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18may08
La Coordinadora de derechos humanos lamenta que no haya avances en la liberación de guaraníes
La Coordinadora de Derechos Humanos de Santa Cruz, mediante un comunicado, lamenta que hasta ahora no se haya podido avanzar en la liberación de las familias guaraníes que están cautivas en las haciendas de Alto Parapetí, en la provincia Cordillera, y pide a la población boliviana pronunciarse al respecto.
"Luego de las agresiones sufridas por indígenas guaraníes, periodistas, integrantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y funcionarios del Viceministerio de Tierras en Cuevo, en la zona del Alto Parapetí, aún no se pudo avanzar en la liberación de los miles de guaraníes esclavizados en haciendas de Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca y Tarija", menciona el documento.
Agrega que tampoco se logró iniciar el saneamiento en el territorio de Alto Parapetí, ni las autoridades del Gobierno nacional y organizaciones defensoras de derechos humanos pudieron ingresar a una estancia para constatar las condiciones de vida de los indígenas dedicados a trabajar la tierra del patrón.
Asimismo, menciona que desde la APG informaron que "las condiciones de opresión crecieron puertas adentro de las estancias. Los indígenas reducidos a la servidumbre no tienen derecho de manifestarse sobre su situación. Los patrones y sus empleados los tienen amenazados a ellos y a sus familias".
Sobre la situación en Cuevo, el comunicado indica que las autoridades locales -alcaldes, concejales y diputados de partidos de derecha- les mienten que volverá el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, "para sacarle la tierra a la gente de Cuevo y dársela a los collas".
El gobierno nacional estudia la conformación del Territorio Comunitario de Origen (TCO) Alto Parapetí, que podría tener 150 mil hectáreas. En la provincia Cordillera los guaraníes vivieron en libertad hasta la batalla de Kuruyuqui, en 1892, cuando el estado boliviano eliminó a más de dos mil guerreros -según datos de los propios indígenas-. Los sobrevivientes fueron "entregados a buenas familias (los estancieros) para que les saquen el salvajismo", como argumentó el gobierno nacional en ese entonces.
En Cuevo -según la APG- "nadie puede circular sin su carnet porque a cada centímetro lo exigen los grupos de choque financiados por las autoridades locales y adiestrados por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista".
Varias personas vinculadas con los guaraníes y su organización, la APG, tienen prohibida la pisada en este pueblo. En Camiri, población ubicada a 50 kilómetros, se encuentran casi en la clandestinidad debido a las amenazas y persecuciones que a diario efectúan los grupos irregulares.
La organización guaraní explicó que "los hermanos sólo pasan por Cuevo si van en un grupo numeroso, ante el temor de que se cumplan las amenazas" formuladas por grupos que se oponen al saneamiento.
Las tres distintas comisiones que se formaron para estudiar la situación de las familias guaraníes cautivas en las estancias tampoco consiguieron avances para lograr la liberación de los indígenas.
El 22 de abril se creó una comisión compuesta por los parlamentarios de la opositora Brigada Parlamentaria cruceña: Roxana Gentile, de Unidad Nacional (UN), Betty Acebey Serrano, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y el ganadero Ronald Moreno, de Poder Democrático Social (Podemos), que participó de las agresiones a los guaraníes.
Fueron con el fiscal Carlos Candia, supuestamente encargado por el Fiscal General de la República, con la tarea -según ellos- de indagar la comisión del delito de esclavitud y formas análogas. Esta comisión recorrió el Alto Parapetí entre los días 24 y 27 de abril, visitó 11 haciendas y no vio, supuestamente, a ningún guaraní cautivo.
Los parlamentarios que componían la comisión fueron observados por la APG y otros sectores sociales, además del Gobierno, puesto que habían tomado públicamente posición respecto a la inexistencia de relaciones servidumbrales en el Alto Parapetí.
Por otro lado habían participado de manera directa en los hechos denunciados por el Gobierno de Bolivia y las organizaciones indígenas, sobre los ataques, agresiones y estorbo a las funciones del INRA en la zona, impidiendo dar inicio al proceso de saneamiento.
El presidente de la APG, Wilson Changaray, dijo que los diputados cruceños "no entraron donde debían. Sólo preguntaron a los patrones y a algunos hermanos que no se iban a poner a hablar mal delante de su patrón".
El 28 y 30 de abril se hizo presente en la zona una segunda comisión, compuesta por las iglesias Católica, Metodista y Ekklesía, el Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el ganadero de Camiri David Vaca Díez, uno de los implicados en las agresiones del 13 de abril, declaró que "no permitiremos el ingreso de otra comisión, así lo pida el Defensor del Pueblo, porque la brigada de Santa Cruz ya confirmó que no hay comunidades cautivas, peor aún servidumbre".
Finalmente, con una Resolución del pleno de la Cámara de Diputados de fecha 16 de abril, se conformó una Comisión Especial multipartidaria para que investigue las denuncias sobre la violación de derechos humanos y agresiones en Alto Parapetí.
La Comisión se fijó un plazo de 56 días - del 23 abril al 17 junio para el trabajo. Está compuesta por los diputados nacionales Bernabé Paredes (MAS), William Cardozo (Podemos), Milton Becerrra (UN), Williams Chávez García (MAS), Ronald Moreno (Podemos), Jhonny Tórres (MNR) y Gualberto Choque (MAS).
La APG, en un comunicado público, sostuvo que "el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, deberá promover de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible (...) considerando que si en la planificación de los mismos, participaron autoridades que tienen la obligación de aplicar la legislación internacional y nacional, éste debería ser un agravante en el análisis de su conducta y debería llevar a la suspensión preventiva de sus funciones hasta tanto se investiguen y depuren sus responsabilidades", dice el documento.
La Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos de Santa Cruz solicita a la población que se manifieste para terminar con esta situación de servidumbre anacrónica que demuestra el alto grado de desprecio y racismo de algunas familias ricas del oriente boliviano hacia los indígenas que alguna vez fueron libres en esta tierra.
La Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos aglutina a entidades como la de Asesoramiento Legal y Acción Social (ALAS), Casa de la Mujer, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Colectivo Rebeldía, DESAFIO, Defensa de la Niña y el Niño Internacional (DNI-SC), FORMASOL, Fundación Colonia Piraí y Fundación Tierra.
[Fuente: Agencia boliviana de información, Santa Cruz, 17may08]
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