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07sep11
La Gobernación aún evalúa futuro de la variante al Chaco
El gobernador Lino Condori, confirmó que la Gobernación todavía evalúa el futuro de los tramos que forman parte de la variante al Chaco, es decir Serranía Tapecua- Zapaterambia y Zapaterambia-Itaguazuti.
De esa manera, la primera autoridad del departamento contradijo las afirmaciones realizadas por funcionarios de la Gobernación, quienes desde hace varias semanas vienen asegurando que se rescindirán los contratos con las empresas que ejecutan desde el año 2008 los trabajos de la variante que forma parte del Corredor Bioceánico.
En un breve contacto con los medios de comunicación, el gobernador Condori hizo referencia a varios temas, entre ellos a la carretera al Chaco. Dijo que son temas que aún se están analizando con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
"Creo que todavía no hay una decisión, simplemente sabemos que aún no hay estudios y un montón de cosas como esa. Hay que seguir haciendo la evaluación", dijo Condori a tiempo de confirmar que aún no hay una decisión tomada.
Sin embargo, desde hace al menos dos meses atrás, funcionarios como el director del Servicio Departamental de Camino (Sedeca), Alberto Benítez, el secretario de Obras Públicas, Raúl Salazar y el secretario Ejecutivo, Roberto Ruiz, vienen afirmando que la Gobernación ya tomó la decisión de terminar los contratos con las empresas que ejecutan las variantes al Chaco, obras en las que ya se tiene invertido poco más de 17 millones de dólares y que es demandada por las autoridades chaqueñas.
El pasado 9 de agosto el secretario Ejecutivo, Roberto Ruiz, se volvió a referir al tema anunciando que la decisión al respecto ya se tomó por parte de la Gobernación. Sin embargo, ya se cumplirá un mes de ese anuncio y hasta la fecha no se concreta esa disposición.
Fuentes al interior del Sedeca indicaron a EL NACIONAL que la rescisión de los contratos no se ejecuta porque hay un informe técnico que justifica la prosecución de los trabajos, en contradicción con otro que firmaron Benítez, Salazar y Ruiz el pasado 4 de julio justificando la conclusión anticipada de las obras.
La intención de rescindir los contratos por "mejor interés de la Gobernación", como pretenden Benítez y Salazar, podría acarrear consecuencias económicas adversas a la Gobernación, porque se vería sujeta a demandas por daños y perjuicios de las empresas afectadas, según advirtió un asesor jurídico consultado, lo que derivaría en daños al Estado, que es el efecto contrario al buscado.
[Fuente: El Nacional, Tarija, 07sep11]
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