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26nov04
La comisión definió la situación de la cárcel como alarmante.
Jorge Cardozo, representante de la Cancillería Argentina, miembro de la comisión que este jueves visitó la cárcel por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, definió a la situación de la cárcel como alarmante y aseguró que él no duraría vivo una semana en su interior.
"Más allá de un problema de sobrepoblación hay un problema de falta de infraestructura, falta de baños, de agua potable, de colchones suficientes. Es una situación realmente alarmante, sobre todo las condiciones higiénicas que pueden afectar la salud de los detenidos", afirmó.
La Comisión deberá presentar un informe el lunes a la Corte Interoamericana de Derechos Humanos, en él le propondrán "hacer un censo sanitario, medidas inmediatas para la sanidad, proveer de elementos de limpieza y trabajar sobre todo en la sanción de las personas que han producido muertes dentro del penal para que no haya impunidad".
Agregó que "en lo inmediato, no hay un solo responsable, también está el problema judicial. No olvidemos que de los 2.000 internos, 1.000 son procesados y de acuerdo a la Constitución se respeta el principio de inocencia. Tenemos 1.000 inocentes hasta tanto se compruebe su culpabilidad. De ellos, el 30 o 40 por ciento los jueces terminan determinando, dentro de tres años, de que era inocente".
También hay un pocertanje de personas que están a punto de salir porque tienen algún beneficio que se les puede otorgar. "Por lo tanto, hay que acelerar los procesos e investigar si esas personas pueden recibir ese beneficio. En el caso de que estén en condiciones de recibirlo, dejarlos en libertad o darles permiso para salir a trabajar. Eso va a descongestionar el penal. No estamos hablando de dejarlos en libertad para resolver el problema, sino de que hay un sistema de justicia que hay que resolverlo en tiempo y forma, de abogados defensores oficiales que se deben preocupar más por las causas y de fiscales que estén encima de las causas. En definitiva, tenemos que saber si las 1.000 personas que están allá adentro procesadas son inocentes o son culpables", indicó.
Luego explicó por qué considera que no se podría mantener vivo una semana dentro de la Penitenciaría provincial. "No soy una persona que esté preparada para convivir en las circunstancias y la situación que se está viviendo allá adentro. Soy más propenso a enfermarme por las condiciones de higiene, porque no estoy acostumbrado a vivirlas. Más allá de eso, creo que tampoco estoy en condiciones de defenderme con criminales que hay allá adentro. Con mi apariencia física sería víctima de un homicidio dentro del penal".
También opinó que se debe ayudar a los presos a la convivencia. "Usted no puede poner a procesados con condenados. No puede mezclar a un condenado a prisión perpetua, porque ha matado a 10 personas, con uno que está por robo", concluyó.
El doctor Martínez Agüero, también integrante de esa comisión, y responsable de un informe sanitario, indicó "que por las condiciones en que viven los presos, todos deberían estar enfermos de algo" y la razón de ello es el hacinamiento.
Entre otras cosas manifestaron que la solución al problema del hacinamiento es una cuestión compartida entre el gobierno y la justicia, porque consideran inaceptable que existan 1.000 presos sin condena.
Además, en conferencia de prensa en el aeropuerto El Plumerillo, dijeron que en el informe que elevarán pedirán que se cumpla con las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta comisión especial visitó la penitenciaría en cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana y que estuvo formada así: Gobierno de Mendoza; Eduardo Orozco subsecretario de Justicia. Cancillería; Jorge Cardozo y Javier Salgado. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Claudia Cesaroni. Abogados; Alfredo Guevara y Carlos Varela Alvarez. Senado de la Nación; Marita Perceval.
Por su parte, Pablo Salinas, abogado denunciante, explicó: "Yo creo que les ha quedado claro a las autoridades nacionales de Cancillería, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es lo que venimos diciendo hace tiempo nosotros; de que en la provincia no hay política de seguridad y no hay política penitenciaria.
"Esto quiere decir que las personas que ingresan a este campo de concentración, y que tienen que convivir entre las ratas, la sarna, las chinches, el hacinamiento y todas las condiciones inhumanas que hay dentro de esta Penitenciaría; llegan al momento de salir y son un factor mayor de inseguridad en la provincia.
"Ni es una cuestión de que falte dinero ni que falte lugar, sino es, por ejemplo, tener 23 horas encerrado a 4 personas en una celda. Esto hace a que no hay política penitenciaría o a que no se miden las consecuencias de ese encierro de 23 horas en la psiquis de esas personas; que luego, en algún momento, recuperarán la libertad y en definitiva generarán que Mendoza sea mucho más insegura para todos los mendocinos. Entonces, creo que esto las autoridades de la Nación lo están tomando en cuenta. Creo que están tomando la magnitud de la situación, porque al principio cuando fue la medida cautelar, todavía no lo hacían. Y ahora, yo creo que ya la tienen en cuenta".
- ¿Qué puede pasar con el Gobierno de Mendoza, a partir del informe que elaborarán seguramente los funcionarios que han venido de la Nación, que llegará al Gobierno Nacional?
- El Gobierno de Mendoza sigue sin dar respuestas. El gobernador Cobos no parece preocupado por la situación sino que más bien, creo que está haciendo foating en estos momentos. No sé dónde estará el gobernador. Pero creo que están demostrando que no les preocupa el problema, y en definitiva si no les preocupa el problema, no les preocupa la seguridad de los mendocinos. Yo creo que deberían empezar a tomar nota de que el principal tema para los mendocinos, es la situación de inseguridad en la provincia.
- El médico estuvo acompañando el recorrido y decía que toda la población carcelaria es potencialmente enferma.
- Es potencialmente enferma, y de hecho está enferma. Hay gente que no recibe atención médica. Los médicos no ingresan arriba porque tienen miedo por su vida y es lógico. Los mismos médicos han sufrido enfermedades derivadas de su trabajo insalubre. Y si las autoridades no toman nota, esto no puede seguir intentando reducirse a que un intendente quiere, el gobernador no puede. Ya el "no puedo" no alcanza. Hay que declarar la crisis en seguridad, la crisis en sistema penitenciario, que no la quisieron declarar para salvar la responsabilidad política del ministro.
"Entonces, acá no se trata de un ministro. Acá o se declara la crisis penitenciaria y la crisis de seguridad y se toman medidas urgentes, o se sigue en esta situación, que es una situación que está produciendo mayor inseguridad para los mendocinos y, en definitiva, sigue incrementándose el hacinamiento. Y seguirán incrementándose los heridos, la muerte y toda esta situación del Penal".
Tal como informó El Solonline, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Mendoza una inmediata investigación para dar con los responsables de las muertes de varios internos en la Penitenciaría. Precisamente, esta situación de impunidad fue lo que más llamó la atención de los integrantes de la Corte. [
Fuente;: Diario El Sol, Canal 9 y LV 10, Mendoza, 26novi04]
Este documento ha sido publicado el 28nov04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |