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28feb09
Un fiscal dice que físicamente Catler-Uniservice no existe
El fiscal anticorrupción Edward Mollinedo confirmó ayer en Santa Cruz de la Sierra que “físicamente“ no existe la sociedad accidental Catler-Uniservice.
El agente del Ministerio Público viajó a la capital cruceña para constatar las condiciones en las que desarrolla sus labores el mencionado consorcio y para efectuar una labor similar en oficinas de Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), la empresa creada por Santos Ramírez.
Mollinedo informó que en esa ciudad sólo funcionan oficinas de Uniservice Sociedad de Responsabilidad Limitada y que no encontró un espacio en el cual trabaje la empresa extranjera asociada a la constructora.
La autoridad dio cuenta, además, de que constató irregularidades en el proceso de constitución del consorcio accidental formado para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande.
Admitió que “hay una confusión tremenda” en torno a esta empresa, que recibió un fuerte adelanto en efectivo para erigir la mencionada factoría.
Una comisión de fiscales paceños se encuentra en Santa Cruz, donde efectuaron operativos contra casas ilegales de juegos de azar.
Pese a ello, Mollinedo, en contacto con medios televisivos cruceños, dio cuenta de que hará una labor investigativa in situ en las oficinas de SIPSA, además de que verificarán si las direcciones de los domicilios de los investigados en esa ciudad son reales.
En el curso de la próxima semana, la Fiscalía reanudará las investigaciones sobre la causa abierta por los presuntos delitos de corrupción pública en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Desde este lunes serán convocados a prestar declaraciones informativas los miembros de las comisiones de Concertación y Calificación en el proceso que derivó en la contratación de la mencionada sociedad.
Los llamados a prestar declaraciones serán Marco Antonio Vega, Elizabeth Morales, Iván García Coca, Federico Galán Laime y Richard Aguilera Montecinos, integrantes de la Comisión de Concertación, así como Linnet Schlint Ontiveros, Javier Guzmán, Diego Argandoña, Julio Anagua y Daniel Álvarez, de la Comisión Calificadora.
Entretanto, el juez Carlos Guerrero anunció que se realizará la próxima semana la audiencia de medidas cautelares a la que serán sometidos Miguel
O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mac Galem, Luis Fernando Córdoba, Javier Navia y Gonzalo Aramayo por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y organización criminal.
Sobre los tres primeros pesan además imputaciones por incumplimiento de contratos y contratos lesivos al Estado, en tanto que los dos últimos son demandados por complicidad.
El juez Guerrero asumió conocimiento del caso el jueves por la tarde y decidió tomar más tiempo para analizar el expediente del caso.
Una fuente de la Fiscalía informó que todavía no hay fecha para el verificativo de esa audiencia, en la que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de las mencionadas cinco personas.
Mientras tanto, el fiscal de Homicidios Luis Mamani dio por cerrada la primera fase de la investigación por el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach con la positiva identificación de Rufino Rodríguez Coca, Sandra Verónica Mamani Quispe y Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez en la escena del crimen o cerca de ese lugar.
El lunes se dará inicio a la segunda fase de labores con la recolección de pruebas con el trabajo de los peritos para presentarlas en el juicio oral.
Santos no quiere dar asistencia a su ex esposa
“Este amor duró hasta el 27 de enero, fecha en que asesinaron al ingeniero tarijeño (Jorge) O’Connor (D’Arlach). Desde ese día comenzó un vía crucis porque no lograba entender por qué los hermanos de mi esposa estaban en el lugar de los hechos y desde ese día ella me hizo víctima de malos tratos psicológicos que han repercutido en que mi dignidad de persona, de hombre se vaya al suelo, se está destrozando mi carrera política al extremo de que están a punto de iniciarme un proceso penal. Es por esa situación que inicio el proceso de divorcio”.
Es el argumento que el ex presidente de YPFB Santos Ramírez expuso en su demanda de divorcio contra Jiovana Navia Doria Medina, informó María Teresa Montaño, abogada de la ex cónyuge del acusado de corrupción en la estatal petrolera.
El memorial señala también que está dispuesto a pagar una asistencia familiar al hijo que espera Navia, pero no para ella, porque es joven y puede trabajar. La abogada observa a Ramírez porque no toma en cuenta que Jiovana lleva un embarazo gemelar.
El divorcio se ventila en el Juzgado Sexto de Partido de Familia, que admitió la demanda y oficializó la separación de cuerpos.
“Ella respeta la decisión del señor Santos Ramírez. Dice que la situación es irreversible y no hay forma de reconciliación. Renunciará a todos los plazos procesales de manera que en tres meses salga la sentencia de divorcio”.
Jiovana Navia quedó al cuidado de sus dos hijos de un anterior matrimonio, su madre murió, su padre vive en Cochabamba y sus hermanos no tienen contacto con ella y su salud es delicada por su embarazo de alto riesgo.
Su hermano Javier Navia y su primo Gonzalo Aramayo comparecerán ante un juez la próxima semana imputados por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y otros.
Cabrera contraataca
El abogado Herland Cabrera, asistente de Jorge Borda, defensor de Ernesto Córdoba, presentó ayer querella contra el fiscal Edwin Sarmiento por haber ordenado su arresto el jueves por la tarde en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Cabrera dijo que fue detenido sin que existiera una denuncia formal, oral o escrita, en su contra y que el Fiscal actuó con precipitación.
El jurista fue acusado de intimidar a testigos del desfile identificativo en el que fueron reconocidos su cliente y los acusados Rufino Rodríguez y Sandra Mamani.
“Yo me acerqué a una señora a reclamarle la devolución de 9.500 dólares de un anticrético que adeudan a don Ernesto”.
Cabrera aseguró que los testigos tienen antecedentes penales y que algunos estuvieron en la cárcel, por lo que se preguntó: “¿Cómo se les puede creer?”.
Sarmiento dijo sentirse tranquilo y pidió que Cabrera recurra a procedimientos legales en su contra.
La “Súper” aclara
La Superintendencia de Hidrocarburos aclaró que el ex presidente de Yacimientos Guillermo Aruquipa despidió a Rodrigo Carrasco “por una instrucción que llegó desde Palacio de Gobierno, misma que se ejecutó a pocas horas de la misma, el 5 de octubre de 2007”.
Erica Giancotti, de la Unidad de Comunicación y Prensa de esa Superintendencia, indicó que Aruquipa no destituyó a Carrasco porque se hubiera presentado como su asesor personal como informó La Prensa el jueves.
Sostuvo también que Amílcar Soto Peña, ex edecán de Aruquipa, fue designado el 3 de octubre del año pasado director distrital interino de Comercialización en Santa Cruz por el ex ministro de Hidrocarburos Saúl Ávalos y actualmente no trabaja en la Superintendencia de Hidrocarburos, función en la que reemplazó a Gary Medrano.
Soto Peña prestó sus servicios durante el año y medio anterior a su designación en Yacimientos en el área de distribución de combustibles en Santa Cruz.
[Fuente: La Prensa, La Paz, 28feb09]
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