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14dic07
Bolivia declara en emergencia a los militares por la crisis política
El gobierno boliviano puso ayer a las Fuerzas Armadas y a la Policía nacional en estado de alerta, ante las amenazas autonomistas de las provincias rebeldes lideradas por Santa Cruz, en medio de una verdadera guerra psicológica entre el gobierno y la oposición.
Sin embargo, desde Santa Cruz comenzó desinflarse la expectativa sobre la inminente declaración de una "autonomía de facto" anunciada para mañana y la dirigencia local barajaba fórmulas para darle un barniz de legalidad al nuevo estatuto autonómico aprobado ayer. A la aclamación popular de la flamante "Constitución" provincial, aún ilegal, prevista para este sábado, seguirá la recolección de firmas para la convocatoria a un referéndum por iniciativa ciudadana.
"Algo que ha caracterizado a este movimiento, desde sus inicios en 2004, es su apego a la ley y a la democracia, por lo que intentará mantenerse en ese marco hasta donde sea posible", le dijo al matutino de Santa Cruz El Deber el abogado constitucionalista e ideólogo de la autonomía cruceña, Juan Carlos Urenda.
El jurista reconoce que el estatuto consensuado por un conjunto de instituciones y parlamentarios locales no se enmarca en la actual Constitución ni en la nueva, aprobada en Oruro. No obstante, considera que el avance de facto hacia la autonomía es respaldado por el resultado del referéndum del 2 de julio de 2006, donde el "Sí" a la autonomía obtuvo en esta región más del 70 por ciento de los votos. Y, para más legitimidad -pero también para ganar tiempo-, se apelará a un nuevo dictamen popular a través de una nueva consulta departamental (provincial).
Pero sectores radicales de la región popularmente conocida como la "media luna" -que comprende, además de Santa Cruz, a Tarija (principal provincia gasífera limítrofe con Argentina), y a los Estados provinciales o departamentos más pobres Beni y Pando, en la amazonía boliviana- insistían ayer en asumir medidas "duras". Por eso el gobierno nacional puso en apronte a las Fuerzas Armadas y envió unos 400 policías por el temor de que las amenazas autonómicas se traduzcan en la toma masiva de instituciones del Estado central, como ya ocurrió esta semana en Tarija con las sedes de Impuestos Nacionales y el Instituto Nacional de la Reforma Agraria.
No obstante, el gobierno negó las versiones difundidas por el gobernador cruceño, Rubén Costas, en el sentido que estuvieran llegando militares asentados en la vecina región cocalera del Chapare para "militarizar Santa Cruz desde las cero horas de este sábado". Y varios funcionarios descartaron rotundamente que exista un estado de convulsión interior que justifique la declaratoria del estado de sitio como había anunciado insistentemente la dirigencia de Santa Cruz.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, confirmó que las Fuerzas Armadas fueron declaradas en "emergencia" para proteger la propiedad pública y privada pero destacó que la seguridad permanece en manos de la Policía nacional. Voceros de La Paz aseguraron al respecto que los militares sólo intervendrán si son tomados edificios federales.
En los postes de luz, aparecieron listas con los nombres de más de 40 "traidores y enemigos sentenciados" con la consigna "Santa Cruz libre de basura masista", en referencia al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. En una entrevista con la CNN , el presidente boliviano acusó a la Embajada norteamericana de estar detrás de los actuales conflictos que enfrenta su gestión a casi dos años de su elección con casi el 54 por ciento de los votos. "Aquí está presente la Embajada de Estados Unidos para organizar una conspiración contra este proceso de cambio. Además, los sectores oligárquicos se están organizando para buscar un muerto en los próximos días. Están buscando un muerto para transformarlo en una bandera política. Para eso se están preparando en Santa Cruz", señaló el mandatario.
Uno de los temas más sensibles de la actual pelea autonomista es el control de las tierras más fértiles del país. "Es un levantamiento terrateniente", denunció el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz en referencia a que el estatuto autonómico aprobado ayer tiene una cláusula que otorga al gobierno local la atribución de firmar títulos de propiedad agraria "inapelables ante el Estado nacional". Una especie de blindaje ante la reforma agraria promovida por el gobierno izquierdista de Morales.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 14dic07]
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