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12oct16
YPFB utiliza contra los guaranís una consulta del Ministerio de Hidrocarburos que falsifica la jurisdicción indígena
Los hijos de Malinche
En una operación diseñada desde la dirección jurídica de la petrolera estatal boliviana, se ha promovido un "acta de consulta" donde se falsifica la decisión de las 36 comunidades que componen la TCO Itika Guasu. En dicha acta, promovida por el Ministerio de Hidrocarburos y donde aparece la firma de un grupo importante de funcionarios de ese ministerio, se plasma incluso la firma de menores de edad argumentando que en la tradición guaraní los niños participan de las Asambleas comunales.
Esta acción ha venido a sustentar un ataque jurídico despiadado que tiene la finalidad expresa y declarada por la petrolera estatal boliviana, de destrozar las autoridades legales de las comunidades guaranís, para lo cual dicha empresa ha autorizado pagos a la corporación Shell que violan la jurísdicción indígena y la propia constitución boliviana.
Los abogados de la petrolera conocen perfectamente que esta consulta está viciada de nulidad y que, además de inconstitucional, tiene una clara connotación racista y de injerencia en la jurisdicción indígena.
Empero, la nueva política petrolera del Gobierno de Evo Morales incluye un ataque a las organizaciones indígenas en todo el Estado boliviano que, según fuentes cercanas al Gobierno, estaría dirigido por el Ministro Quintana. Para ello se utiliza una estrategia de operaciones encubiertas y que, enmarcada en una logística militar, sería aplicada en todo el territorio.
No hay que olvidar que este funcionario fue alumno de la trístemente célebre Escuela de las Américas y recibió cursos de contrainteligencia en Fort Bragg, a los cuales sólo accedían militares latinoamericanos de extrema confianza de las fuerzas armadas norteamericanas. Fungió además como funcionario de inteligencia social durante el Gobierno del dictador Bánzer.
En el caso que nos ocupa, este periodista ha tenido acceso a los documentos que existen en sede judicial en Entre Ríos (provincia de O'Connor), reveladores de que ante los juzgados se presentan documentos falsos en el sentido más genérico de la palabra, mediante los cuales pretenden crear una falsa jurisdicción indígena y suplantar, de hecho, a las autoridades tradicionales. Intentan de este modo crear "juzgados indígenas" de manera totalmente artificiosa e ilegal, manipulados por kapangas financiados por la empresa petrolera estatal.
Lo increíble y terrorífico de la situación es que se utilicen fondos estatales para este tipo de operaciones en contra de los indígenas, lo que ya ocurrió en el Tipnis, en Takovo Mora y en todos los territorios guaranís. Ahora se pretende lo mismo para el proyecto hidroeléctrico denominado Angosto de El Bala.
En el caso de la TCO Itika Guasu, al menos 28 comunidades de las 36 que componen la Asamblea del Pueblo Guaraní han decidido enfrentar esta situación y para ello han elaborado un documento resolutivo dentro de la jurisdicción indígena originaria que les corresponde territorialmente y han decidido notificar a todas las autoridades el repudio de este tipo de actuación.
Esta resolución, a la que hemos tenido acceso, trata de hacer frente a la empresa YPFB, la cual ha movilizado abogados y empleados de la empresa Royal Dutch Shell, con la que conjuntamente están planificando dichas operaciones en forma directa.
En los últimos días realizaron una reunión con funcionarios del subgobernador Walter Ferrufino, a quien la APG IG viene denunciando desde hace años, en la que se planificaron nuevas acciones, claramente ilegales, en contra del pueblo guaraní de la TCO Itika Guasu.
La acción encubierta e ilegal del Gobierno en estos asuntos indígenas no es reflejada por ningún medio de prensa dentro de Bolivia, lo que invisibiliza socialmente la gravedad de los hechos y las responsabilidades emergentes; todo esto a pesar de la campaña gubernamental que considera que algunos medios de prensa forman una mafia en contra del Gobierno a la que han dado en llamar "el cártel de la mentira".
Altos funcionarios de YPFB presionan a jueces y fiscales de todas las jurisdicciones que afectan a los indígenas, actuando incluso ante el Tribunal Constitucional, con la finalidad de apoyar estas acciones ilegales. Es importante destacar que estas actuaciones no se hacen dentro del procedimiento ordinario, pero son ampliamente conocidas por todos los funcionarios y empleados de estos organismos judiciales. Existen igualmente numerosos testimonios de los mismos, siendo una práctica habitual en toda la jurisdicción ordinaria boliviana.
Según han expresado altos funcionarios de YPFB, está en juego la explotación petrolífera de Bolivia, o sea, la seguridad nacional, y es necesario destruir las organizaciones indígenas que son responsables de "chantajear" al Gobierno, como ha manifestado públicamente el propio presidente de Bolivia, Evo Morales.
Llevando este discurso al extremo, no sólo se utilizarán recursos estatales en contra de los indígenas, sino que la propia Constitución Política del Estado se convierte en papel mojado y pasa a ser un obstáculo manifiesto para la explotación de gas, petróleo y de cualquier otro recurso natural.
[Fuente: Por Irandey Tupapire, Radio Nizkor, La Paz, 12oct16]
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