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01abr08
Evo en Camiri
Los camireños demandan al gobierno, ni más ni menos, que cumpla con su decreto nacionalizador de 1 de mayo de 2006, el mismo que fue respaldado por cerca al 90% de la población y que la oposición política (Podemos, MNR y UN), propuso incluso elevarlo a rango de ley.
En efecto, el artículo 4-III del citado decreto establece que YPFB deberá firmar contratos con las petroleras tomando como base los resultados de las auditorias petroleras del Ministerio de Hidrocarburos, que determinaron, caso por caso, "las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada campo".
Como sabemos, el Ministerio realizó el año 2006 auditorias a los campos que, al 1 de mayo de 2006, se encontraban en operación (los demás campos debieron pasar a control de YPFB), pero, contrariamente al mandato del propio decreto nacionalizador, YPFB firmó apresuradamente los contratos de operación con las petroleras, sin considerar ni tomar en cuenta los resultados de esas auditorias (estas y sus resultados hasta hoy no fueron revelados por Villegas), contratos que, además, fueron aprobados por la oposición en el Senado, pese a constatar esta y otras falencias de fondo.
En materia petrolera, tratándose de contratos a favor de las transnacionales, desaparecieron curiosamente las diferencias entre oposición y oficialismo.
Pero, ¿qué develaron las auditorias petroleras? He aquí los motivos de las legítimas exigencias de Camiri.
Entre otras cosas - de acuerdo a los datos a los que este medio tuvo acceso- que ninguna de las capitalizadas Andina, Chaco y Transredes, cumplió con sus obligaciones de inversión, que Repsol YPF, operadora del campo Margarita y otros con importantes reservas, incurrió en fraude contable, que sus inversiones declaradas no eran reales, que Repsol YPF en su condición de administrador de Andina, promovió y ejecutó la firma de un contrato con Petrobras, en virtud al cual Andina le tuvo que devolver a la brasileña 300 millones de dólares por el gas que le vendía; que Petrobras, operadora de los dos mecagampos más importantes, como Sábalo y San Alberto, infló sus inversiones y, las que realmente hizo, las amortizó en poco menos de cuatro años (1999-2003), gracias a la ilegal clasificación de campos nuevos, atribuyéndole incorrectamente el descubrimiento de los mismos, pese a que, las propias auditorias basadas en datos técnicos de YPFB, verificaron que fue la estatal boliviana que descubrió los mismos en 1990, y un largo etcétera.
Camiri pide ahora que, constatados esos hechos y tomando en cuenta precisamente los resultados de esas auditorias (que al país le costaron nada menos que 5 millones de dólares efectuarlas), YPFB tome control inmediato del campo Camiri, Buena Vista y Camatindi, otros que se encuentran aún en poder de Repsol- Andina; la inmediata refundación de YPFB, dotándola sin más trámites ni anuncios grandilocuentes, de recursos humanos, económicos y tecnológicos; la inmediata construcción de una planta separadora de líquidos, de modo que del volumen de gas que es exporta al Brasil, se le extraiga algo que es propiedad de los bolivianos, como son las gasolinas naturales y el GLP, cuyo valor asciende a 500 millones de dólares anuales, que los aprovecha Petrobras sin costo ni pago alguno.
Al exigir Camiri que el gobierno, el Ministerio del sector e YPFB tomen en cuenta los resultados de las auditorias petroleras (se ha dado incluso el insólito caso de que funcionarios jerárquicos del propio ministerio de hidrocarburos – personas de confianza de Villegas -, así como senadores de Podemos, con similares argumentos, han intentando desvirtuarlas, actitud que podría haberse esperado sólo de las petroleras afectadas), están también exigiendo que, en relación a los contratos de operación sobre los campos que estaban en producción el 1 de mayo de 2006, se inserten estos resultados en sus Anexos G (Inversiones y Amortizaciones), de modo que YPFB pueda tener efectiva participación e ingresos derivados del negocio petrolero (Anexo F), que le permita su real refundación, evitando que YPFB y el país, sigan pagando a las petroleras con la actual y futura producción, inversiones nunca realizadas y fraudes contables.
Finalmente, Camiri ha desconocido a los cívicos cruceños, diferenciándose de ellos: les ha recordado que, en vez de alentar un separatismo disfrazado de autonomía, debieron haber priorizado oportunamente este tipo de demandas, de verdadero impacto económico regional y nacional. Debido a ello, han desconocido a los que denominaron "representantes de las logias cruceñas y del prefecto separatista".
¿Cómo andamos en casa?. Ni el representante prefectural en el Directorio de YPFB ni el Director de Hidrocarburos de la Prefectura de Tarija, menos aún el prefecto, se han manifestado sobre el tema y tampoco sobre la vital exigencia de corregir las cifras en los Anexos G de los contratos petroleros, vía por la cual se financiaría la industrialización del gas en Tarija. Por el contrario, un senador tarijeño se ha esforzado en atribuir a Petrobras el descubrimiento de los megacampos, en contradicción con datos de YPFB y testimonios de ex autoridades y cívicos que dicen exactamente lo contrario.
Camiri pide ahora negociar sólo con Evo. Si éste no fuese presidente, hoy también hubiese estado junto a los dirigentes de Camiri, pidiendo que se cumpla la nacionalización que todos apoyaron.
[Fuente: El Pais, Editorial, Tarija, Bol, 01abr08]
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