencia Agraria han sido en diversas oportunidades amenazados con armas de fuego cuando intentaban verificar denuncias por desmontes ilegales realizados por terceros ilegales en el territorio indígena.

También en el Departamento de Beni, San Ignacio de Mojos, dirigentes y comunarios están amenazados de muerte por quienes disputan sus tierras en el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano y el Territorio Indígena Multiétnico, y las instituciones que les apoyan también son víctimas de agresiones. En noviembre del año anterior, funcionarios del Centro de Investigación y Promoción del Campesino (CIPCA) y el Párroco de la localidad, fueron golpeados por ganaderos, y la institución fue conminada a abandonar la región.

En los últimos días, la comunidad campesina de Timboy, asentada en el Chaco tarijeño desde hace 10 años, ha denunciado una serie de hostigamientos por parte de terratenientes y ganaderos que pretenden expulsarla de sus tierras. Los hechos, similares a los que precedieron la masacre de Pananti en noviembre del 2001, hacen temer a los comunarios por su vida y han solicitado al Gobierno medidas especiales de protección.

Los hechos de violencia, que han cobrado la vida de más de 10 campesinos en los dos últimos años, se originan en la exclusión de que son víctimas indígenas y campesinos por cuenta de sectores de poder que impiden la vigencia de sus derechos agrarios legalmente reconocidos. Recordemos, por ejemplo, que la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), el año anterior demandó la suspensión del proceso para la titulación de tierras indígenas.

En todos los casos reseñados se han realizado las denuncias correspondientes pero en ningún caso se han verificado actuaciones estatales dirigidas a sancionar a los autores, disponer medidas especiales de protección a la vida de nuestro compañero y de los dirigentes y comunarios indígenas amenazados, y poner freno a los violentos. La total impunidad nos hace temer un nuevo derramamientos de sangre.

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social - CEJIS, denuncia nuevamente la ausencia de garantías a los derechos humanos en que se encuentran dirigentes y asesores que intervienen en el proceso agrario y hace un llamado a las instancias competentes para que detengan la violencia y garanticen la aplicación de justicia en todos los casos denunciados.

Exigimos del Gobierno nacional la adopción de medidas urgentes para evitar nuevos hechos de sangre en el Norte amazónico, en Monte Verde y en el Chaco tarijeño, y disponer medidas efectivas para garantizar la vida e integridad personal de nuestro compañero CLIVER ROCHA y de los dirigentes y comunarios amenazados.

Instamos al Gobierno nacional a disponer la entrega de tierras a indígenas y campesinos en aplicación de la legalidad vigente, y a continuar el diálogo con estos sectores en busca de soluciones a los problemas más urgentes para desactivar los focos de violencia por la tierra. El proceso agrario y las actuaciones del Estado no pueden seguir favoreciendo intereses madereros y de terratenientes y las tierras rurales identificadas deben ser para indígenas y campesinos.

Sólo una actuación estatal decidida y vigilante de los derechos de los ciudadanos, puede poner freno a quienes por la vía de la violencia pretenden mantener sus privilegios a costa de la exclusión de indígenas y campesinas y la negación de sus derechos.

Santa Cruz de la Sierra, 24 de abril de 2003.

Directorio Cejis
Dirección Ejecutiva.

Este documento ha sido publicado el 30abr03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights