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Cronología de los acontecimientos.
Sus denuncias del asesinato del dirigente socialista boliviano Quiroga Santa Cruz y del sacerdote español Luis Espinal lo llevó a denunciar lo que se conocería como Opercion Condor. Hay que recordar que en la muerte de Quiroga Santa Cruz participaron militares argentino provenientes de la Escuela de Mecanica de la Armada del conocido Almirante Massera e incluso participaron civiles argentinos del equipo de direccion de dicho campo de concentración que permanecen impunes.
Walter Albarracín ha sufrido en estos momentos un ataque que lo mantiene en una unidad de cuidados intensivos y de la que esperamos salga sin lesiones.
La información de este atentado nos llegó a través de activistas chilenos y nos fue confirmada posteriormente por la comisión de derechos humanos del Parlamento Boliviano. En el día de ayer (29) hemos podido ponernos en contacto con ellos a traves del Servicio de Paz y Justicia de Buenos Aires el que mantendrá las comunicaciones con La Paz.
Walter Albarracín participó en Seminario Internacional sobre la Impunidad en los procesos democráticos y su ponencia puede ser leída en http://www.derechos.org/koaga/iii/3/albarracin.html
Amnistía Internacional nos ha comunicado telefónicamente, desde Londres, que han puesto en marcha una acción urgente y lo mismo realizó ayer noche la Organización Internacional contra la Tortura, en idioma inglés [ver http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/acciones.html]. La Defensoría Maya, desde Guatemala, nos ha hecho llegar su solidaridad.
Recomendamos, dada la gravedad de la situacion, envien fax y notas de protesta a las embajadas de Bolivia en los paises donde cada uno se encuentre.
La entidad demandó que se individualice a los responsables de la masacre de Navidad, asimismo, la apertura de proceso penal, para evitar que se consolide la impunidad extrajudicial contra mineros y campesinos.
La Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, de Oruro, Potosí, La Paz, Huanuni y Siglo XX se reunieron para analizar los hechos sangrientos del norte de Potosí en diciembre pasado cuando la incursión armada del ejército y la policía en la zona aurífera tuvo un saldo de diez muertos y más de 50 heridos.
Albarracín denunció haber sido secuestrado por agentes del gobierno que se identificaron inicialmente como "terroristas" quienes le anunciaron que lo matarían. Tras haber recibido órdenes y contraórdenes de sus superiores, finalmente luego de ser golpeado severamente fue llevado a la Policía Técnica Judicial (PTJ), donde recobró el conocimiento después de casi cuatro horas de permanecer sin sentido.
Explicó que con ese pedido público, se suma a la indignación y protesta general que ha provocado en la ciudadanía del país, el atropello que sufrió Albarracín, cuando el pasado sábado, ocho agentes, lo secuestraron y estuvieron a punto de asesinarlo.
Calificó como inadmisible que en un proceso democrático, el defensor inclaudicable de los Derechos Humanos, como es Albarracín, sea víctima de la intolerancia política, del abuso y de la prepotencia.
Una contraorden recibida por un Walkie-Talkie, le salvó la vida pues sus captores pretendían darle muerte, tras fingir sus voces para aparecer como terroristas peruanos. Durante el período de su secuestro, los policías se comunicaban frecuentemente n clave con alguna autoridad superior la que finalmente cambio la orden de ultimarlo.
En su criterio, el Comandante de la Policía es uno de los autores directos de lo que le ocurrió, en tanto el Ministro de Gobierno se convertiría en cómplice si no le sanciona. "No sólo exigimos una sanción disciplinaria, sino una sanción penal para los autores porque este es un delito de Lesa Humanidad. Si a mí me pasa, quiere decir que a cualquiera le puede pasar", dijo.
En su criterio nadie esta libre de sufrir ese tipo de atentados en el país. Es un típico terrorismo de Estado, sostuvo el dirigente de los derechos humanos.
"Ha quedado nuevamente instaurado el terrorismo de Estado y esto es inadmisible" señalaron representantes de partidos políticos de gobierno y oposición, entidades sindicales, profesionales a las que se sumo una severa exhortación de la Iglesia Católica y de iglesias protestantes a respetar los derechos ciudadanos.
"Resulta triste que se conculquen las garantías ciudadanas desde las propias esferas de gobierno. Es una señal de autoritarismo e intolerancia inadmisible", señalo el pastor Fernando Terán, dirigente del Centro Cristiano de Estudios Políticos y Acción Social (CCEPAS). La Iglesia Católica calificó la situación como deplorable y a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) pidió el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones legales.
De acuerdo a denuncias formuladas por sus familiares y ampliamente difundidas por la prensa nacional, agentes civiles capturaron sin orden judicial y posteriormente condujeron a celdas policiales al defensor de derechos humanos el pasado sábado 25. Albarracín fue sometido a brutales golpizas e interrogatorios, hecho que el ministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzain calificó como "excesos y no tortura".
El presidente de la APDHB se había convertido en uno de los principales denunciantes de la conocida "Masacre de Navidad" cuando tropas policiales y militares ocuparon la mina aurífera de Amayapampa ubicada en el histórico cerro Rico de Potosí, sur altiplanico del país.
En la acción murieron 5 mineros y un coronel de Policía. La entidad defensora de los derechos humanos había dicho que el jefe policial murió por disparos de la propia policía y no de los mineros que ocuparon las instalaciones de una empresa minera canadiense en protesta contra la explotación de sus compañeros en esos yacimientos auríferos.
La detención de Albarracín intentó ser justificada por la policía con una orden de aprehensión librada después que el detenido ya había sido trasladado a una clínica para su recuperación.
La ola de indignación que envolvió el hecho hizo que dos oficiales fueran detenidos pero parlamentarios de oposición ya anunciaron la interpelación del ministro de Gobierno en tanto que varias entidades civiles pidieron la renuncia del general Willy Arriaza, comandante de la Policía Boliviana a quien atribuyen haber dado la orden de capturar e interrogar a Albarracín.
La emisora católica Fides, informó que el gobierno nombró al coronel Tomas Asturizaga como nuevo comandante de la institución policial. Interpelaciones parlamentarias, marchas de protesta y acciones judiciales ya fueron anunciadas por varias organizaciones e instituciones políticas, laborales y civiles. (fin/ecu/ddhh/dm).
La fobia represiva contra nuestra institución, de parte de quienes siguen practicando el estilo de las dictaduras, esta vez se ensañó contra nuestro compañero Albarracín. El día sábado 25 a las 11.30 horas el Dr. Albarracín fue detenido por agentes de seguridad del gobierno en forma ilegal, secuestrado, torturado y abandonado luego en las celdas del PTJ, en estado de schock y policontuso, como posteriormente fue confirmado por los médicos que lo atendieron.
La tortura psicológica y física de la que fue objeto el Dr. Albarracín por más de 3 horas hasta dejarlo hospitalizado, con amenazas inclusive de muerte, son expresión viva del trato que dan las fuerzas policiales y de seguridad del Estado a nuestro conciudadanos que tienen la desgracia de caer en sus manos. Qué puede esperar el ciudadano común cuando se tiene la osadía de torturar al primer defensor de los derechos humanos del país? Que garantías tienen y tenemos los bolivianos para expresar nuestra disconformidades? Cuál la garantía que dan los aplicadores de la justicia cuando son ellos los que la vulneran?
Responsabilizamos al Gobierno en sus instancias respectivas de tan flagrante delito. Acusamos de secuestro y tentativa de asesinato del Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, a los autores materiales e intelectuales.
El Dr. Waldo Albarracín y nuestra institución, tendrán la oportunidad de aclarar acerca del titular de un periódico que no responde a la entrevista periodística que se le hizo. Más, los organismos de seguridad tienen los caminos legales para demandar a cualquier ciudadano y no recurrir a la golpiza brutal.
La APDHB lamenta que la PTJ pretenda ser juez y parte en los hechos ocurridos en contra del Presidente de nuestra Institución; para un procesamiento imparcial es la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial, como cabeza del Ministerio Público la que debe conocer esta denuncia, tal como prevé la Constitución Política del Estado y la Ley del Ministerio Público.
La APDHE, a su vez, acudirá al Recurso Constitucional de Habeas Corpus y otras acciones legales, igualdad ante la ley y garantías judiciales establecidas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en nuestro Derecho interno. Asimismo, diferentes organismos internacionales de defensa de los derechos humanos ya tienen conocimiento de este hecho.
Los miembros de la Asamblea ratificamos en este momento de indignación, nuestra fuertes convicciones de luchar por los excluídos y lo ocurrido no nos hará retroceder.
Fax : + 591.2.392606 y +591.2.391.216
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