OSPAAAL - Equipo Nizkor
Las Comisiones de la Verdad son un fenómeno latinoamericano y constituyen el signo más evidente de que la justicia no cumple su papel social. Han existido comisiones de dos tipos:
a) Oficiales, como en: Argentina, Chile y El Salvador.
b) No oficiales, como en: Bolivia, Brasil y Paraguay.
En todos los caso no se pudo llevar a los tribunales a los responsables de los actos de violaciones graves de los Derechos Humanos y simplemente se partía de supuestos. En el caso de Argentina la lista elaborada por la Conadep no fue hecha pública por el Presidente Alfonsín, y si bien se identificó a los miembros de las juntas militares (en la conocida como causa 23), nunca se pudo establecer la responsabilidad de miembros del poder judicial, militar y policial.
El avance del derecho internacional en el campo de los derechos humanos ha sido significativo en los últimos veinte años y, con muchas dificultades, se ha llegado a completar lo que la "Declaración de los Derechos del Hombre" prometió a todos los hombres libres del mundo: la vigencia universal de los mismos.
Esto significa que debe existir una jurisdicción penal internacional que univerzalice la vigencia de los derechos de tal forma que cualquier responsable sea juzgado y condenado, sea cual sea el país donde se presente la denuncia.
En este sentido se expresó la "Convención internacional contra la Tortura" que prevee mecanismos de esta naturaleza. Lo mismo ocurre con la "restauración" de los Tribunales Penales internacionales de la Ex-Yugoeslavia y de Ruanda.
Pero es necesario además condenar la impunidad. Convertir en delito aquellos comportamientos que impiden la justicia, la anulan o incluso la utilizan para encubrir a los criminales. Este encubrimiento llega a tal punto que, por ejemplo, el estado Argentino además de utilizar leyes aberrantes, incumple permanentemente los convenios internacionales e incluso las decisiones judiciales de Tribunales como Comité Interamericano de Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Con motivo de los juicios que tienen lugar en Italia y España el Poder Ejecutivo de ese país dio instrucciones a tres de sus ministros para que "prepararen la defensa de los militares acusados". Dicho de otra forma el estado encubre a los asesinos y las instituciones básicas del estado de derecho que deberían garantizar y defender los derechos humanos se convierten en instrumentos de encubrimiento.
El Equipo Nizkor y Derechos pone a disposición de todos el resultado de una investigación parlamentaria sobre delitos de lesa humanidad. En ella el parlamento boliviano muestra al mundo la capacidad de investigar hechos que ponen en evidencia, las deficiencias conceptuales que los miembros del poder judicial utilizan con respeto a los derechos humanos.
Es la primera vez que vemos en forma descarnada como se suman la ignorancia, la ideologización (teoría de la seguridad nacional), la utilización de la dialéctica de amigo-enemigo, y los monstruos generados por la guerra fría en la mentalidad de funcionarios militares y policiales bolivianos.
Muestra además como los poderes de algunos estados no se utilizan para obtener justicia, sino para impedirla. Así vemos la nota verbal de protesta del estado norteamericano contra la comisión de investigación. Los funcionarios que emitieron dicha nota no se animarían en su país a proceder de igual manera, ni siquiera ante un tribunal municipal.
Por último muestra la omnipotente prepotencia de los poderes de las oligarquías latinoamericanas en mantener el poder y la corrupción. Más de año después de este informe donde se realizan imputaciones penales concretas contra jueces, fiscales, militares, policías y funcionarios no se ha procedido contra ninguno de ellos.
La reforma de la justicia sigue pendiente. En definitiva la primera investigación parlamentaria que pretendía hacer justicia, corre el riesgo evidente de convertirse en una "Comisión de la Verdad" más.
Lo aberrante es que en esta caso, el parlamento de un país democrático subsume sus potestades de gobierno en la impunidad.
Deseamos que la publicación de este informe y su distribución gratuita a través de Internet permita, al menos dos cosas:
a) que se ponga a disposición de los activistas de derechos humanos, profesores universitarios y miembros responsables del gobierno boliviano.
b) se pueda proceder contra las personas imputadas en el mismo fuera de Bolivia ya sea por aplicación del "Convenio contra la Tortura" o por las presiones para que estos imputados de crímenes de lesa humanidad no puedan pasear por el mundo su prepotencia ideológicamente criminal.
La batalla contra la impunidad lleva ya más de veinte años y todavía queda mucho camino por recorrer para ello hace falta que demostremos ser miembros responsables de la comunidad universal. No mucho más pedía Thomas Paine en los inicios de la Revolución Americana y Francesa.
Madrid, 18 de septiembre de 1996.
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