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La superintendencia agraria concluye que hay que relanzar el proceso agrario para frenar la violencia y que la problemática de la tierra puede evitarse con voluntad política.

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El proceso agrario iniciado hace cinco años con la promulgación de la Ley INRA no ha alcanzado en lo más mínimo los resultados esperados, y ello ha creado un clima de tensión en el que la violencia y las acciones de hecho han sustituido a las leyes. Esta es una parte de las conclusiones del documento divulgado por la Superintendencia Agraria, en el que hace una evaluación de la problemática de la tierra en Bolivia, a partir de un nuevo orden jurídico. En el orden institucional, señala que la Judicatura Agraria inició sus actividades formales con tres años de retraso, lo cual ha provocado un vacío en la atención de las demamdas judiciales. Criticó además la presencia insuficiente de este organismo en el país, dado que tiene en funcionamiento sólo 43 juzgados, que se encarga de atender más de 5.300 causas. "A la fecha sólo han emitido 298 sentencias que equivalen a 5,52% de las causas", dice. Los cuestionamientos apuntan también a asuntos de orden financiero, fundamentalmente en el Saneamiento Integrado de Castastro Legal (CAT SAN), cuyos resultados la Superintendencia los califica como "desalentadores", aun cuando ha existido financiamiento por $us 44 millones. "De una meta recortada de 5,9 millones de hectáreas, hasta junio de este año sólo se realizaron pericias de campo en 4,3 millones". Saneamiento con pobres resultados En el caso del saneamiento simple, modalidad en que cualquier poseedor de tierra puede solicitar la titulación, también los resultados han sido pobres, según la Superintendencia. El informe del ente regulador del sector agrario muestra que la mayoría de las 3.224 solicitudes no han sido atendidas, y apenas se han saneado 520.000 hectáreas, de las cuales sólo 271.000 han sido tituladas La evaluación de la Superintendencia Agraria refleja que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley INRA, se deberían haber saneado y titulado casi 17 millones de hectáreas de Tierras Comunitarias de Origen en un periodo de 10 meses. Sin embargo, la realidad muestra que se otorgaron títulos sólo a 1,9 millones de hectáreas en un periodo de 57 meses. "La única manera de salir de esta situación es relanzando el proceso agrario, de lo contrario la violencia irrumpirá como el instrumento para garantizar los derechos propietarios sobre la tierra, con funestas consecuencias para la sociedad boliviana", manifiesta el documento de la Superintendencia Agraria.

[Fuente: Augusto Ibarra A. para El Deber - Santa Cruz de la Sierra - Bolivia - 21Nov001]

Este documento ha sido publicado el 06ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights