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27feb08
Latifundistas intervienen oficina del INRA en Camiri y echan del pueblo a los técnicos
Miembros de la Federación de Ganaderos expulsaron hoy de Camiri a un equipo de técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) responsable de llevar adelante el saneamiento de tierras en la región de Alto Parapetí y zonas adyacentes en la provincia Cordillera de Santa Cruz. Encabezando una turba de más de 100 personas, los hacendados cercaron las oficinas del INRA ubicadas en la Universidad Salesiana, obligaron a los funcionarios a salir de la ciudad y anunciaron que jamás permitirán que el gobierno les quite sus tierras. Por la mañana, los latifundistas reunidos en asamblea general en la Alcaldía de Camiri pidieron al gobierno la paralización de labores del INRA hasta el 4 de mayo, el día del referéndum organizado por la Prefectura de Santa Cruz para validar un estatuto autonómico departamental que concede al gobierno regional (la Prefectura) facultades exclusivas en el manejo de la tierra y anula por completo la potestad del Estado nacional en esta materia.
Al promediar las 5 de la tarde, más de 100 personas movilizadas por los ganaderos del Chaco cruceño llegaron hasta las oficinas del INRA lanzando petardos y gritando consignas contra la ley de Reconducción Agraria aprobada por el gobierno de Evo Morales como un instrumento para revertir tierras ociosas al Estado.
“Sabemos que son solo funcionarios, pero nosotros, en todo nuestro derecho como afectados, les pedimos que por favor se retiren…”, dijo a los técnicos del INRA Javier Antúnez, uno de los líderes de la revuelta empresarial. Antúnez les dio 12 horas para que salgan del pueblo bajo amenaza de tomar “otras medidas”.
Miguel Aranó, responsable del INRA en Camiri, por seguridad de las instalaciones y de sus compañeros, salió de Camiri a las 19:45 rumbo a Santa Cruz, llevándose en una camioneta el mobiliario de la oficina. Los ganaderos en caravana de autos escoltaron al equipo técnico del INRA hasta la tranca de Urundaipi.
El Consejo Provincial de Participación Popular de Cordillera, el Comité Cívico y posiblemente los productores “no harán caso a la Ley y al Decreto Reglamentario del INRA, que faculta distribuir tierras a las TCOs (guaraníes)”, advirtió el presidente del Comité Cívico de la Provincia Cordillera Franz Michel Torrico.
Según el dirigente cívico, el gobierno intenta consolidar una nueva TCO en Alto Parapetí, que abarca a los municipios de Cuevo, Camiri, Lagunillas y Gutiérrez, algo “inconcebible porque no existen tierras agrícolas disponibles en la zona. Toda la tierra está ocupada por pequeñas y medianas propiedades que tienen más de 120 años de uso”.
Torrico dijo que la consolidación de esta nueva TCO “es una maniobra política del gobierno para captar votos en el referéndum por los estatutos, y un doble engaño a los guaraníes, a quienes les han prometido tierras en serranías inaccesibles que no sirven para cultivar nada, pero que contienen las reservas hidrocarburíferas de la provincia Cordillera y del departamento de Santa Cruz”.
Las tierras en disputa
La tierra que los ganaderos del Chaco cruceño reclaman como suyas son parte del núcleo territorial guaraní históricamente conocido como la “Cordillera”, una frontera mítica que se mantuvo prácticamente infranqueable para el imperio incaico, para los españoles durante todo el período de conquista y en la mayor parte de la colonia, e inclusive para las fuerzas militares de la nueva República.
Durante más de 400 años, los guerreros guaraníes (kereimbas) defendieron este territorio con fiereza y lograron derrotar continuas estrategias colonizadoras como las expediciones militares, las misiones religiosas, la fundación de villas y pueblos y el asentamiento paulatino de haciendas. Las fuerzas guaraníes resistieron hasta 1892, año en el que fueron derrotadas militarmente.
El territorio guaraní de la Cordillera, que según algunos autores ocupaba un área de aproximadamente 100 mil km2, fue paulatinamente fragmentado y acaparado por los hacendados y sus vacas. Arrinconados, los indígenas guaraníes se vieron obligados a trabajar en tierras de “otros” y para “otros”, en la condición de siervos. Esta penosa etapa en la historia de los guaraníes de la Cordillera todavía no ha terminado, pues muchos de ellos soportan relaciones de servidumbre hasta el día de hoy.
Según una investigación multidisciplinaria realizada por la Cruz Roja Suiza y el Ministerio de Justicia en 2006, en Alto Parapetí existen 10 comunidades indígenas “cautivas”: Yaiti, Yapui, Yapumbia, Recreo, Itakuatia, Huaraka, Bajo Karapari, Alto Karapari, La Colorada y Tartagalito. Se estima que en esta zona perviven relaciones laborales servidumbrales en 26 haciendas.
Los hombres, mujeres y niños de corta edad de Alto Parapetí trabajan en condiciones indignas, soportando maltratos y abusos. Prácticamente todas las familias guaraníes de esta zona dependen de las haciendas, ya sea como “cautivas” o “empatronadas”, y viven semi esclavizadas por deudas heredadas de sus abuelos. Los bajísimos salarios que perciben en especie y en remuneración mixta no les alcanzan para cubrir el costo de los alimentos (que los mismos hacendados les venden con sobreprecio), ni las deudas por la coca y el alcohol obtenidos al fiado.
El saneamiento continuará
El gobierno se ha propuesto realizar un saneamiento relámpago en cuatro meses en Alto Parapetí (provincia Cordillera, al sur este del departamento de Santa Cruz), pues la única forma de revertir la penosa situación de las comunidades cautivas es restituirles al menos parte de su tierra ancestral. La resistencia ganadera de Camiri no obstaculizará el avance del proceso de saneamiento, aseguró el director Nacional de INRA Juan Carlos Rojas.
“Los funcionarios del INRA Camiri tienen la misión de ejecutar labores de campo para atender las demandas y consolidar el derecho propietario de los diferentes sectores de la población rural de la región. Por precepto de la Ley 1715 modificada por la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, esta labor continuará su curso”.
En criterio de Rojas, grupos de poder que ostentan grandes extensiones de tierra, sin cumplir la Función Económico Social (FES) y manteniendo a comunidades guaraníes en situación de cautiverio y trabajos forzosos en pleno siglo XXI, temen que sus haciendas se reviertan al Estado. Los productores que cumplen la FES no tienen por qué tomar este tipo de medidas, pues toda propiedad agraria productiva tiene garantizado el derecho propietario, añadió.
El gobierno sospecha que detrás de la revuelta también hay intereses políticos. Una de las principales asesoras jurídicas de los Ganaderos del Chaco es la constituyente por Podemos Eliane Capobianco, ex funcionaria del INRA implicada en varios casos de “blanqueo” de haciendas improductivas. Se supo que este miércoles, Capobianco se dedicó a explicar los contenidos del Estatuto Autonómico cruceño en la reunión de ganaderos y a criticar varios artículos de la nueva Constitución Política del Estado.
“Este es un atropello de los ganaderos que ocultan la existencia de comunidades cautivas y desinforman a la población. El pueblo guaraní esta dispuesto a defender sus comunidades y a acabar con la servidumbre y el cautiverio; la Asamblea del Pueblo Guaraní luchará por sus demandas e iniciará movilizaciones en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija”, anunció el capitán grande de Alto Parapetí Felix Bayanda.
[Fuente: Bolpress, Camiri, Bol, 27feb08]
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