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04feb09
La empresa fantasma Catler-Uniservice no presentó boletas de garantía gracias a YPFB
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez aceptó que el consorcio Catler-Uniservice no presentara las tres boletas de garantía que exigía el proceso de licitación para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande. En su lugar, la firma fantasma a la que se adjudicó el proyecto sólo entregó una póliza de caución.
El Superintendente de Empresas, Rolando Morales, declaró a la red Unitel que la empresa Catler-Uniservice no existe porque no se encuentra en el registro de comercio firma con ese nombre.
Ramírez pudo haber permitido la omisión de las boletas a pesar de que en una de las reuniones previas a selección de la empresa ganadora de la licitación se aclaró a los interesados y proponentes que no se aceptarían otros documentos, como las pólizas.
El periodista Carlos Valverde, durante su programa Sin letra chica emitido el lunes 2 de febrero, reveló que Catler-Uniservice no contaba con las boletas de garantía porque no las tramitó en un banco como correspondía. Tampoco se hizo a través de una empresa aseguradora porque una, de la cual no mencionó el nombre, con residencia en Santa Cruz se negó a emitirla. “Hubo una empresa aseguradora que les pedía los documentos y los requisitos, y los señores (representantes de Catler-Uniservice) no aparecían”.
La Prensa se comunicó con Mario Cossío Magalén, representante de la compañía y quien estuvo en las reuniones de explicación de los términos de referencia del contrato con YPFB, contacto que se cortó cuando se intentó hacerle la pregunta. De inmediato, el celular fue apagado.
Según la propuesta técnico- económica presentada por Catler-Uniservice para llevar adelante el proyecto de construcción de la planta, la compañía se compromete a presentar las boletas después de adjudicarse la obra.
Esto, de acuerdo con los términos de referencia de la licitación, no estaba permitido porque se trataba de requisitos, pero la omisión fue aceptada por YPFB.
La primera boleta de garantía que debía presentar la firma era la de seriedad del valor ofertado en la propuesta, equivalente al 2 por ciento del monto total, que en este caso suponía 1,72 millones de dólares.
La segunda boleta es la de “buena inversión del anticipo”, por el 20 por ciento, que corresponde a 17,27 millones de dólares.
La tercera, de cumplimiento del contrato, es igual al 10 por ciento, es decir, 8,63 millones de dólares. Según los documentos revelados en el programa Sin letra chica, Catler-Uniservice sólo presentó una póliza del 1 por ciento del valor de la obra, es decir, 863.500 dólares.
La exigencia de las boletas debió ser rigurosa por parte de YPFB, pero se incumple. En un acta de aclaración del proceso de licitación del 6 de junio de 2008 se hace un recuento de las explicaciones que brindaron a los proponentes el representante de la estatal petrolera Mario Arenas y del ministro de Hidrocarburos, Mario Ávalos.
Parte del documento señala: “Igualmente se volvió a plantear el tema de los impuestos, a lo que el Ing. Mario Ávalos indicó que la propuesta debería estar bajo la exención del GAC y el IVA. Y lo mismo se planteó con el tema de la boleta de garantía y si se permite una póliza”. Sin embargo, se aclaró que respecto “de la póliza lo que se solicita es una garantía del precio de oferta y que se ratificaba la misma. El Ing. Mario Ávalos del MHE indicó que esto está circunscrito a la seriedad de la oferta”.
No se hizo ninguna solicitud sobre la posibilidad de cambiar este requisito, a diferencia del plazo para presentar las propuestas, cuya ampliación piden.
El 10 de julio de 2008, a Catler- Uniservice, compañía representada por Jorge O’Connor, se le adjudica el proyecto, y el 14 se firma el contrato con YPFB. Esto, en un acto público en el mismo campo petrolero donde se edificará la obra.
A pesar de no existir boletas de garantía, YPFB incluso desembolsa los primeros pagos a la contratada. Según Ramírez, fueron cuatro o cinco pagos de al menos 6,8 millones de dólares.
Estos documentos son el aval por el cual una empresa demuestra su solvencia económica para comprometerse a ejecutar una obra. Con la presentación de este documento, la contratante tiene la seguridad de que, en el caso de fallas o incumplimientos, no se pierda el dinero entregado como anticipo.
De acuerdo con la investigación de Valverde, una póliza no requiere un respaldo económico previo que demuestre que la empresa cuenta con un capital y puede responder ante cualquier contingencia.
Advirtió que ahora YPFB no podrá recuperar el dinero entregado a Catler -Uniservice.
Una fuente del sector contó que los representantes de Catler-Uniservice, en principio, llegaron al país para presentarse a la licitación del diseño de ingeniería de la planta separadora de líquidos de Gran Chaco, que luego fue suspendida.
Añadió que buscaban socios bolivianos que pudieran ofrecer las garantías, lo que demostraba el escaso poder económico que tenían para hacerse cargo de una obra de estas dimensiones. Entonces YPFB lanzó la licitación para la planta de Río Grande, que demandaba menor inversión.
Debido a las múltiples irregularidades que rodean al contrato y que se comenzaron a revelar luego del asesinato del empresario Jorge O’Connor, el 27 de enero, el Poder Ejecutivo decidió intervenir YPFB y destituir, el pasado sábado, a su presidente Santos Ramírez. El lunes se reveló que no hubo protocolización del contrato a pesar de los desembolsos de 6,8 millones de dólares que se hizo a favor de Catler-Uniservice.
Contralor admite que Ramírez no envió contrato y puede ser procesado
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez incumplió la Ley 1178 Safco, que le obligaba a presentar en un plazo de cinco días el contrato con Catler-Uniservice ante la Contraloría General de la República (CGR).
Así lo admitió el contralor general, Gabriel Herbas, quien adelantó que esta falta significa responsabilidad ejecutiva de la ex autoridad que podría terminar en civil, administrativa y penal, de acuerdo con lo que determine la auditoría que ayer inició la institución a la petrolera.
La autoridad afirmó que en la institución que dirige no se halló ningún documento registrado ni con Catler-Uniservice ni con Uniservice-Catler. “Es una primera constatación”.
YPFB y la compañía mencionada firmaron un contrato para la instalación de la planta de separación de licuables en Río Grande el 14 de julio de 2008 en un acto público realizado en Santa Cruz. La Ley Safco, en su artículo 27, señala que todo contrato suscrito por el Estado o sus instancias dependientes, como YPFB, debe ser registrado en la Contraloría y protocolizado en la Notaría de Gobierno.
Ambos requisitos fueron incumplidos en el contrato que firmó YPFB con Catler-Uniservice.
Herbas informó que la auditoría de la Contraloría se hará en primera instancia al contrato para establecer las responsabilidades y el posible daño económico al Estado.
La firma se adjudicó la obra por un valor de 86,35 millones de dólares, de los cuales se cancelaron por lo menos 6,8 millones en cuatro pagos, según declaraciones hechas el lunes por el ex Presidente de la estatal petrolera.
La Contraloría envió a YPFB a cinco auditores y dos abogados para que inicien la revisión de los documentos.
Herbas explicó que en función de los elementos que se encuentren, el proceso se ampliará en segunda instancia a otros contratos de la estatal petrolera.
Y en tercera instancia a otras reparticiones del Estado como el Ministerio de Hidrocarburos. Éste debió conocer el contrato porque tiene dos representantes en el Directorio de YPFB.
Desde el sábado, Yacimientos está intervenida. El lunes comenzó la investigación legal y financiera a la gestión de diez meses de Santos Ramírez, quien estuvo a la cabeza de la petrolera durante el proceso de licitación y contratación. Esta tarea la realizan en forma conjunta el Viceministerio de Transparencia y la Fiscalía con el apoyo del Ministerio de Defensa Legal.
Además, Herbas fue cuestionado por la independencia que pueda tener el proceso de investigación en relación con el trabajo que realiza el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, las comisiones parlamentarias y también desde el Ejecutivo.
Esto debido a su militancia masista y la forma en la que accedió al cargo luego de que se acusase a su antecesor Oswaldo Gutiérrez de no haber entregado las auditorías a las empresas petroleras a tiempo.
“Son cinco los organismos que van a llevar adelante y hay que ver que no exista interferencia entre ellos” y que “en el marco de sus competencias lleven un proceso de lo más transparente”. La auditoría es la práctica consistente en la verificación de las cuentas de una entidad por parte de una instancia especializada con el objetivo de verificar la situación económica real de una determinada empresa.
Un fideicomiso permitió a YPFB eludir fiscalización
Un fideicomiso le permitió al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez eludir los controles del Ministerio de Hacienda para hacer un seguimiento a la ejecución e inscripción en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de los recursos destinados a impulsar el proyecto de extracción de licuables en Río Grande.
El Tesoro General de la Nación (TGN) erogó 85 millones de dólares para que la estatal impulsara la construcción de la planta separadora de líquidos que fue adjudicada al consorcio Catler-Uniservice.
Los recursos no aparecen inscritos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009 y menos los 6,8 millones de dólares desembolsados hasta la fecha para emprender las obras.
En la revisión del PGN 2009 se pudo observar que el único proyecto de inversión que tiene inscrito la estatal petrolera es la continuidad de los proyectos de instalación de redes de gas domiciliario.
El contrato para la ejecución de la planta separadora de líquidos fue suscrito entre la firma Catler-Uniservice e YPFB el 14 de julio de 2008 en Santa Cruz, en un acto en el que estuvieron presentes el presidente Evo Morales y otras autoridades.
Fuentes del sector señalan que el origen de esta omisión se encuentra en el Decreto Supremo 29635, del 29 de noviembre de 2007, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), a suscribir un contrato de fideicomiso con el Banco de Desarrollo Productivo.
De esta manera se obligó a esa cartera de Estado a desembolsar 85 millones de dólares para que fuesen canalizados a YPFB.
El decreto instruye que “YPFB será el beneficiario de los recursos del fideicomiso, que serán utilizados para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo 28701”, de nacionalización de los hidrocarburos.
Según ex autoridades de Hacienda, con la figura de fideicomiso YPFB dejó de tener la obligación como cualquier entidad del sector público de inscribir sus recursos y desembolsos en el Sistema Integrado de Control de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), donde automáticamente se registran ingresos y gastos, y el Ejecutivo perdió poder de fiscalización.
Esto a pesar de que el decreto ordena a YPFB inscribir en su presupuesto el fideicomiso y la obtención de los recursos que se le asignaron.
Piden investigar el sobreprecio
El proyecto de extracción de licuables en Río Grande, que fue adjudicado a Catler-Uniservice, debe ser sometido a una auditoría técnico- económica para determinar si en su ejecución existe o no un sobreprecio del 10 por ciento.
El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Téllez aseguró que el valor de esta planta, en el peor de los casos, no debería superar los 76 millones de dólares.
Esto, tomando en cuenta que la planta de gas de Vuelta Grande, construida hace 20 años, se ejecutó con una inversión de 38,2 millones de dólares. “Asumiendo los costos actuales y el alza que podría haber ocurrido en 20 años, el valor no debería superar los 76 millones, pero se presupuestó un total de 86,3 millones de dólares”.
La implementación del proyecto de Vuelta Grande tenía el objetivo de incorporar a la producción nacional mayores volúmenes de líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural de exportación.
La idea de esta planta, según Téllez, era la de extraer la humedad del gas natural, volverlo seco para reinyectarlo en los gasoductos y recuperar el GLP y los líquidos para ser almacenados y bombeados a las ciudades a través de un oleoducto.
El proyecto nace de la necesidad que tenía el país de abastecerse de una mayor oferta de líquidos.
Frente a esa urgencia se planteó una disyuntiva: quemar el gas del campo de Vuelta Grande, ventearlo hasta que se disipe en el aire o, en su defecto, reinyectarlo y sólo extraer sus líquidos, que fue la opción que se escogió y se logró impulsar.
Villegas sabía del contrato
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está acosada por denuncias de irregularidades que pueden comprometer a más autoridades. El recién posesionado presidente interino de la estatal, Carlos Villegas, conocía el detalle del contrato entre Yacimientos y la firma argentina Catler-Uniservice cuando él se desempeñó como ministro de Hidrocarburos, en 2008.
Según documentos a los que tuvo acceso El Deber, Villegas conocía en ese entonces que la empresa adjudicataria fue Catler-Uniservice, formada por las empresas Catler, Uniservice S.R.L., Arcan Engineering, Carlos Caballero S.R.L. y ENSR Bolivia S.R.L., con domicilio en el barrio Las Palmas de la capital cruceña y que tenía un financiamiento mediante un fideicomiso del Ministerio de Hacienda.
Llama la atención que la autoridad respondiera incluso al Senado que la experiencia de esta sociedad accidental se apoyaba exclusivamente en la compañía Gulsby (subcontratada), firma que ejecutó 95 proyectos de construcción de plantas de GLP alrededor del mundo; sin embargo, Catler- Uniservice no tiene proyectos de esta envergadura.
Asimismo, Villegas informó que los ejecutivos de la compañía en agosto de 2008 eran Agustín Melano, Jorge O’Connor D’Arlach Taborga y Mario Cossío Magalén y que, en caso de incumplimiento de contrato, existen tres tipos de garantías: de correcta inversión de anticipo, de cumplimiento de contrato y de buena ejecución de obra. El plazo de entrega de la planta es de 340 días a partir del primer desembolso. Villegas no pudo ser contactado porque se encontraba en reuniones con los directores de área de la estatal. Alrededor de las 20.00 de ayer, fuentes gubernamentales anunciaron que hoy se cambiaría al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, y al presidente de YPFB Andina, Mario Arenas, quien era el titular de la Comisión Técnica de YPFB, que evaluó a las firmas que pugnaron por la adjudicación de la instalación de la planta de Río Grande. También se habla de que Manuel Morales Olivera (ex titular de YPFB) podría asumir el Ministerio de Hidrocarburos.
A las 21.10 se confirmó que 50 ejecutivos (gerentes y directores de área de YPFB) fueron retirados.
Antecedentes
El proyecto de construcción de la planta separadora de líquidos debe entregarse en un plazo de 340 días a partir de la firma del contrato, el 14 de julio de 2008.
La firma informó que la fabricación de los equipos tiene un avance del 30 por ciento.
Sin embargo, el Comité Cívico de Camiri señaló que el proyecto no ha experimentado ningún avance.
El sábado fue posesionado como presidente de YPFB Carlos Villegas en reemplazo de Santos Ramírez, senador del MAS.
Junto con la ex autoridad de la estatal fueron separados otros cinco funcionarios del entorno de Ramírez.
El lunes, la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, y Villegas procedieron con la intervención física de la estatal.
Anunciaron que harán transparente la información de la empresa y de las investigaciones.
Más datos
El consorcio pretendió ejecutar sin aval un proyecto de 86,3 millones de dólares.
La firma apenas tenía un capital de 50.000 bolivianos, es decir, no más de 7.000 dólares.
La empresa aseguró que tiene experiencia en el sector, pese a que no la conocen.
[Fuente: La Prensa, La Paz, 04feb09]
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