16jul05

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Voto Resolutivo de las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia sobre la política de tierras del Gobierno Nacional

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El Gobierno Nacional del Presiente Eduardo Rodríguez ha anunciado poner en marcha una serie de normas agrarias aprobadas por el gobierno de Mesa, así como la expedición de nuevas normas que atentan contra nuestros derechos. La adopción de estas medidas se ha realizado sin ninguna consulta ni participación nuestra, quienes somos los directos afectados de las mismas; ante estas circunstancias, en Ampliado de Emergencia para tratar estos temas muy importantes y graves para nosotros, hemos decidido poner de manifiesto ante el país lo siguiente:

I. LOS DECRETOS MESISTAS PARA ACABAR CON LA REFORMA AGRARIA:

1.- El ex Presidente Carlos Mesa aprobó, sin ninguna consultar a los sectores indígenas y campesinos, y de manera totalmente arbitraria, 51 decretos de los cuales 5 son sobre el tema tierra, que establecen lo siguiente:

• D.S. 28140.- Titulación como “propiedad forestal” de actividades de producción forestal o protección. Con esto concesionarios forestales y barraqueros del Norte Amazónico podrían convertir sus concesiones temporales y condicionales, por las que ya casi ni pagan patente, en propiedades privadas definitivas.

• D.S. 28148.- Modificación del Reglamento de la Ley INRA:

  a) En abierta violación de la Ley INRA y la CPE, transfirieron todas las competencias a las Direcciones Departamentales que el INRA Nacional tiene en el proceso; incluso la posibilidad de generar títulos y certificaciones, no obstante los fraudes producidos y no resueltos todavía. El INRA Nacional será un ente que “reglamentará” el saneamiento, cuando la Ley manda a que sea quien lo ejecute. Establecieron además que el proceso de saneamiento será realizado en su totalidad por empresas de saneamiento, con lo que la aplicación de una norma nacional se convertirá en fuente de negocios privados.

  b) Para inviabilizar nuestra activa y oportuna consulta y participación sobre los procesos, aprobaron una disposición coartando el ejercicio este derecho constitucional de los indígenas y campesinos del país, en abierta violación al convenio 169 de la OIT.

  c) El Estado se desliga de los costos del saneamiento de los campesinos, pues aprobaron que el saneamiento gratuito procede sólo en áreas Protegidas o proyectos de interés público.

• D.S. 28150.- Creación de la “Empresa Siderúrgica del Mutún”, la misma que no podrá hacer ningún tipo de actividad si no a través de contratos de riesgo compartido con transnacionales. Estas tierras, donde se encuentra el Territorio Indígena Ayoreo, serán saneadas a favor de la Empresa en 60 días.

• D.S. 28159.- Sobre familias cautivas guaraníes en el Chaco, despoja al Pueblo Guaraní de sus derechos ancestrales al territorio y su identidad como indígenas, además de ofrecerles créditos para que se compren 50 has por familias, ignorando el carácter colectivo del territorio.

• D.S. 28160.- Acceso a la Tierra y Desarrollo Productivo, con el que:

  a) Los campesinos e indígenas sin tierras, para acceder a ellas, debemos comprarlas a precios de mercado y altos intereses, mediante créditos hipotecarios con “devolución rotativa” ante bancos, es decir, el endeudamiento y empobrecimiento extremo y violando los principios de que el campesino tiene derecho a la dotación gratuita de tierras y los indígenas a la devolución de sus territorios ancestrales.

  b) El Estado no destinará un centavo a esta política.

  c) Habrá fondos para la compra de maquinarias y otros, siempre que nos endeudemos comprando las tierras, de lo contrario no podremos acceder a tales fondos.

  d) El plan discrimina al MST y otros sectores que hayan recuperado tierras de latifundios ilegal y fraudulentamente obtenidos. Ellos no califican para esta política.

  e) Solo se entregarán tierras sin monte, es decir degradadas e inservibles.

  f) Las tierras forestales sólo son para los madereros, los campesinos e indígenas somos discriminados al acceso a ellas, cuando la Ley INRA y Forestal indican expresamente que tenemos derecho a ellas.

2.- Normas que pretende aprobar el Presidente Rodríguez: En estos días el Presidente Rodríguez, en vez de restituir la legalidad, se aprestaba a remachar las violaciones señaladas con la aprobación de otras normas como:

• D.S. del Plan de Ordenamiento Predial (POP). Con la cual, reglamentando la Disposición Adicional II de la Ley Nº 2493, modificatoria al Código Tributario, se pretende establecer que ya no es necesario la Pericia de Campo en saneamiento por el INRA para demostración de trabajos, sino un simple plan hecho en gabinete consolida la totalidad de las tierras pretendidas, perpetuando el latifundio improductivo, se elude así la verificación de la Función Económica y Social (FES).

• D.S. Cambio de uso de Tierras Forestales a Agrícolas. La Ley INRA y la Ley Forestal establecen que las propiedades agrarias y comunidades pueden ser dotadas o adjudicadas, siempre que se respete la capacidad de uso de las tierras. Este decreto es engañoso porque pretende otorgarnos tierras improductivas, dejando las forestales para las empresas madereras, las cuales no pagan por su aprovechamiento.

• Proy. Ley modificación de plazo saneamiento agrario. Daría continuidad a un saneamiento que formalizará nuevamente el latifundio y la injusticia social en el campo, nos parece una medida insuficiente y más bien atentatoria a nuestros derechos.

• D.S. Simplificación en plazos de distribución de tierras. Si los Decretos-Mesa no son abrogados, en un plazo breve, enormes extensiones se consolidarán a favor de sus presuntos propietarios sin haberlas trabajado, y otras degradadas por el uso inadecuado que les han dado nos las ofrecerán a nosotros a precios exorbitantes.

La implementación de esta política atenta contra la existencia de los sindicatos campesinos ya que impone el requisito de convertir a la población rural en empresaria como condición para acceder a los diferentes programas.

II.- CUOTEO DEL INRA Y SUPERINTENDENCIAS AGRARIA Y FORESTAL POR CAO Y MADEREROS.

• 1.- CUOTEO DEL INRA. La CAO frenó en noviembre de 2004 la reinstitucionalización del INRA Santa Cruz en la Comisión Agraria Departamental. El viernes 8 de julio funcionarios del Gobierno Nacional y personeros de a CAO, ANAPO, FEGASACRUZ y otros, decidieron lotearse el INRA Santa Cruz, acordando la designación de profesionales pertenecientes o asesores de sus corporaciones para favorecer sus intereses. La reinstitucionalización del INRA ha sido una demanda nuestra desde hace varios años en varias movilizaciones, para garantizar transparencia e independencia de esta institución.

• 2.- CUOTEO DE LAS SUPERINTENDENCIAS AGRARIA Y FORESTAL.- Se está fraguando en el Senado Nacional el nombramiento, por presiones empresariales, de los Superintendentes de estas reparticiones. Si esto sucede, las empresas madereras seguirán manteniendo millones de hectáreas de bosques sin pagar un centavo y la biodiversidad y conocimientos tradicionales podrán ser concesionados.

III.- ELECCIóN COMO PREFECTO DE RUBEN DARIO CUELLAR, ASESOR DEL CONSEJO PREAUTONOMICO DE SANTA CRUZ Y ESTA LIGADO A LOS PROPIETARIOS ILEGALES Y AL COMITé CíVICO PARA APLICAR LA VIOLENCIA EN EL CAMPO.

El Presidente Rodríguez ha designado como Prefecto de Santa Cruz al principal asesor legal del Comité Cívico y sectores empresariales, quienes exigen permanentemente el uso de la violencia para detener nuestras protestas por las injusticias y los acaparamientos ilegales de tierras. Con este Prefecto tendremos más muertos y desalojados ilegalmente, todo justificado por los medios de comunicación que les montan las noticias y censuran nuestras explicaciones.

IV.- AGRESIONES, AMEDRENTAMIENTO Y PERSECUCIóN A NUESTROS DIRIGENTES Y ASESORES, TOTALMENTE IMPUNES.-

Nuestros dirigentes fueron brutalmente golpeados, agredidos y amenazados por la Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos de choque contratados por latifundistas.

Nuestros hermanos campesinos, brutalmente golpeados eN la Marcha de El Torno fueron cobardemente atacados por los unionistas.

Nuestros hermanos Sindicato “La Rojiza”, quienes han sido amedrentados y amenazados por efectivos del ejército al mando del latifundista “Coronel Orlando Arroyo”.

Nuestros hermanos campesinos y del MST-SC detenidos ilegalmente amedrentados en la cárcel.

Nuestros asesores de las instituciones CEJIS (Riberalta), ALAS y CIPCA, defensores de los Derechos Humanos de Indígenas y Campesinos, están siendo amedrentados y amenazados injustamente, por empresarios y barraqueros que no respetan la Ley INRA ni la Constitución, tratando violar nuestro derecho a un asesoramiento independiente de los sectores de poder.

Por todo lo expuesto:

• 1.- Rechazamos cualquier norma agraria aprobada sin nuestra previa consulta y participación, menos aquellas por las que se abrogan los principios de la Reforma Agraria, para la cual planteamos que el Presidente promueva un Proyecto de Ley para la anulación de la Disposición Adicional Segunda de la ley 2493.-

• 2.- Exigimos la abrogación de los D.S. 28140, D.S. 28148, D.S. 28150, D.S. 28159 y D.S. 28160 por ser todos inconstitucionales y violatorios a nuestros derechos, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional al ex presidente Carlos Mesa como enemigo de la reforma agraria.

• 3.- Exigimos al presidente Eduardo Rodríguez que reoriente su accionar desistiendo de aprobar nuevos decretos de contrarreforma agraria.

• 4.- Exigimos se retome el proceso de reinstitucionalización del INRA y detenga el loteamiento de la institución por los sectores de la CAO, FEGASACRUZ, CAINCO, y Comités Cívicos, evitando que los fraudes agrarios se consoliden.

• 5.- Exigimos el nombramiento de un Prefecto imparcial para Santa Cruz, en lugar del actual quien ha anunciado la implementación de la violencia para la solución de los problemas de tierras.

• 7.- Exigimos se otorguen garantías para la vida y seguridad personal y plena libertad de trabajo, de nuestros dirigentes sociales del MST-SC, FSUTC-SC, CPESC y asesores del CEJIS de Riberalta, ALAS y CIPCA.

• 8.- Respaldamos la marcha pacífica de la comunidad Pueblos Unidos del MST, ante la indiferencia del poder estatal, no nos responsabilizamos por los enfrentamientos que pudieren suceder y exigimos la libertad de nuestros hermanos detenidos.

• 9.- Se declara el estado de alerta y movilización en todas las organizaciones del Bloque Oriente y del Pacto de Unidad.

Es dado en los salones de la Central Obrera Departamental Santa Cruz, a los 16 días del mes de julio de 2005.-

Por las organizaciones del Bloque Oriente y el Pacto de Unidad:

• Coordinadora de Pueblos étnicos de Santa Cruz (CPESC)
• Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTC-SC)
• Movimiento de Trabajadores Campesinos Sin Tierra de Santa Cruz (MST-SC)
• Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
• Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FDMC -B.S.-)
• Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ)
• José Bailaba Parapaino Diputado Indígena

DDHH en Bolivia

Este documento ha sido publicado el 20jul05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights