14nov01

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La lenidad y la irresponsabilidad del gobierno, unidos a una distribución injusta de la tierra y la crisis económica, son las causas principales de la violencia rural.

Por José Guillermo Justiniano.

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La violencia rural comenzó de manera explícita con la toma de tierras en las reservas de Choré y con los acontecimientos en el Chaco tarijeño con la lamentable pérdida de vidas humanas. Es un proceso acumulado durante decenas de años, fruto de no tener resuelto el problema de tenencia y seguridad jurídica de la tierra. La tierra ha sido la causa de la mayoría de las guerras en la historia del mundo moderno, actualmente relativizada su importancia económica y política en los países desarrollados, pero mantiene su preponderancia en los países pobres como los nuestros. En este tema Bolivia no se encuentra en el siglo XXI, estamos en el siglo XIX.

La importancia de la tierra en Bolivia radica en dos elementos fundamentales. Por un lado, pese a la gran migración urbana, un gran porcentaje de los campesinos migrantes mantiene relaciones esporádicas de producción en sus lugares de origen o en los lugares de nuevos asentamientos. La tierra es un medio de obtener ingresos complementarios para los campesinos migrantes que tratan de tener tierras en tres niveles: en las ciudades, en sus lugares de origen en las zonas altas de los Andes y en las zonas nuevas de asentamientos humanos en el pie de monte y llanuras. Adicionalmente, la degradación de la tierra en las zonas altas, unidas al minifundio, presiona por el acceso a nuevas tierras.

La realidad es que un porcentaje importante de las tierras de las zonas altas del occidente se encuentran sin uso productivo, porque sus dueños han migrado de manera temporal o definitiva al interior o al exterior. Naturalmente esos dueños mantienen el derecho propietario porque encuentran modos de proteger su propiedad aun si no la están explotando y por otro lado, es una reserva patrimonial para la eventualidad de tener que regresar algún día si las cosas no le van bien en su desplazamiento a otros lugares. Esto no se lo puede criticar porque responde a una lógica económica coherente, pero tampoco se lo debe ignorar. Por otro lado, la tierra es un activo que es necesario tener, para producir o para vender después de una ganancia de plusvalía obtenida por las inversiones en carreteras realizadas por el gobierno. La lucha actual en gran medida, está orientada hacia la posesión por un activo patrimonial que puede permitir en algún momento un ingreso extraordinario que permita una acumulación de riqueza difícil de obtener de otra forma.

La distribución de la tierra, hasta la intervención del Instituto de Colonización y del Consejo de Reforma Agraria, estuvo sujeta a dos dinámicas; por un lado, los sindicatos de colonizadores agrupados para acceder a la tierra y por otro los empresarios y políticos con acceso al poder. Ambos mecanismos fueron llevados sin ninguna transparencia en el proceso de adjudicación y por ello, en la mayoría de los casos existe un problema de ilegitimidad, como todo

proceso de toma de tierras en un país con tierras estatales relativamente abundantes. Todo proceso de toma inicial de tierras tiene un alto contenido de ilegitimidad y despojo violento. Ese proceso existió en los gobiernos militares en los que se repartió más tierras que en todo el proceso de la reforma agraria desde 1953 hasta mediados de los sesenta. La violencia actual es la suma de varios factores. La debilidad del actual gobierno que no resistió la presión política y gremial de ningún lado y firmó compromisos incoherentes a favor de unos y otros, sin tener una política clara a seguir. En septiembre del año pasado, firmó acuerdos con la Confederación de Campesinos imposibles de cumplir, aceptando el cambio de la ley INRA por un proyecto sobre la base de la ley INDIO, ofreciendo tierras en zonas forestales con derechos adquiridos. Para responder a las presiones de los sectores empresariales se modificó la base imponible del impuesto a la tierra y liquidó el mecanismo de movilidad de la tierra y la posibilidad del Estado de dotar de tierras a los campesinos sin tierras. Acordó con las organizaciones indígenas la eliminación de algunos procedimientos para garantizar la defensa de quienes se sientan afectados por el proceso de saneamiento. Se aprobaron procedimientos reglamentarios engorrosos y que desvirtuaron el espíritu de la ley INRA. Se trabajó en el INRA con una lentitud intolerable en el proceso de saneamiento generando desesperación e inseguridad. El inicio de la etapa electoral y el uso de la tierra como instrumento para ganar adeptos de parte de Evo Morales y Felipe Quispe.

La lenidad y la irresponsabilidad del gobierno, unidos a una distribución injusta de la tierra y la crisis económica, son las causas principales de la violencia rural, que no es ni será el camino para resolver el problema. De nuevo será necesaria la intervención de la Iglesia Católica para generar un espacio de discusión y acuerdos que eliminen nuevos enfrentamientos y permita al nuevo gobierno que surja el 2002 encarar soluciones definitivas. El gobierno actual con pocos meses d e gestión no podrá hacerlo solo; no tiene credibilidad en este tema.

[Fuente: José Guillermo Justiniano - El Deber - Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, 14nov01]

Este documento ha sido publicado el 06ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights