EQUIPO NIZKOR |
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21abr07
El estado es el responsable de la seguridad de todos los mendocinos.
El asesinato de Laura Abonassar ha generado, por parte de la sociedad mendocina, un nuevo reclamo de seguridad. Claramente, tal reclamo es justificado y legítimo.
Sin embargo, en medio de la confusión, el dolor y el manejo de algunos sectores de la prensa, se imputa la responsabilidad por esta injusta muerte a los abogados y las abogadas que trabajan diariamente por hacer efectivos los Derechos Humanos. Ello ya no es legítimo ni justificado.
Quien debe garantizar la vida y la seguridad de todos los mendocinos y las mendocinas, es el Estado Provincial.
Ningún organismo o abogado de derechos humanos tiene 7000 policías a sus órdenes para cuidar a los ciudadanos y prevenir el delito, por que esa no es su función.
Ningún organismo o abogado de derechos humanos tiene millones de pesos diarios para invertir en seguridad y tampoco esa es su función.
Al culpar a los organismos y abogados de derechos humanos se exculpa al verdadero responsable, el Gobierno Provincial, que es quien tiene no sólo las herramientas, sino también la responsabilidad política y jurídica de velar por la seguridad de sus habitantes.
La función de los Organismos de Derechos Humanos, así como de los abogados y abogadas que trabajan en la materia, es denunciar cualquier violación a estos derechos fundamentales provocada tanto por un particular como por el Estado.
La importante función es, entonces, trabajar para que el Estado de Derecho que con mucho esfuerzo supimos conseguir, tenga una existencia real y efectiva. Sólo así lograremos que la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país no se traduzcan en meras enunciaciones formales, sino que sean una realidad exigible y exigida.
La reducción de las políticas de seguridad al equipamiento e incremento de número de policías, está mostrando sus resultados. Se sigue llevando la vida de hombres y mujeres.
Mientras tanto, las verdaderas causas siguen allí, intactas, sin que el Estado las atienda; allí están la desigual distribución de la riqueza, el desigual acceso a los sistemas de salud, de educación, de justicia.
Quienes deben responder en definitiva por el homicidio de Laura Abonassar no son los abogados de Derechos Humanos, sino quien disparó el arma y el Gobierno Provincial que no desbarató a tiempo a la banda que la mató, no intervino en el momento en que sucedían los hechos, y tampoco encontró aún a los verdaderos responsables.
Mendoza, 21 de abril de 2007
Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos XUMEK.
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