21sep01

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Asamblea extraordinaria, petitorio de demandas e informe de gestiones realizadas a raíz de los graves incidentes en la tierra comunitaria de Monteverde.

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Informe de las gestiones realizadas en La Paz a raíz de los graves incidentes en la tierra comunitaria de Monteverde.

Del 18 al 21 de septiembre de 2001
A raíz de los lamentables sucesos acaecidos las últimas semanas en la tierra comunitaria de origen chiquitana de Monteverde, donde se ha pasado desde el avasallamiento al territorio, los desmontes indiscriminados, hasta atentar con la libertad y la vida de las personas, una comisión de cinco dirigentes de las organizaciones afectadas (CPESC, OICH, CICC, CIP y CICOL) nos dirigimos a la ciudad de La Paz, con el fin de poner en conocimiento de las máximas autoridades lo sucedido y buscar se realicen las acciones necesarias para investigar los hechos, se castigue a los responsables y se asuman las accionas más convenientes para parar la violencia y resolver de una vez nuestro derecho al territorio.

Se tuvieron reuniones con: Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Ministro de Gobierno y Director Nacional de Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia y el Ministro de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas y Originarios.

1. El 18 de septiembre, en la reunión con el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Ramiro Cavero, y con la participación del Director Nacional del INRA, lic. René Salomón, luego de exponerle los hechos, el Ministro manifestó que como era un tema de orden policial, se debían realizar las denuncias ante las instancias competentes.

Se plantearon los 9 puntos de la Plataforma de Demandas aprobada en San Javier y se habló de cada uno de los puntos. Sobre el Saneamiento y Titulación de tierras indígenas indicó que enviaría nota a Tribunal Agrario Nacional pidiendo se agilice la resolución del recurso presentado por los terceros contra la resolución de dotación. Indicó que uno de los problemas del saneamiento de los territorios es el número de hectáreas correspondientes a cada uno de los demandantes. Haciendo un cálculo entre la superficie del territorio nacional y el número de habitantes, manifestó que sería un parámetro para medir las superficies a dotar a los pueblos indígenas. Puso como ejemplo que en la demanda Tacana de 1.500.000 Has. a cada persona le tocaría de 576 Has. (El dato es falso porque la superficie de la demanda Tacana es de 700.000 has.).

Sobre la carga animal por hectárea (punto 3) manifestó que se debería fijarse en base a rangos y por zonas y no por número de cabezas de ganado por hectárea.

Sobre los desalojos de terceros ilegales en Monte Verde (punto 4) el Director del INRA dijo que era su atribución y pediría un informe de campo a los técnicos del INRA que habían participado de la inspección.

Sobre concesiones mineras (Punto 5) dijo que su Ministerio no tenía competencia en la materia. Se le replicó que tenía el control de los impactos ambientales.

Sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT, manifestó su disposición para agilizar la aprobación del reglamento de consulta.

En cuando al FCBC (Punto 7), manifestó que son fondos privados, las normas que exigen la contribución de los recursos a las empresas petroleras no son bolivianas y por tanto el gobierno no puede decirles como deben gastar su dinero, además hay que tener en cuenta que el país necesita inversión. Dijo que no se debe discutir quien maneja la plata, lo que debe hacerse es plantearles los proyectos para que inviertan.

Sobre concesiones forestales (Punto 8) dijo que lo que hay es para repartir entre todos, no solo entre los indígenas y campesinos, haciendo también alusión a las tierras fiscales (Punto 9). El Director del INRA dijo que pediría informe a la Dirección Departamental.

2. El 19 de septiembre nos reunimos con el Ministro de Gobierno, Leopoldo Fernández, donde también participó el Ministro de Asuntos Campesinos, Wigberto Rivero. Les explicamos que los atentados de Monte Verde son parte de un problema global que tiene que ver con la tierra. El Ministro sin decir absolutamente nada sobre los atentados, dijo que hay muchos intereses en el tema; a las ONG les conviene que hayan conflictos, sino de que vivirían; todo es culpa de los asesores, sino que explicaran quien pagaba las solicitadas donde se denuncia lo sucedido en los periódicos. Las ONG deben ser investigadas. Así como revisar que dicen los convenios de cooperación internacional para ver como deben ser invertidos esos recursos. Esto a raíz de las publicaciones de los hechos mediante solicitadas en el Periódico. Manifestó que investigaría a CEJIS, de donde le llegaban los fondos y revisaría la posición de las instituciones de cooperación internacional.

Sobre la Plataforma de Demandas dijo que la institucionalización del INRA está en proceso pero que esta no se acepta totalmente sino con relación a algunos de sus funcionarios. Sobre desalojo de terceros en la TCO Monte Verde, dijo que el INRA lo tiene que coordinar con la Prefectura de Santa Cruz. Con relación a la carga animal dijo que se debe aplicar la norma vigente de la antigua ley de Reforma Agraria porque si se lleva a la Comisión Agraria Nacional, va a haber conflicto y se va a parar todo. Del tema minero dijo que rebasa al Gobierno porque hay fuertes intereses en el Parlamento. Sobre Consulta del Convenio 169 dijo que el Ministerio de Asuntos Indígenas y Campesinos está delegado y se va a tratar en reunión del 25 de septiembre.

Con relación al tema de la titulación de tierras indígenas dijo que se va a tratar en una especie de diálogo nacional con todos los sectores a partir del 15 de octubre. Manifestó que hay que apoyar al INRA para que haga cumplir lo que hay en las leyes.

Con relación a la Fundación del Bosque Chiquitano manifestó que toda la plata que llegue al país es bienvenida. Si la Fundación está violando los derechos como Ecobolivia, va a correr la misma suerte, pero hay que tener en cuenta que son 20 millones.

Con relación a las concesiones forestales y tierras fiscales dijo que no todo podía ser para campesinos, indígenas y ASL. Con respecto a las concesiones mineras dijo que había que presentar la denuncia por cada una de ellas por violación al Convenio 169 de la OIT.

No acepta que en la mediación de los conflictos indígenas no acepta que esté la cooperación internacional porque es un asunto interno. Informó que con el BID se consiguieron USD $ 4.500.000 para saneamiento catastral en Yapacaní.

3. El día 20 de septiembre nos reunimos con el Director de Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, Carlos Dalien. Indicó que el Presidente está preocupado por los problemas con la tierra, quiere constituir una comisión para discutir el tema y luego definir una política nacional de tierras. La Ley 1715 ha sido rebasada. Se comprometió a informar al Presidente, hacerle seguimiento y mantener informada a la CPESC de las gestiones que realice.

4. El mismo 20 tuvimos reunión con el Ministro de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios. Con relación a la Plataforma, indicó que como es su atribución atender las demandas de los pueblos indígenas, enviará una respuesta hasta el 25 del presente mes. Ante la denuncia sobre el funcionamiento del FCBC, indicó que se investigará como a Ecobolivia en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Sostenible, y que para empezar, participará en la reunión a realizarse el 25 en Santa Cruz con las organizaciones afectadas. Se habló también sobre la demanda TCO Pantanal, donde pidió que sea replanteada para que la pueda certificar. Los otros temas de la Plataforma dijo que serían analizados en la reunión del 25 de septiembre con CIDOB.

Además se tuvieron reuniones con la Defensoría del Pueblo, algunos diputados y contactos con la prensa para denunciar el hecho.

José Bailaba P., Presidente CPESC; Carlos Cuasace S., Presidente OICH y Agustín García, Presidente CICOL

Juan Lira
Secretario Tierra y Territorio CIP-SJ
Pedro Soliz
Secretario Tierra y Territorio CICC
Santa Cruz de la Sierra, 24 de septiembre de 2001

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Asamblea extraordinaria del pueblo indígena chiquitano de Monte Verde y Lomerio por agresion de los ganaderos en San Javier

VOTO RESOLUTIVO

El Pueblo Chiquitano demandante de la TCO Monte Verde y Lomerío, el día lunes 17 de septiembre de 2001, en la sede la Central Indígena Paikoneka de San Javier (CIP-SJ), en la localidad de San Javier, reunidos en Asamblea Extraordinaria, analizamos el grave atropello que hemos sufrido el pueblo Indígena Chiquitano, cuando un grupo de ganaderos borrachos y armados interrumpieron violentamente la casa de las comunidades Indígenas Chiquitanas de San Javier, violentaron las instalaciones de teléfono, con intenciones de llevarse la radio de comunicación y otros equipos de la oficina, no conforme con esto agredieron físicamente y secuestraron a uno de nuestros asesores, el Dr. Leonardo Tamburini, encerrándolo en la sede de los ganaderos.

Por todos estos cobardes acontecimientos, la violación de nuestros derechos como pueblos Indígenas, la Asamblea del Pueblo Chiquitano determina:

Art. 1.- El Pueblo Chiquitano determina seguir una querella criminal contra los señores Serafín Añez, Fernando Añez, Angel Cuellar, Widen Manuel Barbery, Samuel Hurtado, Juan Antelo, Gabriel Vernales (Peruano), Taporo Barbery, David Rivero y otros.

Art. 2.- Exigimos a las autoridades competentes y al Poder Judicial, imponga castigo ejemplarizador a esta clase de delincuentes, las comunidades y organizaciones Chiquitanas nos convertiremos en celosos guardianes del fiel cumplimiento de la justicia.

POR LA UNIDAD DEL PUEBLO INDIGENA CHIQUITANO Y LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS
(van firmas)

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PLATAFORMA DE DEMANDAS

Nuestra Asamblea Extraordinaria, ante la difícil situación por la que pasa el proceso de titulación de tierras indígenas y los reiterados incumplimientos del Gobierno a acuerdos suscritos con nuestras organizaciones, presentamos las siguientes demandas:

1. SANEAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

El proceso de saneamiento de la propiedad agraria no ha dado resultados debido a todos los intereses que existen sobre la propiedad agraria, principalmente por el tráfico ilegal de tierras y la apropiación latifundiaria, los cuales tienen el respaldo en las instancias del Estado competentes para intervenir. El problema no se soluciona solamente modificando la Ley. El INRA no solo defiende los intereses de quienes están en contra de la titulación de tierras a indígenas y campesinos sino que es la institución que más ha violada la Ley, el Reglamento y la propia Constitución Política del Estado, para favorecer aquellos intereses. Las recientes sentencias del Tribunal Constitucional en los casos de Monte Verde e Isoso, que afectan a todos los procesos de TCO, son las que han desatado los últimos conflictos. El Tribunal Agrario Nacional dará la palabra final en este tema y esta instancia está integrada por los representantes de los sectores que quieren apoderarse de las tierras indígenas y campesinas.

Requerimos la reinstitucionalización urgente del INRA, tal como se ha comprometido a hacerlo el Gobierno en muchos acuerdos suscritos con las organizaciones indígenas y campesinas, y también la reinstitucionalización del Tribunal Agrario Nacional y del Tribunal Constitucional.

2. SANEAMIENTO Y TITULACION DE TIERRAS INDÍGENAS

Los procesos avanzados de saneamiento de tierras indígenas y campesinas no pueden esperar a que se saneen las instancias competentes del Estado. Hay muchos recursos de la cooperación internacional y del país invertidos en estos procesos y muchos esfuerzos de nuestras comunidades, organizaciones e instituciones que nos asesoran y apoyan. Los conflictos están surgiendo en todo el país y han desbordado la legalidad y la institucionalidad. Los sectores que intentan apropiarse de las tierras indígenas y campesinas están dispuestos a ganar por la fuerza y la violencia lo que no tienen en la Constitución y la Ley. El Estado no puede permitir que se desate una violencia generalizada contra las organizaciones indígenas y campesinas

Requerimos la integración de una Comisión Nacional de Alto nivel con la mediación de la Iglesia y la Cooperación Internacional para que conjuntamente con el Gobierno y las organizaciones se discutan los términos en que se va a llevar a cabo este proceso, se analicen los avances y dificultades, se definan las vías de solución y los mecanismos para garantizar su cumplimiento. Se requiere la conclusión inmediata del proceso de saneamiento de los Territorio Indígenas de Monte Verde y Lomerío.

3. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA TITULACIÓN DE TIERRAS INDÍGENAS

Desde hace un año las asociaciones de los agropecuarios han estado presionando al Gobierno para adoptar normas que beneficien a ellos en los procesos de saneamiento, para acaparar más tierras. Entre esas normas piden la regulación de la carga animal para que les adjudiquen entre 6 y 20 hectáreas por cabeza de ganado, lo que además de ilegal, inequitativo y degradante de los ecosistemas, dejaría sin tierras a las comunidades indígenas y campesinas. Las organizaciones hemos trabajado conjuntamente con un equipo técnico especializado en un estudio integral sobre el tema.

Requerimos la aprobación de un Decreto Supremo reglamentando la carga animal de acuerdo con los parámetros del estudio realizado, que toma en cuenta las regiones y sus condiciones socioeconómicas, la legalidad ambiental y los derechos indígenas y campesinos.

4. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LAS TIERRAS A LAS COMUNIDADES

Nuestras organizaciones y comunidades no tienen problemas con los particulares que tienen derechos en nuestra TCO Monte Verde, sus derechos son respetados y con ellos hemos llegado a acuerdos específicos que vamos a cumplir. Los particulares que están en condiciones de ilegalidad en Monte Verde, porque no cumplen con los requisitos de la ley y la Constitución o porque sus títulos o trámites agrarios son fraudulentos, son los que están desarrollando agresiones físicas con nuestras comunidades, dirigentes y asesores.

Requerimos que estas personas ilegales y violentas sean desalojados inmediatamente por el INRA con el apoyo de la fuerza pública.

5. CONCESIONES MINERAS EN TCO LOMERÍO Y CÓDIGO DE MINERÍA

La titulación de las tierras tampoco es suficiente. Nos entregan los títulos de ellas pero el Estado ha otorgado y sigue otorgando concesiones mineras a su interior y estos concesionarios están autorizados para quitarnos las tierras. Así la titulación no tiene ningún sentido.

• Se requiere suspender de inmediato la otorgación nuevas de concesiones mineras en propiedades comunales, tierras comunitarias de origen y fundamentalmente en la TCO Lomerío.
• La modificación inmediata y concertada del Código de Minería

6. APLICACIÓN CONVENIO 169 OIT - LEY 1257

Del pronunciamiento del Consejo de Administración de la OIT, emitido en marzo de 1999, le pide al Gobierno dar cumplimiento a sus obligaciones con los pueblos indígenas y definir de común acuerdo con ellos la aplicación del procedimiento de consulta de todas las medidas que nos puedan afectar.

• Se requiere la aprobación del Reglamento de Consulta propuesto por las organizaciones, en cumplimiento no solo del Convenio y pronunciamiento de la OIT (en 1998), sino de los compromisos asumidos por el Gobierno con las organizaciones indígenas y campesinas desde julio del 2000 hasta abril de 2001.
• Para todas aquellas concesiones que ya han sido otorgadas en nuestras tierras, hay que realizar los procesos de consulta y concertación en los términos del Convenio 169 y del pronunciamiento de la OIT para decidir junto con nuestros pueblos y comunidades la situación en cada caso.

7. FUNDACIÓN DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE CHIQUITANO (FCBC)

El Estado ha permitido que entidades extranjeras, por la vía de las multinacionales petroleras, se apropien del Bosque Seco Chiquitano, en contra de los derechos de sus pobladores naturales y de la soberanía nacional. Un grupo de instituciones, con el capital de las petroleras, conformaron ilegalmente la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano - FCBC, y ésta está tomando decisiones que afectan a todas nuestras comunidades y región, decidiendo sin nuestra participación ni la del Estado y sin cumplir la legalidad vigente.

• Garantizar el respeto y los derechos de las comunidades campesinas e indígenas bolivianos, exigiendo a ENRON y SHELL el cumplimiento de las resoluciones ya emitidas por las autoridades competentes.
• Revisar el cumplimiento legal de las ONGs Internacionales Missouri Botanical Garden (MGB) y Wildlife de Conservatión Society (WCS).
• Reorientar los mecanismos de conservación del bosque Chiquitano en el marco de las leyes vigentes, especialmente del Convenio 169 de la OIT homologado por la Ley de la República N? 1257 de 1991.
• Se garantice el derecho de las organizaciones indígenas y campesinas de la región a participar en la adopción de decisiones y en la administración y conservación del Bosque Chiquitano.
• Garantías constitucionales y administrativas que impidan las operaciones de la supuesta FCBC en nuestras comunidades y territorios indígenas y campesinos, mientras no exista el consenso de nuestras organizaciones y comunidades.

8. CONCESIONES FORESTALES

La Ley INRA reconoció expresamente nuestras demandas territoriales y ordenó su saneamiento y titulación en 10 meses a partir del 18 de octubre de 1996. En julio de 1997, el Estado otorgó concesiones forestales al interior de nuestras demandas, en el caso de Monte Verde por más de 120.000 has. , no obstante de que ya se había dictado la Resolución de inmovilización que impedía el otorgamiento de derechos a particulares. Todos los recursos interpuestos contra este arbitrario acto de despojo, fueron sucesivamente negados. Se acudió en reclamación formal ante la OIT y en un pronunciamiento emitido en marzo de 1999, determinó la vulneración de los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT y recomendó al Gobierno la adopción de medidas específicas para garantizar su cumplimiento. El ultimo recurso elevado a la corte Suprema de Justicia fue resuelto en junio del 2000, negando la petición pero la sentencia estableció claramente que las concesiones estaban condicionadas a los resultados del saneamiento, debiendo ser reducidas o caducadas para ser dotadas como tierras indígenas.

Los pronunciamientos de la OIT y de la Corte Suprema no han sido tomados en cuenta ni por el Gobierno Nacional ni por el INRA. El trámite de Monte Verde continuó dirigido a consolidar las concesiones y recientemente, sin que haya culminado el proceso, la empresa SMARTWOOD entregó el "Sello Verde" a la concesión CIMAL-IMR, con más de 100.000 has.

Requerimos que se declare la caducidad o la reducción de las concesiones forestales en las superficies que se sobreponen con Monte Verde y con las demás tierras indígenas, como lo dispone la ley INRA y Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

9. DOTACIÓN INMEDIATA A INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE TIERRAS FISCALES IDENTIFICADAS

Ilegal e inconstitucionalmente, el INRA declaró tierras fiscales disponibles para concesiones sin haber realizado el saneamiento de la propiedad agraria que ordena la Ley 1715. La arbitraria resolución que facultaba al INRA fue abrogada con motivo en los acuerdos de la Tercera Marcha Indígena y Campesina y el Gobierno se comprometió a destinar esas tierras a la dotación a indígenas y campesinos. Este acuerdo fue ratificado por un Decreto Supremo en el mes de octubre del 2000. Sin embargo, recientemente el INRA ha informado que esas tierras, casi 3.800.000 has. han sido otorgadas en concesión, burlando los acuerdos suscritos por el Gobierno con las organizaciones y el propio Decreto Supremo.

Requerimos el cumplimiento de los acuerdos y del D.S. emitido en el mes de septiembre de 2000, y por tanto, la dotación inmediata de dichas tierras fiscales a las comunidades y la compensación en el caso de los territorios indígenas afectados por el saneamiento.

Firman:

José Bailaba Parapaino, PRESIDENTE CPESC; José Luis Rivero, PRESIDENTE CIP - SJ; Carlos Cuasase S., PRESIDENTE OICH; Agustín García Ch., PRESIDENTE CICOL; Manuel Peña T., PRESIDENTE CICC;Mesa de Coordinación de la Asamblea Extraordinaria: Justo Seoane P, PRESIDENTE; Lucas Surubí, VICEPRESIDENTE; Agustín Parapaino, MODERADOR

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