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03oct21
Tres analistas advierten sobre riesgos de la Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas
El proyecto de ley contra ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo que el MAS impulsa en el Congreso fue calificado como anticonstitucional, atentatorio de la propiedad privada y de la libertad de expresión. Se vaticina que, al no haber en el Estado un espacio de concertación, su aprobación o rechazo se definirá en las calles.
En esos criterios coincidieron los analistas Franklin Pareja, Germán Gutiérrez y Williams Bascopé quienes participaron de un panel en el programa Redacción Central de Correo del Sur Radio FM 90.1.
“Lo que se está haciendo el MAS es afectar derechos constitucionales que van a afectar directamente a los intereses de la propiedad privada, a la libertad de expresión, que configuran elementos de una planificación corporativa para tener un control total, para básicamente callar las voces”, sostiene Pareja.
“No hay que aislar estas leyes de las acciones políticas de control y de poder político que pretende el Gobierno. Está haciendo toda una parafernalia de acciones y de propuestas de definiciones para el copamiento total y construir, a partir de ello, un régimen autoritario frente a la democracia”, dice Gutiérrez.
“Yo pienso que la cúpula ha pensado en acallar a mucha gente después del fraude electoral y cualquier ciudadano que quiera dedicarse a la política. Han visto cómo callar al ciudadano tocando su bolsillo y su patrimonio y esto apuntado a ciertos sectores que son de resistencia contra el Gobierno (empresariales). También está abierto para los de abajo, porque esto es también para el comerciante de la Uyustus (La Paz) o del Mercado Campesino (Sucre)”, manifiesta Bascopé.
De hecho, también ambos analistas coincidieron en señalar que esta ley si se llegara a aprobar afectará a todos, incluso a la misma gente del MAS, porque debe pensar que el poder no es eterno.
¿Que plantea la ley?
En líneas generales, la ley contra ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo plantea luchar contra el dinero mal habido a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que sin necesidad de proceso judicial puede investigar a cualquier persona e incluso obliga a periodistas, abogados y profesionales a revelar sus fuentes a simple petición, cuando el secreto de fuente está protegido por la Constitución Política del Estado.
“Todos los profesionales se sienten o deberían sentirse obligados a que tienen que colaborar con el papel infame de ser informantes. Esto vulnera el texto constitucional, tratados internacionales”, señala Gutiérrez.
Advertencia
El presidente del comité cívico de Potosí (Comcipo) Juan Carlos Manuel advirtió que, si los bolivianos permiten la vigencia de esta ley, las futuras generaciones los van a maldecir porque habrán consentido que sus hijos vivan en un Estado comunista como el cubano, gobernado por el régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
“Estas leyes son lapidarias, es dejar a un país y a las futuras generaciones al sometimiento. Si vamos a permitir que estas leyes se aprueben, nuestras futurasgeneraciones nos van a maldecir porque van a estar viviendo en un estado Castrista, en un estado madurista y chavista”, declaró.
Para perseguir
Pareja, Gutiérrez y Bascopé coincidieron en señalar que el Gobierno podría utilizar esta norma para perseguir a los opositores, pero también recalcaron que perjudicará a todos los ciudadanos.
[Fuente: Correo del Sur, Sucre, 03oct21]
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