"El día 6-3-75, entre las 1900 y 2045 hs en aula 72 -c- de la
UNS. Sito Avda. Alem 1253, con asistencia estimada de unos
250 alumnos, se llevó a cabo una asamblea auspiciada por
activistas estudiantiles de distintas tendencias, haciendo uso
de la palabra alumnos de la JUP, PC, y otras tendencias
políticas, como así profesores y representantes del personal no
docente. Todos coincidieron en agudas críticas contra el rector
interventor Remus Tetu por las decisiones adoptadas".
"El día 10, los exámenes y la inscripción de alumnos fueron
suspendidos, por el accionar de unos 35 alumnos
aproximadamente, quienes convencieron a los alumnos de la
necesidad de respaldar al movimiento reivindicativo de las
carreras de Humanidades, Economía y Geografía. Hasta el
momento, los activistas continúan con su accionar de impedir a
ingreso de exámenes e instituciones".
En idéntico sentido, otro informe agregaba lo siguiente: "El
día 6-3-75 a hs. 1900 se llevó a cabo una asamblea general de personal
docente y alumnos en el aula 72 "C" de la UNS, a la que asistieron
aproximadamente unas 250 personas |29|.
Para entonces, los activistas ya eran identificados con
nombre y apellido, entre ellos, "DAVID WATU CILLERUELO":
"Sus oradores entre los que se menciona a JUAN CARLOS
CARAVIGLIA, GREGORIO MARTIRENA, DAVID WATU
CILLERUELO, JORGE RIGANTI y JUAN CARLOS HERRERO
coincidieron en líneas generales en iniciar de inmediato una
firme lucha en contra del Rector-Interventor TETU quién a
manifestado [sic] que en su gestión cuenta con el apoyo de la
Armada. De sus exposiciones, se menciona las de: WATU
CILLERUELO: quién acuso al Interventor REMUS TETU de
implantar la misión Ivanisevich, que no era otra cosa que la
introducción del Imperialismo en la UNS con el apoyo de la
Marina, que era la única arma que había bombardeado al
pueblo indefenso y la consideraba el brazo armado del
imperialismo. Propuso el estado de movilización total".
La detección del blanco, en cada uno de sus pasos,
continuó del siguiente modo:
"[…] sectores estudiantiles y docentes enquistados en el
accionar izquierdista, continúan en firme oposición a su
gestión, habiéndose observado el día 25-3-75 la aparición de
carteles de la FUBB pegados en el recinto de la UNS en los
que el sector aludido convocaba para el día siguiente a las 17
hs. a una asamblea general en el hall central de la UNS para
manifestar su desacuerdo con la política universitaria, que
no se llevó a cabo dado que el profesor REMUS TETU en
conocimiento de lo planificado dispuso un cese de actividades
hasta el día 31-3-75.
Asimismo se tomó conocimiento de que para el día 31, la
autodenominada COORDINADORA DE DOCENTES (en su
mayoría docentes declarados en comisión) tenían previsto
realizar una reunión a hs. 1900 en el aula de Química
Orgánica de la UNS, figurando entre los principales
propiciadores el Dr. PABLO LEJARRAGA y el profesor CESAR
RAFAEL PROZZI. La misma tampoco se llevó a cabo debido
al control permanente de personal de seguridad de la UNS". |30|
Como se dijo, la respuesta operativa no se hizo esperar: el
de abril de 1975, agentes del grupo paraestatal -entre los que fueron
identificados, Francisco ARGIBAY, Pablo ARGIBAY y Raúl
ACEITUNO- se trasladaron en el vehículo del rectorado hasta donde
se encontraba CILLERUELO y lo ultimaron en el lugar donde fue
hallado, en presencia de decenas de estudiantes que habían
concurrido a la UNS por ser el último día de inscripción en las
materias del ciclo.
El episodio es relatado por la Sección Informaciones de la
PZAN en estos términos:
"el día 3 del corriente a 0930 hs., se ha tomado conocimiento
que, en oportunidad de que el activista estudiantil y militante de
la Federación Juvenil Comunista DAVID CILLERUELO procedía
a la distribución de panfletos de la F.J.C., personal del
Departamento de Seguridad de la UNS (de reciente creación), le
impartió voz de alto y exigió credenciales; CILLERUELO entregó
sus documentos e intentó huir del lugar, circunstancia en la cual
le fue efectuado un disparo de arma de fuego que lo hirió
gravemente en la cabeza. Internado en el Hospital Municipal de
esta ciudad, falleció aproximadamente a 1110 hs. del mismo
día".
Al cesanteo de docentes y personal administrativo, en el mes
de julio se sumó la expulsión de veintitrés alumnos, como reacción
a un acto de repudio -bajo la denominación de tribunal popular- en el
vinculaban a Remus TETU con el asesinato de CILLERUELO |31|. Por
dicho acto, los estudiantes fueron encarcelados y sometidos a
procedimiento penal en el marco de la ley antisubversiva 20.840.
Concluido el período de intervención de TETU -reemplazado
por Julio REYNOSO en octubre de 1975-, los propios organismos de
inteligencia daban cuenta del éxito obtenido en la tarea represiva:
"Del análisis de lo acontecido hasta el presente, se estima que
en el período que se extiende desde el día 20-4-75 al 31-5-75,
(fecha en que el profesor REMUS TETU finaliza su mandato), las
actividades en la U.N.S. se desarrollarán con normalidad como
hasta el presente [en manuscrito se lee: "(Hasta el 30 de
septiembre de 1975)"].
Ello estaría avalado por las distintas medidas aplicadas por
Profesor TETU […] reconocimiento de la nueva Comisión
Directiva de ATEUNS y por las funciones que presta el
denominado 'Departamento de Seguridad', el que se caracteriza
por resguardar el orden y seguridad en esta casa de altos
estudios.
No se descarta la posibilidad, de que al finalizar el período de
mandato del profesor TETU y, tras la asunción de un nuevo
funcionario, recrudecería el activismo por el accionar de
elementos de izquierda, bajo todas sus formas en el ámbito de
la Universidad Nacional del Sur, para cristalizar sus objetivos
de recuperar su centro de acción en dicho ámbito […] Su
principal objetivo sería el de retomar el poder y el gobierno de la
UNS, en todos los estamentos. En ellos tendría principal
gravitación el PCA, FJC, PCR, Franja Morada y Montoneros". |32|
"Es de hacer notar, que estos Centros Estudiantiles,
actualmente no actúan en superficie, luego de que el Rector-
Interventor Profesor REMUS TETU, aplicara distintas medidas
con el firme propósito de anular el accionar de los mismos y de
elementos de izquierda enquistados en sectores estudiantiles,
docentes y no docentes de la U.N.S., y debido al control
permanente que efectúa el personal de seguridad de la misma". |33|
Tal era el modo en que el ataque en marcha contra una
parte de la población, era vivido en el ámbito de la Universidad
Nacional, que marca el contexto en que los docentes universitarios de
las carreras de Economía y Humanidades fueron erradicados de esa
institución.
Lo que vendría luego del golpe de Estado sería una
sistematización y profundización del programa de persecución y
ataque contra el mismo grupo de identidad.
Este breve recorrido histórico demuestra que la
Universidad del Sur constituyó el foco en torno el cual giró la
actividad de inteligencia estatal desde antes de que tuviera
comienzo la década del '70.
Como correlato, los archivos de la D.I.P.B.A. contienen una
carpeta completa destinada al ámbito estudiantil universitario de la
ciudad de Bahía Blanca, cuyo Legajo N° 1 contaba con 17 tomos y
2979 fojas, y comprende el período 1957/1975.
Del mismo modo, los archivos de la Sección Informaciones
de la P.Z.A.N. ofrecen un vasto registro de la actividad de militancia
política-universitaria de docentes, no docentes y estudiantes de la
U.N.S., para cuya ilustración alcanza con mencionar las Carpetas
nro. 97 (de 398 hojas) y 97 bis (de 57 hojas), que se remontan al
año 1970. Además, el factor universitario constituía uno de los
capítulos infaltables de los informes anuales de dicho órgano de
inteligencia.
En aquellos registros, obran listas y planillas de personas,
indicando la actividad política desarrollada, el grado de peligrosidad,
y su intervención en actos concretos (asambleas, movilizaciones,
comicios, etc.), entre los que figuran muchas de las víctimas del
presente requerimiento.
La llegada del General Vilas a la Sub-zona 51
En 1976, este proceso de fijación y persecución dentro de la
comunidad universitaria, pasó a conformar uno de los pilares de
programa de genocidio ejecutado por la dictadura cívico-militar, de
modo que el despliegue de la violencia estatal adquirió un marcado
grado de sistematicidad, oficializándose la incorporación al plan
criminal de todas las agencias estatales: fuerzas armadas y de
seguridad, servicio de justicia, órganos académicos, etc.
Al asumir la jefatura de la Subzona 51, el general de brigada
Adel Edgardo VILAS declaró como misión específica un programa de
limpieza ideológica, consistente en la eliminación de lo que definía
como el reducto de la subversión cultural en el país, al que ubicaba
precisamente en la ciudad de Bahía Blanca, de acuerdo a lo que relata
en su artículo "Bahía Blanca. El Hecho Histórico".
"En la ceremonia de asunción del mando definí nuevamente mi
concepción de la lucha contra la subversión, la misma que había
aplicado cuando fuera Comandante del Operativo
Independencia de la Provincia de Tucumán".
"La zona era considerada no prioritaria en materia operativa.
Funcionaba en cambio como escuela de preparación de
elementos que luego se enviaban a los principales centros
subversivos del país. En esta primera evaluación ya aparece
mencionado como objetivo fundamental de la subversión la
infiltración en las distintas Universidades del Sur".
"Ya en junio podía afirmarse que la victoria militar estaba
asegurada […] En la mayor parte de los numerosos hechos
acaecidos […] surgía injerencia directa o indirecta de docentes,
alumnos, funcionarios e ideólogos ligados a diversas
casas de estudio universitarias. Las investigaciones iban
convergiendo progresivamente sobre el núcleo central de la
subversión. Las autoridades militares responsables de la lucha
y los numerosos civiles consustanciados con el espíritu nacional
de la misma, comenzaban a tener la certidumbre de que el
verdadero campo de lucha, donde se decidía la suerte final de
la victoria o la derrota, estaba en el plano cultural".
El cuadro de situación al que aludía Vilas respondía al
diagrama de misiones plasmado ya en la Directiva del Comandante
General N° 404/75, que para el caso de la Zona de Defensa 5,
asignaba como tarea -en las primeras fases- la de "[a]islar del apoyo
desde su jurisdicción a las organizaciones subversivas que operan en
la Z Def 3 (TUCUMÁN - CÓRDOBA)", y sólo como fase final y para todas
las zonas de defensa, "[a]niquilar en sus jurisdicciones los elementos
residuales de las organizaciones subversivas".
La idea de desarrollar la tarea de exterminio en la región de
Bahía Blanca bajo la consigna de que ésta era una zona de apoyo a
los principales centros de subversión armada, explica hasta qué
punto el plan genocida, en su escala local, se centró en la Universidad
Nacional del Sur.
La contundencia de los pasajes citados -en torno a los
cuales gira el resto del texto de VILAS- no deja margen a duda de que
la persecución sobre los docentes universitarios (aquellos los
"ideólogos" formadores de "subversivos") fue la consigna fundamental
de la tesis que el represor postulaba tanto en la teoría como en la
práctica: si el monte tucumano fue el ensayo de laboratorio sobre
cómo debía aniquilarse al "subversivo" armado (la guerrilla), la ciudad
de Bahía Blanca pasó a ser el campo de experimentación y
ejemplificación en la persecución y aniquilación de la "subversión
ideológica":
Se trataba entonces de la necesidad impostergable no sólo de
erradicar el cáncer cultural de la Universidad del Sur, sino de
ejemplificar con la máxima claridad e intensidad
posibles, posibilitando que todo el país y muy especialmente los
responsables en la toma de decisiones, tuvieran acabada
conciencia de qué es lo fundamental de la subversión, cómo se
desarrolló y cómo puede destruirse si existe una decisión
nacional de llevar adelante la lucha hasta las últimas
consecuencias.
Estas expresiones grafican que, si existían discusiones y
diferencias al interior del esquema represivo sobre el alcance y la
profundización que debía asignarse al accionar genocida, el accionar
desplegado en esta jurisdicción no sólo se inclinó por la modalidad
más extrema sino que procuró configurar un modelo que fuera
imitado en todo el país, para ilustrar que la eliminación del "enemigo"
debía perpetrarse en todos los ámbitos del tejido social, hasta las
últimas consecuencias y de manera necesaria e impostergable |34|.
Sin embargo, la vinculación específica y directa con el caso
de los docentes de la Universidad Nacional del Sur, es reconocida por
el propio Vilas a renglón seguido:
"En este convencimiento se acordó que la Delegación Regional
de la Policía Federal pusiere en ejecución un plan de
investigaciones a los efectos de acumular pruebas sobre la
infiltración ideológica en el ámbito integral de la educación […]
Esto es solamente el ejemplo de lo ocurrido en Economía, donde
una vez que se iniciaron las actuaciones judiciales hubo 17
profesores detenidos y 30 prófugos. En el Departamento de
Humanidades fueron 8 los profesores detenidos y 28 los
implicados".
La primera derivación del texto citado es la falsedad de la
coartada utilizada por las autoridades policiales -con el aval del
Juez- para iniciar y promover la persecución penal contra los
docentes universitarios. Recordemos que al sumario se le dio inicio
por una supuesta denuncia de un ciudadano, en la que se vinculaba
al hijo de Stella Maris RAMÍREZ con el tráfico de estupefacientes,
hipótesis que pronto quedó descartada, pero que "justificó" la batería
de allanamientos y detenciones concretados. Como reconoce VILAS
en la obra consultada -así como también en su declaración
indagatoria- el secuestro de los profesores fue un plan pergeñado por
el Comando Vto. Cuerpo y ejecutado por la Policía Federal y el
Juzgado Federal de esta ciudad.
Esta nota de ilegalidad del accionar sobre el grupo de
víctimas (ocultado bajo la puesta en escena judicial) También fue
reconocida por Acdel VILAS al prestar declaración indagatoria en la
causa N° 11/86, acto en el que dio cuenta del lugar central que -para
esa tarea- se le asignó al Juzgado Federal:
"La relación del dicente era con el señor Juez Federal de esta
ciudad Dr. Guillermo Federico Madueño, con el que mantenía
relaciones el Gral. Azpitarte, efectuándose reuniones, en
compañía de sus respectivas esposas, en el domicilio de1 Gral.
Azpitarte […] en esa oportunidad, las tres señoras se iban al
comedor y el Juez Madueño, el Gral. Azpitarte y el dicente
permanecían en el living, conversando secretamente de todo lo
que acontecía en la Sub zona 51, contra la subversión y el
terrorismo, lo que da intervención al Dr. Madueño a hacer la
investigación en la Universidad Nacional del Sur" (destacado
propio) |35|.
"Que nunca logró que el Juez Federal de la jurisdicción visitara el
LRPD [lugar de reunión de personas detenidas], que eso se lo
había solicitado al Comandante del Vto. Cuerpo para que el Juez,
en cumplimiento de sus obligaciones, verificara el LRPD, que una
sola vez de modo directo, en la casa del Gral. Azpitarte, le dije al
Juez Federal Dr. Madueño que cuándo me iba a venir a visitar
con relación al LRPD, quien me respondió que tenía mucho
trabajo, le dije cuándo se va a integrar, y me respondió que ya
estaba integrado, y que menudo trabajo tenía con la
investigación en la UNS" (destacado propio). |36|
"Quiere dejar constancia que el periodismo local y los
representantes de los diarios capitalinos conformaban un grupo
de 33 personas cuya ideología el dicente desconocía, pero que le
proporcionaban suficiente información, corroborado luego por el
resultado de la investigación que el Dr. Guillermo Federico
Madueño realiza en la Universidad Nacional del Sur" |37|.
Queda claro entonces que el órgano judicial actuó como un
apéndice de las autoridades militares dentro del aparato de poder
organizado, asumiendo un rol central en la tarea de depuración
ideológica.
En ese ámbito, es importante remarcar que las reuniones
eran celebradas por la máxima autoridad de la Zona 5 directamente
con el Juez Federal, sin intermediación de las jefaturas policiales.
Las premisas señaladas dan forma al núcleo neurálgico del
caso de los docentes universitarios como crimen de persecución y
genocidio, porque de ellas se deriva que el plan de secuestro y torturas
al que fueron sometidos, no se motivaba en una causa sino en una
finalidad: no se trató de aplicar una sanción por el hecho de haber
realizado actividad académica subversiva, sino de practicar un castigo
para instalar ante la población que la universidad pública era un
centro de formación de la subversión, y utilizar a los docentes como
una prueba de esa tesis represiva.
Los docentes no fueron secuestrados y torturados sino como
un medio para desarrollar la empresa de acción psicológica.
Como habrá de desarrollarse al describir los hechos de las
víctimas, esta empresa de acción psicológica tuvo dos facetas:
- La faceta pública, configurada por la versión de los
hechos de acuerdo a como fueron falsificados y presentados en el
expediente judicial. Según esta versión, la investigación tuvo inicio en
una denuncia sobre tráfico de estupefacientes, que permitió dar de
manera casual con un plan de adoctrinamiento subversivo en la UNS.
Como consecuencia, los docentes involucrados fueron privados
legalmente de la libertad, mediante actos revisados y avalados por la
autoridad judicial. Naturalmente, esta versión de los hechos -
masificada a través de La Nueva Provincia- estaba dirigida a la
población, con el objeto de demonizar al colectivo de identidad como
enemigo interno, y justificar ante la opinión pública su persecución a
ultranza.
- La faceta clandestina, que se devela en el modo en que
verdaderamente ocurrieron los hechos: los operativos ejecutados de
noche y con ejercicio de violenta; las condiciones inhumanas de
cautiverio en las celdas policiales; los interrogatorios bajo tortura y la
falsificación de declaraciones.
Al concluir sus servicios en la jurisdicción, VILAS se
despidió con el mismo énfasis con que había arribado, y siempre
apuntado a la Universidad del Sur como el centro de sus esfuerzos.
Para tal cometido, publicó una carta -difundida por el diario La
Nación el 26 de mayo de 1977- donde destacaba la lucha en esa casa
de altos estudios como un hito cuya ejemplaridad él aspiraba a que le
deparase el reconocimiento y la compensación que correspondía y
que, sin embargo, no suscitó la respuesta debida:
Saludo y despedida a mis camaradas del Ejército y las
Fuerzas Armadas
…tuve la satisfacción de haber probado en los montes de
Tucumán y en la ciudad de Bahía Blanca que las palmas a mí
conferidas por la Patria se llenarían de polvo y sangre en la
modesta tienda de campaña y el duro trajinar de la batalla.
Tuve, en resumidas cuentas, el honor de ser un general
combatiente y vencedor y de empuñar las armas argentinas
para derrotar a la subversión allí donde ésta se encontrase.
… Quizás… el haber descubierto el más vasto plan de
infiltración ideológica trotskista de nada haya servido. Si
es así, he de bajar la cabeza y marcharme a mi casa
avergonzado… Pero si no es de esta manera: si el Operativo
Independencia resume el triunfo más notable de las armas
argentinas en el presente siglo y mi actuación en el Sur
hubiese ayudado a combatir la subversión cultural,
entonces me impondré… un silencio absoluto…
Creyendo que la dura experiencia obtenida me confería los
títulos necesarios para luchar, pedí un destino en el frente;
creyendo además que la perspectiva y la serena frialdad que
me otorgó esta guerra inmisericorde y artera eran buena carta
de presentación, demande, haciendo de lado deseos y
ambiciones personales, un puesto en el campo donde se
sustancias las hostilidades. Por toda respuesta he recibido la
orden de retiro".
De esta forma, de todos los actos de exterminio y
persecución desplegados en la Subzona 51, Vilas elegía por blandir el
combate a la subversión cultural en Bahía Blanca, como su carta de
presentación en el marco del genocidio perpetrado en el país.
3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
Realizado el análisis del contexto en que se sucedieron los
hechos imputados, a continuación se describirán los mismos,
conforme con las constancias probatorias de la causa.
En primer lugar, el caso será abordado de modo general, a
partir de una reseña cronológica del accionar delictivo sobre el
conjunto de víctimas, para luego desarrollar las circunstancias de los
hechos individuales.
3.2.1. Persecución a docentes y personal del
Departamento de Economía canalizada en la causa "Ramírez".
Las primeras víctimas en ser secuestradas fueron Stella
Maris RAMÍREZ y su hijo Sergio Gustavo CUSTODIO |38|.
El caso de RAMÍREZ se encuentra requerido en el marco de
la causa FBB 15000005/2007, y ha sido tratado en el auto de mérito
del 15 de diciembre de 2015 dictado en esas actuaciones, por el que
se procesó a los imputados Juan Manuel BAYÓN, Norberto Eduardo
CONDAL, Jorge Horacio GRANADA, Héctor Luis SELAYA, Carlos
Andrés STRICKER, Carlos Alberto TAFFAREL, Walter Bartolomé
TEJADA y Osvaldo Bernardino PÁEZ.
Como se describió en el acto del requerimiento, Stella Maris
RAMÍREZ era trabajadora social y se desempeñaba como directora
interina del Hogar del Niño de la Municipalidad de Bahía Blanca.
El 30 de junio de 1976, personal de la Policía Federal
irrumpió en su domicilio y secuestró a RAMÍREZ junto a su hijo Sergio
Gustavo Custodio de 14 años, quien sería liberado dos días más tarde.
La falsedad de la hipótesis declarada en el expediente para
simular la motivación de las detenciones, quedó rápidamente
evidenciada. Luego de agregar a las actuaciones una serie de
supuestas declaraciones testimoniales, que incluían como testigo a
Neil Lorenzo BLAZQUEZ -2do. jefe del Destacamento de Inteligencia
181- y que involucraban a Sergio Custodio con la tenencia y tráfico
de estupefacientes, el 2do. jefe de la Delegación local de la Policía
Federal, Subcomisario Félix Alejandro ALAIS, ordenó el allanamiento
de su domicilio.
Concretado el acto, la única sustancia secuestrada en
aquella morada resultó ser bicarbonato de sodio, de acuerdo a los
peritajes realizados.
Sin embargo, la puesta en escena permitió blanquear y
poner en marcha la verdadera finalidad del plan de persecución: la
bibliografía secuestrada a Stella Maris RAMÍREZ (material de estudio
de la carrera de Asistencia Social) fue calificada como subversiva,
circunstancia que decantó inmediatamente en el programa de
secuestros contra los docentes de la U.N.S., de acuerdo a la siguiente
secuencia.
RAMÍREZ fue interrogada en la sede policial y, acto seguido,
esa misma fuerza procedió a allanar el Hogar de Niños, en busca de
más bibliografía vinculada con la víctima.
Lo que siguió fue una ola de 17 secuestros concretados por
la policía federal durante el mes de julio de 1976, invocando la
hipótesis una empresa de penetración y adoctrinamiento subversivo,
primero en la Escuela de Asistencia Social, y luego en la UNS |39|.
Para ello, la policía se encargó de individualizar en el
expediente quiénes eran los docentes universitarios que
suministraban la bibliografía secuestrada en ambas instituciones.
Entre los primeros profesores señalados como blanco de ataque,
aparecen Eduardo VILLAMIL, Heber TAPATTÁ, Dolio SFACIA y Alberto
BARBEITO.
Por la noche del 1° de julio, se ejecutó el secuestro de
Eduardo Alfredo VILLAMIL, mediante agentes que actuaron de civil
[hojas 52 y 53].
Al día siguiente, en horas de la madrugada, personal de la
Superintendencia de Seguridad Federal privó de la libertad a Dolio
Heralio SFASCIA en Capital Federal.
En la noche del 6 de julio fue secuestrado Luis Alberto
RODRÍGUEZ, y horas más tarde, en la madrugada del día siguiente,
hacen lo propio con Héctor PISTONESSI.
En los días que siguieron, en el mes de julio, fueron
secuestrados Hugo Reinaldo SARTISON (que queda privado de la
libertad al presentarse en la delegación de la policía federal), Alberto
Constante BARBEITO (en la localidad de Avellaneda), Miguel Ángel
ARIAS, Heber Nazareno TAPPATA y Anahí Silvia RODRÍGUEZ
(estos dos últimos en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San
Luis), Victorio Manuel SCHILLIZZI (en la ciudad de Viedma), Rafael
Luis LAPLAZA, Carlos Adolfo BARRERA (en la ciudad de Neuquén),
Horacio CIAFARDINI (en Capital Federal), Mario Carlos AGGIO,
Mario Arnaldo USABIAGA y Carlos Alberto CRISTIÁ (este último en
la ciudad de Santa Fe).
A la brevedad, el Juez Federal Guillermo Federico
MADUEÑO interrogó a los detenidos y fue convirtiendo las
detenciones en prisión preventiva en los casos de RAMÍREZ,
TAPPATÁ, RODRÍGUEZ, VILLAMIL y PISTONESI (el 17 de julio), de
USABIAGA, BARRERA, BARBEITO y CIAFARDINI (el 12 de agosto), y
CRISTIÁ (el 18 de octubre).
El 12 de julio de 1976 se allanó el domicilio de Víctor
BENAMO -víctima en el marco de la causa "05/07"-, quien para
entonces se encontraba en la cárcel de Villa Floresta, luego de ser
brutalmente torturado en "La Escuelita".
También por aquellos días, se ejecutaron los allanamientos
de los domicilios y los intentos de secuestro de otros docentes y
personas ligadas a la universidad, los cuales no prosperaron por no
encontrarse las víctimas presentes en el lugar. Tal fue lo que sucedió
en los casos de Roberto Noel DOMECQ, Héctor GAMBAROTTA,
Osvaldo FEINSTEIN, Gabriela SARTORI, Carlos CASTIA. Gustavo
MALEK, José María ARANGO, Ernesto BILDER, Hugo Mario ZILIANI,
José Luis CHIARAMONTI, Gustavo MARQUEZ MOSCONI, Víctor
Ángel MORON, Alicia Susana BIDART, Gregorio DÍAZ, Bruno SUSANI,
Jorge Cristian DEMITRIU, José Luis CORAGGIO, Oscar BRAUN,
Mario Alberto FEDERICO y José Carlos CHIARAMONTE.
Además de los nombrados, en el expediente se hizo figurar
como prófugos con orden de captura, a Antonio TRIDENTI, Augusto
Manuel Clave PÉREZ LINDO, Miguel TEUBAL, Hugo Osvaldo DEL
CAMPO, Enrique Rubén MELCHIOR, Roberto Aníbal SALA, Silvia
Elena MORILLA de FACCHINI, María Teresa BRUZZO, Luis María
FERNÁNDEZ, Jorge Oscar SCOCCIA, Lorenzo Clemente
FERRETJANS, Oscar Armando TASSARA, Nora SPERGUINER y a las
víctimas en esta causa Ana María GERMANI y José Luis PERALTA.
Recordemos que tanto GERMANI como PERALTA sufrieron
secuestro y cautiverio en el CCDyT "La Escuelita" y que en el caso de
este último, su cuerpo sin vida fue hecho aparecer a través de la
puesta en escena de un enfrentamiento con las fuerzas armadas,
junto con el de Alberto GARRALDA.
En relación todos ellos, el 10 de julio se ordenó a la
Dirección General de Interior que realizara averiguaciones sobre su
posible actividad en el Consejo Federal de Inversiones, el Instituto de
Investigaciones Económicas del Banco Interamericano de Desarrollo,
la Fundación Bariloche, la Universidad de Comahue, la Universidad
del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en el Instituto Trelew.
A su vez, se dispuso -de ser individualizados- "proceder a
su detención e incomunicación […] efectuándoseles una amplia
inspección domiciliaria en busca de material de apuntes y/o
bibliografía de IZQUIERDA REVOLUCIONARIA".
El 3 de agosto, MADUEÑO dictó el procesamiento de
DIMITRIU, ZILIANI, FEDERICO, SUSANI, MARQUEZ MOSCONI,
PEREZ LINDO, GAMABAROTTA, CHIARAMOENTE, DEL CAMPO,
BRAUN, CORAGGIO, DOMEC, MORON, BILDER y SALA, ordenando
la inmediata detención de todos ellos.
La ramificación de la empresa de persecución fue tal que
pronto comenzó a plantearse la hipótesis de que la penetración
ideológica alcanzaba a otras casas de estudio, donde se actuaba en
coordinación con los grupos investigados en la universidad del sur.
Así es que el 13 de octubre de 1976, el jefe de la delegación
de la Policía Federal hizo saber al Juez que en la ciudad de Santa Rosa
se encontraban detenidas otras personas que "desarrollaban abierta
propaganda ideológica izquierdista en el Instituto 'José Ingenieros' de
la localidad de Jacinto Arauz, provincia de La Pampa",
individualizando a Carlos José SAMPRÓN, Ángel Julián ÁLVAREZ,
Victorio Aldo POZO y Luis Valentín CARLINO. Además, se señala que
"[d]ichas personas, junto con Stella Maris BARRAZA […] y con
Guillermo QUARTUCCI […] tendrían vinculación con elementos de la
Universidad Nacional del Sur".
Con idéntico tenor, el 19 de octubre de 1976 el Juez
MADUEÑO remitió copia de las actuaciones al Juzgado Federal de
Neuquén.
En el mes de agosto, se había agregado al expediente una
misiva enviada por un ciudadano de Bariloche, Juan MALER, donde
denunciaba la existencia de un "nido grande de marxistas en esta
'Fundación Bariloche' y organismos en Bariloche (INTA)", e indicaba
como "recomendable ponerse en contacto con el señor RUBEN EHARA,
actualmente trabajando en el Gobierno de la Provincia de Río Negro, y
ya en contacto permanente con la Policía Federal".
Como dato ilustrativo, Juan MALER era el nombre de
cobertura utilizado por Reinhard KOPPS, oficial de inteligencia de las
S.S. de la Alemania Nazi durante la 2da. Guerra Mundial, refugiado
desde fines de la década del '40 en la ciudad de Bariloche, desde
donde continuó produciendo y editando publicaciones antisemitas.
Frente a la información arrimada al expediente, MADUEÑO
optó por recibir declaración de MALER, quien prestó testimonio
mediante exhorto, en la ciudad de Viedma, el 15 de septiembre de
1976.
El 27 de mayo de 1977, la Cámara Federal confirmó los
procesamientos de USABIAGA, BARRERA, VILLAMIL, PISTONESI
CASTELLI, BARBEITO Y CIAFARDINI, anulando a su vez la prisión
preventiva de CRISTIÁ (hoja 844). El 8 de junio del mismo año, volvió
a ordenarse la prisión preventiva de este último (hoja 903).
Para la segunda mitad del año, el ritmo de la persecución
no había disminuido. El 18 de octubre de 1977, MADUEÑO procedió
a recabar las nóminas completas de alumnos, a fin de interrogarlos a
todos ellos en relación al plan de penetración subversiva. Para ello,
mediante oficio suscripto por el secretario SIERRA, requirió a las
autoridades de la Universidad del Sur un listado con los nombres y
domicilios de todos los alumnos que cursaron la Carrera de Economía
durante el año 1974 |40|.
La contestación de las autoridades universitarias puso de
manifiesto el desmesurado esfuerzo que implicaba la tarea requerida,
que exigía la compulsa de cada uno de los legajos de alumnos en
particular. Para la realización de dicha tarea, MADUEÑO destacó a
dos empleados del Juzgado (hoja 1865 vta.).
De modo contemporáneo, se libró una batería de oficios a la
misma casa de estudios, requiriendo informes y antecedentes de los
imputados, copia de los programas curriculares y nómina de alumnos
de los distintos cursos.
Por citar un ejemplo, el 27 de enero de 1978, se solicitaron
los nombres y domicilios de los alumnos que durante el año 1974
cursaron materias con los docentes procesados (hoja 1802).
El 2 de octubre de ese año, se solicitó la nómina de
profesores y ayudantes de las carreras de licenciatura en economía y
contador público que se hubieran desempeñado en el año 1974, y
copia de los legajos personales de los alumnos graduados aquel año
en la licenciatura en economía. Además, se consultó si por entonces
los alumnos o agrupaciones político-estudiantiles debían solicitar
autorización para realizar asambleas o reuniones y, en su caso, qué
autoridad debía otorgarla.
A partir de las nóminas obtenidas, desfilaron como
testigos en el expediente más de un centenar de alumnos de
aquellas carreras, a los cuales se los interrogaba en relación a
cada uno de los docentes secuestrados acerca de si orientaban la
"cátedra dentro de determinados postulados ideológicos", si oyeron
"reflexiones sobre la necesidad de crear condiciones hacia la transición
revolucionaria, sobre el papel de la universidad tradicional en el
contexto de un país capitalista dependiente y de cómo debía ser la
Universidad para […] la liberación revolucionaria", si se realizaban
"enfoques críticos y evaluativos de instituciones socio-económicas".
Con todo, a pesar de que la incriminación giraba en torno
de un supuesto fenómeno de infiltración ideológica, y de que los
sospechados se encontraban privados de su libertad o bajo orden de
captura, para diciembre de 1977 MADUEÑO expresaba que por
entonces se hacía "imprescindible conocer con exactitud la corriente
ideológica seguida por los autores en las obras citadas como
bibliografía, como así también otros puntos relativos a los programas
reservados", disponiendo en consecuencia el peritaje de tales
aspectos, encargado a los profesores por asignatura que propusieran
los rectores de las Universidades de Córdoba y Buenos Aires (hoja
1789).
Mientras tanto, la orden de cese de las detenciones por parte
del Juzgado se volvió una aletargada espera para las víctimas, quienes
para entonces se encontraban asimismo bajo arresto del Poder
Ejecutivo Nacional, en función de las mismas acusaciones judiciales.
De esta forma, a pesar de que el 29 de abril de 1977, la
Cámara Federal de esta ciudad revocó el auto de prisión preventiva
de RAMÍREZ, TAPPATTA y Anahí RODRÍGUEZ, las víctimas
continuaron detenidas por cuenta del P.E.N..
En los casos de VILLAMIL, BARBEITO, CIAFARDINI,
BARRERA, PISTONESI y CRISTIÁ, el Juez dictó el sobreseimiento
total y provisional recién el 2 de marzo de 1979.
A pesar de encontrar que los elementos probatorios no
permitían avanzar penalmente contra los nombrados, tanto el
Juzgado como el Ministerio Público Fiscal continuaron justificando la
amplitud de la persecución ejercida. En efecto, la fiscalía señalaba en
sus dictámenes que "[e]establecidas las metas y propósitos de la
ideología en que aparecía encauzada la transmisión del conocimiento
científico desde ciertos claustros de la U.N.S. (izquierda revolucionaria),
una posición interpretativa limitativa de los alcances del art. 1° de la
ley 20.840, que impone penalidades para las actividades subversivas
en todas sus manifestaciones, llevaría a no conjurar riesgos previsibles
y a no cohibir acciones eventualmente dolosas. No se trataría en la
especie de hacer conocer al estudiantado una entre otras doctrinas,
sino de intentar arraigar en su mente una en particular y que lleva
ínsita actos perturbadores".
En el mismo sentido se expresaba el juez en los autos de
sobreseimiento: "en ese año 1973, la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
SUR vive su época más 'negra' […] o de disloque académico […]
convirtiéndose esa Casa de Estudios, en un verdadero 'comité político'
[…] que permitía la implantación o cambio de su estructura educativa,
con los fines tendenciosos que se mencionan".
La decisión de MADUEÑO se esforzó en dejar en claro que
el plan de penetración ideológica subversiva existió como tal, más allá
de reunirse las pruebas en relación concreta con los procesados, entre
otros motivos, porque "no ha resultado posible aún, recibir declaración
a quienes aparentemente resultan los importantes cabecillas, desde el
punto de vista ideológico, por encontrarse prófugos dentro o fuera del
país, como Coraggio, Federico, Susani, Morón, Márquiz Mosconi, por
nombrar a algunos de ellos".
Con estas distinciones, la sentencia habla de "lo que ha sido
llamada como la época del disloque académico y a juzgar por diversas
manifestaciones permite interpretar al suscripto, como una falta de
autoridad a nivel tanto directivo como docente, llegándose a extremos
tales como la impune y tácita autorización de muchos docentes para
que sus clases sean interrumpidas por turbas cuyo único fin
evidentemente era el de perturbar el buen funcionamiento de las clases
universitarias y obstruir la enseñanza […] Esas turbas con marcada
tendencia ideológica, tenían libre circulación frente a directivos y
docentes que dejaban hacer y pocos eran los que, ante una interrupción
de esa naturaleza, con su autoridad ganada, impedían se cumpliera el
cometido".
Concluía, entonces, la resolución, en que "[b]ien pudo
tratarse este relajamiento de la autoridad, de uno de los pasos de aquel
que llamamos plan orquestado por el grupo de ECONOMÍA de BAHÍA
BLANCA".
En el caso de BARBEITO, la detención a disposición de las
autoridades militares había cesado con anterioridad al
sobreseimiento, de modo que la víctima continuaba en cautiverio por
orden exclusiva del Juez. En efecto, el acta de soltura labrada por las
autoridades penitenciarias dejó constancia de que el efectivo
otorgamiento de la libertad respondía a que el Comando del Vto.
Cuerpo de Ejército ya había autorizado -por su parte- el egreso del
detenido (hoja 2880).
En los casos de PISTONESSI y CIAFARDINI, los
nombrados continuaron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo
(conf. hojas 2860, 2873 y 2879). Tampoco recuperó su libertad Carlos
BARRERA (conf. hoja 2866).
Cabe efectuar una aclaración al respecto. Uno de los
factores decisivos para que el P.E.N. resolviera el cese del arresto,
consistía precisamente en lo que se hubiera resuelto en sede judicial,
de modo que la demora del Juez se trasladaba a aquel otro poder.
En este sentido, resulta ilustrativo el caso de la víctima
CIAFARDINI, quien para el año 1980 continuaba privado de la
libertad. En marzo de aquel año, CIAFARDINI planteó ante la Cámara
Federal de esta ciudad una queja por las dificultades que le generaban
las demoras en el tratamiento de los recursos de apelación contra el
carácter provisorio del auto de sobreseimiento.
Denunció entonces, justamente, que esa falta de definición
judicial de la situación de los detenidos era uno de los factores que
obstaculizaba que se dejara sin efecto la detención por parte del Poder
Ejecutivo, a pesar de haber transcurrido más de un año desde la
orden de liberación judicial (hojas 2936/38).
Pese a ello, el Tribunal se tomó dos años más, para
pronunciarse recién el 16 de abril de 1982, desechando los recursos
de apelación y rechazando de esta forma el otorgamiento del
sobreseimiento definitivo.
A pesar del voto en disidencia del doctor Ignacio Larraza -
quien señaló que ya habían transcurrido más de seis años desde el
cese en la docencia de los imputados, superando el máximo legal de
la pena-, los docentes continuaban vinculados al proceso, habilitando
la eventual reanudación de la empresa persecutoria
Para entonces, el Ministerio del Interior había solicitado
al Juzgado, en reiteradas oportunidades, que informara sobre la
situación procesal de CIAFARDINI, quien continuaba detenido a
disposición del Poder Ejecutivo (conf. hojas 2973, 2977),
circunstancia que daba cuenta de que, efectivamente, la situación
judicial era uno de los factores que ponderaba el gobierno de facto
para determinar la suerte de la víctima.
En aquella línea, en mayo de 1982, el Ministerio de Interior
consultó al Juez "si el sobreseimiento provisorio impuesto al detenido
CIAFARDINI HORACIO en causa 612/76 se encuentra firme o fue
modificada por la Cámara Federal de Apelaciones BBlanca".
De esta manera, se evidenciaba en el Poder Ejecutivo una
desactualización de la información de más de tres años, y una
escandalosa falta de comunicación entre las instancias
responsables de privar a la víctima de la libertad, puesto que el
sobreseimiento total había quedado firme para la parte acusadora, la
cual no apeló la decisión, mientras que lo que se discutía en segunda
instancia era el carácter provisorio otorgado (conf. hoja 2954).
Para el 6 de julio de 1982, CIAFARDINI continuaba en
cautiverio en la Unidad Penitenciara 9 de La Plata (conf. hoja 3043).
El 25 de agosto de ese año, el juzgado ordenó comunicar al Ministerio
del Interior que la causa se encontraba finalizada, remitiendo copia
del sobreseimiento provisorio y del auto de revisión de la alzada.
El 5 de noviembre de 1982, el Juez Jorge Francisco SUTER
reanudó la persecución, solicitando a la Universidad del Sur "con
carácter de preferente urgencia" los antecedentes como docente de
Carlos José CHIARAMONTE. Por otra parte, a foja 3066, el Ministerio
de Interior informó que el nombrado registraba, para febrero de 1977,
un pedido de captura a solicitud del Jefe del área Militar 181 con
asiento en Bahía Blanca (conf. hojas 3070). A hoja 3071, se agregó
una ficha de CHIARAMONTE con la inscripción manuscrita de
"extremista".
Recién para el año 1983, algunas de las víctimas
procesadas lograron que se convirtiera el sobreseimiento en definitivo,
a través de la presentación de excepciones por prescripción de la
acción penal, resueltas favorablemente hacia diciembre de ese año.
En cuanto a aquellos procesados que no habían logrado
capturar, el 11 de marzo de 1983 el juez dictó el sobreseimiento
parcial y definitivo de Augusto Manuel PÉREZ LINDO (hoja 3125).
Idéntica medida dictó el 29 de junio de ese año, respecto a José Carlos
CHIARAMONTE. La propio se dispuso el 26 de septiembre de 1983
respecto a ZILIANI y SUSANI, el 24 de febrero de 1984 en relación a
DIMITRIU (expte. 60/83), el 12 de abril de 1984 en relación a CRISTIÁ
(expte. 53/83) y el 26 de septiembre de 1984 en favor de
GAMBAROTTA (expte. 63/84).
En cuanto a Oscar BRAUN, Víctor Manuel MORÓN, Roberto
Aníbal SALA y Gustavo Alberto MARQUEZ MOSCONI, el
sobreseimiento parcial y definitivo fue dictado recién el 10 de
septiembre de 1985 (hoja 3225).
3.2.2. Persecución a docentes y personal del
Departamento de Humanidades canalizada en la causa "Del
Campo"
La causa n° 1016/76 caratulada "DEL CAMPO, Hugo
Osvaldo y otros s/Inf. Ley 20.840", constituye una derivación de la
causa "RAMÍREZ", a partir de la decisión del Juez Federal MADUEÑO,
de canalizar la persecución de los docentes del Departamento de
Humanidades de la Universidad del Sur, en un trámite judicial
independiente.
Fuera de aquella particularidad procesal, los secuestros
concretados en esta causa forman parte de la misma empresa de
persecución dentro de la Casa de Altos Estudios, ordenada por el
Comando del Vto. Cuerpo de Ejército, y ejecutada entre el Juzgado
Federal y la Delegación de la Policía Federal.
Tal es así que el expediente se inicia con un acta labrada
por el Subcomisario Félix Alejandro ALAIS, donde con fecha 22 de
septiembre de 1976, expresa que "prosiguiendo con la investigación
realizada en la Universidad Nacional del Sur en el Departamento de
Economía y [siendo] que en la tarea de búsqueda de pruebas en dicha
Universidad se logra aportar a la causa material que indicaría que el
trabajo ideológico-subversivo, también se llevó a cabo en el
Departamento de Humanidades de dicha casa de estudios, por tal
causa se procede a afectar a las presentes nuevas actuaciones una
copia mimeografiada del acta labrada con motivo de la comisión
constituida por docentes y estudiantes con el fin de cambiar el plan de
la carrera de Historia de dicho departamento […]". Luego, el acta
reseña el resto de la documentación secuestrada en el marco de la
causa "RAMÍREZ…", relacionada con docentes de Humanidades, y
básicamente consistente en copia de distintos programas curriculares
que vinieron a reemplazar a los programas vigentes con anterioridad,
durante la primera mitad de la década del '70.
Continúa el acta: "[a]tento a ello, se promueve consulta al
Señor Juez Federal Dr. Guillermo Federico MADUEÑO, quien
constituido en esta Delegación y habiendo tomado vista de las pruebas
instrumentales, dispone aprobar la afectación de las pruebas
enunciadas a la causa, que se prosiga con la investigación y detención
de los responsables, cuyo grado de afectación a los presentes obrados
se resolverá oportunamente".
Con idéntica fecha, se inicia la cacería contra este nuevo
grupo de blancos, lo que se observa en el informe -de aquel día- del
Inspector Jorge Castro, donde explicita que "practicó diversas
diligencias tendientes a establecer las identidades de las personas que
habiéndose desempeñado en los distintos departamentos de la
Universidad Nacional del Sur, hubieran infringido la ley antes
mencionada [20.840]". Como resultado de esas averiguaciones,
informa "que no habría sido extraño al desenvolvimiento de actividades
de infiltración ideológica marxista-leninista dentro del ámbito
universitario el ex-asistente de docencia en el Departamento de
Matemáticas de la mencionada casa de estudios Licenciado Pablo
LEJARRAGA con domicilio en Zapiola 318 de esta ciudad".
Al día siguiente, el personal de la policía federal intentó
secuestrar a LEJARRAGA en el domicilio de sus padres, pero para
entonces el blanco se encontraba radicado en Brasil junto a su
esposa.
El 5 de octubre, se incorpora una declaración de Remus
TETU, ex rector interventor de la Universidad del Sur. El rol
desempeñado por TETU dentro del plan represivo ilegal puesto en
marcha en los dos últimos años anteriores al golpe de Estado de 1976,
fue ampliamente descripto en el requerimiento de instrucción, y en
las sucesivas ampliaciones de la acusación penal, en el marco de la
causa FBB 15000165/2013 que tramita ante este mismo Juzgado
Federal.
A título de síntesis, como interventor, TETU introdujo en la
sede universitaria, dirigió y proveyó de medios, al grupo paraestatal a
cargo de la persecución y asesinato de militantes políticos, gremiales
y estudiantiles de la región. Entre éstos, se encuentra el homicidio del
estudiante David CILLERUELLO, para cuya ejecución en los pasillos
del edificio universitario, el grupo paraestatal se trasladó en el
vehículo del rectorado.
El mismo esquema represivo fue utilizado simultáneamente
por TETU como interventor de la Universidad del Comahue, quien
además integraba las Comunidades Informativas de Neuquén y de
esta ciudad.
En la declaración referida, TETU señala los nombres de las
personas que luego fueron secuestradas.
Se refiere al cierre de los Departamentos de Humanidades y
Economía, decisión que adoptó como interventor en febrero de 1975,
y que significó la expulsión en masa de docentes universitarios, entre
los que se encontraban los imputados en las causas "Ramírez" y "Del
Campo". Al respecto, expresa que tal medida resultó de "un
diagnóstico preciso de la situación y el análisis del proceso de toma de
poder en la Argentina por la subversión internacional a través del
dominio de las Universidades". Habla de una "guerra cultural no
declarada", consistente en "la culturalización de la juventud
comenzando por la Universitaria en el marxismo para que, una vez esta
juventud convertida en élite del país y por ende defensora del poder
haga caer como fruto maduro el país en el mundo comunista".
Luego, comienza, en su declaración, el desfile de nombres -
en mayúscula y subrayados- de las personas a las que le adjudica
esta actividad en la Universidad del Sur: MAFFEI, Pablo LEJARRAGA,
Elba PINO de ARATA, CIOCHINI Cristina OCKIER, Carlos CRISTIÁ,
Roberto ETCHEPAREBORDA, MALEK, Pedro MORAN OBIOL, Jorge
CRESPI, Graciela FACCHINETTI, ZAMUDIO de PREDAN, Lidia
PAGLIALUNGA, Duilio BIANCUCCI, Mónica PERALTA RAMOS, Oscar
Rubén BAG, Benito CAMARERO, Ángel VILANOVA, IRIARTE,
USABIAGA, GIUSTI, Jaime REST, Virginia ERHARDT, Mario
MERLINO, Eva Beatriz OCAMPO, GARAVAGLIA, Víctor BENAMO,
Augusto PÉREZ LINDO, Honorio SÁNCHEZ AGUILAR, Ana María
ARELLI, Héctor ALIMONDA, Lidia HENALES, Nora BARBA, Alicia
DAMIANI, María Angélica SEMILLA, Ana María DAMIANI, Walter
DAUB, Enrique SUARDIAZ, Alicia ZILIANI, Mario Carlos AGGIO,
María Teresa BRUZZO, Jorge Oscar SCOCCIA, Luis Alberto
RAVIZZINI, Alicia POLONIATO, Luis IURMAN, Darío PICCO, Raúl
BARRAL, Eduardo MONTESERIN, Miriam NAJT, Alfredo CORTE,
Augusto CALMELS, Eduardo Martín GELOZ, Beatriz Thelma
SAGARZAZU, Lorenzo FERRET JANS, Dolio SFASCIA, CARRANZA
MUJICA, Pablo VEAS, Néstor BUENO, Christian DIMITRIU, Carlos
BARRERA, Héctor PISTONESSI, José CHIARAMONTE, Alberto
BARBEITO, Horacio CIAFARDINI, Héctor GAMBARROTA, Alberto
FEDERICO, Enrique MELCHIOR, Roberto SALA, Jorge GINOBILLI,
Ernesto BILDER, Eduardo VILLAMIL, Osvaldo FEINSTEIN, Edgardo
TRIGO, María Elena FASSANI, Regina CUTUK, Heber TAPPATTA,
Anahí RODRÍGUEZ, José Luis PERALTA, Simón MAGUITMAN, Rafael
Luis LAPLAZA, Victorio SCHILLIZZI, Fructuosa DE LA FLOR, Ana
María DE LASA, Liberto BOCANEGRA, Horacio DI BLASIO, Manuel
Omar RODRÍGUEZ, Humberto Luis BAZAN, Alicia GOENAGA, Teddy
HUTTON, Alicia DIEZ, Gregorio DÍAZ, Hugo ZILIANI, Daniel
MAIDANA, Marcelo SANSEAU, Arturo ROSES, Gabriel PRADO, Oscar
Amílcar BERMÚDEZ, Graciela BENEDETTI, Hugo SING CHUAN,
Silvia MOCHEN, Ramón MINIERI, César LARREA, Guillermo MAC
COUBREY, Edgardo ARTOLLA, Ignacio GETTE, Norberto RANDAZZO,
Graciela LEIVA, Graciela LUSKY, Daniel BOMBARA, María Esther
SARDIÑA, Dardo HERRRA, Hudy HERRERO, Nilda GIANNETTI de
BATISTONI, Luis Alberto SOTUYO, Miguel ROSAL, S. CHAVEY, Estela
IGLESIA, Jorge Eduardo FERNÁNDEZ, Juan Carlos RITCHER, Lidia
GODOY, Mónica OLIVER, María Teresa CUTZZOIARO, Elvira BRITOS,
Andrés PILKOWICZ, Raúl PÉREZ, Patricia GINER, Alberto ZUBIA,
Cristina RIVAS, Oscar GALFRE, Félix SCHUSTER y Hugo DEL
CAMPO.
El 7 de octubre de 1976, el Juez Federal designa al
Subcomisario ALAIS, para que se encargue de la investigación, y acto
seguido el instructor del sumario designa a ALAIS "'en comisión' de
servicio al tribunal del señor Juez Federal de esta ciudad doctor
Guillermo Federico MADUEÑO, a los fines de que prosiga la
investigación, y por el tiempo imprescindible e indispensable que
demande la misma".
Por aquella fecha, se reclama a la Universidad del Sur el
legajo personal de más de cincuenta de los docentes y alumnos
identificados por Remus TETU.
El 11 de octubre, TETU amplía su declaración: "habiendo
encontrado material que a su juicio resulta interesante para la
investigación que se practica sobre la penetración ideológica marxista
en la Universidad Nacional del Sur, se presenta a la instrucción
aportando el mismo, y formulando las siguientes consideraciones sobre
dicho material".
El 14 de octubre, se hace constar en acta que Hugo Osvaldo
DEL CAMPO se encontraba privado de su libertad, en la delegación
de la policía federal, desde el día anterior.
En los días siguientes, se practicaron los secuestros de los
docentes de Humanidades Eduardo TRIGO, Ana María PUCCIARELLI
Martha Natividad PANTANO, Daniel VILLAR, Félix SCHUSTER (en
Capital Federal, por parte de la Superintendencia de Seguridad
Federal), Marcos ISABAL, Carlos DARTIGUELONGUE, Oscar
GALFRE, Walter DAUB (en la ciudad de Santa Rosa),
Salvo los casos de PUCCIARELLI, DARTIGUELONGUE y
GALFRE -respecto a quienes se decretó la libertad-, el resto fue
trasladado unos días después a la Unidad Penitenciaria 4 de Villa
Floresta.
En dicho período, también se realizaron procedimientos en
los domicilios de Lidia HENALES, Hugo SINGH CHUHAM, María
Elena FASSANI, Fructuosa DE LA FLOR, Mario Jorge MERLINO, Nora
BARBA, Ana María DAMIANI, María Angélica SEMILLA, Mirian NAJT,
Jaime REST, María Teresa BRUZZO, Sergio GIUSTI, Lucio IURMAN,
Alicia POLONIATO, Walter DAUB, Lucía TORRES, Esther IGLESIAS,
Juan Carlos GARAVIGLIA, Ruth ESCALAR y María Rosa BALDUCCI
(los últimos tres, en la ciudad de Mar del Plata), a quienes no pudieron
secuestrar por encontrarse ausentes.
A continuación, y luego de los interrogatorios policiales, las
víctimas fueron sucesivamente interrogadas por el Juez Federal
MADUEÑO y el Secretario SIERRA.
El interrogatorio seguía la misma dinámica inculpatoria
utilizada en la causa "Ramírez".
El 29 de noviembre, se decretó la libertad de PANTANO, la
que no se efectivizó por encontrarse detenida a disposición del PEN.
El 6 de diciembre, el Juez ordena a las Universidades de
Buenos Aires y Córdoba, la realización de pericia sobre los programas
de las materias de Humanidades y la bibliografía utilizada.
Ese mismo día, se dicta el sobreseimiento parcial y definitivo
de VILLAR. Al día siguiente, se dispuso la "inmediata libertad" de la
víctima, aunque esta orden se comunicó a la Unidad Penal n° 9 de La
Plata -donde VILLAR se encontraba- recién el 7 de marzo de aquel
año.
9 de marzo de 1977 se decreta la libertad de ISABAL.
El 17 de enero de 1977, MADUEÑO le ordena a la policía
federal, averiguar el nombre y el domicilio de los alumnos de la
materia de Finanzas Públicas durante los años 1974 y 1975, con el
fin de que de manera urgente se procediera a interrogarlos sobre el
ayudante de cátedra del profesor TRIGO, y para determinar si
"preconizó o adoctrinó sobre determinados postulados ideológicos
especificando en su caso cuáles". La lista de alumnos,
correspondiente al año 1974, fue aportada ante el juez por el profesor
Ricardo BARA, y luego girada a la policía federal para que cumplieran
con el encargo.
El 16 de marzo, el juez requiere a la Universidad del Sur que
informe el domicilio de los docentes auxiliares de la cátedra de DEL
CAMPO, Lilian Sonia CALDERONI, María Jorgelina CAVIGLIA y Lucía
TORRES.
El 12 de abril de 1977, la delegación local de la policía
federal recibe, de parte de la Dirección General de Interior, a María
Gabriela SARTORI, privada de su libertad en la ciudad de Buenos
Aires. El mismo día, la víctima es trasladada a la Unidad Penal de
Villa Floresta, siendo indagada por MADUEÑO el 16 del mismo mes
en esa sede. Al día siguiente, el Juez pidió antecedentes sobre la
detenida a la Universidad del Sur. Su cautiverio se extendió hasta el
18 de mayo, fecha en el que el juez dispuso su libertad.
El 19 de abril, MADUEÑO decreta la libertad de TRIGO. Tres
días después, ordena la indagatoria de Mario USABIAGA, detenido en
el marco de la causa "Ramírez…", acto que se realiza el 28 del mismo
mes, en la sede de la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata.
El 21 de septiembre de 1977, se dispuso la libertad de
SCHUSTER, la que no se hizo efectiva por encontrarse a disposición
del Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 2850/76.
El 19 de enero de 1978, MADUEÑO convirtió en prisión
preventiva la detención de DEL CAMPO.
El 26 de abril de ese año, el juez requirió información a la
Universidad del Sur en relación a la existencia de un seminario
dictado por Mario USABIAGA bajo la denominación de "Requisitos
para una socialización de la literatura", solicitando -como en los casos
anteriores- la nómina de alumnos y profesores correspondientes, con
nombre y domicilio. En la misma medida, se requirió la nómina de
alumnos que cursaron materias a cargo de DEL CAMPO durante el
año 1974.
Acompañadas las listas de alumnos de ambos profesores. El
16 de octubre de 1978 se ordenó la citación de todos ellos en calidad
de testigos.
En el mes de mayo de 1978, PANTANO -de quien ya se había
dispuesto la libertad por falta de mérito- solicitó que se dictara su
sobreseimiento definitivo. El pedido motivó que se requirieran a la
UNS los antecedentes de la actividad docente de la víctima en el año
1974. Remitida la documentación solicitada, recién el 31 de agosto de
1978 el juez dictó el sobreseimiento parcial y definitivo de PANTANO.
El 2 de noviembre de 1978, el Juez informó a la Alzada, que
aún no había finalizado el período de instrucción, por estarse
cumpliendo con diversas medidas de prueba necesarias para la
investigación.
El 6 de julio de 1979, el juez Jorge Francisco SUTER dicta
el sobreseimiento parcial y provisional de Mario Arnaldo USABIAGA.
El 18 de septiembre, la fiscal María del Carmen
VALDUNCIEL formuló acusación contra Hugo Osvaldo DEL CAMPO,
insistiendo -como lo había hecho en la causa "RAMÍREZ…", de
acuerdo a lo citado precedentemente- en el deber de aplicar un
criterio amplio del tipo penal del art. 1° de la ley 20.840, por aquello
de que debían despejarse riesgos previsibles: "una tal interpretación
non trae consigo lesión […] al incuestionable derecho a la libertad de
cátedra, porque tratándose de conjurar riesgos previsibles y cohibir
acciones eventualmente dañosas, no es el derecho a la libertad de
cátedra el que se cercena sino el ejercicio irregular y anómalo del
mismo, porque […] no se trataría en el caso de hacer conocer al
estudiantado una entre otras doctrinas, sino de intentar arraigar en su
mente una en particular, que lleva ínsitos actos perturbadores".
Más de un año después -el 29 de diciembre de 1980-,
SUTER condenó a DEL CAMPO -quien para entonces continuaba en
la Unidad Penitenciaria n°9- a cinco años de prisión, e inhabilitación
absoluta y perpetua, una pena que incluso sobrepasaba el pedido de
la fiscalía, de tres años y nueve meses.
Los títulos del escrito judicial son elocuentes: "EL PAÍS
FRENTE A LA SUBVERSIÓN", "LA SUBVERSIÓN EN EL ÁMBITO
UNIVERSITARIO", "PANORAMA EXISTENTE EN LA U.N.S., en los
AÑOS 1973/74"; "LA LIBERTAD DE CÁTEDRA Y LA INFILTRACIÓN
IDELÓGICA".
"Sabemos que el accionar subversivo tuvo también efecto,
para alcanzar la meta que se había propuesto, en el ámbito cultural,
laboral, político y educacional, en sus niveles secundarios y terciarios,
bien por la vía de la acción o del adoctrinamiento".
"Mientras familias argentinas, anhelando un futuro mejor
para sus hijos, los enviaban a la Universidad, jamás podrían imaginar
que en tal ámbito, profesores, también argentinos (y extranjeros),
utilizaban la cátedra para inocularles el virulento germen marxista-
leninista, que precisamente, es totalmente contrario, -como hemos
dicho-, a nuestro modo de vida occidental y cristiano, apuntando a la
destrucción de la célula primera de la sociedad: la familia. Deviene así,
una paradójica situación: el joven enviado a estudiar a la Universidad
-vaya a saber con cuánto sacrificio de la familia- por la influencia de
tales docentes (ocupados en transmitirle esas ideologías y pagados por
el Estado), se ve de pronto, enfrentado con la misma y con la sociedad
que la integra, en una puja demencial orientada a destruirlas".
Luego, habla de un "accionar totalitario", en referencia a la
gestión del ministro de educación Jorge Taiana, para arremeter a
continuación contra la libertad de cátedra: "la autonomía
universitaria, tradicional en nuestro país y la libertad de cátedra, de no
menos tradición acuñada a nuestro modo de vida, a la democracia y a
la libertad, resultaban canales abiertos para viabilizar, primero, la
infiltración y toma de posiciones y luego, para iniciar el adoctrinamiento
del alumnado universitario, conforme las concepciones filosóficas-
leniniesta".
En pleno proceso de genocidio, el juez exclamaba que "[t]odo
lo acontecido en los años 1973/74, debe prevenirnos para que nunca
más, sucedan en nuestro país, los hechos que nos tocó vivir en las
áreas del quehacer nacional. No es posible que 'so capa' de la
autonomía universitaria, autonomía de cátedra, o como quiera
llamársele, se pretenda el cambio de mentalidad de nuestros hijos".
Situación, ésta, que el magistrado encontraba sintetizada en
que el "hecho en que tres Profesores extranjeros [individualizados en
la sentencia con nombre y apellido], con total impunidad, pero con
medios facilitados por argentinos, pudieron actuar en la Universidad
local, ejerciendo, por lo visto tranquilamente, su actividad docente de
marcado corte izquierdista".
Finalmente, concluye SUTER que "[d]ada la gravedad del
delito mencionado, el que cobra aún más relieve, atento el ámbito donde
tuvo efecto su cometido, -aulas universitarias-, la edad del alumnado,
la influencia ulterior de los mismos en todos los aspectos de la dinámica
social, el propósito distorsivo premeditado de DEL CAMPO,
aprovechándose del alto ministerio docente, -que era su actividad-,
para transmitir concepciones políticas y filosóficas, cuyos fines
ulteriores son los de suprimir o alterar el orden institucional y la paz
social de la Nación, por vías contrarias a la Constitución, y que la
conducta ilícita desplegada por DEL CAMPO, ha quedado palmaria y
objetivamente demostrada, considero que el monto punitivo
propugnado por el Ministerio Fiscal, debe elevarse a la pena de CINCO
AÑOS (5) DE PRISIÓN".
Nos detenemos en esta sentencia, para ilustrar el tenor de
los autos que vinculaban a las víctimas al proceso y, en este caso,
ordenaba el castigo de la privación de la libertad, el cual -cabe
recordar- se venía ejecutando sobre DEL CAMPO desde hacía,
entonces, más de cuatro años.
El 15 de julio de 1981, se dejó sin efecto el arresto de DEL
CAMPO a disposición del Poder Ejecutivo, mediante el decreto
665/81, de modo que, desde entonces, la privación ilegal de la libertad
continuó exclusivamente por disposición del juez federal, que recién
el 12 de octubre de aquel año otorgó la libertad a la víctima, por
vencimiento de la pena impuesta.
Con todo, recién el 29 de diciembre de 1983 -reinstaurado
el gobierno democrático-, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por
DEL CAMPO, revocó la sentencia condenatoria, y absolvió a la víctima,
"por no hallarse acreditado el cuerpo del delito".
3.2.3. Las víctimas en el marco de la campaña
psicológica a través de los medios de comunicación social
Como se expuso en el capítulo 3.1. (CONTEXTO
HISTÓRICO), el caso de los docentes y personal universitario
perseguido en el marco de los expedientes judiciales n° 612/76,
caratulad0 "Ramírez Stella Maris y otros s/ infracción a la ley 20.840",
y n° 1016/76, caratulado "DEL CAMPO, Hugo Osvaldo y otros s/Inf.
Ley 20.840", fue pergeñado como un plan de acción psicológica para
que, junto al encarcelamiento del grupo de víctimas -y por su
intermedio-, pudieran instalar en la población lo que VILAS definía
como el "cáncer cultural de la Universidad del Sur", y ejemplificar a las
autoridades nacionales cómo debía procederse hasta las últimas
consecuencias.
Para esta tarea, fue fundamental el modo en que las
víctimas fueron expuestas ante la sociedad por parte del diario "La
Nueva Provincia", multimedio que -para la época investigada- reunía
el monopolio indiscutido de la comunicación social en la región.
Para tomar real dimensión de los gravísimos perjuicios que
esta campaña psicológica produjo en las víctimas, resulta necesario
reconstruir el contexto de persecución que no solo existía sobre el
ámbito académico, sino que la empresa mediática tomó como
consigna central en su prédica editorial.
A fin de evitar una extensa reproducción del discurso de
incitación a la persecución y exterminio de lo que denominaban
"subversión cultural", remitimos a los dictámenes de la Fiscalía en la
causa FBB 15000158/2012 (requerimiento de instrucción inicial y
pedido de procesamiento de fs. 1123/1448), en los que ha sido
compilada exhaustivamente la prolífica producción editorial del diario
en tal sentido.
En el presente, nos centraremos en el bloque de
publicaciones que toma como foco de ataque a las Universidades
Públicas en general, la Universidad Nacional del Sur en particular y,
por último, el caso de los docentes universitarios privados de la
libertad que estamos analizando.
En el marco trazado, y tomando como base la mencionada
reseña periodística, las estadísticas demuestran que el abocamiento
por parte del diario a la persecución, el señalamiento y el llamado
al ejercicio de la violencia contra los docentes de la Universidad
Nacional del Sur fue claramente central y directo: de un total de
doscientos treinta y siete ediciones referidas a tema de la subversión,
más de ochenta editoriales se dedicaron específicamente al ámbito
de los "ideólogos subversivos" en las universidades, como blanco
necesario y prioritario de la lucha contra la subversión, convocando a
su aniquilamiento con los mismos métodos utilizados contra la
guerrilla armada |41|. Es decir que la persecución sobre el colectivo de
las víctimas de este requerimiento, representó más de un tercio del
discurso de incitación al genocidio.
Exhortación al exterminio en el ámbito universitario
En la edición del 28/81976, el propio diario reconocía: "Todo
lector de LNP conoce la preocupación de este diario por el problema
cultural. A ninguno que haya leído con atención nuestras notas, le
resultará desconocido el nombre de ese gran 'conservador pesimista'
Joseph Schumpeter […] La convicción de que Occidente ganará o
perderá su batalla en el campo de las ideas, ha sido y es el leit
motiv de muchos de nuestros editoriales".
La veracidad de este enunciado se refleja en numerosos
editoriales y publicaciones, en los que el diario proclamaba la
necesidad de exterminio del "subversivo ideológico" sin ningún tipo de
contemplación. En este sentido, citamos los siguientes:
Edición del 2/5/76
"La Hidra y sus cabezas - Guerrillas y subversión marxista"
"Los fusiles disparan en razón de la voluntad humana,
convencida que es justo disparar contra el enemigo: si los
fusiles del ERP y Montoneros descargan su balacea contra la
Nación y Fuerzas Armadas y de Seguridad es en virtud de la
previa concientización de sus cuadros, del apoyo financiero y
moral, del apoyo cultural e ideológico prestado por los
mercaderes intelectuales y financieros del odio. Elimínense a
estos y a aquellos, aunque no cejarán en su empeño, podrán ser
destruidos con mayor facilidad […] ES HORA de una buena vez
que aprendamos la lección. En eso nos va el futuro y destino del
país a los argentinos".
Edición del 20/6/76
"Si vis pacem, para Bellum… El ejemplo tucumano enseña
que las guerras se ganan luchando"
"[combatir] de manera no convencional, en todos los frentes de
batalla: en la selva, el monte, la ciudad, la universidad, el
hospital, el café-concert, el periodismo, la televisión e, incluso, la
Iglesia…".
Edición del 23/8/76
"que en esta guerra de todos los días sea la Nación la que pueda
enarbolar la bandera de la victoria. Cada cual sabe ya en qué
trinchera está y allí no hay lugar para indiferentes"
"Lo de la matanza, en cambio, tiene otros matices. Es muy difícil
acertar con las palabras que puedan definir el hecho, teniendo en
cuenta que las víctimas, presumiblemente, pertenecían a
organizaciones terroristas. Pongámoslo así: ha sido asesinado un
General del Ejército, por un lado, y 30 ideólogos subversivos,
por otro. Si aceptamos que vivimos en guerra, debemos lamentar
la caída de un soldado de nuestra trinchera. Lo otro, son bajas
del enemigo…".
Edición del 2/9/76
"Estamos soportando un período de guerra interna […] ni las
imágenes ni las palabra […] hacen hincapié en la significativa
batalla que están librando las Fuerzas Armadas argentinas para
eliminar definitivamente a la delincuencia ideológica…"
Edición del 6/12/76
"La lucha es implacable y de proseguir hasta sus últimas
consecuencias, el enemigo será aniquilado. Pero todavía falta
librar importantes batallas en el campo de la subversión
ideológica -que es donde el activismo marxista actúa como usina
generadora de elementos subversivos-".
"Si ha de hablarse de victoria futura, de hecho el enemigo
también deberá ser eliminado en esos ámbitos".
"La Guerra convencional, es decir, el enfrentamiento armado, no
ha cambiado su esencia […] Pero en la guerra ideológica no es lo
mismo".
"Ningún guerrillero nace por generación espontánea: recibe el
virus que luego lo vuelca al terror en la universidad, en el
sindicato, en la fábrica, en la oficina […] un profesor, un jefe, un
religioso, un intelectual o un imbécil resentido".
"ES AHÍ, en esos campos de la actividad humana, donde también
debe combatirse a la subversión aniquilando a los sembradores
de utopías".
Edición del 20/2/77
"No debe confundirse guerrilla con subversión".
"También como en Chile, nuestra guerra sucia sólo culminará
exitosamente, si de una buena vez se rechazan las voces harto
repetidas, que permanentemente, so pretexto de 'prudencia' y
'olvido del pasado' porque todos 'somos argentinos', han venido
sembrando el virus letal de la contemporización y la complacencia
hacia los enemigos del país, porque ellos mismos forman parte de
esa cohorte de exitistas profesionales, sin convicciones ni
principios…".
"PINOCHET, por ejemplo […] No ha liquidado al marxismo con
discursos, ni se ha limitado a combatir sus efectos; simplemente
lo ha ido a buscar en sus causas; en los cubiles donde estaba
enquistado y agazapado, y allí ha procedido a eliminarlo, sin
ningún tipo de sensiblería, impensable para el accionar de una
nación atacada y enfrentada a una guerra sucia […] sin detenerse
a escuchar las hipocresías de un 'mundo libre' que escribe con la
mano lo que borra con el codo […]".
Edición del 10/3/77
"la ofensiva contra los grupos disociadores debe ser continua y
total, sin apaciguamiento ni falsos conceptos. La subversión no
se reduce por la eliminación periódica de sus activistas. La
alternativa que plantea es bien simple: o se la aniquila, lo que
supone la desaparición de sus ideólogos, estructuras de apoyo
y fuerzas de choque, o se la descuida y posibilita que vaya
resurgiendo hasta hacerse fuerte otra vez".
Edición del 17/4/77
"EL MONSTRUO tiene siete cabezas y apenas una de ellas, la
guerrilla armada, está medio deshecha. Permanecen, aún
incólumes, las restantes seis. De su definitiva derrota depende la
suerte de la República […]".
Edición del 24/4/77
"¡CUIDADO CON las insinuaciones de ceder la entera
responsabilidad del proceso a la justicia ordinaria! […] ¡Cuidado
con las voces que ya han comenzado a levantarse pidiendo
'mesura'! […] ¡Cuidado, en fin, con las trampas del enemigo que
intenta disfrazarse a efectos de dar su batalla final!
COMPRENDAN las Fuerzas Armadas que no hay términos medios
[…] DISTINGUIR y aniquilar al enemigo, esa es la consigna. En
ella va el destino de la Patria"
Edición del 27/4/77
"Cuando el cuerpo enfermo de una Nación no es atendido como
corresponde, el mal progresa y mina todos los organismos hasta
la descomposición absoluta.
[…] Pero, ¿qué hicimos para evitarlo? ¿Cuál fue nuestra cuota de
silencio u obsecuencia o cobardía o mediocridad o comodidad u
oportunismo? ¿Cuántas veces se alzaron para, por lo menos,
alertar sobre esta tragedia nacional?
[…]
Si queremos que supure todo, tendremos que seguir apretando
[…] ha llegado la hora de que los culpables del desquicio , la
inmoralidad y la guerra artera que nos declararon, paguen su
culpa […]
'Hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga'. Si suena
a lema de guerra, es porque estamos en guerra".
Edición del 4/6/77
"¿Un nuevo intento de infiltración?. Debe investigarse a
fondo la actividad del grupo Rizzoli"
"Los senderos de la subversión guerrillera no son los mismos que
los de la subversión ideológica, aunque ambos converjan al
mismo fin. Si cerramos uno, tenemos que cerrar el otro… el mejor
camino para el triunfo del comunismo es aquel que pasa a
través del dominio de la cultura y de los medios de
comunicación social. ¡Cuidado señores de las Fuerzas
Armadas, no olviden las lecciones de Gramsci y de
Shumpeter!"
Edición del 17/9/77
"Una Lucha Frontal y Decisiva. La Contracultura Impone Algo
Más que 'no Bajar la Guardia'",
[…] ¿de qué vale abatir a miles de terroristas que enfrentan a
las fuerzas legales, si no se atacan a fondo las usinas
generadoras de subversivos?".
Edición del 6/11/77
"[…] la gravedad está dada […] por el precio que ha comenzado a
pagar el proceso, debido a su errada decisión de transitar la senda
de un gradualismo plagado de 'medias tintas'".
Siguen: "[…] después de los tres años sufridos bajo el
régimen marxo-peronista, sus cómplices y aliados -pasivos o
activos- no existe justificativo alguno para que el gobierno
nacional no sepa, todavía, quién es quién en nuestro país. Sean
militares, sacerdotes, políticos, actores y artistas,
gremialistas, catedráticos, industriales, académicos,
banqueros, periodistas o maestros".
Edición del 19/11/77
"La Argentina en guerra […] Más que hablar de la guerra, hay
que hacer la guerra. De entre todas las profesiones le cabe al
periodismo un puesto de avanzada en las trincheras de la Patria
nuestro puesto está cavado en las entrañas ideológicas de la
realidad. Nuestro deber, pues, se corresponde con el de las
Fuerzas Armadas en toda la línea de combate. Mientras ellas,
columna vertebral de la Argentina histórica, asumen la
responsabilidad de restaurarla en sus esencias y defenderla de la
agresión subversiva en el campo militar, a nosotros, siendo esta
una contienda eminentemente axiológica, nos toca, por
imperativo de la hora, defenderla en el campo preciso de las
ideas…".
En este ámbito del discurso de incitación al genocidio,
también aparece recogida una de las premisas que señalaba Vilas -
en su texto "Bahía Blanca: el hecho histórico"- cuando refería que,
dado que la infiltración ideológica no podía concebirse en términos
meramente represivos, "las decisiones que se requieren son
eminentemente políticas y sólo pueden ser asumidas desde la
conducción del Estado […] mediante la correcta utilización de los
poderes públicos".
En este sentido, una práctica constante fue la de increpar
directamente al sector político del Estado terrorista, denunciando una
actitud distraída y complaciente de su parte (librando el costo de la
"lucha contra la subversión" sobre las fuerzas estatales) y el reclamo
vehemente de la asunción de políticas y acciones "positivas" para el
aniquilamiento del enemigo, principalmente en el ámbito de la
educación.
De ello, son muestra los siguientes editoriales:
Edición del 15/1/77
"Metralletas y contracultura frente a la civilización"
"El enemigo no solo mata: también hiere de muerte. En algunos
casos, emplea el fusil. Pero su carta de triunfo es la contracultura.
Poco quieren darse cuenta -y en nuestro país la ceguera oficial
es casi total-…".
Edición del 23/4/77
"La Renuncia de Bruera. Un Año Perdido en la Tarea de
Reorganizar Nuestra Educación"
"Así como en su momento la etapa de la lucha armada contra la
subversión requirió de una estrategia positiva y contundente […]
así también el ámbito de la cultura, […] laboratorio de ensayos
de la guerra ideológica- exige imperativamente una conducción
sin ambigüedades […] EN ESTOS casos, siempre es preferible
corregir un error por exceso y no tener que enmendarlo por
falencias".
Edición del 1/9/77
"El Reposo de los Medianos"
Manuel Gómez Vara, subsecretario de Asuntos Universitarios
[…] el velar por que ninguna tendencia que distorsione valores y
envenene la mente de los jóvenes tenga cabida en las
universidades, le cabe exclusivamente al Ministerio de Educación.
Si los militares tuvieron que tomar la intervención -y no lo
hicieron con amplitud y en todos los centros de estudio,
lamentablemente- se debió a que los 'medianos'
académicamente se pasaron años en 'la cómoda' -algunos como
cómplices- y dejaron hacer a la subversión ¿O no?".
Por último, otro aspecto relevante para dimensionar la
profundidad de la persecución que se reclamaba desde el diario "La
Nueva Provincia", nos detendremos en algunos de los editoriales que
dan cuenta del pedido de que -una vez concretados los secuestros e
instalado el caso de los docentes de la UNS en la opinión pública- se
extendiera la empresa de aniquilamiento al resto de los niveles
educativos, continuando con los colegios secundarios, y llegando a
reclamar medidas respecto a la "infiltración ideológica" en los jardines
de infantes.
Así sucede en el mes de diciembre de 1976 (con el
alejamiento de Vilas como 2do. Comandante del Vto. Cuerpo), cuando
La Nueva Provincia, al mismo tiempo que destacaba los logros
obtenidos en limpieza de la U.N.S., exigía que se continuara con los
demás niveles de educación, tan sólo dos días antes de que se iniciara
la serie de secuestros y traslado al CCDyT "La Escuelita" de los doce
alumnos y el profesor de la E.N.E.T. nro. 2 (casos que forman parte
de la presente causa), mediante un editorial dirigido nada menos que
a Jorge Rafael Videla, con motivo de su visita a la ciudad.
Editorial del 13/12/76
"Una Ciudad, un País…
Coherencia: He Ahí el Problema Fundamental de Nuestra
Crisis".
"COMPROBARÁ […] que esta Bahía Blanca sin aditamentos, diez
meses atrás convertida en una típica víctima del populismo, la
demagogia y las actividades subversivas, estremecida por el
crimen y el atentado, refugio descuidado para los extremistas que
huían de otros puntos del país, es hoy un núcleo libre del virus
ideológico y de la canallesca soberbia de matones. Como alto jefe
militar, sabrá que ello se debe a la valentía y decisión de los
miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Policía,
que lograron desmembrar el cuerpo subversivo que actuaba en la
ciudad […].
[…] recordará que […] esas mismas fuerzas desbarataron una
profunda maniobra de penetración ideológica en la Universidad
Nacional del Sur […]".
"[…] recordará […] que aún faltan completar las
investigaciones que se realizan en otros niveles
educacionales, tendientes a detectar a los activistas del
adoctrinamiento marxista".
"QUIZÁS EL presidente deberá intuir que en el ánimo
mayoritario de la ciudadanía, sigue latente el anhelo de volver a
vivir en paz definitiva, aniquilando previamente todo vestigio de
subversión y adoctrinamiento en todos los niveles.
Seguramente no tendrá dudas de que esa ciudadanía ha
colaborado y lo seguirá haciendo para que tanto la subversión
armada como la ideológica terminen de una vez […]".
"[…] no cedamos a la tentación de dar una 'imagen' al exterior,
satisfaciendo a imbéciles o interesados en desmoralizarnos:
seamos como somos y debemos aceptar el desafío […]".
"A pocos metros de ahí [del palacio municipal], hace más de un
siglo, se alzó un fuerte como avanzada de la civilización. Y
fueron militares quienes lo custodiaron […] Aquella conquista,
que debió luchar también con las armas, contra el malón, y con
el espíritu […] constituyó el ejemplo de esa formidable epopeya
que terminó por construir el país. Fue el fruto de una idea
coherente sostenida por hombres coherentes. Como lección del
pasado, jamás debimos olvidarla. Porque allí está la esencia […]
sin imitar a nadie. De aquellas adversidades […] floreció esto que
hoy es la Patria chica, miniatura activa de la Patria grande.
HOY PODEMOS hacer muchísimo más que en aquellas épocas.
Contamos con todas las armas, aunque nos flaquea la
coherencia […]".
Finalmente, como anticipamos, sobre la segunda mitad de
1977, el pedido de persecución y aniquilamiento se llevó al plano de
los jardines de infantes, como un anuncio de lo que representaría, en
el diseño ideológico del diario, el suplemento Totópolo a cargo de
Vicente Gonzalo MASSOT, según explicó en su declaración en esta
causa.
Edición del 29/8/77
"El País en la Encrucijada.
Decisiones Vitales que no Deben Seguir Postergándose".
: "las nuevas formas de agresión marxista […] embozadamente
y por infiltración en distintos niveles de la sociedad […] ya se dan
en los jardines de infantes, donde se comienza de manera
disimulada a trabajar en la cabeza de los niños".
[…] las maniobras de la penetración marxista continúan
ejecutándose, solapada e insidiosamente, mientras la
indiferencia pareciera campear entre los responsables de poner
fin a esos manejos […] que las autoridades intervengan y
comiencen a batallar contra esas células de la guerra
ideológica".
"YA HA PASADO suficiente tiempo -quizás más del necesario-
para que quienes no captaron en profundidad la verdadera
naturaleza y dimensión del drama argentino, no hayan podido
comprender la urgencia y necesidad que tiene la República de
una acción global, completa y coherentemente organizada,
que permita su real reorganización".
Instalación del caso de los docentes de la UNS
Expuestos los lineamientos generales del discurso que
enmarcó el caso de las víctimas de los hechos penalmente imputados,
en el presente apartado se reproducirán los editoriales y las crónicas
en las que el diario encarnó todas las consignas de llamamiento al
exterminio de la subversión ideológica, en la persona de los docentes
de la Universidad Nacional del Sur, y particularmente de los
Departamentos de Economía y Humanidades.
En ese menester, nos detendremos en algunos editoriales en
los que, con anterioridad al inicio de la causa "Ramírez", La Nueva
Provincia ya fue intensificando su convocatoria a la aplicación del
plan de exterminio y persecución sobre aquella casa de altos estudios
(que -como vimos- venían sosteniendo desde antaño):
Editorial del 3/1/76
"Que Pase el que Sigue… UNS: 'Turno' Para una Nueva
Reestructuración"
"Si se exceptúa la despolitización de la UNS, -aunque los
ideólogos siguen adentro, sólo que llamados a un prudente y
temporal silencio-, no hubo mayores avances en las restantes
tareas".
Editorial del 17/4/76
"Designaciones atinadas. La UNS, sus Nuevos Elencos y la
Responsabilidad de la Hora".
"SE TRATA de funcionarios ideológicamente sanos […] Un hecho
auspiciante si se recuerda la situación imperante tiempo atrás,
cuando el signo de la vida universitaria no era otro que el de la
decadencia y la mediocridad, en tanto prosperaba
inocultablemente la penetración ideológica […]
ERA LA ÉPOCA del reclutamiento guerrillero en sus claustros, la
peor que le haya tocado transitar a la UNS, convertida en un
verdadero soviet, y desde la cual, la programática doctrinaria del
marxismo, cultivada con esmero, era redistribuida a las escuelas
secundarias de su dependencia […]
El período 'normalizador', si bien despejó las malezas del
camino en cierta medida, no logró completar su cometido en la
proporción aconsejada por las circunstancias […]
[…] el ordenamiento que se plantea en la actualidad debe
estructurarse sin perder de vista todo aquello que contribuyó a
degradarla […] que conducen a la quiebra de la autoridad y al
florecimiento de la subversión […] preservando a los claustros de
la agitación política que supo hacer estragos entre el alumnado,
llevándolos a protagonizar deplorables jornadas conducidas por
los ideólogos de adentro y de afuera.
ESTA SITUACIÓN es sobradamente conocida, razón de más para
que no se ceje en el empeño de dar un corte definitivo a la
'limpieza' que alguien empezó, y que no debe quedar
circunscripta, solamente, a los muros y paredes de sus
dependencias.
[…]
ES IMPORTANTE comprender que también para la UNS ha
llegado la hora de la verdad […] En esa tarea deben comprometer
sus esfuerzos autoridades, catedráticos y alumnos,
colaborando sin retaceos en el programa de reorganización
nacional […]
LA TAREA realizada en estos primeros días ha sido silenciosa
pero excelente. Sin embargo queda un largo camino por
recorrer […] Esto se logrará revisando, muy a fondo, programas,
bibliografía y, también, los currículum y aptitudes del cuerpo
docente […].
Editorial del 24/5/76
"Cuando el Cambio es realidad.
Tarea Consciente y Fructuosa De la Intervención en la UNS".
"[a] largos años de conducción imprecisa […] se sumó un período,
uno de los más oscuros atravesados por la UNS, durante el cual
se practicaron en sus claustros experiencias sovietizantes, con
secuelas que perduraron aún después de la reversión del proceso,
que, con todo, no alcanzó a rescatarla […]
[…] surge un interrogante que […] concierne a la Facultad
Regional de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Qué ha
ocurrido en ese nivel? ¿Se ha seguido con ella una política
similar a la aplicada en la UNS? Hasta el momento no hay indicio
alguno que permita vislumbrar propósitos de reorganización".
Así las cosas, LNP señalaba un nuevo blanco del plan de
persecución y exterminio: los claustros de la Facultad
Tecnológica.
"Es innegable que en la universidad [Nacional del Sur] se ha
operado un cambio sustancial en todos los órdenes […] preservar
la identidad nacional de las corrientes disociadoras infiltradas en
nuestras instituciones.
[…] El camino queda limpio de malezas […] es de esperar que el
gran esfuerzo realizado no se frustre y que la obra emprendida
[…] prosiga inalterable y se afiance […]".
Con el inicio de la causa "Ramírez", la conferencia realizada
el 4 de agosto de 1976 por el general Vilas, junto al comisario Carlos
María Baldovino y el subcomisario Félix Alejandro Alais, en la sede de
la delegación local de la Policía Federal, fue el puntapié para que La
Nueva Provincia desatara, en todas sus dimensiones, su mensaje de
estigmatización y demonización del colectivo de docentes de la UNS,
dando operatividad al plan de acción psicológica pergeñado por Vilas,
para instalar en la opinión pública quiénes eran -con nombre y
apellido- los subversivos ideológicos, y cómo debía procederse en
relación a los mismos.
Al día siguiente -5 de agosto de 1976-, en su tapa y con
título catástrofe, se lee: "LA UNIVERSIDAD CONVERTIDA EN UNA
USINA SUBVERSIVA", en la bajada de la noticia dice: "Hay 17
profesores y activistas detenidos y otros 30 están prófugos. El
Dr. Benamo y la infiltración marxista. Exitosa investigación".
Sigue: "Malek involucrado en los procedimientos".
El tratamiento de la noticia ocupa el lugar central en la tapa,
que incluye una foto con título de epígrafe "Sorprendentes
revelaciones", donde aparecen retratados personajes emblemáticos
de la represión en Bahía Blanca: VILAS, BALDOVINO y ALAIS.
Debajo se lee: "durante la conferencia de prensa ofrecida
ayer en nuestro medio […] se brindaron amplios detalles de la
penetración extremista en la Universidad Nacional del Sur (Información
páginas 2, 3 y 7)".
El tratamiento de semejante procedimiento se hace en la
tapa y en las páginas 2, 3 y 7 con títulos catástrofes; dando nombres
de profesores "detenidos" y de "prófugos".
Se hace inevitable consultar el diario de ese día, pero
veamos cómo comienza la crónica en página 2 bajo el título: "La
Universidad convertida en usina subversiva", en artículo que ocupa
la mitad de la página, más extenso incluso que el editorial de aquel
día:
"Un vasto plan de penetración ideológica marxistizante en la
Universidad Nacional del Sur, donde se montó una verdadera
usina para la subversión, fue desbaratado y la mayor parte de
sus activistas detenidos, según lo anunciaron ayer en
conferencia de prensa los jefes de la delegación local de la
Policía Federal. La impresionante maniobra cuya magnitud y
profundidad no tiene precedentes en el país, ha permitido
probar judicialmente la penetración ideológica de la llamada IV
Internacional en el ámbito universitario argentino, aportando
los elementos necesarios para dar forma a una nueva figura
delictiva comprobable. Los 20 representantes de los medios de
difusión, entre periodistas locales y corresponsales de diarios
y revistas de la Capital Federal, fueron informados durante dos
extensas horas de todos los pormenores del plan y su
desbaratamiento que permitió la detención de 17 profesores y
activistas involucrados en el mismo. También se
suministraron datos sobre otras 30 personas, todas prófugas
comprometidas en las mismas actividades….".
Lo que no tenía "precedentes en el país" era el secuestro y
tortura de personas que integraban la comunidad universitaria. Y
esos párrafos son hechura propia del diario.
El artículo de páginas dos y tres se divide en numerosos
títulos secundarios ("La Conferencia", "Habla Vilas", "Anular las
Fuentes" e "Informe Preliminar", "Libros-Base", "Víctor Benamo",
"La Maniobra", "El 'Equipo'", "Elite Ideológica", "Economía
Política", "El Caso Benamo", "Otros Personajes", "Incógnita",
"La Política", "Otras Consideraciones" y "Colofón"), a lo largo de
los cuales se reproducen distintos pasajes literales del discurso de los
tres represores, mediante el cual exponen cronológicamente en
fenómeno de "penetración ideológica" atribuido a las víctimas,
insertando en el relato el nombre de cada uno de los docentes
universitarios perseguidos y secuestrados.
La página incluye dos fotografías: la primera se titula "Para
la Juventud Argentina" (negritas en el original) y exhibe la cubierta
de distintas publicaciones, expresando en el epígrafe: "He aquí el
material que hacían circular los ideólogos de la universidad. Un
panfleto editado en Pekin sobre cuestiones comunistas y 'La Voz
Obrera', periódico italiano del Partido Comunista. La imagen no
alcanza a dar la verdadera sensación de la cantidad de panfletos
y folletines que se distribuían entre profesores y estudiantes".
La segunda fotografía se titula "Proceso de Extremismo"
(negritas en el original) y explica: "El gráfico exhibido ayer muestra
cómo de simples organizaciones estudiantiles de otrora se fueron
desmembrando los grupos que finalmente integraron la Juventud
Peronista, transformada luego en la organización paramilitar
Montoneros".
Otro Artículo en la misma página se titula "Los Detenidos",
y se encarga del señalamiento individualizado de las víctimas como
delincuentes terroristas:
"La siguiente es la nómina de los detenidos, según la información
brindada ayer en la Policía Federal de nuestra ciudad:
Stella Maris Ramírez de Custodio: argentina, de 34 años;
asistente social, casada. Heber Nazareno Tapattá: argentino, 26
años, casado; licenciado en Economía y profesor universitario;
Victorio Manuel Schillizzi: argentino, 47 años, casado; profesor
universitario y de enseñanza media. Luis Alberto Rodríguez:
argentino, 26 años, soltero; licenciado en Economía, ayudante de
cátedra. Anahí Silvia Rodríguez de Tapattá: argentina, de 28
años, casada; licenciada en Economía; ayudante de investigación.
Hugo Reinaldo Sartison: argentino, 29 años, casado,
imprentero, estudiante de Economía. Mario Carlos Aggio:
argentino, 37 años, casado, médico, profesor universitario,
investigador científico. Rafael Luis Laplaza: argentino, 42 años,
casado; licenciado en Economía, profesor universitario,
investigador y asesor económico. Miguel Ángel Arias: argentino,
32 años, soltero, licenciado en Economía y ayudante de cátedra;
investigador económico. Eduardo Alfredo Villamil: argentino, 52
años, casado; licenciado en Economía, profesor universitario, y de
la enseñanza media. Dolio Heralio Sfascia: argentino, 43 años,
casado; licenciado en Economía, profesor universitario. Héctor
Pistonessi Castelli: argentino naturalizado, 38 años, casado;
contador público, profesor universitario. Alberto Constante
Barbeito: argentino, 36 años, casado; licenciado en Economía,
profesor universitario. Horacio Ciafardini: argentino, 34 años,
casado; licenciado en Economía; escritor de libros económicos,
investigador económico-histórico. Víctor Benamo: argentino, 45
años, abogado, casado, ex rector de la Universidad Nacional del
Sur. Mario Arnaldo Usabiaga: argentino, 41 años, casado;
licenciado en Humanidades, profesor adjunto, ex no docente,
secretario gremial.
Existen dos detenidos cuyos nombres no fueron suministrados
por reservas de la investigación. Se sabe que tienen 35 y 31 años
y que son, uno licenciado en Humanidades y otro, una mujer,
licenciada en Economía".
Las negritas corresponden al original.
Otro apartado se titula "Nómina de Acusados que se
Encuentran Prófugos", y continúa con la identificación con nombre
y apellido, nacionalidad, edad y profesión de cada una de las 30
personas estigmatizadas como terroristas prófugos.
En esta última lista figura "José Luis Peralta: argentino, 24
años, soltero; activista estudiantil" (negritas en el original). Cabe
señalar, al respecto, que de acuerdo a la sentencia dictada por el
TOCF subrogante de esta ciudad, en la causa N° 1103 caratulada
"FRACASSI…", PERALTA fue secuestrado en la ciudad de Mar del
Plata el 6 de agosto de 1976, es decir, un día después de que se
publicara la noticia citada.
Se trata, en efecto, de una muestra más del nivel de
coordinación que existía entre el plano operativo (a cargo de las
fuerzas estatales) y de la acción psicológica del programa delictivo
para la Subzona 51.
En nómina también se encontraba "Jorge Rochistein:
argentino, 26 años, soltero, activista subversivo" (negritas en el
original). Al igual que PERALTA, Jorge Daniel ROCHISTEIN y su
compañera María Graciela TAURO (en estado de gravidez) fueron
secuestrados el 15 de mayo de 1977 en la localidad de Hurlingham y
conducidos a los CCDyT Mansión Seré y ESMA. Actualmente, ambos
permanecen desaparecidos. Su hijo -Ezquiel ROCHISTEIN TAURO-
nació en cautiverio en la ESMA, y recuperó su identidad recién en el
año 2010.
La enumeración concluye con la siguiente aclaración:
"Existen muchos más implicados cuyos datos filiatorios se mantienen
en reserva por el secreto de la investigación y oportunamente se irán
agregando a la lista.
Sobre la mayoría de los prófugos mencionados, se tienen
referencias de que se encuentran en el exterior del país".
En página 3, continúa el tratamiento de la noticia,
retomando el título "Malek Involucrado en los Procedimientos"
anunciado en la tapa de aquella edición. Además, se agregan dos
fotografías más: la primera captura la cubierta de varios libros, con el
título "'Bibliografía' Para 'Reformadores'", y el siguiente epígrafe:
"La más variada exposición de libros de corte marxista, con
apuntes para la violencia, el socialismo, la revolución y todos los
ítems del lenguaje comunista, -algunos con caracteres rusos-
fueron 'las bases' con que se pretendió reformar las estructuras
de la Universidad Nacional del Sur. La foto muestra apenas un
sector de los libros exhibidos ayer en la Policía Federal".
La segunda imagen lo expone al imputado ALAIS con el
siguiente título "Una Exposición Clara…". El epígrafe editorializa:
"…Fue la ofrecida por el subcomisario Félix Alejandro Alais para
reseñar el proceso de infiltración ideológica a que fue sometida la
Universidad Nacional del Sur y otras casas de estudio.
Sorprendentes revelaciones que evidencian un desquicio
increíble…".
La noticia, que mereció amplia cobertura en el diario de ese
día, continúa en la página 7, donde bajo el título secundario
"Incógnitas" destacan algo del discurso de los miembros de la fuerza
que a LNP le interesaba y sobre lo que venían "trabajando" hacía
tiempo: "El subcomisario Alais dijo que la maniobra organizada en la
Universidad del Sur ha sido desbaratada, pero aún quedan algunas
incógnitas. Sostuvo que aún hay gente infiltrada en los colegios
secundarios -Nacional, Comercio, Ciclo Básico-…", el destacado
es de La Nueva Provincia.
Párrafos abajo, destacan la importancia del operativo, y
resaltan, en palabras de Alais, que "el éxito de la investigación se había
logrado gracias a la unión de todos los argentinos que vestimos
uniforme y por primera vez se logra probar judicialmente la penetración
ideológica de la IV Internacional en las Universidades Argentinas…".
En el párrafo siguiente -propio del diario- se regodean con
todo lo ocurrido: "Tan exhaustiva exposición de elementos, no
dejaba duda alguna de la magnitud que asumió la infiltración
ideológica en nuestras casas de altos estudios…".
Para dar dimensión a la investigación, sigue LNP en los
párrafos siguientes:
"…Cuando Domecq asume como Rector de la Universidad del
Comahue, mantiene frecuentes reuniones con dirigentes
extremistas. Algunos de ellos llegaron hasta Neuquén y recibieron
decidido apoyo material. Firmenich, Quieto, Santucho, Gorriarán
Merlo, Urteaga, Carrizo y otros, habrían realizado reuniones en el
Comahue con la anuencia de Domecq, quien les brindaba
alojamiento, alimentación y transporte. Según el trascendido
Domecq habría albergado al grupo que secuestró al director del
diario El Día de La Plata, facilitando para la operación cinco
automóviles de la Universidad. Otra evidencia de la vinculación
de Domecq con la subversión se obtuvo en Catamarca, cuando en
enero de 1974 fue atacado el Regimiento de la ciudad. Entonces,
el grupo extremista utilizó para su huida un ómnibus de la
universidad del Comahue. También ha podido saberse que los
mismos ómnibus sirvieron, simulando viajes de estudios, para
transportar guerrilleros a Tucumán. Es obvio que las
investigaciones darán luz a otras irregularidades que pondrán en
evidencia el carácter de 'usina ideológica' de la maniobra
montada y la vinculación de sus componentes con la
delincuencia subversiva."
Vemos la insistencia en vincular los conceptos de "usina
ideológica" con "delincuencia subversiva", demonizando al grupo
de docentes, estudiantes y no docentes; a quienes, desde la prédica
constante mandaban perseguir, secuestrar, torturar y eliminar.
Es importante ver cómo terminan la crónica de ese día, bajo
el título de "Colofón" y como mensaje final, nuevamente la arenga:
"Quedó en el ánimo de muchos de los periodistas que asistieron
a la conferencia, que aquello fue algo así como un 'parte de
batalla', un recuento de actividades de un grupo alineado en el
bando que combate contra el país en esa sórdida guerra de
extremismo. La comunidad de Bahía Blanca iba a ser informada,
a través de los medios de difusión, que una de las batallas había
sido ganada. Pero todavía falta ganar la guerra final. Por el
camino seguido hasta ahora, la victoria será de los
argentinos…".
Finalmente, corresponde traer a cuenta que la misma
fotografía obtenida por el diario y publicada en aquella edición (con
los libros supuestamente secuestrados en los domicilios de los
docentes universitarios, y expuestos al público en la conferencia de
prensa), constituye el fondo de tapa de la edición de septiembre de
aquel año de la revista Cabildo |42|, fundada por Vicente MASSOT y
financiada por La Nueva Provincia.
En aquella tapa, sobre la mencionada imagen de fondo se
superpone la figura de VILAS, anunciándose en el título de portada:
"Gral. Vilas: UN VENCEDOR DE LA GUERRILLA COMBATE SUS
CAUSAS". En página 2, se publicita el libro "Autopsia de la Guerra de
Argelia", de un militar francés que aplicó los aberrantes métodos de
tortura y represión utilizados en ese escenario, y luego incorporados
a la formación castrense argentina, y a la práctica criminal estatal.
En el interior de ese número de la revista Cabildo, se brindó
amplio tratamiento del procedimiento judicial contra los profesores
bahienses, incluyendo fotografías de dos de las víctimas
(PISTONESSI y BARRERA). Otra imagen, con el epígrafe "Los gráficos
de la Policía Federal", exhibe un cuadro conceptual en el que figuran
en manuscrito los nombres de varias de las víctimas de este
requerimiento. Escribió en dicha edición (según surge de página 3),
entre otros, Patricio H. Randle, quien más adelante comenzaría a
firmar sus notas de redacción en las páginas del diario La Nueva
Provincia.
Al día siguiente, 6 de agosto de 1976, continuaba la
empresa de acción psicológica. En página 3 con foto del mencionado
Gustavo MALEK, titulaban: "Derivaciones de una conferencia de
prensa. Universidad: la ley, cartas y telegramas".
El texto de la nota es una prédica en defensa de VILAS y del
operativo de persecución, secuestro y tortura llevado a cabo contra
los integrantes de la comunidad educativa de la Universidad Nacional
del Sur, así como también una toma de postura del diario en relación
al lugar que habían elegido como blanco:
"La trascendencia de las revelaciones sobre la infiltración
ideológica en la Universidad Nacional del Sur, hechas públicas en
la conferencia de prensa realizada el miércoles, alcanza otra
magnitud teniendo en cuenta la proyección judicial que deriva de
las mismas. En efecto, con ella ha surgido una nueva figura
delictiva que hasta ahora no era considerada en los estrados de
la justicia. Como es sabido, la represión del accionar subversión
exigió la imposición de nuevas normas penales que no tenían
precedentes en el país. Por ellas es posible sancionar a quienes
participan en actos de violencia o son sorprendidos con elementos
que pueden ser considerados indispensables para el actor
terrorista. Incluso, la tenencia de bibliografía cuyo contenido
aliente o marque pauta para el desarrolla de actividades
subversivas, está contemplada como causa sancionable en la
nueva legislación. El proceso iniciado en Bahía Blanca tiene
características sumamente particulares en ese sentido. La
investigación y proceso de los implicados, intenta eliminar
mediante la acción de la justicia, las fuentes que originan una
propagación ideológica signada por actos de violencia que, en
muchos casos, configuró la comisión de delitos comunes.
Partiendo de la eficaz investigación realizada por la Policía Federal
de nuestra ciudad, la justicia federal debe abocarse ahora al
análisis de los elementos, declaraciones y material que forman el
voluminoso sumario. Obviamente, el magistrado actuante, doctor
Guillermo Federico Madueño deberá juzgar el caso a la luz de los
nuevos conceptos. La labor será difícil y dedicada, aun cuando
las abrumadoras pruebas acumuladas durante la investigación
allanarán en parte el camino".
Luego, nuevamente se recoge, de manera precisa, la
consigna de Vilas, de instalar el hecho local como fenómeno
aleccionador a nivel nacional:
"En círculos judiciales se estima que las decisiones que se
adopten en el futuro tendrán resonancia nacional, desde el
momento en que sentarán jurisprudencia sobre la consideración
y sanción del accionar ideológico que atenta contra la seguridad
y la paz interna, en este caso particular, desde las universidades,
al auspiciar una mentalización subversiva".
Sigue la nota de ese día, bajo el subtítulo "Otros aspectos":
"Pese a que el doctor Madueño, como es lógico, no aceptó
formular declaraciones sobre el caso, los observadores allegados
al ámbito judicial estiman que los detenidos involucrados en el
proceso continuarán en prisión hasta tanto se dicten los fallos
correspondientes".
Recordemos que muchos estuvieron desaparecidos algún
tiempo y fueron torturados en distintos penales del país, donde los
visitaban -a veces- el juez Madueño con sus secretarios Sierra y
Girotti.
Sigue la nota:
"Al respecto se señaló que no existirá el beneficio de la
excarcelación provisoria y los fallos no serán condicionales, por lo
que los procesados deberán cumplir las condenas que se
impongan en su totalidad. Otras fuentes revelaron que las penas
pueden oscilar entre los tres y los seis años de cárcel, aunque se
admitió que en los casos donde se comprobase fehacientemente
la vinculación de los detenidos con hechos subversivos o delitos
comunes, las sentencias podrían llegar hasta los 15 años".
"En medios vinculados a la investigación se dijo que, una vez
concluida la tarea, se deberán disponer pedidos de extradición de
los prófugos que se hallen fuera del país, en tanto que algunos
detenidos, que en estos momentos están, eventualmente, a
disposición de otras investigaciones antisubversivas, podrían ser
incorporados al caso que se denunciara el miércoles pasado." .
Bajo el título "Reacciones", sigue la nota de ese día:
"Mientras tanto, la repercusión pública por las revelaciones
formuladas en la conferencia de prensa, alcanzó un índice poco
común, particularmente y como es natural, en nuestra ciudad.
No sólo el ámbito educacional fue tocado por las características
del caso: todos los sectores de la ciudadanía siguieron
atentamente la abundante información que brindaron las radios,
la televisión y la prensa escrita. Los matutinos ce la Capital
Federal destinaron grandes espacios a la noticia, en especial 'La
Prensa' y 'La Nación', agregando a los informes procedentes de
Bahía Blanca, la carta que el ex presidente Lanusse le envió al
segundo comandante del V Cuerpo de Ejército, general de brigada
Adel Edgardo Vilas, en relación al hecho de que el ex rector de la
UNS y ex ministro de Educación durante su gobierno, doctor
Gustavo Malek, fue incluido en la lista de prófugos involucrados
en el proceso".
Continúa con el título "Acotaciones":
"La carta de Lanusse, que sale en defensa de Malek, invita a
reflexionar al general Vilas sobre 'la importancia y alcance' de la
acusación, planteándole su duda personal '…la actitud del señor
general, aunque fuera involuntaria, me hace surgir la duda si no
puede dar lugar a que se piense que usted se arrogue atribuciones
que las leyes vigentes no le confieren' …En algunos círculos, tanto
políticos como castrenses, se estima que la incertidumbre de
Lanusse quedaría aclarada con la simple lectura de las palabras
pronunciadas por el general Vilas al recibir el miércoles a los
periodistas. Dijo entonces el jefe militar: "Tal como lo manifestara
el comandante en jefe del Ejército, en la comida anual de
camaradería de las Fuerzas Armadas, no se permitirá la acción
disolvente y antinacional en la cultura, en los medios de
comunicación, en la economía, en la política y en el gremialismo.
Los emboscados tendrán que salir de sus cubiles. Ningún crimen,
ninguna traición, ninguna afrenta quedarán impunes'. Y agregó
seguidamente: 'en mi carácter de comandante de la subzona de
defensa 51 los he invitado para darles a conocer los resultados de
una investigación'".
El título secundario "El deber" es la defensa abierta de
VILAS. La nota de LNP dice lo siguiente:
"Para muchos observadores es evidente que nadie trata de arrogar
atribuciones que las leyes vigentes no confieren. Se dice que el
general Vilas, en acto de servicio, es el responsable de la defensa
y seguridad de su zona y en tal carácter, convocó a una
conferencia de prensa en la cual, los jefes de los servicios de
seguridad que en los casos de subversión ideológica dependen de
ese comando, informaron sobre las investigaciones realizadas.
Ninguna ley vigente ha sido vulnerada. Se ha cumplido con
un deber. La justicia deberá determinar ahora el grado de
vinculación del doctor Malek con los episodios denunciados."
Va culminando la nota en página 3, siendo continuada en
página 4 con el título "Interrogantes":
"Le pregunta Lanusse al General Vilas: '¿Tiene algún miembro de
las Fuerzas Armadas el derecho a impedir que un hombre, un
padre de familia, que vele por su honor, su responsabilidad y su
prestigio?' , refiriéndose al supuesto hecho de que el doctor Malek
no tuvo oportunidad de ejercer su defensa. Como es sabido, el ex
rector de la UNS está en Uruguay trabajando para la UNESCO.
La inquietud de Lanusse plantea otros interrogantes. En las
actuales circunstancias que vive el país, ¿no tienen derecho los
miembros de las Fuerzas Armadas, cuya función es garantizar la
paz interna, a proseguir una investigación hasta las últimas
instancias, para averiguar por qué y cómo Malek designó a
Roberto Noel Domecq como director del departamento de
Economía, hoy identificado como decidido promotor de la
penetración ideológica subversiva? Y los otros padres de familia,
los de los alumnos que Domecq y su grupo pretendieron
catequizar para la subversión, ¿no tienen derecho a exigir que se
investigue a fondo el desquicio universitario para saber si sus
hijos van a estar seguros cursando estudios? Y las familias de
aquellos que murieron asesinados por delincuentes terroristas a
quienes, gente como Domecq, designado por Malek, ayudó en su
accionar subversivo, ¿no tienen derecho a reclamar que se haga
justicia?. La opinión pública sabe que el proceso denunciado
el miércoles aún no ha concluido. Pero está segura de una
cosa: la lucha contra la subversión y la penetración ideológica
le está devolviendo la paz y la tranquilidad que le habían
robado. Y eso es mucho más importante que los conceptos de
Lanusse, un soldado al fin que no debe ignorar que la unidad y
cohesión de las Fuerzas Armadas es indispensable ahora y
siempre en el país…".
Termina diciendo: "…una anécdota más en la crónica
sorprendente de la penetración ideológica marxistizante denunciada el
miércoles último. En realidad, cada caso es una anécdota. Es el
conjunto y la dimensión lo que debe ser eliminado. Y no hay lugar
para distracciones...". Para LNP era el "conjunto" (el grupo) lo que
debía ser "eliminado" y eso debía hacerse sin "distracciones".
El 9 de agosto de 1976 se ocupan nuevamente del tema de
la Universidad Nacional del Sur en la página 2, en la columna
"Momento Político":
"…Las dudas quedaron relegadas a segundo plano cuando el
Comando General del Ejército decidió aplicar una sanción de
cinco días de arresto a Lanusse, remitiéndolo al I Cuerpo con
asiento en Palermo. Fuentes allegadas a las esferas castrenses
especularon sobre la decisión, argumentando que había sido
tomada en virtud de la vía empleada por el ex presidente para
cuestionar a un oficial en actividad, es decir, personal y pública.
La sanción cerró la polémica, como correspondía. El "caso Malek",
mientras tanto sigue sujeto al ámbito judicial… Y sobre este
"ofendido" funcionario internacional es mucho lo que puede
recordarse. Empezando por la demagogia desfogada que
caracterizó su gestión al frente de la UNS; la creación de
universidades ficticias a lo largo y ancho del país; sus críticas a
la universidad oligárquica, elitista, limitacionista, etc., tan
próximas a las que luego haría Puiggrós y Kestelboim…
Asimismo, sería interesante recobrar la correspondencia Malek-
Benamo, de la cual el último se ufanaba públicamente durante el
camporazo, que podría arrojar luz sobre todo este asunto..."
Hasta aquí, con nuevo ataque a la UNS y con conocimiento
pleno de los detalles que hacían a la vida universitaria de Bahía
Blanca. Luego, sigue la columna atacando al nuevo Rector de la UBA
(con foto ilustrativa y pregunta intimidante): "…El ingeniero Alberto
Constantini asumió el rectorado de la Universidad de Buenos Aires y
pronunció un breve discurso. Se inició así una nueva etapa y ya tiene
sus bemoles, El nuevo rector dijo, entre otras cosas, que respetará el
ejercicio de la autonomía universitaria y que estaba de acuerdo con la
libertad académica o de cátedra, según la cual el profesor imparte sus
clases con entera libertad. He ahí una cuestión que según muchos
conocedores del mundo universitario, se plantea en términos
delicados…" (el comentario a la foto que ilustra la nota es:
"Constantini: ¿en el viejo camino de los errores?").
Termina en los mismos y reiterados términos admonitorios:
"De todas formas, el movimiento se demuestra andando. En los
tiempos venideros se sabrá si la política universitaria auspiciada
por los funcionarios del Poder Ejecutivo marcha por la buena
senda o se está comenzando a recorrer el viejo camino de los
errores. Se impone el alerta y, fundamentalmente, no bajar la
guardia. El enemigo, que hasta meses atrás reinara sobre la
"tierra de nadie", no ha desaparecido totalmente e intentará
retomar sus trincheras de lucha. Será cuestión de no perderlo
de vista…"
El 12 de agosto de 1976, en la página 2 y con el título "La
lección de un soldado. Bahía Blanca: las 'brujas' y los 'fantasmas'
existían…", se realiza una encendida y cerrada defensa de Adel
VILAS bajo ese sugestivo título.
Ya no va siendo necesario leer en qué clave se realiza ese
editorial, sólo resaltar -por ahora- que está blindando a un personaje
de la calaña de Adel VILAS, poniéndolo en un lugar heroico en medio
de la represión más despiadada que haya conocido Bahía Blanca y la
región. En este caso, se justifica y encubre la persecución a profesores
de la UNS que el diario venía tratando desde días anteriores a partir
de la conferencia de prensa.
El artículo resulta significativo, entre otros aspectos, porque
presente prácticamente una identidad con el texto de Vilas "Bahía
Blanca: el hecho histórico" que venimos comentando, tanto en su
estructura como en su contenido.
Veamos algunos párrafos del editorial:
"En el verano de este año, cuando recién comenzaba a despuntar
mil novecientos setenta y seis y aún no se habían silenciado los
ecos del patriótico alzamiento del brigadier Capellini, la Nación
hubo de sufrir uno de los ataques más mortíferos que, contra el
Ejército, enderezaran los delincuentes subversivos marxistas.
Cierto, que, en Monte Chingolo, estos últimos, fueron diezmados
-reducidos a escombros-, pero también es cierta la cifra de
combatientes reunidos por las bandas armadas del ERP y
Montoneros. En aquel entonces medio millar de guerrilleros -
entre grupos de apoyo, logísticos y combatientes- enfrentaron y
hubieron de retroceder, destrozados, ante la arrolladora
contraofensiva de las FFAA.".
Hasta acá la introducción. Ahora veamos la alerta y la
"bajada" a la ciudad, que prepara la elevación de VILAS al sitial de
héroe de la patria.
Sigue, entonces:
"El éxito obtenido impidió, como de costumbre, sacar las debidas
conclusiones del ataque al citado regimiento. A saber: que la
capacidad de reclutamiento de la guerrilla todavía era grande y
que uno de los principales aguantaderos estaba en la zona sur
de la provincia de Buenos Aires, específicamente en Bahía
Blanca. En efecto, al revisarse, en forma cuidadosa, las
pertenencias de los irregulares caídos en acción, se pudo
comprobar que, en su mayoría, tenían pasajes de vuelta a nuestra
ciudad."
La construcción discursiva -absolutamente falaz- postulaba
la identificación de los profesores perseguidos y encarcelados con la
guerrilla armada.
El editorial de LNP continuaba por la misma línea:
"Las pruebas resultaban innegables, como resultaba innegable la
presencia de importantes sectores de la JP montonera -Bustos,
Medina, etc.- en zonas aledañas a Bahía. Todo confirmaba, de
manera palmaria, lo dicho precedentemente. Bahía Blanca, junto
con San Luis y Entre Rios, podían considerarse aguantaderos
'claves' de la subversión, pues, desde estas localidades se
enviaban combatientes 'de refresco' a distintas partes de la
República…".
Bustos, Medina y los etcéteras que menciona han sido todos
víctimas en los juicios que se están llevando adelante en esta
jurisdicción.
Sigue el editorial de esta manera:
"Ese mismo verano, arribó a ésta [Bahía Blanca] el general Adel
Edgardo Vilas, que hasta el momento se había desempeñado
como comandante de la crucial zona de operaciones en el monte
tucumano. Venía precedido -por qué negarlo- de una fama poco
común. Al fin y al cabo durante dos largos años -años de combate
y gloria para las armas nacionales- había revistado al frente de la
V Brigada de Infantería en el Noroeste. Allí, tras remontar
innúmeras dificultades, el triunfo sobre el ERP, el triunfo sobre
el más mortal enemigo de la Nación histórica, fue un hecho
acabado, concluso, a pocos meses de iniciarse los combates".
Resulta palmaria la identidad entre los párrafos citados y el
artículo de Vilas "Bahía Blanca: el hecho histórico", el cual comienza
narrando: "El lunes 16 de febrero de 1976 asumí como 2do.
Comandante y Jefe de Estado Mayor del 5to. Cuerpo de Ejército (Jefe
de la Sub-Zona - 51) […] La zona era considerada no prioritaria en
materia operativa. Funcionaba en cambio como escuela de
preparación de elementos que luego se enviaban a los principales
centros subversivos del país".
El nivel de coincidencia en la estructura discursiva se
observa incluso en los títulos iniciales empleados por Vilas en su
documento: "I- DE TUCUMAN A BAHIA BLANCA-" y "II - LA GUERRILLA
DERROTADA".
Efectuada la introducción, continúa el artículo de "La Nueva
Provincia".
"Nuestra ciudad era, con todo, distinta al jardín de la República.
Desde su tipografía hasta su idiosincrasia, desde su tradición
lugareña hasta sus anhelos y necesidades particulares, las
diferencias entre una y otro resultaban notables para un soldado
acostumbrado a la guerra antisubversiva desarrollada en el Norte.
Sin embargo, el general Vilas pronto comprendió esta distinción
y codo a codo con su comandante, desenvolvió una estrategia
de acuerdo al nuevo terreno bélico".
Bahía Blanca era, para el diario, un "terreno bélico", es
decir, un campo de batalla, que debía afrontarse de un modo distinto
al monte tucumano. Se trata, acaso, de la misma aclaración que
efectuaba Vilas en el documento reseñado: "La rápida adaptación de
las fuerzas militares y de la población a las necesidades de este nuevo
tipo de lucha, significó una transformación considerable en la
jurisdicción del 5to. Cuerpo".
A ello también se refirió Vilas en su declaración indagatoria
al manifestar que "tratándose del epicentro del problema urbano
similar al monte en Tucumán, nada más que es de cemento, las
acciones eran controladas por el deponente, propuestas y
especialmente fiscalizadas por el Comandante del Vto. Cuerpo, es decir
que en la subzona 51 habían advertido que, el monte de cemento para
los escondites era una cuestión urbana distinta a la que el
deponente había vivido en San Miguel de Tucumán".
En los párrafos que siguen, el editorial del diario hace un
elogio de las andanzas del represor.
"Así, la primera acción consistió en desbaratar al tristemente
célebre 'clan' Bustos, cuyas actividades, no precisamente
filantrópicas en Villa Libre, todo conocían pero nadie atacaba. En
oportunidad de realizarse el operativo-allanamiento en aquel
lugar, se descubrió importante cantidad de armas, a más de
apresarse a varios de los integrantes de una ´familia´
estrechamente ligada a Montoneros. Se deshizo de esta manera,
el principal punto de apoyo que tenía la guerrilla peronista en el
sur bonaerense. No obstante, quedaba buena parte del aparato
subversivo, montado en tres años de complicidad y ´dejar hacer´
en favor de Santucho y Firmenich".
Seguimos transcribiendo textualmente:
"Bahía Blanca volvió a sentir disparos, a saber de
enfrentamientos armados y de muertes. Pero ya no eran las
bandas sindicales, ni los matones a sueldo de la burocracia
quienes salían a divertirse o a saldar deudas de juego, deudas de
negociados o deudas de mujeres. Esta vez se trataba de soldados
de la Patria luchando contra criminales marxistas; se trataba
de una prolongación de la contienda iniciada a lo largo y ancho
del país por las Fuerzas Armadas.".
"Muchos se sorprendieron. ¿Cómo, Bahía Blanca aguantadero?
No podía ser. Y sin embargo era…"
En idéntico tenor, señalaba Vilas en su artículo, con una
pasmosa similitud discursiva: "Algunos llegaban a afirmar que la
escasa actividad subversiva que se manifestaba en la región,
comparativamente con otras regiones del país, implicaba una ausencia
casi total de organizaciones subversivas en funcionamiento".
Regresando al editorial del diario, se expresaba a
continuación:
"A la sorpresa siguió el temor. No sólo cayeron los Bustos. Pocos
meses después, el Comando del V Cuerpo anuncia una retahíla
de enfrentamientos, donde varios delincuentes subversivos son
aniquilados. Tras ello, es muerto un importante líder montonero,
se descubre una imprenta clandestina y hasta una 'cárcel del
pueblo'. El asombro se torna estupor. Bahía Blanca no estaba
exenta, ni mucho menos, del peligro marxista. Su tranquilidad,
después de todo, resultaba, más que tranquilidad, calma chicha.
Tras su aparente ´virginidad´ subversiva, se había montado un
vasto organigrama revolucionario que alcanzaba a los sindicatos
y llegaba a distintas facultades.".
La secuencia operativa trazada nos remite -una vez más-al
texto de VILAS, quien en la selección de hechos también se detiene en
el descubrimiento de imprenta clandestina y de una cárcel del pueblo.
Citamos textualmente: "Entre el 21 y 23 de julio, fueron detenidos 20
subversivos detectándose asimismo una imprenta clandestina, gran
cantidad de material de propaganda y también una casa dotada con
una 'cárcel del pueblo'".
Luego, en el editorial del diario, viene la conexión de todo lo
dicho con la Universidad Nacional del Sur, y el secuestros de los
profesores, recogiendo la tesis de Vilas en cuanto a que "[e]n la mayor
parte de los numerosos hechos acaecidos […] surgía la injerencia
directa o indirecta de docentes, alumnos, funcionarios e ideólogos
ligados a diversas casas de estudio universitarias. Las investigaciones
iban convergiendo progresivamente sobre el núcleo central de la
subversión".
Instalada la situación de los docentes universitarios en el
núcleo de la subversión, el diario continuaba editorializando:
"Este diario -no se trata de reivindicar méritos- denunció la
infiltración años atrás, cuando a todos les parecía que cazaba
brujas y se empeñaba en ver fantasmas, con la hoz y el martillo,
caminando por los claustros. La estrategia guerrillera era
evidente. No obstante, nadie quería penetrarla. Ahora, un soldado
viene a descorrer el velo que cubría tanta complicidad; viene a
decirle a nuestra ciudad la verdad, por dura que parezca. Caen,
hechos pedazos, muchos figurones; otros van presos merced a
sus simpatías comunistas".
"Vilas no se detiene ante el 'qué dirán'. Conoce la naturaleza de
esta guerra y conoce a la 'inteligentzia' en todo su cómodo
snobismo, la sabe dispuesta a negar, en la primera de cambios,
la evidencia con tal de salvar la cara y no comprometerse. El
General Vilas, de común acuerdo con el comandante del V
Cuerpo, no se ha arredrado ante los peligros que supone hablar
claro y denunciar a tanto personaje estólido e inflado, cómplice
del marxismo. Que se llame Domecq o Malek, sea montonero o
trotskista, se diga pacifista o beligerante, lo sea por omisión,
arribismo, cobardía o estupidez, todo aquel que haya cohonestado
la táctica subversiva es culpable… y merece ser condenado."
El último párrafo de la publicación es una exhortación
directa al método genocida:
"A esta altura existe sólo una dialéctica: la del amigo-enemigo.
Y al enemigo, el vencedor de Tucumán lo comprende mejor que
nadie, debe tratárselo como tal. ¿O es que todavía vamos a creer
que, mientras se conspira para destruir a la Patria, los
delincuentes subversivos merecen acogerse al Tratado de
Ginebra? Creánlo los cobardes, los cómplices… No lo cree así,
afortunadamente, quien venció en Tucumán y hoy se empeña en
limpiar a Bahía Blanca de elementos subversivos".
El 15 de agosto de 1976 y en tapa se lee: "Abatieron en
nuestra ciudad a 3 sediciosos" que luego se tratará en la página 4
con título catástrofe. Y ese mismo día el editorial se ocupa
nuevamente del ámbito universitario, bajo el título: "Soldados de una
misma causa. Responsabilidad de las nuevas autoridades
universitarias", donde dice cosas como estas:
"…Lo que estuvo ocurriendo en la universidad argentina durante
los últimos años es algo que ya conoce la opinión pública. La
grotesca y desquiciante contracultura que se apoderó de toda su
organización, no dejó un solo nivel intacto… La universidad dejó
de ser un ámbito de la cultura y formación profesional, para
convertirse en un centro político, abiertamente marxista, mezcla
de "usina subversiva" e imprenta clandestina. En suma, un ente
colateral de la penetración ideológica… Poco a poco, la
intervención militar logró que la disciplina y el orden -como en los
casos evidentes de Bahía Blanca y La Plata- resurgieran de entre
el desquicio dejado por la horda ideológica y las instituciones
comenzaron a funcionar según un ritmo y orientación
tradicionales. La universidad fue higienizada… Debe reconocerse
que, en Bahía Blanca, se hizo mucho en cuatro meses, a través
de un programa de reordenamiento que, sin lugar a dudas, y en
la práctica, es el más importante que se haya llevado a cabo en
los últimos 20 años… Que nadie olvide que el grupo
desmembrado recientemente en la Universidad Nacional del Sur,
venía preparándose desde una década atrás, con persistente
paciencia, y consiguió al fin su objetivo… Se acabaron los tiempos
cómodos e indiferentes… Si la marcha del reordenamiento
fracasa, no quedará otra salida que retomar el camino de la
intervención militar… Intelectuales, pero soldados de una causa,
la del país: he ahí la síntesis del mundo universitario.".
El 18 de agosto de 1976, en página 4 se vuelve sobre el
tema UNS, bajo el título "El ex ministro imputado. Caso Malek: la
causa continúa", con el tratamiento de la noticia para mantenerla en
el candelero y los informes sobre distintas detenciones de profesores
que -ahora- sabemos fueron torturados y privados de libertad
durante años.
El 23 de agosto de 1976, el editorial titula "22 de agosto.
Coherencia y convicciones".
"¿Qué pasa con los partidos de tendencias marxistas, con las
burocracias sindicales y los personajes regiminosos? ¿No están,
acaso, cual dice el ingenio popular, 'vivitos y coleando'?"
"Las marchas y contramarchas del proceso son cada día más
notables y preocupantes. Parece una constante insistir en
gobernar presentando una pobre e híbrida fachada externa, aún
cuando ese 'mundo exterior' insista en calificar a la Argentina de
'totalitaria', no obstante sus denodados y a veces pueriles
esfuerzos por demostrar que no lo es. Hay como una vocación
vergonzante que impide actuar cual corresponde, con decisión y
firmeza, de frente, haciendo caso omiso del 'qué dirán' y, al
propio tiempo, existe una inseguridad manifiesta respecto al
rumbo a tomar".
Y asumiendo la consigna de realzar el caso bahiense como
ejemplo para el resto de las jurisdicciones, aclara:
"Se lucha contra la guerrilla, pero tocando apenas la subversión
cultural o la sindical, que es combatir los efectos dejando
intactas las causas. Las antítesis están a la orden del día. Así,
mientras en Bahía Blanca, se descubre un acabado plan
subversivo, que hace a la médula del propio medio académico,
en la Capital Federal se cantan alabanzas a la reforma, la
autonomía universitaria y la libertad de cátedra, recogiendo
aplausos, como era de prever, por parte de la izquierda radical.".
En el párrafo siguiente, se hace referencia a lo que califica
como un "…esclarecedor informe del General Vilas…" en relación
a la persecución de profesores y demás integrantes de la comunidad
universitaria, para finalizar el editorial del siguiente modo:
"La disyuntiva es de hierro, pero si el Ejército no despliega a lo
ancho y largo del territorio, la táctica operacional que triunfó
en Tucumán, reivindicando para sí el monopolio de la violencia
legítima que impida masacres como la de Pilar, no nos quejemos
después, cuando bordeemos el abismo. Las guerras no se ganan
transando ni dialogando con el enemigo. Siempre existen
vencedores y vencidos. Cuando por razones ajenas al puro
espíritu militar se pretende quedar bien con Dios y con el diablo,
sólo se postergan aquellas definiciones, que algún día,
inexorablemente, habrán de encararse, para bien o para mal. Pero
quizás, lo que la Nación necesita, por sobre todas las cosas, es
tomar conciencia cabal, a través de sus máximas autoridades -
militares todos, al fin- sobre la realidad o la inexistencia de ese
estado de guerra interna, que solo parecen asimilar algunos
argentinos".
El 25 de agosto de 1976 en el editorial del día titulado
"Bahienses de memoria frágil… La subversión, los operativos y
ciertos desplantes ciudadanos" en un renovado mensaje a la
sociedad bahiense, escriben lo siguiente:
"No es ningún secreto que últimamente Bahía Blanca se ha
convertido en uno de los escenarios argentinos, donde, con
mayor éxito, se libran acciones destinadas a erradicar la
subversión. Quizás esa perspectiva se va realzada por el espíritu
que priva en las fuerzas que, a diferencia de lo acontecido en un
cercano pasado, no da lugar a complacencias, treguas ni
concesiones. La lucha entablada contra la penetración marxista,
por quienes asumen hoy esa responsabilidad, ha sido planteada
con ajuste a un auténtico rigor profesional y adaptadas a las
características del enemigo, sabiendo de sus recursos
excecrables, de sus bajos instintos y alevosos procederes.
Consecuentemente la población comenzó a ser testigo de
frecuentes incursiones de tipo militar, con despliegues nunca
vistos, tomando conocimiento, además, de resonantes victorias
obtenidas por las armas del orden, en enfrentamientos con la
sedición. Recién entonces la ciudad cayó en cuenta de los peligros
que la acechaban y de la dimensión alcanzada en nuestro medio
por la clandestinidad subversiva, o por aquella otra que, con
distinto disfraz, alternaba en cenáculos insospechables. Fue
una revelación que sorprendió a muchos, adquiriendo mayor
volumen al cobrar estado público investigaciones indicadoras del
número de implicados en el activismo de izquierda, especialmente
-luego de la admirable investigación llevada a cabo por la
delegación local de la Policía Federal- en el área de la
enseñanza media y superior. Con celo encomiable, sin declinar
en su sostenida estrategia, llegando a veces hasta las últimas
consecuencias, las fuerzas afincadas en Bahía Blanca lograron,
primero, despejar la incógnita existente acerca de la verdadera
potencialidad de los grupos ilegales; segundo, darles batalla y
diezmarlos y, por último, rescatar la tranquilidad pública
jaqueada durante largos años por la incertidumbre y el
desasosiego. Sin perjuicio de ello, el control se mantiene latente,
y hay probada conciencia de que ninguno de los que conquistaron
este baluarte guerrillero, bajará los brazos hasta el total
aniquilamiento de la delincuencia ya sitiada".
Plenamente fiel al guion de Vilas, La Nueva Provincia reitera
la retórica de que Bahía Blanca era un baluarte guerrillero, lo cual,
claro está, habilitaba cualquier tipo de acción que llegara hasta el
"total aniquilamiento".
Luego, se dirige a los vecinos, atacando "…los que con una
agresividad digna de mejor causa, critican y fustigan la serie de
operativos que habitualmente se efectúan, sea en el interior de los
edificios o en la vía pública, catalogando de 'exagerada' la saludable y
sacrificada vigilia de las patrullas"; y concluyen:
"Por suerte son los menos, los que viven a espaldas de una
realidad que no comprenden o no quieren comprender. Será por
eso que, incluso, no encuentran mejor forma de 'amenizar' sus
tertulias, que con el ingrediente maligno de historias inventadas,
o divulgando anécdotas igualmente malintencionadas, propias de
mentalidades pigmeas, de desprestigio de la autoridad que les
brinda protección. Todo ciudadano decente, antes de aceptar
escuchar las mentiras urdidas para pasar por 'informado', debe
verificarlas y, al descubrirlas falsas, desenmascarar a esa frívola
quinta columna."
El 6 de septiembre de 1976, informan sobre la detención
del ex docente de la UNS Pedro DRISALDI, de 27 años, licenciado en
Economía.
La noticia figura, bajo el título secundario "Confirmación",
como último segmento de la crónica del día anunciada en portada:
"Otra Eficaz Acción del Ejército. Cuatro Extremistas Fueron
Abatidos en Nuestra Ciudad" cumpliendo de tal modo con otros
requerimientos del plan de acción psicológica, como era falsificación
de la realidad para hacer aparecer a víctimas secuestradas,
torturadas y fusiladas, como guerrilleros que intentaban contra las
fuerzas armadas y caían en combate a causa del fuego defensivo de
las filas estatales. Se trataba, en este caso, de las víctimas de calle
Catriel.
Respecto a DRISALDI, la nota señala que "[i]ntegraba la
nómina de prófugos suministrada por autoridades locales del Ejército
y la Policía Federal, en la conferencia de prensa realizada el 4 de agosto
último".
El 14 de septiembre de 1976, en el editorial titulado "El
asesinato del comisario Baldovino. Un nuevo crimen que muestra
a la subversión en su derrumbe", el diario vuelve a realzar la
empresa de persecución contra el ámbito de la UNS, y a exigir el
aniquilamiento:
"La inmolación del comisario Baldovino señala claramente los
términos de la lucha entablada. Sólo puede encontrarse una
razón -que obviamente no es tal en función del crimen-, y ella
está vinculada a la exitosa investigación que realizara la
Policía Federal de Bahía Blanca en cuanto a la penetración
marxista en la Universidad Nacional del Sur y en la que el
funcionario asesinado, como jefe de la repartición, actuó en
forma decidida. Contra ese enemigo se está luchando: el que
cobra su venganza cuando sus camaradas de ruta son
desenmascarados y enjuiciados y espera pacientemente, para
asestar el golpe. Frente a este tipo de maniobras, o hay
especulación posible. Pertenecen a la guerra sucia de la
subversión y deben ser aniquilados como corresponde a un
curso de acción orgánico y coherente: no ofrecerles tregua ni
flancos débiles."
El 20 de septiembre de 1976, en el editorial titulado "La
renuncia de Costantini y algo más… Persiste la falta de claridad
en la política universitaria", insisten con el tema, y mantienen la
agenda:
"…El ámbito de los centros de altos estudios viene constituyendo
desde hace años, un serio problema. Su calidad y eficiencia se
han visto profundamente deteriorados por obra de una
penetración ideológica que terminó de convertir a sus claustros
en núcleos de adoctrinamiento para la subversión…".
En página 3, con el título en el copete "Eficaz acción
antiextremista en la ciudad. El Ejército dio muerte a otros dos
subversivos", el diario difundía la noticia del falso enfrentamiento
montado para para ocultar los asesinatos de José Luis PERALTA y
Alberto Ricardo GARRALDA. Sobre el primero, publicaban:
"Uno de ellos, José Luis Peralta, figuraba en la nómina de
prófugos que se dio a conocer en la conferencia de prensa del 4
de agosto en relación con la campaña de penetración marxista
en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur. Los
informantes dijeron ayer que Peralta era 'un importante cabecilla'
de la organización en la zona sur".
El 27 de septiembre de 1976 comenzó una saga de notas
editoriales tituladas "¿Qué pasa en Bahía Blanca? Radiografía de
la Subversión", en la que escribían:
"…Estar y actuar en Bahía Blanca, con sus inevitables
desplazamientos a sectores de La Pampa, el Comahue y la
Patagonia era una especie de presencia que la subversión no
quería desaprovechar: ¿cómo y dónde actuar? En la Universidad,
por supuesto que es el campo más propicio para el
adoctrinamiento. Las investigaciones realizadas por las fuerzas
de seguridad en cuanto a la penetración ideológica en ese medio
demuestran hasta qué punto el extremismo se venía
preparando para los años venideros…debían reclutar gente y
la Universidad era el mejor medio…"
Culminaban la nota del siguiente modo:
"Sabemos cómo son nuestras Fuerzas Armadas y tenemos plena
confianza en su sentido del deber y la responsabilidad. A través
de las notas anteriores hemos dibujado una radiografía del
enemigo con el propósito de que la ciudadanía lo reconozca…"
El 21 de octubre de 1976, en página 4, publican: "Fue
detenido Otro Activista Ideológico":
"En fuentes responsables trascendió […] que un profesor
universitario vinculado a la maniobra de infiltración ideológica en
la Universidad Nacional del Sur fue detenido por las fuerzas de
seguridad […] se trata de Hugo Osvaldo del Campo […] sus
antecedentes lo ubican como miembro activo de la Cuarta
Internacional, habiendo desarrollado tareas de adoctrinamiento
en el ámbito universitario".
De este modo, la empresa de acción psicológica incorporaba
a los profesores de Humanidades, al ritmo de los secuestros y las
torturas. El diario incluso se adelantaba a los hechos anunciando,
bajo el título secundario "Investigaciones", lo siguiente:
"Otros círculos allegados a los medios de seguridad que analizan
las maniobras de infiltración ideológica en la UNS, confirmaron
también ayer que ya está en marcha el proceso de investigación
en el departamento de Humanidades, tendiente a comprobar el
grado de penetración marxista que se habría registrado en esa
área. Como se recordará, las investigaciones realizadas en el
departamento de Economía determinaron la detención de varios
activistas y la orden de captura de otros que se hallan prófugos".
El seguimiento del tema continuaba en la página 4 de la
edición del 23 de octubre de 1976, el mismo día en que titulaban
"Que a Amaya lo Llore el Marxismo". En aquella edición, publicaban:
"La Investigación En Humanidades".
"[…] el V Cuerpo de Ejército no ha cejado en su empeño de apresar
a todos los profesores involucrados en la guerrilla universitaria
y llevar adelante, hasta las últimas consecuencias, la ofensiva
destinada a combatir las causas y efectos del accionar
subversivo".
[…] hay 20 prófugos y dos detenidos: Del Campo y el contador
Trigo".
Hablaban, acaso, del "virus", "las más poderosas armas del
arsenal marxista" a las que se debía destruir "hasta las raíces".
El 27 de octubre de 1976 el tema es llevado a la tapa de la
edición, con el siguiente título catástrofe: "UNS: 18 Docentes
Quedaron a Disposición del Ejecutivo".
Así, continuaba el pormenorizado tratamiento del
operativo de "limpieza ideológica" que VILAS, ALAIS y el Juzgado
Federal realizaban contra profesores de esa casa de estudios. Se
trataba de un "enemigo" prioritario para el diario, en común con los
reglamentos, planes y directivas castrenses.
En página 4 ampliaban: "Penetración Ideológica
Marxista. UNS: 18 Docentes Quedaron A Disposición del
Ejecutivo".
El artículo sintetiza todos los conceptos vertidos en esta
acusación.
Sin perjuicio de ello, no puede dejar de destacarse las
fotos individuales -obtenidas quién sabe de dónde- con epígrafe -cada
una de ellas- enunciativo de la identidad de 14 de los profesores
secuestrados. En lo que garantizaba una muerte civil para todos ellos,
el diario exponía:
"Un grupo de 18 docentes vinculados a la Universidad
Nacional del Sur, fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional por penetración ideológica marxista, según lo
informó ayer el Comando del V Cuerpo de Ejército a través de
un comunicado.
La mayor parte de los involucrados ya habían sido
denunciados en la conferencia de prensa que se realizara en
la delegación local de la Policía Federal, el 4 de agosto pasado,
cuando la opinión pública fue informada de un vasto plan de
infiltración ideológica en aquella casa de estudios. La lista
suministrada ayer agrega algunos nombres y menciona el
caso de Hugo Reinaldo Sartison, quien fue puesto en libertad
provisional.
Entre los docentes puestos a disposición del PEN figura el Dr.
Víctor Benamo, que está detenido desde el 23 de abril de este
año como delincuente subversivo y que, paralelamente, es
investigado por su participación en las maniobras de
infiltración marxista en la UNS".
Bajo el título secundario "El comunicado", se reproduce
el texto del Comando V Cuerpo, el cual enfatiza en que se "ha
investigado profundamente a cada uno de los nombrados, sometiendo
a la justicia federal de Bahía Blanca a los responsables de la corrupción
y adoctrinamiento de nuestra juventud".
A continuación, figura el número de Decreto del PEN, con
la nómina de detenidos, e indicación del respectivo título académico.
Bajo el último título secundario -"Consideraciones"-, se
insiste en la estigmatización de la víctima Víctor BENAMO, brindado
cuenta de sus antecedentes (desde la década del '50) al estilo (y con
idéntico contenido) de las fichas de inteligencia conocidas en esta
causa.
Lo más evocativo en la noticia son las fotografías en
primer plano de cada uno de los detenidos, donde incluso se aprecia
el uniforme penitenciario, con el respectivo nombre al pie de cada
imagen: Víctor Benamo; Eduardo A. Villamil; S. M. R. de Custodio;
Héctor C. Pistonessi; Carlos A. Cristiá; Juan Pedro Drisaldi; Heber
N. Papattá; Luis A. Rodríguez; A. R. de Tapattá; Miguel A. Arias;
Alberto C. Barbeito; Mario A. Usabiaga; Horacio Ciafardini; y
Carlos A. Barrera.
El 13 de noviembre de 1976, nuevamente en tapa y con
foto, se lee un gran titular "Amplio informe militar sobre detenidos
en la Universidad", anunciando que se tratará la noticia en página
3.
Con un extensísimo desarrollo, tratan el tema
anticipado en la tapa bajo el título "UNS: los planes de infiltración
marxista" y la bajada "El V Cuerpo de Ejército informó ayer sobre
las investigaciones llevadas a cabo en el Departamento de
Humanidades, reveladoras de la vasta maniobra desplegada por
la subversión ideológica".
La edición realiza una amplia cobertura en la que
menciona, con datos completos, a todos los profesores del
Departamento de Humanidades perseguidos.
En efecto, bajo el t&iacuáte;tulo secundario "Algunos Nombres",
publican:
"La investigación, a medida que fue acumulando elementos de
juicio, permitió establecer que el grado de activistas que efectuaba
tareas de difusión y captación de los lineamientos extremos de
referencia, estaba conformado por la Ocampo, Merlino, Hugo
Del Campo, Juan Carlos Garavaglia, Lidia Henales, Mario
Usabiaga, Sergio Giusti, María Semilla, Félix Gustavo
Schuster, Daniel Villar, Lucía Torre, Ángel Vilanova, Celia
Talch de Rotstein, Liliana Sonia Calderoni, María García
Zamora, Héctor Alimonda, Delia Beatriz Espina de Polledo,
Oscar Rubén Bag, Ruth Cora Escolar, Ana María Pucciarelli,
Nora Francisco Barba, Jaime Rest, Miriam Ilda Najt, Ana
María Damiani de Álvarez, Hugo Mario Singh Chuhan, María
Elena Fasani, Fructuosa de la Flor, Lucio Iurman, Beatriz
Thelma Sagarzazu, Alicia Mabel Poloniato, María Teresa
Bruzzo, Duilio Biancucci, María Rosa Balducci, Esther Beatriz
Iglesias, Oscar Julio Galfré, Augusto Manuel Clave Pérez
Lindo, Marcos Luis Isabal, Marta Natividad Pantano de Bosco,
sin perjuicio de otros cuya responsabilidad e identificación se
procura determinar".
De esta forma, aún aquellos no fueron secuestrados, no
pudieron escapar a la empresa de persecución que debía ir por todos,
para que quedaran socialmente marcados y fueran muertos civiles,
con un fulminante punto final a sus vidas profesionales: no sólo
habían formado parte de esa planificada empresa de penetración
ideológica, sino que en aquel momento eran subversivos prófugos de
aquella acción ejemplar de la justicia.
La lista incluía el nombre de víctimas secuestradas al
margen de dicha causa judicial, como es el caso de Ana María
DAMIANI, quien para entonces permanecía en cautiverio en el CCDyT
"La Escuelita", desde principios de octubre de ese año.
Bajo el título secundario "Profesores Prófugos", se relata
cómo "la Ocampo incorporó al grupo aludido a los profesores chilenos
Guido Bello Henriquez, Maz Eytel y Eduardo N. Palma, prófugos de la
vecina república".
Con el título secundario "Los Detenidos", dedican párrafos
individuales a cada una de las víctimas secuestradas, informando
nacionalidad, edad, estado civil, profesión y domicilio:
"1) Hugo Osvaldo Del Campo […] Morán 4190, Capital Federal;
2) Edgardo Arturo Trigo […] Mitre 376, Bahía Blanca […] 3)
Ana María Pucciarelli […] Remedios de Escalada de San Martín
1632, piso 10, departamento 67, Florida, provincia de Buenos
Aires y Güemes 317, Bahía Blanca […] 4) Marta Natividad
Pantano de Bosco […] Corrientes 239, Bahía Blanca. 5) Celia
Talch de Rostein […] O'higgins 442, piso 1°, pto. 'B' y
Constituyentes 693 de Bahía Blanca […] 6) Daniel Villar […]
11 de abril 204 de Bahía Blanca. 7) Félix Gustavo Schuster […]
Ciudad de la Paz 580, piso 2°, dto. 3°, Capital Federal. 8)
Marcos Luis Isabal […] Pasaje Húsares 430 de Bahía Blanca".
La crónica continúa con el título secundario "Otros
Acusados", donde se difunde que, para esa fecha, se procuraba la
detención "de la nómina de acusados que se menciona a continuación",
siguiendo la misma lógica de exposición que en los casos anteriores
(es decir, indicación de datos personales y domicilio), en relación a
Nora Francisco Barba, Eva Beatriz Ocampo, Oscar Rubén Bag,
Jaime Rest, Miriam Ilda Najt, María Angélica Semilla, Ana María
Damiani de Álvarez, Mario Jorge Merlino, Hugo Mario Singh
Chuhan, María Elena Fasani, Lidia Esther Henales, Fructuosa de
la Flor, Lucio Iurman, Beatriz Thelma Sagarzazu, Alicia Mabel
Poloniato, Sergio Tristán Francisco Giusti, María Teresa Bruzzo,
Duilio Biancucci, María Rosa Balducci, Oscar Julio Galfré, Juan
Carlos Garavaglia, Esther Beatriz Iglesias, Lucía Isabel Torre,
Augusto Manuel Clave Pérez Lindo, Héctor Alberto Alimonda,
Delia Beatriz Espina de Polledo, Ruth Cora Escolar y Liliana Sonia
Calderoni
El último título secundario -"Hecho positivo"- es una
especie de conclusión del diario:
"Lo expuesto a lo largo del extenso comunicado emitido ayer por
las autoridades del Comando del V Cuerpo de Ejército, exime de
mayores comentarios. El grado de penetración e infiltración
marxista en nuestra Universidad no se plantea como un hecho
aislado, sino como parte de una precisa maniobra de copamiento
que no sólo buscaba adoctrinar al alumnado; también promovía
la formación de guerrilleros, muchos de los cuales -ya se ha visto
a través de las informaciones diarias sobre la actividad
subversiva- han mostrado 'competencia' disociadora y en la
ciudadanía toda. La tarea desarrollada por los investigadores
forma parte, en definitiva, de esa lucha que libran las Fuerzas
Armadas, de seguridad y policiales contra el enemigo subversivo.
El haber liberado a nuestra casa de altos estudios de tanto
elemento sedicioso, es un hecho altamente positivo.
Corresponde ahora a los padres y a los alumnos mantener la
vigilia para que estos oscuros episodios no vuelvan a entorpecer
la vida cultural de la República".
Bajo la fotografía de un conjunto de libros colocados sobre
una mesa, se lee:
"Bibliografía Para el Adoctrinamiento": "Centenares de libros y
folleto de neto corte marxista que fueron que fueron secuestrados
por la Policía Federal local, bajo control operacional del V Cuerpo
de Ejército, aparecen tal como fueron exhibidos ayer al
periodismo. Fueron empleados por el activismo ideológico en su
maniobra de penetración en la universidad de Bahía Blanca".
Los títulos de dicha bibliografía no se alcanzan a distinguir,
y era necesario que así sea porque -conforme relataron las propias
víctimas- muchos de esos libros ni siquiera tenían un contenido de
crítica política o social.
El 24 de noviembre de 1976, en la página 2, publican una
nota al Comandante de la Subzona 51, bajo el título: "Gral Vilas: la
guerra interna nos obliga a comprometernos a luchar" en donde
puede leerse lo siguiente:
"El grave problema ideológico que enfrentamos con definidas
características de guerra interna, obliga a todos los ciudadanos
y, en especial a quienes ejercen funciones públicas a
comprometerse en su lucha. Nadie puede soslayar
responsabilidades. La ingenuidad y la indiferencia implican
complicidad subversiva".
El diario destacaba en negritas las expresiones "guerra
interna", "ingenuidad", "indiferencia" y "complicidad subversiva".
Continúa la publicación:
"…El General Vilas señaló en su exposición en un apartado
titulado 'La subversión', que 'todos soportamos desde hace unos
años una agresión en contienda no declarada, llevada a cabo por
obra de la subversión, valiéndose para ello de una guerra
psicopolítica, lleva a cabo por obra de la subversión es un
término técnico que tiene sentido preciso: es un esfuerzo
sistemático efectuado por un grupo organizado para derrocar una
sociedad existente' que 'persigue como finalidad la destrucción
del régimen tradicional vigente y el desconocimiento de las
autoridades establecidas, para reemplazarlas por elementos
propios'".
Los destacados del diario eran "guerra psicopolítica", "no
declarada". Y ya ingresando al plan prioritario de persecución,
continúa el discurso de VILAS:
"esta agresión busca, en definitiva, conquistar las mentes
poniendo como ejemplo la infiltración perpetrada y esclarecida
parcialmente hace escasas jornadas en la Universidad Nacional
del Sur".
El 26 de noviembre de 1976, en página 3, con título bien
visible y fotos, publican la nota "Penetración marxista en la UNS:
seis detenidos a disposición del Poder Ejecutivo", en un acto
persecutorio más contra los profesores de la UNS, nuevamente con la
identificación con fotografía de las víctimas, y la insistencia en el
concepto de "un vasto plan de infiltración marxista".
La nota señala:
"Como se informara en anteriores oportunidades, en la
mencionada dependencia de nuestra casa de altos estudios, la
Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, bajo control
operacional de la Subzona 51, practicó intensas investigaciones
que concluyeron con la detección de una vasta maniobra de
penetración ideológica marxista".
Luego se reproduce el comunicado oficial, donde las
víctimas Hugo Osvaldo DEL CAMPO, Edgardo Arturo TRIGO,
Daniel VILLAR, Félix Gustavo SCHUSTER, Marcos ISABAL y
á
Martha Natividad PANTANO eran presentadas, con datos personales
e indicación del número de decreto del PEN.
<á="../img/uns7img15.jpg" width=403 height=632>
En la edición del 1° de diciembre de 1976, en página 2,
informan sobre "La Situación del Gral. Vilas", comunicando que el
Jefe de la Subzona 51 "confirmó esta mañana […] su situación de
disponibilidad".
Luego se efectúa un repaso de los insuperables méritos en
materia represiva:
"Además de combatir al activismo, el general Vilas dirigió una
exhaustiva investigación en los claustros de la Universidad
Nacional del Sur, dio por saldo el desbaratamiento de la
infiltración marxista […]".
Al día siguiente -2 de diciembre de 1976- la situación de
VILAS ameritaría un nuevo elogio a su figura y -esencialmente- a su
programa represivo, en el editorial titulado "Aún Queda Mucho por
Hacer… La Lucha Contra la Subversión No Concluye en el Área
Militar".
El diario iniciaba el mes de diciembre con la reiteración del
mensaje, en lenguaje llano y contundente, ya en los titulares.
Toma como punto de partida una "[l]a alocución [del] general
Adel Edgardo Vilas", en la que había dejado en claro la "finalidad
[de] poner toda la fuerza al servicio de la causa antisubversiva con la
orgánica necesaria", y que "la lucha es de la Nación toda contra la
subversión".
Tomando las palabras de Vilas, el diario recuerda una serie
de conceptos agobiantemente masificados a través de sus páginas:
"la subversión se manifiesta en los planes culturales", "la
subversión […] Tiene otras facetas que, a la larga, resultan mucho
más mortíferas y perjudiciales que las acciones extremistas".
A continuación, la columna cita lo que considera un ejemplo
de "otro honroso capítulo al historial del soldado argentino" y
manifiestan: "Las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales
realizaron días atrás […] vastas operaciones […] eliminando un
centenar de delincuentes".
También, con palabras propias, trae a colación el ya
infaltable testimonio de la Universidad Nacional del Sur:
"[…] desde el Comando del V Cuerpo de Ejército, seis activistas
del marxismo involucrados en la maniobra de penetración
ideológica en la Universidad Nacional del Sur, se sumaron a
otro numeroso grupo que ya había sido puesto a disposición del
Poder Ejecutivo tras haberse comprobado su clara vinculación
con el accionar subversivo".
"La puesta a disposición de seis activistas ideológicos […] no
trasunta el rigor de una batalla, pero no por ello es menos
importante y significativo. Antes bien, si se piensa que cada
elemento disociador, con su prédica sistemática que
distorsiona ideas y enferma mentes, vale por cien en relación
al extremista armado, se comprenderá que el sentido de la lucha
en el plano ideológico adquiere una magnitud vital y
trascendente".
Luego, reforzaba la idea echando mano a los dichos de otro
represor elogiado por el diario, el vicealmirante Luis María MENDÍA:
"NO HABRÁ reorganización ni recuperación duradera de nuestra
Patria […] mientras subsistan en su seno empeñados en
destruirla en todos los órdenes: ideológicos, moral, educacional,
económicos, social, cultural y militar".
Al diario le preocupaba que el caso de la Universidad
Nacional del Sur no funcionara como ejemplo en otras jurisdicciones,
y así se preguntaban:
"[…] ¿por qué en otras universidades se ha recurrido al simple
expediente de la cesantía, dejando al activista ideológico
impune?"
Luego realizaban una enumeración de los distintos
"males":
"el activismo gremial persiste en la generación de conflictos", "el
Partido Comunista no ha sido proscripto", "no se ven las
sanciones ejemplares para los promotores del desquicio
marxoperonista", "abunda el caldo de cultivo para la
subversión".
Y finalmente concluyen:
"El embate contra la subversión ideológica [en todos esos campos]
no ha alcanzado aún, ni de lejos, la efectividad contundente
que se ha logrado en el campo militar".
"se está en camino de aniquilar el brazo armado de la subversión,
pero aún siguen en pie las usinas abastecedoras de
extremistas"
"las filas de las organizaciones subversivas volverán a
engrosarse".
El 9 de diciembre de 1976 editan "Otra Maniobra del
Marxismo… La Distorsión de Valores en un Occidente Estático e
Indefenso", donde insisten en que "Ni la justicia, la religión, las
universidades o los cuarteles, los sindicatos o las empresas, son
inmunes […] para salvarse de este ataque solapado y persistente".
En la misma edición, publican "El Accionar de la
Subversión En la Provincia de Río Negro", con el siguiente copete:
"Penetración Ideológica Dirigida Desde la UNS. El Territorio fue
Usado Como Refugio Extremista".
Los numerosos títulos secundario
s son sugestivos: "El
Accionar Subversivo En Río Negro", "Guarida Para Descansos
Esporádicos", "Otros Hechos" y "Contener la Subversión".
El artículo abunda en dichos del personal policial, arengas
y exhortaciones a la colaboración de la población en la lucha
antisubversiva. Así, dos párrafos distintos reproducen exactamente la
misma invocación: "un llamado a toda la civilidad para que
mancomunados erradiquemos todas las teorías disolventes de nuestra
sociedad", y luego "un llamado 'a la civilidad que le dio origen, para
que mancomunados erradiquemos todas las teorías disolventes de
nuestra sociedad".
El 10 de diciembre de 1976, en página 2, se anuncia la
asunción del Gral. Abel Teodoro CATUZZI. Sin embargo, las palabras
de elogio continuaban siendo para VILAS:
"cargos ambos [los de CATUZZI] que habían sido ejercidos hasta
hace pocos días por el general Adel Edgardo Vilas y cuya decidida
y firme actuación al frente de las operaciones contra la
subversión armada e ideológica, han tenido amplia
repercusión en la opinión pública de la ciudad y del país".
El plan de acción psicológica en torno a la UNS ofrece una
nueva expresión en el editorial del 13 de diciembre de 1976 que
comentamos más arriba, y que volvemos a traer a colación, como
parte de la continuidad en la empresa de acción psicológica sobre el
colectivo de víctimas.
En efecto, bajo el título "Una Ciudad, un País…
Coherencia: He Ahí el Problema Fundamental de Nuestra Crisis",
dirigiéndose a Jorge Rafael VIDALA con motivo de su visita a la
ciudad, allí se leía:
"COMPROBARÁ […] que esta Bahía Blanca sin aditamentos, diez
meses atrás convertida en una típica víctima del populismo, la
demagogia y las actividades subversivas, estremecida por el
crimen y el atentado, refugio descuidado para los extremistas que
huían de otros puntos del país, es hoy un núcleo libre del virus
ideológico y de la canallesca soberbia de matones. Como alto jefe
militar, sabrá que ello se debe a la valentía y decisión de los
miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Policía, que
lograron desmembrar el cuerpo subversivo que actuaba en la
ciudad […].
[…] recordará que […] esas mismas fuerzas desbarataron una
profunda maniobra de penetración ideológica en la
Universidad Nacional del Sur […]".
"[…] recordará […] que aún faltan completar las investigaciones
que se realizan en otros niveles educacionales, tendientes a
detectar a los activistas del adoctrinamiento marxista".
Como expusimos precedentemente, en aquel editorial la
familia MASSOT insistía en el aniquilamiento de todo vestigio de
subversión y adoctrinamiento, la colaboración de la ciudadanía en
dicha tarea, y en no ceder ante la tentación de dar una imagen
exterior.
La diatriba contra los docentes universitarios, y el
mantenimiento en vigencia de la temática, continuó durante el año
1977. El 10 de abril de aquel año, con título "'La Nueva Provincia'
Responde a la Carta Abierta de Lanusse", se publica una misiva
en la que el diario resume los antecedentes que, a su entender,
vinculaban a LANUSSE con aquello a lo que constantemente aludía
con el epíteto de marxo-peronismo, concluyendo del siguiente modo:
"la última oportunidad en que escuché hablar de usted fue durante
el año pasado, cuando tomó la defensa de Gustavo Malek -
personaje caro a la subversión universitaria- contra el
general Adel Edgardo Vilas, cuyos méritos en el combate
contra el terrorismo son bien conocidos".
"Creo conocer, perfectamente, los 'difíciles momentos' por los
cuales atraviesa el país. Es más, ¡Los preanunciamos tantas
veces!".
[…]
La diferencia entre su posición y la nuestra, estriba en un solo
hecho concreto. Usted pide justicia en el momento de caer un amigo
[…] por valiosos que sean para usted los méritos del doctor Mor
Roig, de Malek o de Sajón, creemos que los cientos de soldados que
eligieron pelear al terrorismo y luchando cayeron contra ese
enemigo, al cual usted nunca consideró como tal, merecen todo
nuestro respeto y solidaridad".
El 23 de abril de 1977, en tapa publican la nota titulada
"UNS: Condena al Marxismo", donde reproducen las palabras del
rector de esa universidad, Julio Cesar Lucero, quien según el diario:
"sostuvo que la intolerancia -infiltrada en la Universidad Argentina y
amparada en los factores de poder- intentó corroer los 'cimientos de
nuestra civilización cristiana y occidental'".
Continúan en página 3:
"en América Latina y concretamente en nuestro país, hemos sido
testigos de campañas sistemáticas que no tuvieron otros objetivos
como no fueran los de transformar a nuestras casas de altos
estudios en verdaderos bastiones de corrientes ideológicas
foráneas, partiendo de la base de que ciertas posiciones
doctrinarias, genéricamente marxistas, resultan intelectualmente
aceptables y que todo lo demás es anacronismo que debe ser
desechado".
"[…] hemos tenido oportunidad de ver en nuestra propia
Universidad Nacional del Sur, la que al sufrir como las restantes
Universidades Nacionales los embates de una actividad
disociante, debió atravesar un prolongado período de alteración y
desjerarquización cuyas consecuencias aún se están superando".
El 24 de abril de 1977, en la sección Crónicas de la
República, editan la nota titulada "El Equilibrio del Sube y Baja".
En relación a la noticia del pase a retiro de una serie de generales, la
nota comenta:
"En la lista dada a conocer por los diarios no figuran Adel Edgardo
Vilas, Juan Antonio Buasso y Rodolfo Mugica, cuya situación
actual linda entre el pase a retiro y la permanencia en las filas del
arma. Días atrás, el primero de los nombrados, comandante del
'Operativo Independencia' y responsable principal del que dio por
tierra con la infiltración marxista en la Universidad del Sur,
elevó al Comando en Jefe del Ejército un pedido de tribunal de
honor contra Alejandro Agustín Lanusse. El pedido habría sido
rechazado […].
El 23 de junio de 1977 en tapa leemos: "Infiltración en la
UNS: revelaciones", en donde brindan un amplísimo tratamiento -
que continúa en la página 8- a un fallo dictado por la Cámara Federal
de Apelaciones de Bahía Blanca, donde se confirmaban las prisiones
preventivas sobre las víctimas de esta causa:
"En los fundamentos de seis prisiones preventivas en relación con
la investigación que por infiltración ideológica marxista se realizó
en la Universidad Nacional del Sur, la Cámara Federal de
Apelaciones de nuestra ciudad revela la existencia de un
denominado 'Grupo de Economía' que se proponía implantar
sus métodos subversivos mediante un plan perfectamente
orquestado. 'Resultaría que los nombrados -dicen los jueces-
habrían participado en la reforma de los planes de estudio,
habiéndose dictado la cátedra unilateralizando la bibliografía y
dotando a la misma de un contenido ideológico encuadrado
dentro de la izquierda revolucionaria, lo que básicamente
infringiría los términos de la ley (20840) antes mencionada'.
La Cámara rechazó los recursos de apelación interpuestos contra
los autos de prisión preventiva obrante y en favor de Mario
Arnaldo Usabiaga, Carlos Adolfo Barrera, Eduardo Alfredo
Villamil, Héctor Pistonesi Castelli, Alberto Constante
Barbeito y Horacio Ciafardini, las que se confirman, y que
habían sido dispuestas por el juez federal Guillermo Federico
Madueño.
11 DE MARZO DE 1975
Al analizar la conducta de Mario Arnaldo Usabiaga y Carlos
Adolfo Barrera, señala la Cámara, el juez federal en el auto de
prisión recurrido da por acreditado que el 11 de marzo de 1975,
durante una reunión en la sala del Consejo (Colón 80), de varios
directores, penetró en el lugar un grupo integrado por profesores,
alumnos y personal no docente, quienes tras forzar el acceso a la
sala obligó a la suspensión de la reunión, leyendo una proclama
en que pedían la inmediata renuncia de las autoridades presentes
y que de no procederse de tal forma, 'estaban condenados a
muerte por la justicia popular'.
Explicitan los camaristas Gualterio Monacelli, Ricardo H. Rojo y
Jorge Horacio Peri que 'examinados los elementos de juicio
ponderados por el señor juez de intervención, permiten acreditar
prima facie la materialidad del hecho delictuoso descripto -
privación ilegítima de la libertad- y también comportan indicios
de suficiente entidad para considerar a los involucrados
partícipes penalmente responsables de los hechos previstos en el
artículo 142 bis del Código Penal'.
Se pasa luego a considerar la situación de Eduardo Alfredo
Villamil, Héctor Pistonesi Castelli, Carlos Adolfo Barrera,
Alberto Constante Barbeito y Horacio Ciafardini […]
'Barbeito, Barrera y Ciafardini -se agrega- también integraron el
Grupo de Economía que provocara la reforma del plan de estudio
[…] la penetración de tales ideas es llevada a cabo conforme a los
testimonios que se citan, mediante el dictado de clases, indicación
de la bibliografía imprescindible para aprobar los exámenes
finales y charlas de politización. Que también y con relación al
procesado Horacio Ciafardini, se desprendería que actuó en tal
sentido, mediante el dictado de clases, siendo sindicado como
un delirante marxista revolucionario'.
PLAN ORQUESTADO
Señalan los jueces que se habría llegado a esta situación, tras un
plan orquestado y que dispuso la modificación de las materias de
la carrera universitaria, irrupción en los programas de estudio de
una bibliografía acorde y la designación en bloque de profesores
que integran ese grupo, que completa el ciclo al volcar en los
alumnos en forma unilaterizada, las concepciones de la llamada
izquierda revolucionaria, dejándose de lado toda otra corriente,
con lo que en definitiva se contribuyó a la preparación y
adoctrinamiento de futuros profesionales.
Se refiere más adelante la justicia federal a los elementos de
convicción, que indican que los procesados Villamil, Pistonesi
Castelli, Barrera, Ciafardini y Barbeito, juntamente con otros
prófugos en la causa, compusieron un grupo dentro del área
docente de la carrera de Licenciatura de Economía, tendiente
a adoctrinar y preconizar la suspensión del orden instituido
y la paz social de la Nación.
'Esta tarea -expresan los camaristas- habría sido realizada
paulatinamente en cumplimiento de un objetivo global, para lo
cual se puntualizan los siguientes pasos: a) dominio del área
donde actuaban, con desplazamiento de profesores que no
compartían sus ideas; b) promoción indebida de estudiantes que
actuaban como puntales del grupo y hostilizaban de aquellos que
no participaban de sus ideas; c) modificación de los planes de
estudio con unilateralización de la bibliografía de corte afín con
las ideas que profesaban los involucrados; d) charlas de
politización y e) confección de trabajos y libelos donde se expresa
en forma por demás clara el fin buscado por el grupo'.
'UNIVERSIDAD DE TRANSICIÓN'
Uno de los trabajos que se atribuye al 'Grupo de Economía',
responsable de la infiltración ideológica en la UNS, se titula
'Reflexiones sobre una Universidad de transición', que plantea una
orientación docente fundada en la lucha de clases y en el llamado
proceso de orientación revolucionaria hacia el socialismo.
Se dice asimismo que la resistencia del grueso de los profesores
ante estas propuestas, desemboca en una aguda crisis que, ante
la unidad y combatividad de los estudiantes de Economía, obliga
a la renovación de autoridades y a la continuación del proceso de
cambio sujeto a 'la vigilancia y presión estudiantil'.
Puntualizan los representantes de la justicia, que tras 'distintas
consideraciones que refleja la óptica del grupo con relación a la
situación económica de su época, el grupo se definía por un
proceso de liberación revolucionaria hacia el socialismo'.
POSICIÓN DELIRANTE
La Cámara Federal de Apelaciones cita a continuación algunos
párrafos -o conclusiones- a que había arribado el Grupo de
Economía.
-'La Universidad constituye un mecanismo ideológico y político,
vale decir es también una fábrica de ideas, de conceptos, de
teorías que se inscriben con sus productos en el sistema social'.
-'Universidad abierta al pueblo significa establecer una estrategia
para incorporar los universitarios al movimiento popular en
función del proyecto revolucionario de liberación'.
-'Las investigaciones se deben estructurar hacia la explicación de
las nuevas experiencias, mostrando las alternativas que llevan al
desvío y todo ello implica exigir de los docentes dedicación y
calificación para la teoría y la práctica y los estudiantes deben
exigir a los docentes que los acompañen en las experiencias de
movilización'.
-'Estas acciones de conocimiento y reconocimiento no son
suficientes sin su divulgación'.
-'Cabe que los docentes y estudiantes consideren las
posibilidades de acceso a los medios directos e indirectos de
comunicación masiva viabilizando su puesta en servicio de la
acción revolucionaria'.
CONCLUSIONES
La Cámara Federal advierte que 'a este trabajo se agregan otros
documentos donde se desarrollan y proponen sistemas operativos
para cumplimentar las vías de acción enunciadas, donde se prevé
la revisión de contenido de materias, régimen de trabajos
prácticos, áreas de investigación, etc.'.
'Los aspectos puntualizados -finaliza- conforman serios
indicios que permiten dar por acreditada a esta altura de la
investigación que a través del grupo del área de Economía
se propiciaba (en la Universidad Nacional del Sur) y
mantenía un trabajo constante tendiente a subvertir los
principios a que se ha hecho referencia'".
De esta manera, confluían en un acto todos los planos de la
empresa criminal de acción psicológica: el hecho creado por VILAS (el
testimonio de la universidad como usina de subversivos) adquiría
para la opinión pública el rigor de verdad de una decisión judicial.
En el mismo sentido, el editorial de ese día se titulaba "La
política del parche. No se vislumbran soluciones de fondo al
problema educacional". Allí, luego de alabar el envío de soldados-
docentes a la frontera y criticar la política educativa por falta de
soluciones de fondo, expresan que: "…El ámbito educacional ha sido
y seguirá siendo un objetivo codiciado de la subversión ideológica…".
El 30 de junio de 1977, en página 4, titulaban
"Infiltración en la UNS. Comentario de 'La Prensa' sobre un fallo
judicial".
El artículo dedica varios párrafos a la reproducción del
principal editorial emitido por La Prensa, en relación al caso de las
víctimas.
El 18 de agosto de 1977, el editorial insiste en una
consigna del diario: "La Subversión ha Sido Diezmada Militarmente,
Pero no Derrotada".
En página 4 de la misma edición, publican "Ensayo del
General Vilas Sobre la Subversión Cultural".
En copete: "El general (RE) Adel E. Vilas, que comandó la
lucha antiguerrillera en Tucumán y recientemente pasó a revistar en
situación de retiro, dice en un artículo que 'la guerra cultural contra
la Argentina se inició a fines de la década del 50, cuando se decidió
entregar las universidades al marxismo".
La misma obra fue promocionada, con el carácter de
"especial", en la portada de la revista "Cabildo" (creada por Vicente
MASSOT), edición de agosto de 1977.
El artículo -a cuya lectura completa remitimos- es una
síntesis del trabajo del represor:
"En otro apartado del extenso ensayo de Vilas, se describe cómo
Mao Tse Tung elaboró el modelo de la guerra cultural y el papel
desempeñado en ella por las vanguardias intelectuales y se indica
que 'en la Argentina, la proliferación de numerosas universidades
que surgieron improvisadamente, como hogos… no hizo sino
coadyuvar a la captación de los claustros por los equipos docentes
del progresismo católico, el marxismo, el guevarismo… que
explotaron el descontrol y la mediocridad de los sucesivos
gobiernos nacionales desde el último cuarto de siglo".
Además, se leen párrafos como el siguiente:
"Vilas, a modo de admonición, remata las consideraciones
anteriores manifestando 'habrá que ver en qué medida hemos
aprendido la historia y en qué medida somos conscientes de la
naturaleza de la guerra que se nos ha impuesto', porque, asegura,
'sería trágico ganar la batalla contra la guerrilla armada, mientras
perdemos por descuido o desidia la guerra contra la subversión
cultural".
El 31 de agosto de 1977, el diario titulaba: "Opinión de
Gómez Vara. La Infiltración Ideológica en las Universidades no
es una Competencia Dáirecta del Ministerio".
Se trata de una entrevista realizada directamente por el
diario.
Bajo el título secundario "INFILTRACIÓN", la nota comenta:
"En cuanto a la experiencia recogida de las actuaciones que
tuvieron lugar en Bahía Blanca, a través del Comando del V
Cuerpo del Ejército y la Policía Federal, sobre desmembramiento
de la infiltración ideológica que se había operado, dijo que
conocía la misma por la información periodística. Agregó que no
había sido competencia directa del Ministerio de Educación, sino
más bien, de la cartera del Interior y que los delegados militares
en las casas de estudios fueron los encargados de ese tipo de
investigaciones y la consiguiente depuración".
Con el título secundario "ERRADICACIÓN", el diario
orientaba del siguiente modo la entrevista:
"-El Ministerio de Educación y, consecuentemente la
subsecretaría […] ¿tienen contemplada la posibilidad de erradicar
no sólo efectos sino también las causas de la subversión?".
[…] ¿acaso no se considera imprescindible hacer una
investigación pormenorizada sobre los orígenes y el
desarrollo de la infiltración ideológica […]?
La publicación se orienta en el mismo sentido de las
premisas que VILAS explica en "Bahía Blanca: el hecho histórico", en
cuanto a que se requerían decisiones eminentemente políticas que
sólo podían ser asumidas desde la conducción del Estado, y que el
ejemplo de la UNS debía producir una toma de consciencia, muy
especialmente en los responsables de la toma de decisiones.
Este llamado de atención se traduciría en críticas y
exhortaciones a través de las editoriales de los días siguientes.
Un día después -1 de septiembre de 1977- el diario
publicaba en portada: "El Reposo de los Medianos":
"Entre el bien y el mal, [están] en el medio, cómodamente.
Por eso […] corresponde llamarlos los 'medianos'. Siempre a mitad
de camino, sin jugarse. O jugando con las oportunidades.
Manuel Gómez Vara, subsecretario de Asuntos Universitarios
[…] cuando le preguntaron si se contemplaba la erradicación de
causas y efectos de la subversión ideológica en la universidad,
dijo que no era competencia del Ministerio de Educación. En
cuanto a una investigación sobre los orígenes y desarrollo de la
infiltración marxista, dejó el asunto en manos del Ministerio del
Interior.
Es la cómoda. Hasta cuando se le mencionó el caso del
desmembramiento de las células ideológicas marxistas que
actuaban en la UNS, llevado a cabo por el comando del V Cuerpo
de Ejército y la Policía Federal local, se refugió en un 'me enteré
por los diarios' y atribuyó a la cartera de Interior y a los
delegados militares en las casas de estudio la tarea de 'ese tipo de
investigaciones'.
Uno se pregunta: ¿cómo 'veló' Gómez Vara para que en las
instituciones universitarias no se distorsionaran sus
actividades durante el período 1967-70, en que fue rector de
la UNS? […]
En otras palabras, la actitud de los 'medianos'. El juego es entre
la subversión y los militares. Que se arreglen ellos. El 'trabajo
sucio' no es para académicos […]
[…] el velar por que ninguna tendencia que distorsione valores y
envenene la mente de los jóvenes tenga cabida en las
universidades, le cabe exclusivamente al Ministerio de Educación.
Si los militares tuvieron que tomar la intervención -y no lo
hicieron con amplitud y en todos los centros de estudio,
lamentablemente- se debió a que los 'medianos'
académicamente se pasaron años en 'la cómoda' -algunos como
cómplices- y dejaron hacer a la subversión ¿O no?".
A aquella columna de portada, le seguía en la página 2 otro
editorial, en su lugar habitual, que retomaba y ampliaba el discurso:
"Prioridad Fundamental. Un Imperativo Actual: Superar el
Deterioro de la Educación".
"EL PAÍS ha atravesado una etapa crucial. Hubo un primer paso,
en el que todos los esfuerzos se canalizaron en la superación del
caos y de la anarquía y en el aplastamiento de la subversión
marxista. Si bien tal etapa no ha sido totalmente superada y se
han cometido demasiados errores, el país se encuentra todavía
ante la posibilidad de encaminarse hacia metas decisivas.
PRECISO ES que ellas estén perfectamente deslindadas y se
establezcan claros métodos para alcanzarlas. Dentro de tales
objetivos la educación y la cultura ocupan un lugar prioritario. El
gobierno debe prestar apoyo decisivo a quienes conducen
esos planos, que no deben sufrir postergaciones".
Como se observa con facilidad, luego de que los docentes de
la UNS fueron erradicados, consumados sus secuestros, asegurado
su cautiverio en distintas unidades carcelarias, declarada su
maniobra "criminal" de penetración ideológica en fallos judiciales, y
extirpados como parias del tejido social, en los años posteriores La
Nueva Provincia continuó afectada a la segunda fase del plan de
acción psicológica confeccionado por Vilas, conforme éste asume en
sus publicaciones: la consigna de que el hecho histórico perpetrado
fuera observado y reproducido en el resto de las jurisdicciones, en
todos los niveles educativos, y con el esfuerzo agregado de la
ciudadanía y las esferas de decisión política-administrativa
3.2.4. Descripción de los casos individuales
1. Sergio Gustavo CUSTODIO
En la época de los hechos, Sergio Gustavo CUSTODIO (de
14 años de edad), vivía en calle Alsina 534, departamento 2 de esta
ciudad, junto a su madre, Stella Maris RAMÍREZ, quien también es
víctima de delitos de lesa humanidad cometidos en esta jurisdicción,
y cuyo hecho se encuentra requerido por este Ministerio Público Fiscal
mediante presentación del 25 de octubre de 2013 |43|.
El 30 de junio de 1976, CUSTODIO y su madre fueron
secuestrados en ese domicilio, a través de un operativo efectuado por
la Policía Federal local, a cargo del sub comisario Félix ALAIS, órgano
que actuaba bajo control operacional del Comando Vto. Cuerpo de
Ejército.
El pretendido fundamento que tuvieron las autoridades
policiales para encubrir y dar una apariencia de legalidad, a la
violación de domicilio y el secuestro de madre e hijo, fue que
CUSTODIO estaría involucrado en el tráfico de estupefacientes -tal
como lo había insinuado una menor compañera de colegio del mismo-
, ardid que sirvió de excusa para realizar el allanamiento del hogar y
allí secuestrar material bibliográfico.
Luego del secuestro, las víctimas fueron trasladadas a la
delegación local de la Policía Federal, donde permanecieron
encerradas en calabozo.
Después de permanecer más de 12 horas en cautiverio,
Sergio Gustavo CUSTODIO fue entregado a su padre, Haroldo Omar
CUSTODIO.
En cuanto a su madre, cabe mencionar que continuó
detenida en la sede policial, hasta ser traslada a la Unidad
Penitenciaria Nº4 de Villa Floresta, para luego de ser puesta a
disposición del P.E.N., y traslada a la Unidad Penitenciaria Nº2 de
Devoto, ser finalmente liberada con fecha 5 de junio de 1977.
2. Rodolfo Humberto CASANOVA
Con 14 años de edad, al momento de los hechos Rodolfo
Humberto CASANOVA era estudiante secundario del Colegio Nacional
de esta ciudad, compañero de curso de Sergio Gustavo CUSTODIO.
Apenas 4 horas más tarde del horario de recepción de la
supuesta denuncia que dio inicio a la causa "RAMÍREZ" |44|, donde
CASANOVA era relacionado -junto con CUSTODIO- con la
distribución de estupefacientes, en la medianoche del 30 de junio de
1976, la víctima del acápite fue secuestrada por agentes de la
delegación local de la Policía Federal en el domicilio familiar, Ángel
Brunel 318, el cual fue allanado en el acto.
El mismo día, CASANOVA fue interrogado por personal
policial en la sede de la mencionada fuerza. Luego de más de 12 horas
de cautiverio en esa dependencia, fue entregado a su padre Juan
Humberto CASANOVA, quedando en libertad.
3. Eduardo Alfredo VILLAMIL
Con anterioridad a su secuestro, Eduardo VILLAMIL había
sido secretario académico de la carrera de Economía en la UNS.
El 2 de julio de 1976, fue secuestrado de su casa ubicada
en la calle 12 de octubre 131 de Bahía Blanca, por miembros de la
delegación local de la Policía Federal, y trasladado a la sede de esa
fuerza en esta ciudad.
Ese mismo día, fue interrogado bajo la simulación de una
declaración "espontánea", la cual fue ampliada en dos oportunidades,
en los días 3 y 5 de ese mes.
El 9 de julio, el juez MADUEÑO, junto al secretario Hugo
Mario SIERRA, lo interrogó bajo la forma de una declaración
indagatoria, la que fue ampliada al día siguiente.
Como una práctica metódica en la que nos detendremos
más adelante, las actas de las declaraciones fueron confeccionadas
mediante la falsa atribución a los declarantes de manifestaciones que
no habían efectuado realmente, como medio para construir su
culpabilidad y la del resto del grupo perseguido. Esta mecánica se
utilizó con todos los docentes secuestrados.
El 10 de julio, VILLAMIL fue trasladado a la Unidad
Penitenciaria N°4 de Bahía Blanca. El 17 de julio se dictó su
procesamiento por aplicación de la ley 20.840 y fue puesto a
disposición del P.E.N..
El 26 de noviembre de aquel año, se lo trasladó a la Unidad
Penitenciaria N° 9 de La Plata. Allí permaneció hasta el 22 de febrero
de 1978, fecha en que fue nuevamente trasladado a la Unidad
Penitenciaria 4 de esta ciudad.
Ese mismo año, por el decreto 2810/78, se dispuso el cese
de arresto a disposición del PEN.
El 2 de marzo de 1979, el juzgado dictó el sobreseimiento
total y provisional, siendo liberado ese mismo día.
4. Dolio Heraldo SFASCIA
Dolio Heraldo SFASCIA ejerció la docencia en el
Departamento de Ciencias Comerciales de la UNS, hasta la cesantía
dispuesta por el interventor Remus Tetu el 31 de marzo de 1975.
Al momento de su secuestro, SFASCIA se desempeñaba en
el Consejo Federal de Inversiones de la ciudad de Buenos Aires.
En esa ciudad, el 30 de junio de 1976 fue secuestrado y
encerrado en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal,
para ser, más tarde, trasladado a la delegación Bahía Blanca de la
Policía Federal, donde fue sometido a torturas.
En esa dependencia, el comisario Carlos BALDOVINO lo
interrogó bajo tormentos, agregando esa declaración al expediente
como manifestación espontánea.
El 12 de julio, MADUEÑO y SIERRA le tomaron declaración
indagatoria, bajo la aludida metodología de consignar en el acta
manifestaciones que no habían sido emitidas por el declarante.
Dos días más tarde, SFASCIA fue trasladado a la Unidad
Penitenciaria N°4.
En tanto, el 17 de julio fue retirado del penal y conducido
junto a Miguel Ángel ARIAS y Luis Alberto RODRÍGUEZ, al centro
clandestino de detención que funcionaba en la sede del Batallón de
Comunicaciones N° 181. Allí permanecieron cautivos hasta ser
reintegrados a la unidad carcelaria el 6 de agosto de aquel año.
Si bien el 21 de septiembre de 1977 se dictó su
sobreseimiento, SFACIA continuó privado de la libertad a disposición
del P.E.N..
El 26 de noviembre de noviembre de 1976, fue trasladado a
la Unidad Carcelaria n° 9 de la ciudad de La Plata, donde continuó su
cautiverio hasta el mes de enero de 1979, cuando fue liberado.
5. Héctor PISTONESI
Héctor PISTONESI era docente de la carrera de economía en
la Universidad Nacional del Sur, actividad que ejerció hasta ser
cesanteado por el rector interventor Remus Tetu el 28 de febrero de
1975.
El 7 de julio de 1976, PISTONESI fue secuestrado en su
domicilio, mediante un operativo efectuado por efectivos de la policía
federal, siendo trasladado, luego, a la sede de esa fuerza en esta
ciudad.
Ese día, tal como aconteció con las restantes víctimas, se le
tomó declaración, agregada al expediente como manifestación
espontánea.
En esa misma sede, el 14 de julio fue indagado por
MADUEÑO y SIERRA, con la misma metodología empleada con las
otras víctimas.
Ese mismo día, PISTONESI fue trasladado a la Unidad
Penitenciaria N° 4 de Bahía Blanca.
Tres días después, el Juzgado Federal decretó su prisión
preventiva, y el 13 de agosto se dispuso su detención a disposición del
P.E.N por decreto n° 1681.
El 26 de noviembre de 1976, fue traslado a la Unidad n° 9
de La Plata. El 22 de febrero de 1978 regresó a la Unidad de Villa
Floresta, donde continuó privado de su libertad hasta que el 2 de
marzo de 1979 recuperó la libertad.
6. Miguel Angel ARIAS
Miguel Ángel ARIAS se graduó como Licenciado en
Economía en la Universidad Nacional del Sur y al momento de los
hechos se desempeñaba como asistente de docencia en la materia
Economía Política III.
El 13 de julio de 1976, mientras transitaba por la vía
pública, fue secuestrado por miembros de la policía federal y
trasladado a la sede de dicha fuerza.
Pasados dos días de cautiverio -al igual que en otros casos
reseñados- se le tomó declaración espontánea, y luego indagatoria.
Esta última con la presencia del juez MADUEÑO y el secretario Hugo
Mario SIERRA.
En esa misma fecha, fue trasladado a la Unidad
Penitenciaria N°4.
Durante la noche del 17 de julio, la víctima de este apartado
fue trasladada -junto a Dolio Heraldo SFASCIA y Luis Alberto
RODRÍGUEZ- al centro clandestino de detención del Batallón de
Comunicaciones 181. Ese mismo día, el juzgado había decretado la
libertad de la víctima, la que no se hizo efectiva. Una semana más
tarde, se dictó el decreto de detención de ARIAS a disposición del
P.E.N..
La permanencia de las tres víctimas en la sede militar se
extendió hasta el 6 de agosto de 1976, fecha en que fueron
reingresados a la Unidad Penitenciaria Nº 4.
El 11 de septiembre ARIAS, junto a un grupo numeroso de
detenidos, fue trasladado a la Unidad 6 de Rawson, donde continuó
su cautiverio.
7. Anahí Silvia RODRÍGUEZ
8. Heber Nazareno TAPPATÁ
Ambas víctimas habían sido militantes de Juventud
Universitaria Peronista durante el tiempo de estudiantes de Economía
en la Universidad Nacional del Sur. Luego de graduarse, se fueron de
la ciudad en busca de empleo.
El 1 de julio de 1976, RODRÍGUEZ y TAPPATÁ fueron
secuestrados en su domicilio de la localidad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, por requerimiento de la Policía Federal de
Bahía Blanca, y trasladados a esta ciudad.
El 15 de julio ambos fueron interrogados en la sede local de
la Policía Federal, bajo la apariencia de una manifestación
espontánea. Al día siguiente, Anahí Silvia RODRÍGUEZ prestó
declaración indagatoria ante MADUEÑO y SIERRA, sucediéndole su
esposo el día 17 de julio.
En esa misma fecha, el juzgado decretó la prisión preventiva
de ambas víctimas, siendo trasladadas a la Unidad Penitenciaria N°4.
El 13 de agosto, fueron puestos a disposición del P.E.N por
decreto 1681.
El 11 de septiembre, TAPPATA fue trasladado a la Unidad 6
de Rawson, junto a otros detenidos.
El 28 de septiembre RODRÍGUEZ efectuó una ampliación de
su indagatoria en la Unidad Penitenciaria Nº 4, estando presentes
MADUEÑO, SIERRA y la defensora oficial Susana MONACCHELI DE
LOUGE. El 14 de diciembre del mismo año, fue trasladada a la Unidad
Penitenciaria N° 2 de Villa Devoto.
Si bien en marzo de 1978, el Juzgado dictó el sobreseimiento
definitivo, ambas víctimas continuaron en cautiverio a disposición del
P.E.N..
9. Victorio Manuel SCHILLIZZI
La víctima era docente de la Escuela de Servicio Social y de
las Escuelas Medias de la UNS. En este último cargo fue dejado
cesante durante la intervención de Remus TETU, junto a un
numeroso grupo de docentes.
El 13 de julio de 1976 fue secuestrado de su domicilio en la
localidad de Viedma, por la Policía Federal de esa ciudad.
A los tres días, fue trasladado a esta ciudad para
permanecer cautivo en la delegación local de esa fuerza. En esta sede,
el 20 de julio de aquel año fue interrogado por las autoridades
policiales -acto que fue agregado a las actuaciones bajo la forma de
manifestación espontánea-, y dos días después fue trasladado a la
Unidad Penitenciaria N°4 de Bahía Blanca.
Allí se hicieron presentes el juez MADUEÑO y el secretario
Hugo Mario SIERRA para tomarle declaración indagatoria.
El 13 de agosto fue puesto a disposición del PEN y al día
siguiente amplió su declaración ante los funcionarios judiciales.
El 26 de noviembre, fue trasladado junto a otros detenidos
a la Unidad Penal 9 de La Plata.
El 28 de diciembre de 1976, el Juzgado Federal, dictó el
sobreseimiento parcial y provisorio de la víctima, ordenando su
inmediata liberación, la cual no se efectivizó por encontrarse vigente
el arresto por parte del PEN.
Si bien no se ha podido establecer la fecha de liberación,
cabe tener en cuenta que la resolución judicial del 6 de julio de 1977
por la que el Juez sobreseyó definitivamente a SCHILLIZZI, fue
notificada a la víctima en la Unidad Penitenciaria 9 siete días más
tarde.
10. Rafael Luis LAPLAZA
De profesión abogado, fue secretario académico del
Departamento de Enseñanza Media de la Universidad Nacional del
Sur, asesor letrado de la Facultad Regional de la Universidad
Tecnológica Nacional, y ejerció la docencia en el Colegio Nacional de
Bahía Blanca y en la Escuela de Servicios Sociales.
En el año 1975, fue cesanteado por el rector interventor
Remus TETU.
El 19 de julio de 1976, LAPLAZA fue secuestrado de su
vivienda por miembros de la Policía Federal de Bahía Blanca y
trasladado a la sede de esa fuerza donde la víctima fue interrogada, el
21 de julio de 1976, lo que quedó documentado en el expediente bajo
la forma de manifestación espontánea.
Al día siguiente fue llevado a la Unidad Penitenciaria N°4. El
26 de julio se hicieron presentes MADUEÑO y SIERRA para tomarle
declaración indagatoria, la que posteriormente fue ampliada.
El 13 de agosto fue puesto a disposición del P.E.N por
decreto 1681 lo que impidió que, pese haber sido sobreseído, quede
en libertad.
El 26 de noviembre de 1976, fue trasladado en la Unidad
Penitenciaria N°9 de La Plata junto a otros detenidos, donde
permaneció hasta el 22 de enero de 1980.
11. Carlos Adolfo BARRERA
La víctima se desempeñó como docente de la carrera de
Economía de la Universidad Nacional del Sur hasta el 28 de febrero
de 1975, fecha en que fue cesanteado por Remus TETU.
Al momento de los hechos vivía en Bariloche. El 16 de julio
de 1976, agentes de la policía federal fueron a buscarlo a esa ciudad,
para luego trasladarlo a Bahía Blanca. Allí fue interrogado por
autoridades policiales. En las actuaciones labradas se encuentra
agregada un acta de manifestación espontánea, que lleva fecha 24 de
julio de 1976.
El día 29 de ese mismo mes, en ese mismo lugar, MADUEÑO
y SIERRA le tomaron declaración indagatoria, siendo luego trasladado
a la UP 4.
El 12 de agosto el Juzgado Federal decretó la prisión
preventiva de BARRERA. El 26 de noviembre, fue trasladado a la UP
9 de La Plata. En febrero de 1978, MADUEÑO y SIERRA se hicieron
presentes en ese penal para ampliar su declaración indagatoria.
El 24 de abril de 1978, y el 18 de enero de 1979, el Juzgado
Federal, le negó, en ambas oportunidades, la opción de abandono del
país.
El 26 de enero de 1979 mediante decreto Nº 208 se dejó sin
efecto el arresto a disposición del P.E.N.
El 2 de marzo de 1979, el Juzgado Federal, dictó la
sentencia que dispuso el sobreseimiento total y provisional de la
víctima.
Su liberación no se hizo efectiva por "no haberse resuelto su
situación personal" en la causa "USABIAGA, Mario Arnaldo y otros
s/privación ilegal de la libertad" que tramitó ante el mismo Juzgado.
Posteriormente, fue liberado.
12. Mario Carlos AGGIO
De profesión médico, hasta la intervención de Remus Tetu,
Mario Carlos AGGIO se desempeñó como secretario académico y
director normalizador del Departamento de Biología de la Universidad
Nacional del Sur.
El 23 de julio de 1976 fue secuestrado de su domicilio por
miembros de la Policía Federal, que lo alojaron en la sede local de esa
fuerza. Allí fue interrogado el 28 de julio de 1976 por autoridades
policiales, e indagado, un día después, por SIERRA y MADUEÑO.
El 30 de julio de 1976, AGGIO fue alojado en Unidad
Penitenciaria N°4, sede en la que el 16 de agosto siguiente amplió su
declaración indagatoria, nuevamente ante MADUEÑO y SIERRA.
Tres días antes -13 de agosto de 1976- se había dispuesto
su arresto a disposición del P.E.N mediante decreto 1681.
Durante su cautiverio, la víctima sufrió una severa crisis
depresiva, de la cual existen incluso constancias en el expediente
judicial seguido en su contra.
El 15 de diciembre de 1976, el Juzgado Federal dictó el
sobreseimiento parcial y definitivo de la víctima, quien recuperó la
libertad el 24 del mismo mes y año.
13. Luis Alberto RODRÍGUEZ
Con el título de licenciado en economía, al momento de los
hechos Luis Alberto RODRÍGUEZ era docente de esa carrera en la
Universidad Nacional del Sur.
La víctima fue secuestrada de su domicilio el 6 de julio de
1976, y trasladada a la sede local de la policía federal.
Al día siguiente, fue sometido a interrogatorio, siendo
indagado por MADUEÑO y SIERRA el 10 de julio.
Un día más tarde, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria
N°4 de Bahía Blanca.
Si bien el 17 de julio el juez decretó su liberación, esa misma
noche fue trasladado junto a las víctimas ARIAS y SFASCIA, al centro
clandestino de detención que funcionó en el Batallón de
Comunicaciones 181.
El 6 de agosto las tres víctimas fueron reingresadas a la
Unidad Penitenciaria Nº4.
Mediante decreto N° 1681, el 13 de agosto de 1976 se ordenó
el arresto de RODRÍGUEZ a disposición del P.E.N.
A fines de noviembre de 1976, RODRÍGUEZ fue trasladado
a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, donde permaneció cautivo
hasta enero del año 1979.
14. Alberto Constante BARBEITO
Licenciado en Economía, con anterioridad a los hechos
descriptos BARBEITO ejerció la docencia en la Universidad del Sur.
La víctima fue secuestrada de su domicilio en la localidad
de Avellaneda, el 17 de julio de 1976, por la policía federal de esa
ciudad y alojado en la Dirección General del Interior, para ser
trasladado luego a la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca.
En ese lugar, el 26 de julio fue interrogado por autoridades
policiales, y el 30 del mismo mes, fue indagado por las autoridades
judiciales MADUEÑO y SIERRA.
Ese mismo día, fue alojado en la UP N°4.
El 12 de agosto el juzgado federal ordenó su prisión
preventiva y un día más tarde fue puesto a disposición del P.E.N por
decreto 1681.
El 11 de septiembre, fue trasladado junto a un numeroso
grupo de detenidos a la Unidad Penitenciaria n° 6 de Rawson, sede en
la que fue indagado nuevamente por MADUEÑO y SIERRA en febrero
de 1978. En esa audiencia, la víctima relató las torturas que padecía
en la cárcel, lo que no fue consignado en el acta.
BARBEITO permaneció cautivo hasta el 2 de marzo de 1979.
15. Horacio CIAFARDINI
De profesión Contador Público, se desempeñó como docente
de la carrera de Economía en la Universidad del Sur hasta febrero de
1975, cuando fue cesanteado de su cargo.
El 21 de julio de 1976, la víctima fue secuestrada por
personal de la policía federal en la sede del Concejo Federal de
Inversiones ubicado en Alsina 1407 de Capital Federal donde se
desempeñaba, para ser conducido a la Superintendencia de
Seguridad Federal.
Tres días más tarde, fue trasladado a la delegación de la
policía federal de Bahía Blanca, donde el 28 de julio fue interrogado
por personal policial, y más tarde -el 30 de ese mes- fue indagado por
los funcionarios judiciales MADUEÑO y SIERRA.
Al día siguiente, fue trasladado en la UP n°4 de Bahía
Blanca.
El 12 de agosto de ese mismo año, el juzgado federal decretó
su prisión preventiva y al día siguiente fue puesto a disposición del
P.E.N mediante decreto N°1681.
Posteriormente, el 11 de septiembre de 1976, fue trasladado
junto a un grupo de detenidos a la unidad carcelaria de Rawson,
donde MADUEÑO Y SIERRA se hicieron presentes para recibir la
ampliación de su declaración indagatoria.
El 2 de marzo de 1979, el juzgado dictó el sobreseimiento
total y provisional, no efectivizándose su liberación por encontrarse la
víctima a disposición del PEN.
Posteriormente, fue llevado a la UP 9 de La Plata, donde
continuó detenido hasta al menos el año 1982.
16. Mario Arnaldo USABIAGA
Licenciado en Letras y docente de la carrera de Licenciatura
en Letras del departamento de Humanidades de la Universidad del
Sur, con motivo de haber sido cesanteado de la UNS en febrero de
1975 y amenazado en reiteradas ocasiones, había decidido irse de su
domicilio.
Pese a ello, el 21 de julio de 1976, cuando estaba de visita
en la casa de su padre, fue secuestrado por miembros de la Policía
Federal y trasladado a la sede de esa fuerza.
Desde el momento mismo de su detención, sus familiares
comenzaron a concurrir al Juzgado Federal para obtener respuestas.
En una de tales oportunidades, el hermano de la víctima fue
intimidado por el juez MADUEÑO y hostigado por el secretario
SIERRA.
Durante su cautiverio, el 24 de julio USABIAGA fue
interrogado por persona policial, y cuatro días después fue indagado
por MADUEÑO y SIERRA.
El 29 de julio fue llevado a la UP 4.
El 12 de agosto, el juzgado federal decretó su prisión
preventiva, siendo puesto a disposición del PEN al día siguiente.
El 26 de noviembre, la víctima fue trasladada a la Unidad
Penitenciaria N° 9 de La Plata, sede en la que volvió a ser interrogado
por MADUEÑO y SIERRA el 28 de abril de 1977.
Finalmente, USABIAGA fue liberado en el transcurso del
año 1978.
17. Carlos Alberto CRISTIÁ
De profesión Contador, CRISTIÁ se desempeñó como
docente en la carrera de Economía en la Universidad Nacional del Sur
hasta el 31 de marzo de 1975, fecha en que fue cesanteado por el
rector interventor Remus TETU.
Su secuestro se produjo el 16 de agosto de 1976, en su
domicilio de la provincia de Santa Fe, llevado a cabo por miembros de
la policía federal. A continuación, la víctima fue trasladada a la
Unidad Regional I de la ciudad de Santa Fe y desde allí a la delegación
Bahía Blanca de la policía federal, a donde arribó el 30 de agosto del
mismo año.
El 2 de septiembre, en esta sede, fue interrogado por
personal policial, y dos días después, fue indagado por MADUEÑO y
SIERRA, siendo luego trasladado horas más tarde a la Unidad
Penitenciaria N°4.
Mediante Decreto n° 2035, del 13 de septiembre se ordenó
su detención a disposición del PEN. El 18 de octubre, el juzgado
decretó su prisión preventiva.
CRISTIA fue trasladado a la UP 9 de La Plata el 26 de
noviembre de 1976, donde continuó su cautiverio hasta ser liberado
el 3 de marzo de 1979.
18. Juan Pedro DRISALDI
Tras cursar sus estudios y graduarse como Licenciado en
Economía en la UNS en el año 1974, comenzó a dar clases en esa casa
de estudios, siendo cesanteado por Remus TETU en marzo de 1975.
Fue secuestrado el 9 de agosto de 1976, mientras cumplía
el servicio militar en el Regimiento de Infantería Nº 24 de la ciudad de
Río Gallego, siendo trasladado el 13 de octubre a la UP 4 de esta
ciudad.
En cuanto al lugar de cautiverio en el período comprendido
entre el secuestro en Río Gallego y el ingreso a la cárcel de Villa
Floresta, DRISALDI fue visto encerrado en el Batallón de
Comunicaciones 181 por la víctima Lilian Noemí LARROSA, durante
el cautiverio de esta última en esa sede: "Había una habitación
enfrente y vi a un muchacho que estaba desaparecido, que era de
Médanos y hacía muchísimo tiempo que estaba desaparecido, la madre
ya lo había dado por muerto: su nombre era Juan DRISALDI, quien
ahora vive en España, se casó con una médica creo. Su caso era
conocido, estudiaba medicina creo que en La Plata. Un día me pasaron
por debajo de la puerta un papel que decía que si salía le avisara a
Olga DRISALDI, fallecida ahora, su mamá, que estaba vivo y que
estaba ahí". Tal como se ha tenido por acreditado en los autos de
mérito donde se analizó el caso de LARROSA, su secuestro se llevó a
cabo el 09 de septiembre de 1976, siendo más adelante trasladada al
Batallón de Comunicaciones 181, donde permaneció en cautiverio
hasta el 20 y 21 de septiembre de 1976. Es en dicho período que la
víctima tuvo contacto con DRISALDI en la unidad militar, el cual -por
otra parte- coincide con las circunstancias temporales del cautiverio
de este último.
El 1 de octubre, MADUEÑO y SIERRA le tomaron
indagatoria en la sede del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca.
El 3 de noviembre de 1976 se dictó el decreto Nº 2776 que
lo puso a disposición del P.E.N, lo que impidió -pese a ser sobreseído
el 5 de enero de 1977- que se efectivice su libertad, la que recién
recuperó el 20 de abril de ese año.
19. Hugo Reinaldo SARTISON
Con 25 años de edad, SARTISON era estudiante de la
carrera de contador en la UNS, y administraba una imprenta en su
domicilio de Blandengues 179 de esta ciudad, donde se elaboraban
copias de apuntes de docente de la universidad, distribuidas entre los
estudiantes.
El 8 de julio de 1976, la víctima quedó privada de su libertad
al presentarse en la delegación local de la Policía Federal.
Al día siguiente, SARTISON fue interrogado por personal
policial, y el 12 de julio fue indagado en la misma sede policial donde
permanecía en cautiverio por el juez MADUEÑO y el secretario
SIERRA.
Al día siguiente, la víctima fue trasladada a la Unidad
Penitenciaria 4, donde continuó privado de la libertad hasta el 17 de
septiembre de 1976, fecha en que se ejecutó su liberación ordenada
por el juez federal.
20. Hugo Osvaldo DEL CAMPO
La víctima se desempeñó como docente del profesorado y la
licenciatura en Historia del departamento de humanidades de la de
Universidad Nacional del Sur, hasta el mes de diciembre de 1974,
fecha en que fue declarado cesante.
El 7 de octubre de 1976, DEL CAMPO fue secuestrado en
su domicilio de Capital Federal por miembros de la policía federal,
siendo luego conducido a la Dirección General del Interior de dicha
fuerza.
El 13 de ese mismo mes, fue trasladado a la delegación
Bahía Blanca de la Policía Federal. En los días siguientes, fue
interrogado por personal policial, y el 19 de octubre fue indagado por
MADUEÑO y SIERRA.
Tres días más tarde, fue llevado a la Unidad Penitenciaria 4
de Villa Floresta, donde permaneció hasta el mes de noviembre de
1976, cuando se lo trasladó a la UP 9 de La Plata.
En esta sede, fue nuevamente indagado en dos
oportunidades por MADUEÑO y SIERRA -18 de febrero y 14 de julio
de 1977-.
El 19 de enero de 1978 se dictó su procesamiento, y el 29
de diciembre de 1980 fue condenado a 5 años de prisión e
inhabilitación absoluta y perpetua.
El 15 de julio de 1981, se dictó el decreto n° 665 por el cual
se dispuso el cese del arresto a disposición del P.E.N., continuando la
víctima privada de la libertad, en función de la sentencia judicial
condenatoria.
El 12 de octubre de 1981, recuperó la libertad por haber
cumplido la pena impuesta. Dos años después, la Cámara Federal de
Apelaciones local, revocó la sentencia condenatoria absolviendo a DEL
CAMPO de todos los cargos efectuados.
21. Ana María Francisca PUCCIARELLI
Profesora de Letras, la víctima se desempeñó como docente
de la Universidad Nacional del Sur, hasta ser cesanteada el 28 de
febrero de 1975 por el rector interventor Remus TETU.
El 20 de octubre de 1976, PUCCIARELLI fue detenida al
presentarse en la delegación local de la Policía Federal. Al día
siguiente, fue interrogada por el comisario BERNOTAS, por entonces
jefe de la delegación.
El 22 de octubre de 1976, por disposición del Juzgado
Federal, se le concedió la libertad provisoria.
22. Edgardo Arturo TRIGO
De profesión contador, la víctima se desempeñaba como
docente en la cátedra de Finanzas Públicas de la carrera de Economía
de la UNS. En el año 1975, fue cesanteado por decisión del rector
interventor Remus TETU.
TRIGO fue víctima de dos secuestros. El primero de ellos se
llevó a cabo el 20 de julio de 1976, mediante un operativo efectuado
por personal del ejército y civiles que se identificaron como policías,
siendo la víctima trasladada a un lugar que no pudo identificar, en el
que permaneció cautivo hasta el día 30 de ese mes.
El 20 de octubre de 1976, TRIGO fue nuevamente privado
de su libertad por medio un operativo llevado a cabo por miembros de
la Policía Federal de esta ciudad, y alojado en la sede local de esa
fuerza, donde al día siguiente fue interrogado bajo la forma de una
"manifestación espontánea".
El día 27 de ese mes, fue indagado por SIERRA y MADUEÑO
y trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 4 de Villa Floresta.
Por decreto N° 2849/76, el 15 de noviembre de 1976 fue
puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
El 26 de noviembre, Edgardo Arturo TRIGO fue trasladado
a la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, donde continuó detenido
hasta su efectiva liberación, el 19 de abril de 1977, dispuesta por
Mensaje Militar Conjunto N° 3468/77 de fecha 11 de abril de 1977.
23. Carlos Bernardo DARTIGUELONGUE
La víctima se desempeñó como docente de filosofía en la
Universidad del Sur entre agosto y diciembre de 1973.
El 22 de octubre de 1976, DARTILONGUE fue secuestrado
de su casa de la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires,
por integrantes de la policía federal de la delegación de San Martin, y
trasladado a la Dirección General del Interior.
El 4 de noviembre de 1976, fue conducido a la delegación
Bahía Blanca de la Policía Federal, donde un día más tarde, fue
interrogado por personal policial y, a continuación, indagado por
MADUEÑO y SIERRA, disponiéndose tras aquel acto su liberación.
24. Félix Gustavo SCHUSTER
Profesor de lógica matemática en la Universidad Nacional
del Sur, desempeñó el cargo hasta el mes de enero de 1975.
El 22 de octubre de 1976 fue secuestrado en su domicilio de
Capital Federal, por integrantes de la Superintendencia de Seguridad
Federal de la policía federal, y alojado en la Dirección General del
Interior de esa fuerza.
El 30 de octubre, fue trasladado a la delegación local de la
policía federal, donde el 1° de noviembre fue interrogado por personal
policial. Ese mismo día, se hicieron presentes MADUEÑO y SIERRA
para recibirle declaración indagatoria.
Al día siguiente fue trasladado a la UP4.
El 15 de noviembre de 1976, fue puesto a disposición del
P.E.N por decreto 2849. El 26 del mismo mes, se lo trasladó a la
Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata.
El 21 de septiembre de 1977, el juzgado federal decretó su
libertad, la que no se efectivizó hasta el dictado del decreto n° 317 por
el que se dejó sin efecto su sujeción a disposición del PEN el 14 de
febrero de 1978.
25. Marta Natividad PANTANO
La víctima se desempeñó como docente de la carrera de
Letras en la Universidad del Nacional Sur, hasta que el 28 de febrero
de 1975 fue dejada cesante por parte del interventor Remus TETU.
El 23 de octubre de 1976, fue detenida al presentarse en la
delegación local de la policía federal, donde quedó reducida a
cautiverio.
En esa sede, el 27 de octubre de 1976 fue interrogada por
personal policial y, al día siguiente, indagada por MADUEÑO y
SIERRA. Tras el acto, fue trasladada a la UP4.
El 29 de noviembre de ese año, el juzgado federal decretó su
libertad por falta de mérito, la que no fue efectivizada por pesar sobre
la víctima un decreto de puesta a disposición del PEN.
Finalmente, PANTANO fue liberada el 14 de diciembre de
1976 y su sobreseimiento definitivo se dictó el 31 de agosto de 1978.
26. Daniel VILLAR
Docente en la carrera de Profesorado y Licenciatura en
Historia del Departamento de Humanidades de la de Universidad
Nacional del Sur, VILLAR ejerció dicho cargo hasta el 28 de febrero de
1975, fecha en fue declarado cesante por el interventor Remus TETU.
El 27 de octubre de 1976, la víctima quedó detenida al
presentarse en la delegación local de la policía federal, donde se lo
encerró con el cuerpo desnudo en un calabozo durante dos días,
sometido a torturas.
El 31 de octubre, fue interrogado por personal policial, y un
día más tarde, indagado en esa misma sede por MADUEÑO y SIERRA.
El 2 de noviembre, fue trasladado a la UP4, donde volvió a
ser interrogado por ambos funcionarios judiciales el 25 del mismo
mes. Durante ese período fue puesto a disposición del P.E.N.
El 26 de noviembre, fue trasladado a la Unidad Penal N° 9
de La Plata, donde volvió a ser indagado por MADUEÑO y SIERRA el
15 de enero de 1977. Dos días después, el juzgado federal lo sobreseyó
parcial y definitivamente.
Finalmente, el 7 de marzo de 1977 fue liberado.
27. Marcos Luís ISABAL
La víctima se desempeñó como docente de filosofía de la
Universidad Nacional del Sur, hasta el 28 de febrero de 1975, cuando
fue cesanteado por Remus TETU.
El 2 de noviembre de 1976, fue detenido al presentarse en
la delegación local de la policía federal, donde al día siguiente fue
interrogado por personal policial.
El día 4 de noviembre, MADUEÑO y SIERRA se hicieron
presentes para efectivizar la declaración indagatoria, la que fue
ampliada al día siguiente.
Dos días más tarde, fue trasladado a la UP4, siendo
colocado a disposición del P.E.N el 15 de noviembre de 1976 por
decreto 2849.
El 26 del mismo mes, ISABAL fue trasladado a la Unidad
Penal Nº 9 de la ciudad de la Plata, sede en la que fue interrogado
nuevamente por MADUEÑO y SIERRA el 18 de febrero de 1977.
El 9 de marzo de ese año, el juzgado federal decretó la
inmediata libertad de la víctima, la que se efectivizó el 17 del mismo
mes.
28. Walter Enrique DAUB
De profesión ingeniero químico, DAUB se desempeñó como
docente y director del Departamento de Física de la Universidad
Nacional del Sur hasta el año 1975.
El 23 de noviembre de 1976, fue secuestrado por personal
de la policía federal de Santa Rosa, y dos días más tarde trasladado a
la delegación Bahía Blanca de esa fuerza.
Ese mismo día, MADUEÑO y SIERRA le tomaron
declaración indagatoria, sin que obren constancias en el expediente
del curso de procedimiento a su respecto, ni de las condiciones de su
liberación.
29. Oscar Julio GALFRE
Licenciado en Sociología, la víctima se desempeñó como
docente de la Carrera de Filosofía en la Universidad Nacional del Sur.
El 21 de octubre de 1976, en el marco de la instrucción de
la causa DEL CAMPO, se ordenó la detención de la víctima, la cual se
presentó el 17 de noviembre en la delegación local de la policía federal,
quedando detenida en el acto.
Ese mismo día, fue interrogado por personal policial, y dos
días más tarde, indagado por MADUEÑO y GIROTTI en la misma sede,
decretándose a continuación su libertad.
El 9 de noviembre de 1979, fue autorizado para abandonar
el país.
30. María Gabriela SARTORI
Licenciada en psicología, la víctima integró el gabinete de
psicopedagogía social en las escuelas medias de la Universidad
Nacional del Sur, cargo al que renunció a fines de 1973, trasladándose
a la ciudad de Buenos Aires.
Desde el 3 de diciembre de 1974, se encontraba detenida en
la Unidad Penitenciaria N° 2 de Villa Devoto, siendo colocada a
disposición del PEN.
El 12 de abril de 1977, a requerimiento del juzgado federal,
fue trasladada a la Dirección General del Interior de la policía federal,
y luego a la delegación Bahía Blanca de esa fuerza.
En esta última sede fue interrogada por personal policial y
luego trasladada a la UP4, donde permaneció hasta el 18 de mayo del
mismo año.
El 16 de abril, MADUEÑO y SIERRA le tomaron indagatoria
en esa dependencia carcelaria. El 18 de mayo, el juzgado ordenó su
liberación por falta de mérito.
4. CALIFICACIONES LEGALES
Las conductas imputadas resultan con adecuación típica a
las siguientes calificaciones.
4.1. Delitos de Lesa Humanidad
Los hechos atribuidos configuran delitos contra la
humanidad y genocidio en los términos del art. 1 de la "Convención
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los
crímenes de Lesa Humanidad", y art. II de la "Convención para la
Prevención y Sanción del delito de Genocidio".
Estas figuras no son excluyentes, sino que se
complementan entre sí, no sólo en lo que atañe a la gravedad de las
prácticas desarrolladas, sino en cuanto a las circunstancias en torno
a las cuales gira en cada caso la edificación del tipo penal: en el
supuesto de los delitos de lesa humanidad, el contexto en el que se
comete, es decir, un ataque sistemático o generalizado contra una
parte de la población civil; en el genocidio, el propósito de destruir un
grupo social.
En lo concerniente a los delitos de lesa humanidad, lo que
distingue a esta categoría es su tipificación con fuente en las normas
del derecho penal internacional. Esa particularidad, junto a la
identidad de los sujetos agredidos por quienes incurren en tales
conductas, resultan las notas definitorias de aquellos crímenes.
La identidad de la víctima en estos casos está dada por la
humanidad, en tanto concepto unificador que nuclea y contiene al
sujeto agredido.
Dicha consideración es la que transmite la agresión que
sufre la persona al grupo colectivo al que pertenece, y que
conceptuamos como humanidad.
En otras palabras, la acción ofensiva trasciende a la víctima
particular y se dirige al colectivo que integra, el que resulta
destinatario de la conducta agresora.
La Corte Suprema de Justicia en relación a los delitos de
Lesa Humanidad, sostuvo que "se los reputa como cometidos contra el
derecho de gentes que la comunidad mundial se ha comprometido a
erradicar, porque merecen la sanción y la reprobación de la conciencia
universal al atentar contra los valores humanos fundamentales" |45|.
El máximo tribunal, en "DERECHO, René J.", estableció los
criterios que habilitan la atención de un hecho como un delito de Lesa
Humanidad: "…los casos de crímenes de lesa humanidad son
justamente la realización de la peor de esas amenazas, la de la
organización política atacando masivamente a quienes debía cobijar.
'Humanidad', por lo tanto, en este contexto, se refiere a la característica
universal de ser un 'animal político' y la caracterización de estos
ataques como crímenes de lesa humanidad cumple la función de
señalar el interés común, compartido por el género humano, en que las
organizaciones políticas no se conviertan en ese tipo de maquinaria
perversa. El criterio de distinción entonces radicaría no en la naturaleza
de cada acto individual (es decir, por ejemplo, cada homicidio) sino en
su pertenencia a un contexto específico: 'El alto grado de depravación,
por sí mismo, no distingue a los crímenes de lesa humanidad de los
hechos más crueles que los sistemas locales criminalizan. Más bien, lo
que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son
atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi-
gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su
jurisdicción y control" |46|.
En la misma sentencia, la Corte Suprema se refirió a los
elementos que hacen al encuadre en la categoría de Lesa Humanidad,
en orden al modo en que tales atrocidades son llevadas a cabo como
parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población
civil, realizado de conformidad con una política de estado, o para
promover esa política.
La comisión de los hechos descriptos implica
indudablemente la aplicación de un plan criminal, concebido y
ejecutado de manera sistemática y clandestina, cuya implementación
tuvo como finalidad criminal el ataque generalizado a la sociedad civil
y se plasmó en privaciones ilegales de la libertad, violaciones de
domicilios, torturas, amenazas, violencia y persecuciones políticas.
La puesta en práctica de plan de exterminio, conducida por
las Fuerzas Armadas desde la estructura estatal, fue llevada a cabo
con la utilización de aparatos de poder basado en las estructuras
militares orgánicas.
Entre las graves prácticas desarrolladas en marco de este
plan criminal que encuadran dentro del catálogo previsto en la
legislación internacional de los Crímenes de Lesa Humanidad,
amerita un tratamiento especial el delito de persecución, receptado
-entre otros instrumentos normativos- en el artículo 7, punto 1, inc.
h, del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Según el precepto citado, la figura alcanza a la "Persecución
de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género
definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos
como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier
crimen de la competencia de la Corte".
A su vez, según el punto 2, ing. g, por persecución se
entenderá la privación intencional y grave de derechos
fundamentales en contravención del Derecho internacional en
razón de la identidad del grupo o la colectividad.
Cabe aclarar que el delito de persecución formaba parte del
Derecho Internacional Pública con anterioridad al acaecimiento de los
hechos que motivan este requerimiento de elevación a juicio.
Ya el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945
(al que remite -entre otros instrumentos- la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad, como definición del delito de lesa humanidad, de 1968)
establecía como "CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD" a "la
persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en
ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en
relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la
legislación interna de país donde se perpetraron".
Con posterioridad, el tipo penal se mantuvo vigente a lo
largo de las décadas trascurridas hasta el presente, en todos los
instrumentos internacionales que se fueron plasmando los crímenes
contra los derechos humanos (Estatuto del Tribunal Penal
Internacional para Ruanda -arts. 3, inc. h-, Estatuto del Tribunal
Penal Internacional para la Ex Yugoslavia -5, inc. h-, y el Estatuto de
la Corte Penal Internacional precedentemente citado).
La conexidad lógica-criminal que guardan todos los actos
descriptos en perjuicio de las víctimas de este requerimiento, nos
conduce a efectuar algunas precisiones en torno a la persecución por
motivos políticos como crimen contra la humanidad.
En lo que concierne al presente requerimiento de
instrucción, de la mera lectura del relato de los hechos requeridos
surge con absoluta claridad que la finalidad persecutoria se
manifiesta tanto en los actos mismos de secuestro y torturas de las
víctimas, como en el modo en que esos actos fueron utilizados como
canal para atentar contra el colectivo de identidad (empresa de acción
psicológica).
En el plano de la jurisprudencia, los fallos de los Tribunales
internacionales brindan pautas claras sobre los alcances del tipo
penal, así como criterios de valoración de la prueba, que abonan en
el encuadramiento de los hechos examinados en el supuesto del delito
de persecución, como pasamos a exponer.
Uno de los parámetros indica cuál es el grado de gravedad
o severidad que deben reunir los actos privativos, para deslindar
aquellos que constituyen persecución de los que no lo hacen. En este
sentido, el Tribunal Internacional Penal para la Ex Yugoslavia efectuó
un aporte significativo al expresar que "los actos de persecución no
deben ser evaluados aisladamente sino en su contexto y observando
su efecto acumulativo. Aunque actos individuales podrían no ser
inhumanos, sus consecuencias generales podrían ofender a la
humanidad de tal modo que deberían calificarse como inhumanos", y
que -en ese contexto- "el Tribunal no excluye la posibilidad de que un
simple acto pueda constituir persecución" |47|.
Explica el fallo que "si un acto constituye una flagrante y
ostensible denegación de un derecho humano fundamental, y, si
es cometido con motivos discriminatorios, este constituiría
persecución" |48|.
Estos conceptos básicos -reiterados en innumerables
sentencias de todos los tribunales penales internacionales |49|- pueden
enumerarse en los siguientes presupuestos: a) que haya una
denegación de derecho humano fundamental; b) que lo sea con
carácter grave o severo, lo que se manifiesta tanto en actos que lo
expresan por sí mismos de manera flagrante y ostensible, como en
actos que lo hacen tomados en su contexto y en su dimensión
acumulativa; y c) que sean cometidos con motivo discriminatorio, es
decir, con la finalidad de atentar en función de la pertenencia a un
grupo de identidad determinado.
En el apartado siguiente, se señalará la manera en que los
casos que forman parte de este requerimiento de instrucción
satisfacen todos los presupuestos señalados.
En cuanto a la doble subsunción de las conductas, la
configuración de dicha condición en los hechos requeridos no ofrece
mayores dificultades, toda vez que las víctimas fueron -cada una de
ellas- privadas ilegalmente de la libertad y sometidas a condiciones
inhumanas de encierro, acciones que se encontraban penalmente
sancionadas al momento de los hechos.
En ese sentido, cabe tener presente lo sostenido -obiter
dictum- por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en el
fallo "RICCHIUTI…" |50|, al ratificar una condena por delitos de lesa
humanidad, en cuanto a que si bien "los instrumentos internacionales
de derechos humanos que cristalizaron las normas penales del jus
cogens sin duda incluían la proscripción de hechos como los aquí
denunciados bajo la tipificación del delito de desaparición forzada de
personas, creo oportuno mencionar a modo ilustrativo que esas
conductas también pueden ser consideradas a la luz de la tipificación
del crimen de persecución por motivos políticos", con cita de los
estatutos internacionales previamente referenciados.
Para ello, el fallo tuvo en cuenta que "los hechos… no se
produjeron de modo aislado, sino que han sido parte de un sistema
complejo de represión estatal ilegal y de persecución por razones
políticas", ponderando -para arribar a tales conclusiones- la
"vulneración de los derechos humanos fundamentales", así como
el "carácter repetido de este tipo de actos denunciados en perjuicio
de personas que resultaban perseguidas en virtud de su (real o ficta)
pertenencia a la así llamada 'subversión' [lo que] permite en la especie
inferir el 'motivo político' al que alude la norma internacional que
sanciona el crimen de persecución por razones de esa clase".
En nuestro caso, la grave privación de derechos
fundamentales viene dada en el modo en que las víctimas fueron
perseguidas, secuestradas, torturadas, privadas de su libertad por
amplios períodos de tiempo, privadas del derecho a trabajar y
expuestas al público como peligrosos delincuentes terroristas, lo que
les significó el truncamiento de la muerte civil, al menos hasta el
regreso de la democracia.
A su vez, la reseña fáctica expuesta no deja lugar a duda en
cuanto a que esa grave e intencionada privación de derechos tuvo
lugar en razón de la identidad del grupo, lo que determina en el caso
de los docentes universitarios el motivo discriminatorio que
caracteriza al delito de persecución.
En este plano, al carácter de "subversivos" o de "ideólogos
de la subversión" atribuido al grupo, en el caso, el elemento identirario
-que fundamenta la motivación discriminatoria- se encuentra
marcadamente acentuado en la pertenencia de todos ellos (así como
las decenas de profesores con orden de captura) a un mismo espacio
institucional (Departamentos de Economía y Humanidades de la
UNS), como así también en la proclama de "limpieza" de la Casa de
Altos Estudios que tanto el general Vilas como el diario "La Nueva
Provincia" establecieran e instalaran como objetivo prioritario del plan
represivo en la Subzona 51.
En cuanto al efecto acumulativo y la extensión en el
tiempo, la vulneración a las libertades básicas no se limitó a los actos
de secuestro y torturas -elemento, en sí mismo, suficiente-, sino que
comprende una serie de actos conectados y acumulados que tuvieron
inicio con anterioridad a los secuestros y que continuaron luego de
recuperada la libertad.
En este orden, los docentes ya habían sido expulsados de
la universidad y privados del derecho a trabajar mediante cesantías
masivas, en las que fueron señalados como "subversivos" que
representaban un peligro para la seguridad de la Nación.
Luis Alberto RODRÍGUEZ relató en relación a la situación
previa a su detención: "me habían echado. Así que estaba parado como
se dice. Me cesanteó Remus Tetu. E intervino un Capitán de apellido
González que me dijo que yo era un peligro para la seguridad nacional.
Eso lo dice en un escrito de contestación a un escrito presentado por mi
abogado de entonces, Luis De Mira durante el cuestionamiento de mi
cesantía".
A su vez, Edgardo TRIGO trazó un nexo entre la gestión de
Remus TETU y su detención posterior: "cuando solicité entrevista con
Remus Tetu para pedir por unos compañeros que habían sido
cesanteados, como Heber Tapata, entrevista que fue muy breve y me
dijo 'yo sé en qué andás vos' y me echó. Y me llamó la atención que
mientras estuve detenido en la Federal lo vi a Remus Tetu pasar hacia
un cuarto contiguo del que yo me encontraba" |51|.
Durante dicho período, y como consecuencia de las
cesantías, los docentes ya habían comenzado a sufrir amenazas
constantes y el ostracismo social y profesional, de modo que los
operativos de secuestro constituyeron un modo de dar continuidad y
mayor intensidad a un proceso previo de persecución y una misma
empresa delictiva.
Finalmente, la puesta en escena de las causas judiciales y
la exposición mediática suprimieron toda posibilidad de desarrollo en
el país de un proyecto de vida civil, social y profesional, castigo que
se tradujo no solo en la privación del derecho al trabajo, sino una
completa reducción del individuo como sujeto de derecho. Para
intentar escapar a esta situación, no quedaba más remedio que el
exilio (interno y externo), al que fueron arrastrados la mayoría de las
víctimas.
En este sentido, Daniel VILLAR fue verdaderamente
explícito:
"Pasado el tiempo recibí golpes, duchas y lo que
habitualmente se hacía en el marco de estos procedimientos. No es lo
que recuerdo como más negativo, lo más negativo fueron las
consecuencias inmediatas que tuvo esa puesta en escena que
afectó a muchas personas más. Una verdadera operación de
inteligencia para presentar a la UNS como un lugar que albergaba
subversivos peligrosos organizados en una actividad común, se
difundieron fotografía de personas sin condena, fuimos expulsados de
nuestros puestos de trabajo, sacado de la jurisdicción del juez
Madueño que no hizo nada para evitar eso, con gran apoyo
periodístico".
Agregó también que "el armado de la causa fue muy rápido,
fuimos escrachados de inmediato. En el caso mío se podría haber
resuelto en dos días, y hubiéramos quedado en libertad
inmediatamente. Para ello Madueño se tomó cinco meses, estuve preso,
me quedé sin trabajo, mi mujer se quedó sin trabajo […] La palabra
tormento hay que darle un contenido, también es tormento
someter injustamente a alguien".
Sobre las dimensiones de estos perjuicios, explicó: "Daños
concretos a la persona, sus bienes, su profesión, en aras de una
maniobra de contenido político y de una calidad insufrible, hecho con
una torpeza que sólo por la fuerza pudieron llevar adelante por tanto
tiempo. Yo tenía 30 años, estaba por empezar con el doctorado, mi
mujer igual, nos quedamos los dos sin trabajo. Exiliados
encerrados en nuestras casas. Cuando intenté volver a la
Universidad de La Pampa, pedí que reconsideren mi cesantía y el rector
me dijo que no porque debía actuar de acuerdo al temperamento
de las fuerzas armadas en el marco del proceso".
Sobre el ostracismo padecido, relató: "En el mes de enero
de 1977 me sobreseyeron y recuperé la libertad una vez que me
levantaron la disposición del Poder Ejecutivo. Volví a Bahía Blanca,
seguí viviendo aquí, habiendo perdido todos mis trabajos en la
universidad tanto yo como mi señora".
"Mi esposa en un momento dado empezó a recibir información
de que se iba se a terminar pero la impresión era que se manejaba en
dos planos: uno judicial y otro de inteligencia militar. Y la sensación era
que ambos estaban muy vinculados".
Se entiende, entonces, que el máximo castigo padecido por
las víctimas fue la muerte civil, en una suerte de capitis diminutio
moderna.
Alberto BARBEITO describió una situación similar. Explicó
que, luego de quedar cesante en 1975, "[e]n febrero y marzo hay
protestas, pero las amenazas eran cotidianas así que resuelvo volver a
Bs. As. A mi antiguo domicilio en Avellaneda, retornar al sector público
fue imposible, aparecía como no recomendable para ingresar al sector
público".
Luis Alberto RODRÍGUEZ fue aún más gráfico en cuanto a
cómo funcionaba el sistema de expulsión del mercado laboral: "Bahía
Blanca Refrescos me contrató para poner en funcionamiento el
departamento de sistemas. El gerente de apellido Moure me comentó
que se había complicado el que me incorporaran, por un informe que
habían presentado los servicios de inteligencia, que se ve que
colaboraban con la elección de personal. Tuve acceso al informe, lo vi.
Allí relataban cosas reales de mi militancia en un partido político de
izquierda […] Lo recuerdo porque me llamó la atención, que un informe
de un servicio de inteligencia se entregara a una empresa".
También Stella Maris RAMÍREZ se refirió a este aspecto:
"quisiera agregar que me fue muy difícil volver a trabajar, estuve seis
meses hasta que pude volver y yo era el sostén económico de mi hogar".
No se refiere al ámbito público (que ya les quedaba vedado),
sino incluso al privado.
Se observa en el testimonio el modo en que -entre otras
consecuencias- la empresa de persecución forzaba a las víctimas al
desarraigo y el traslado a otras ciudades, con fines de seguridad
(como en el caso de BARBEITO) o por la imposibilidad de
reintegrarse al mundo laboral y truncamiento de proyectos
profesionales y de vida (como sucedió con VILLAR, RODRÍGUEZ o
RAMÍREZ).
En el mismo sentido, Herman USABIAGA, hermano de
Mario USABIAGA, dijo en relación a la víctima que "varios de sus
compañeros ya antes los habían detenido, amenazado y algunos
habían emigrado. Luego de que lo cesantearon, mi hermano no residía
ni en la casa que vivía ni en ningún sitio permanente porque a él
también lo habían amenazado".
"Finalmente mi hermano fue liberado de la cárcel de La Plata
en 1978 sin haber finalizado la causa, razón por la cual durante más
de un año no le dieron el pasaporte, por lo que no pudo salir del país
ni tampoco podía trabajar acá. El sentir que teníamos los familiares
de las víctimas era que éramos personas rehenes del aparato
militar y judicial, que actuaban en forma coordinada y en el caso de
la justicia sometida a las disposiciones de los militares. Esa es la
impresión que yo me llevé".
De este modo, el testigo señaló otro plano de la grave
privación de derechos, consistente en la transcendencia del castigo
que, naturalmente, no se trataba de una pena legítima sino de
crímenes cometidos por el aparato estatal. Al respecto, explica
Zaffaroni: "El terror político siempre piensa que la familia puede vengar
al enemigo muerto o que es bueno extender la pena a los parientes para
incentivar la delación. Estas penas se imponían en función de una
supuesta corrupción de la sangre" |52|.
Otras víctimas también se refirieron a ese aspecto lesivo:
Dolio SFASCIA expresó lo siguiente: "Quiero agregar que
durante todo el proceso que relaté yo estuve preso pero también
nuestras familias lo estuvieron de alguna manera también.
Pasaban horas haciendo colas para tratar de obtener alguna
información sobre nosotros y sobre las condiciones en las que
estábamos. En el caso del Regimiento pasaban horas muertas
esperando ser recibidos por este Mayor DELMÉS, quien luego les
respondía cualquier cosa, o generaba falsas expectativas, e incluso
intentaba crear alguna duda nuestra conducta. Estando ya en la cárcel
lo terrible eran las requisas previas y posteriores a las visitas, tanto de
nuestros familiares y sobre nosotros mismos".
Corresponde destacar que el grado de supresión de
derechos que relataron las víctimas en sus testimonios posteriores a
los hechos, se encuentra refrendado en las mismas actuaciones que
sirvieron de base (ilegal) para la citada empresa de persecución. Es
decir, en forma contemporánea a la ejecución de los delitos.
Así, a hoja 587 de la causa N° 612/76 "RAMIREZ, Stella
Maris y otros p/ Inf. Ley 20.840", se informa que la víctima Mario
AGGIO, detenida en la Unidad Penal N° 4, padecía en el mes de
septiembre de 1976 un severo estado depresivo de marcada
intensidad y gravedad con ideas de autoeliminación, lo que
ameritó incluso un pedido de traslado a otro establecimiento (hojas
913/14, 920 y 924 |53|).
En el informe obrante a hojas 913, textualmente se
describe, con carácter de urgencia, que "he examinado una vez más
al interno AGGIO MARIO, quien padece una gravísima DEPRESION de
características existenciales presentando serias y reiteradas
amenazas de suicidio; llegando incluso a solicitar los medios para
lograr su fin […] su situación emocional se hace incontrolable en esta
Unidad".
Un caso similar es el de Heber Nazareno TAPATTA. Del
informe de hoja 860 de la misma causa, surge que, mientras
permanecía privado ilegalmente de su libertad en la Unidad Penal N°
6 de Rawson, tuvo que ser internado y medicado por un síndrome
psiquiátrico agudo: "Se trató de una Reacción Angustiosa con fuerte
rol catatímico en su sintomatología (Despersonalización, Insomio
pertinaz, anorexia, etc.)", lo que motivó la necesidad de traslado de sus
familiares hacia la provincia de Chubut.
Incluso, los padecimientos económicos quedaron
plasmados en el mismo expediente, tal como se advierte de la
presentación obrante a hoja 754, por la que María Inés OLIVELLA
(esposa de Horacio CIAFARDINI) solicitó al Juzgado Federal que
notifique en forma urgente a la unidad penal en la que se encontraba
detenida la víctima, la autorización previamente concedida para que
ésta confiera un poder para disponer de sus bienes. En esa
oportunidad, textualmente indicó: "Le ruego para este trámite la
mayor celeridad posible debido a que me veo en urgencias
económicas de índole doméstica que no puedo hacerle frente con mi
único sueldo, por tanto me urge vender por lo menos el auto, el que se
ha transformado en un artículo de extremo lujo que obviamente no
puedo mantener sin afectar considerablemente las necesidades
primarias de nuestra hija, a quien tengo a mi cargo" |54|.
Por su parte, a hojas 1368/69 de la causa citada, obra una
nota en la que, con fecha 02/05/1977, Stella Maris RAMIREZ daba
cuenta del estado depresivo que sufría, la imposibilidad de mantener
contactos con sus hijos en virtud de la distancia y de los costos
económicos que implicaría el traslado de los menores hacia La Plata
(localidad en la que se encontraba privada de su libertad), que los
mismos se encontraban bajo el cuidado de su abuelo materno cuyo
único ingreso era una jubilación y la estigmatización desde los medios
de comunicación: "Me dirijo a V.S. a efectos de plantearle mi profunda
preocupación por la demora en la resolución de mi causa. El verme
separada de mis hijos, durante casi un año, sin poder verlos por
razones económicas y de distancia, hallándose éstos a cargo de mis
padres ancianos y siendo yo hasta el momento de mi detención quién
mantenía mi hogar, ya que soy separada y no recibo alimentos por
parte de mi esposo y en estos momentos mi padres solo con su
jubilación no puede hacer frente a los gastos; acusada de una
supuesta infracción de la cual me considero inocente […] como así
también soy inocente de los cargos que se me han hecho por los
medios de difusión […] Todo esto me produce una gran desesperanza
y una profunda depresión que resulta muy difícil superar. He
trabajado durante ocho años en el mismo empleo, con una asistencia
perfecta, trabajando la mayoría de los días, doce, catorce o a veces más
horas, o a veces más horas, entregando lo mejor de mí, nunca imaginé
que mi destino sería la cárcel. Creo profundamente en Dios y es esto lo
que me permite poder sobrellevar hasta ahora todo esto tan injusto e
incomprensible para mí" |55|.
Las constancias reseñadas a título ejemplificativo, no
agotan ni la cantidad ni la entidad de los padecimientos sufridos en
virtud de la persecución desplegada, pero son una muestra cabal para
poder dimensionar la magnitud del daño producido.
En relación a la muerte civil, resulta un marco de examen
adecuado el análisis que realiza Zaffaroni sobre las distintas
expresiones que puede adoptar el poder punitivo del Estado: "[s]on
penas o manifestaciones del poder punitivo abstractamente crueles
[…] las penas realmente perpetuas, una capitis diminutio (marcación
o registro imborrable en la vida de la persona) y mucho más la muerte
civil" (cursiva en el original) |56|.
Fontán Balestra traza un paralelo entre la muerte civil y la
pena actual de inhabilitación. Explica el autor que "[e]n las antiguas
legislaciones eran sumamente usuales las penas conocidas bajo la
denominación de 'infamantes', que llegaban hasta la 'muerte civil',
consistentes en la privación total de los derechos civiles de un hombre,
por efecto de una pena […] El que estaba 'muerto civilmente', perdía la
honra" |57|.
El autor explica que, aun cuando en la actualidad la pena
de muerte civil ha sido abolida, aquella incapacitación total subsiste
parcialmente en las sanciones de inhabilitación: "Las inhabilitaciones
todas, aun las más benignas, constituyen en cierto modo penas
limitadoras de la libertad, si no de la de locomoción, por no entrañar
encierro, sí de la libertad de elegir y ejercer las propias actividades.
Ciertas inhabilitaciones, las de cargo y distinciones de carácter público,
pueden ser consideradas como afectando al honor, y así se las
denominan en la terminología alemana Ehrenstrafen. Las
inhabilitaciones especiales de tipo profesional, en fin, constituyen
también, efectivas penas pecuniarias, al privar temporalmente al
condenado de su habitual medio de vida".
Como se observa con claridad, estos daños no fueron
únicamente simbólicos, sino que se trató de la máxima expresión de
la vivencia personal, el sufrimiento experimentado por personas que
fueron marcadas no sólo en los archivos de inteligencia, sino por
todas las voces públicas como criminales extremos y enemigos de la
sociedad que debían ser erradicadas como malezas y aniquiladas de
todos los ámbitos de la sociedad, y que -como un fiel cumplimiento
de aquel deseo- vieron eficazmente desaparecer sus puestos y
oportunidades de trabajo, y arruinarse sus carreras profesionales y
sus proyectos de vida.
En conclusión, el alcance de la empresa de persecución y
las consecuencias sufridas por las víctimas fueron amplísimos, en
todos los órdenes de la vida y llegaron a arruinar familias enteras.
Por lo explicado, estos hechos resultan encuadrados en la
categoría de Lesa Humanidad, con los efectos que siguen a dicha
categoría.
4.2. Genocidio
Sentada su calidad de crímenes contra la humanidad, cabe
resaltar que los hechos que integran el presente requerimiento fueron
cometidos en el marco del genocidio desatado desde los resortes
estatales sobre un grupo de la población, calificado como enemigo
subversivo y, a su vez, constituyeron expresiones de la concreción
efectiva de dicha práctica.
En cuanto a la vigencia de la figura penal al momento de los
hechos, resulta relevante recordar que estos últimos fueron cometidos
varias décadas después de que la Organización de las Naciones
Unidas (O.N.U.) emitiera la Resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, invitando a los Estados Miembros a promulgar las leyes
necesarias para la prevención y castigo del genocidio, y de que se
aprobara, en 1948, la "Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio", ratificada por la República Argentina mediante
el decreto-ley nro. 6286/56.
Dicha Convención contaba con jerarquía de Ley Suprema de
la Nación por disposición del artículo 31 de la Constitución Nacional
al momento y en el territorio en que se desarrollaron las conductas
aquí abarcadas.
La definición del Genocidio plasmada por la Asamblea
General de la O.N.U. en el artículo II, lo hizo comprensivo de los actos
"…perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de los
miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de
los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física
total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el
seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro
grupo".
La aplicación de la figura al caso argentino ha sido
receptada en numerosos fallos de los tribunales de nuestro país, y -
en el caso de nuestra jurisdicción- en las sentencias condenatorias
dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca
en las causas "Bayón…", "Stricker…", "Fracassi…", "Boccalari…" y
"González Chipont".
Entre otros antecedentes, cabe traer a cuenta la sentencia
del Tribunal Oral en lo Federal Nro. 1 de la ciudad de La Plata en la
causa "VON WERNICH", en la que se recogieron los fundamentos de
la decisión de la Audiencia Nacional de España de fecha 2 de
noviembre de 1999. Allí se afirmó que, en función de un régimen de
terror basado en la eliminación sistemática y generalizada desde el
Estado, en Argentina "…se elaboró todo un plan de 'eliminación
selectiva' o por sectores de población integrantes del pueblo argentino,
de modo que puede afirmarse, que la selección no fue tanto como
personas concretas, ya que hicieron desaparecer o mataron a miles de
ellas sin ningún tipo de acepción política o ideológica, como por su
integración en determinados colectivos, Sectores o Grupos de la Nación
Argentina, (Grupo Nacional) a los que en su inconcebible dinámica
criminal, consideraban contrarios al Proceso…".
En el plano doctrinario, Daniel Feierstein señala que "...la
caracterización de 'grupo nacional' es absolutamente válida para
analizar los hechos ocurridos en la Argentina, dado que los
perpetradores se proponen destruir un determinado tramado de las
relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo
suficientemente sustancial para alterar la vida del conjunto (...) El
aniquilamiento en la argentina no es espontáneo, no es casual, no es
irracional: se trata de la destrucción sistemática de una 'parte
sustancial' del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo
como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino,
su futuro" |58|.
Destruir un grupo social significa hacerlo desaparecer como
construcción identitaria y como forma autónoma de ser, pensar,
sentir y actuar. El autor citado denomina al último periodo de la
práctica de genocidio "etapa de realización simbólica", en la que los
esfuerzos están dirigidos a eliminar aquella forma compartida de ser,
pensar, actuar y sentir del plano de las representaciones sociales.
4.3 Privación ilegal de la libertad
Los casos encuadran en la figura de privación ilegal de la
libertad cometida por funcionario público, agravada por el empleo de
violencia y amenazas, y por prolongarse más de un mes, que se
encontraban previstos, a la fecha de los hechos, en el artículo 144 bis,
inciso 1° y último párrafo, en función del artículo 142 inciso 1° y 5°,
según el texto de las leyes 14.616 y 20.642, normativa que se
reproduce a continuación:
Art. 144 bis inciso 1° "El funcionario público que con abuso
de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase
a alguno de su libertad personal.
(…) Si concurriesen algunas de las circunstancias
enumeradas en los incisos 1°, 2°, 3° y 5° del artículo 142, la pena
privativa de la libertad será reclusión o prisión de dos a seis años.
Art. 142 inciso 1° y 5°"…al que privare a otro de su libertad
personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1°
Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos
o de venganzas;"… "5º Si la privación de la libertad durare más de un
mes".
Esta calificación contempla la conducta del funcionario
público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades
prescriptas por la ley, priva a otra persona de su libertad personal,
situación que es agravada cuando el hecho fue cometido con
violencias o amenazas y cuando su duración es mayor a un mes.
La tipificación criminal contra la privación de libertad se
refiere a un concepto de libertad en tanto aspecto central de la
dignidad humana, que excede el acotado de libertad ambulatoria o de
movimientos.
En tal sentido, se ha sostenido que: "…el ordenamiento yace
sobre una relación política que le sirve de soporte en términos de
factibilidad y legitimidad. Cuando el contexto civilizatorio o el esquema
de racionalidad del cual se vale se desprende radicalmente de toda
sensibilidad a dicho contexto deviene irrisoriamente inaplicable o
inefectivo, y, a veces, ilegítimo. La lesión al bien jurídico por el aparato
represivo configurado durante el período 1976-1983 excedía con mucho
a la libertad ambulatoria o de movimientos. La perspectiva republicana
en superación de la abstracción devela el contenido normalizador y
despolitizador del accionar represivo en dicho contexto. Piénsese en la
incoherencia de un Estado que criminalizaba a la vez que se constituía
en delincuente sistemático a través del abuso de su estructura de
poder…" |59|.
Como se dijo, el tipo penal bajo análisis requiere la calidad
de funcionario público del sujeto activo, sin que pueda dudarse en el
presente caso, que los imputados revestían grado militar (integrantes
del Ejército Argentino), por ende, caracterizado por la legislación como
funcionarios que ejercían función pública (artículo 77 del Código
Penal).
La afectación ilegítima de la libertad de los ciudadanos por
parte del Estado, resulta una acción que corrompe las bases en que
se asienta la sociedad en que tales hechos ocurren.
Esto ha sido puesto de relevancia por Delgado, Seco Pon y
Lanusse Noguera, quienes expresan en orden a la afectación de la
libertad que: "…si el abuso proviene del propio Estado la cuestión
reviste una gravedad intolerable para el orden jurídico y constituye una
contradicción de los términos, y un incumplimiento de las pre-
condiciones conceptuales para la existencia de todo Estado de Derecho.
Nótese que en estos casos, es este último el que, con cada privación
abusiva de la libertad, es puesto en juego, al menos en la relación de
garantía con el caso concreto. No debe olvidarse que el contexto de la
dictadura militar argentina resulta paradigmático a este respecto y
pone en jaque a las categorías tradicionales, dada la sistematización y
objetivos políticos empleados en la comisión de estos delitos…." |60|.
En los casos analizados en esta requisitoria, se presenta la
ausencia de orden de detención emitida por autoridad competente.
Los secuestros descriptos fueron consumados en la más absoluta
ilegalidad.
Por otra parte, la modalidad violenta surge, en cada caso
calificado, de la misma descripción del hecho. Personas que fueron
arrancadas de sus ámbitos hogareños, laborales o de la vía pública,
lo que fue realizado por grupos armados que -utilizando la violencia-
reducían a la víctima y la introducían en automóviles. Son
circunstancias que, con suficiencia, configuran el agravante del
artículo 142 inc. 1 del Código Penal.
Asimismo, los secuestradores actuaron en forma sorpresiva,
reduciendo de modo violento a las víctimas, las que -a partir de
entonces- permanecieron secuestradas, en condiciones de ser
arrastradas a los lugares clandestinos de detención organizados para
el cautiverio.
La consideración de la faz subjetiva del tipo, nos deja ante
la presencia inequívoca del dolo en los autores de las privaciones de
libertad, el que se configura con el conocimiento de la situación ilegal,
contraria a los órdenes procesales y penales vigentes, y la
actualización de la voluntad de consumar el hecho adecuado al tipo
objetivo en que encuadra.
Nuevamente, el curso fáctico descripto en cada caso
particular, nos indica la indudable intencionalidad delictiva.
4.4 Tormentos
Los hechos calificados como tormentos, resultan adecuados
al tipo penal del artículo 144 ter, según Ley 14.616.
Esa disposición prescribía que ¨Será reprimido con reclusión
o prisión de tres a diez años e inhabilitación absoluta y perpetua, el
funcionario público que impusiere, a los presos que guarde, cualquier
especie de tormento. El máximo de la pena privativa de la libertad se
elevará hasta quince años: si la víctima fuere un perseguido político.".
Por tratarse de un delito de los llamados especiales propios,
su autor debe estar investido de la cualidad que exige la disposición.
En el caso, representada por la calidad de funcionario público (art. 77
C.P.), la que se encuentra configurada en el presente caso, tal como
se expuso al analizar el tipo penal de privación ilegal de la libertad.
Los casos encuadrados en tormentos, están referidos a
personas que se encontraban privadas ilegalmente de su libertad,
sobre quienes los captores, desde sus diferentes ámbitos, disponían
de un poderío de hecho.
No se puede soslayar que en el "Caso Bayarri vs. Argentina",
la Corte Interamericana de DDHH sostuvo que "…se está frente a un
acto constitutivo de torturas cuando el maltrato sea: a) intencional; b)
cause severos sufrimientos físicos o mentales; y c) se cometa con
cualquier fin o propósito, entre ellos, la investigación de delitos…".
Con ese plafón, se debe tener en consideración que respecto
a las víctimas analizadas en la presente requisitoria, el primer acto de
tortura lo constituyó el momento mismo del secuestro.
Pero no son únicamente esas condiciones las que
configuran el delito en análisis, sino que se debe hacer hincapié -
fundamentalmente- en la situación mental vivenciada por las
víctimas, ya que luego de ser privadas de su libertad, permanecieron
ilegítimamente en distintas dependencias -mayormente en sedes de la
Policía Federal-, centros clandestinos de detención desconocido o
unidades penitenciarias, lo que crea un estado de zozobra y angustia
profunda ante la incógnita de desconocer -en su caso- el lugar al que
los llevaban (en un total estado de indefensión, a la merced de sus
captores) y, peor aún, ignorando cuál iba a ser su destino.
Además de ello, resultaron separados de su medio social,
mantenidos asilados, y carecieron de cualquier contacto con sus
familias y personas cercanas, aumentado de esta manera sus
padecimientos psíquicos.
Todo ello, en un contexto en el que era generalizada no sólo
la existencia de la aplicación de torturas físicas, sino también la
desaparición y el fusilamiento de personas, muchas de ellas conocidas
o allegadas a los propios secuestrados.
Estos aspectos, no se pueden soslayar -so riesgo de
apartarnos de los hechos sufridos por las víctimas- al momento de
determinar la aplicación de la figura penal de tormentos.
Por demás, se debe agregar que, durante su permanencia
en las sedes policiales, centros clandestinos de detención o unidades
carcelarias, las víctimas en general eran mantenidas en pésimas
condiciones, con una pérdida absoluta de sus derechos y con un total
menosprecio a la dignidad humana; ello sin olvidar las sesiones de
interrogatorios bajo tormentos, que en la mayoría de los casos le
daban la forma de una "manifestación espontanea".
A su vez, las condiciones de cautiverio en la que se
encontraban las víctimas, resultaban un atropello a la condición
humana: el aislamiento, la absoluta falta de comunicación con
cualquier ámbito externo, y todas las degradaciones que
damnificaban el plano físico y sobre todo moral de las víctimas en
situación de desamparo y libradas a la suerte que decidieran sus
verdugos, resultan suficientes para tener por configurados los
tormentos del tipo penal descripto.
Las condiciones detalladas se cumplían en todos los centros
clandestinos de la jurisdicción, ya sea en el Batallón de
Comunicaciones 181, en las sedes policiales y en las sedes
carcelarias, sin perjuicio de que en algunos de ellos se reunieran en
forma paradigmática las situaciones de hecho que configuran el tipo
penal de tormentos.
Por otra parte, los tormentos se encuentran agravados por
ser los damnificados perseguidos políticos, en función de constituir
esa circunstancia un componente esencial y uniforme del plan
sistemático de exterminio.
El agravante resulta de la caracterización de conductas
investigadas, en tanto conformaba la estricta ejecución del plan
sistemático de represión ilegal estatal ya descripto.
Los criterios de enemigo y oponente utilizados en ese
contexto, provocaban que cualquier individuo o grupo era susceptible
de ser así considerado en la alegada lucha antisubversiva, por lo cual
no es posible excluir ninguno de los casos descriptos de la agravante
en tratamiento.
Siguiendo los criterios de «enemigo» vigentes en la llamada
lucha antisubversiva puede presumirse que las víctimas eran
valoradas como oponentes a esa lucha, por lo cual no es dable excluir
a ninguna de ellas de la aplicación de tal agravante.
Contribuye también a dar solidez al encuadre, la
circunstancia de que los interrogatorios de la clandestinidad versaban
indefectiblemente sobre sus ideologías, actividades políticas, sociales
y estudiantiles.
Por lo tanto, debe ser de aplicación el citado agravante.
4.5 Violación de domicilio
Los hechos que tuvieron como víctimas a Sergio Gustavo
CUSTODIO, Rodolfo Humberto CASANOVA, Eduardo Alfredo
VILLAMIL, Héctor PISTONESI, Rafael Luis LAPLAZA, Mario Carlos
AGGIO, Luis Alberto RODRÍGUEZ y Horacio CIAFARDINI encuadran
en la figura de la violación de domicilio, ya que reúnen los elementos
típicos contemplados en el art. 151 del CP, texto que no ha variado
desde el momento de los delitos analizados.
Cabe advertir que el avasallamiento del ámbito privado de
los individuos -representado en la figura de su domicilio- fue un
componente generalizado en el actuar sistemático del aparato
criminal, utilizado no sólo para la concreción del secuestro de las
víctimas, sino además para la extracción de elementos de los lugares
y su análisis por los órganos de inteligencia a efectos de realimentar
el círculo represivo (fijar y secuestrar nuevos blancos), tal es el caso
acontecido con Sergio Gustavo CUSTODIO, quien al momento de ser
secuestrado -junto a su madre Stella Maris RAMIREZ-, a través de un
operativo efectuado por la Policía Federal local, los efectivos
aprovecharon la oportunidad para realizar el allanamiento del hogar
y secuestrar allí material bibliográfico.
5. PARTICIPACIÓN CRIMINAL
El Código Penal no formula una definición conceptual de la
autoría penal. El artículo 45, específico de la participación criminal,
comprende tanto a autores (mediatos o directos) como a los
cooperadores necesarios, estableciendo para ambos una misma
reacción penal.
El concepto central de la coautoría funcional es el de
dominio del hecho.
Esteban Righi explica, respecto de la coautoría funcional,
que "se presenta en los casos en que es posible la división del trabajo,
cuando los intervinientes se distribuyeron los aportes necesarios para
la consumación en función de un plan y los realizaron durante la etapa
de ejecución. Es decir que cada coautor se ha reservado un dominio
funcional, pues el aporte de cada uno es imprescindible para que el
delito pueda cometerse del modo previsto…" |61|.
Por su parte, Kai Ambos concluye que "en el caso de la
intervención de varias personas (en coautoría) tiene lugar una
imputación mutua de las aportaciones de cada uno, si estas están
funcionalmente vinculadas en razón de una meta común y/o plan
común del hecho o de otro modo -doctrina del 'Common desing'" |62|.
Así, podría sostenerse que todo participante que no es autor
es partícipe.
Tanto en el artículo 45 como en el 46 del Código Penal se
hace referencia a aquellos sujetos activos que colaboran en la
ejecución de un ilícito de modo doloso, pero que lo hacen sin tener el
dominio material del mismo, el que se encuentra en manos de otros
partícipes (autores).
El discernimiento del grado de participación
correspondiente no puede desentenderse de la complejidad inherente
al accionar planificado y desplegado por el aparato criminal de poder
organizado.
Ello es así toda vez que, en aquel plano, tanto el desarrollo
del plan general de exterminio como la concreción de los planes
delictivos consumados sobre cada una de las víctimas, no podía ser
una empresa ejecutada sino a condición de una actuación colectiva.
En el seno de esta última, es donde la posición adoptada y
los roles desplegados por cada uno de los agentes puede encuadrar,
según el caso, en la ejecución de conductas consumativas (por sí
mismas) de un delito penal, la realización de aportes para la
concreción (en conjunto) de los ilícitos, o bien, la emisión de órdenes
para el perfeccionamiento de los supuestos anteriores, caso -este
último- en el que el dominio del hecho descansa en la capacidad de
mando y en las características orgánicas y funcionales del aparato
criminal.
Sentado lo anterior, en el caso de Víctor Raúl AGUIRRE,
las conductas endilgadas le son atribuibles en carácter de coautor, en
función de las acciones típicas ejecutadas en el marco de la
distribución de roles y a los fines del cumplimiento del plan criminal,
de acuerdo a lo que se expondrá al analizar los fundamentos de su
responsabilidad.
Por su parte, las conductas atribuidas a Osvaldo
Bernardino PÁEZ, Norberto Eduardo CONDAL, Jorge Horacio
GRANADA, Carlos Alberto TAFFAREL y Osvaldo Lucio SIERRA,
encuadran en el supuesto de autoría mediata, de acuerdo a los
fundamentos que indicaremos al analizar la responsabilidad delictiva.
En este tipo de autoría existe, al igual que en la autoría
directa, un dominio del hecho, al que el autor mediato llega a través
del dominio de la voluntad del ejecutor.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital explicó que "...la forma que asume el
dominio del hecho en la autoría mediata es la del dominio de la
voluntad del ejecutor, a diferencia del dominio de la acción, propio de
la autoría directa, y del dominio funcional, que caracteriza a la
coautoría. En la autoría mediata el autor, pese a no realizar conducta
típica, mantiene el dominio del hecho a través de un tercero cuya
voluntad, por alguna razón, se encuentra sometida a sus designios (...)
Se acepta un supuesto en el que puede coexistir la autoría mediata con
un ejecutor responsable. Según Claus Roxin, junto al dominio de la
voluntad por miedo o por error, hay que contemplar la del dominio de
la voluntad a través de un aparato organizado de poder..." |63|.
El carácter de autor en los delitos tratados adopta perfiles
específicos a partir de haber sido cometidos desde una estructura de
poder organizada.
De acuerdo al desarrollo doctrinario aportado por Claus
Roxin, conforman la autoría mediata, a través de las estructuras de
poder organizadas, las siguientes notas:
o Dominio de la organización: Los aparatos en los que se
verifica "dominio por organización" cuentan con distintos actores,
cada uno con un rol específico y que se interrelaciona con los
restantes.
Es así como el creador de órdenes, con un dominio absoluto
de la organización, emite las órdenes a través de los mandos de la
estructura organizativa cuyo funcionamiento asegura que las mismas
se van a cumplir al margen de la identidad de los mandos intermedios
y de la del ejecutor directo.
Esta organización, transforma en innecesario el recurrir a
la coacción o el engaño para el cumplimiento de la orden, toda vez que
el funcionamiento de la estructura es burocrático y eso opera como
garantía de no afectación de la ejecución del plan global,
particularizado en una orden. De ese modo, quien emite o comunica
la orden asegura su cumplimiento.
Este modelo implica que cuanto más alejado está el autor
de la víctima y de la conducta típica directa, cuenta con un mayor
dominio organizativo, lo que ocurre en la proporción en que se
asciende en la escala jerárquica del aparato de poder.
El encumbramiento incrementa la responsabilidad, ya que
allí reside el dominio decisivo, y desde allí descienden las órdenes a
través de organización que, en sus instancias intermedias, encontrará
a ejecutores que transmitirán las órdenes.
Estos transmisores se convierten también en autores
mediatos, ya que, en uso de sus facultades, ordenan la ejecución de
conductas ilegales. Por ello, no sólo los extremos de la organización
deben responder como autores. También resultan imputados los
eslabones intermedios por los que pasa la directiva a ejecutar.
o Actuación al margen de la legalidad: esta característica
ha sido adoptada por los aparatos organizados de poder en la
ejecución de planes ilegales como el que se ha desplegado en nuestro
país por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los que necesitan de un
funcionamiento eficiente y totalmente despojado de controles y
formalidades que la burocracia legal exige para dar amparo legal a las
actuaciones.
o Fungibilidad del ejecutor: en la organización burocrática,
el ejecutor directo aparece como una figura sustituible, aunque
dotada de libertad y, por ende, responsable. Por un lado, domina
concretamente el hecho y, al mismo tiempo, es un engranaje -
sustituible en cualquier momento- en la organización de poder.
Es por eso que, en su conducta, está su voluntad final y está
también el designio del autor mediato, el "hombre detrás de las
palancas". De todas maneras, el ejecutor realiza la conducta típica,
antijurídica y culpable, obra con dolo y sin coacción ni error.
En la autoría por medio de aparatos organizados de poder,
el dominio del hecho se configura por la estructura de poder y no por
la identidad de los que integren la cadena de mandos. Si alguno de
los sujetos del eslabón final de la estructura se niega a ejecutarlo, el
hecho no va a dejar de realizarse. Simplemente otro ocupará el lugar
y cumplirá su misión.
La concepción de la autoría criminal -acorde con los hechos
y la modalidad adoptada para su perpetración por medio de un
aparato organizado de poder- ha sido recogida ampliamente por la
jurisprudencia nacional, en materia de delitos de lesa humanidad |64|.
En cuanto a la base normativa de la cual deriva la autoría
mediata en el derecho nacional, la doctrina clásica -que agotaba la
autoría en lo establecido en la primera parte del art. 45 CP |65|- ha sido
superada por la doctrina más moderna |66| y la jurisprudencia
mayoritaria |67|, que encuadran la autoría mediata en la última parte de
dicha disposición ("los que hubiesen determinado directamente a otro
a cometerlo") |68|.
A modo de síntesis, la teoría de la autoría mediata por
dominio de un aparato organizado de poder tiene evidentes
rendimientos en el análisis de la responsabilidad de los mandos
superiores e intermedios imputados de la comisión de crímenes de
lesa humanidad mediante la utilización de la estructura de las fuerzas
armadas y de seguridad y, en general, el poder estatal durante el
terrorismo de Estado en Argentina.
Tanto la doctrina y la jurisprudencia nacional, en
consonancia con la alemana y la de los tribunales penales
internacionales, han aplicado este modelo de imputación que tiene
recepción en el Código Penal argentino.
Sin perjuicio de la categorización realizada, cabe aclarar que
la forma de comisión de los hechos ilícitos puede igualmente
analizarse desde distintas perspectivas que hacen a la criminalidad
compleja, tales como son los supuestos de coautoría funcional y
empresa criminal conjunta.
En lo que concierne a la coautoría funcional, el contexto
de actuación colectiva con el que fue desarrollado el plan de
exterminio fue posible a partir de una previa y constante repartición
de roles simultáneos y/o sucesivos, para la consumación de las
secuencias delictivas en su completitud.
En el caso de los acusados de autos, tanto los aportes
directos como las órdenes emitidas se insertar en este plano de
distribución de funciones que, por otra parte, operó como una
práctica de impunidad, en el que la celada pergeñada por la propia
lógica del terrorismo de Estado -la segmentación de los roles-
aspiraba precisamente a asegurar la irresponsabilidad de los
perpetradores.
En tales términos, se promovía que aquel que ejecutara una
parte del plan no se concibiera responsable por el todo.
En dicha pretensión, gravitaba el juego de espejos con el
propósito de que la inexistencia de responsables penales -o la
obstaculización para individualizar a los mismos- descansaría en la
errática idea de que la participación en el delito se configura
únicamente cuando todos los implicados realizan la totalidad de la
conducta exigida por el tipo penal, y no sólo una parte del mismo, o
una fracción de aquella conducta.
En este sentido, Zaffaroni diagrama la cuestión de la
siguiente forma: "No habrá de ser, pues, el caso de la autoría
concomitante o paralela el que ofrezca dificultades, sino aquél en que
la pluralidad de autores se presente en la forma de co-autoría
caracterizada por el dominio funcional del hecho, esto es, cuando
ninguno de quienes toman parte en el hecho realiza más que una parte
de la conducta que el tipo describe, por efecto de una división de la
tarea, pero ninguno de ellos realiza la totalidad de la conducta
típica…" |69|.
Luego, el autor sintetiza citando a Jescheck: "en la coautoría
funcional hay una 'imputación inmediata y mutua de todos los aportes
que se prestan al hecho en el marco de la decisión común al hecho'" |70|.
Al respecto, no debe soslayarse que cada uno de los agentes,
desde el lugar que ocupaban, cumplió aportes necesarios para la
consumación de los hechos, con el alcance que efectivamente revistió.
En ese marco, resultan coautores tanto los agentes que
ejecutaron cada una de estas actividades esenciales para la secuencia
delictiva, como aquellos que la planificaron, organizaron, emitieron y
transmitieron las órdenes, aseguraron los medios y controlaron su
cumplimiento.
Otro enfoque -a criterio de esta fiscalía, complementario- es
el de la empresa criminal conjunta, sostenido y analizado por el
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en el caso
"Prosecutor v. Tadic". Este tipo de autoría se configura cuando:
o Una pluralidad de personas aporta voluntariamente
(desde distintos roles) para lograr un plan o propósito común: en este
caso, la de perseguir y exterminar a un sector de la población;
o el codominio del hecho está dado por la participación del
acusado en ese plan común. En ese plano, no es necesario que éste
haya intervenido en un crimen específico, sino que haya aportado a
dicho plan común algún modo de asistencia o contribución.
Este esquema fue recepcionado por la CFCP, Sala II, en la
causa N° 15.496 "Acosta, Jorge Eduardo y otros"; y por el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín en la causa "Ford",
sent. del 15/03/2019.
En definitiva, lo que determina la calidad de coautores de
los agentes es su participación en la acción colectiva para la comisión
del delito:
En el plano decisional, planificando, organizando,
disponiendo y facilitando los medios, emitiendo las órdenes,
transmitiéndolas, controlando su cumplimiento y ejerciendo el poder
de disciplina;
En el plano ejecutivo, realizando aportes en las distintas
fases de la secuencia delictiva: fijación del blanco, secuestro,
cautiverio, torturas, abusos sexuales, exterminio y operaciones
psicológicas para ocultar la criminalidad.
6. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD
Los seis acusados por los que esta Fiscalía requiere la
elevación de las actuaciones a etapa de juicio eran -al momento de
los hechos- integrantes del Ejército Argentino, y revistaban en el
ámbito del Comando Vto. Cuerpo de Ejército y sus formaciones.
Dos ellos -Osvaldo Bernardino PÁEZ y Osvaldo Lucio
SIERRA- lo hacían en el Estado Mayor de dicha Gran Unidad de
Batalla, mientras que los cuatro restantes -Norberto Eduardo
CONDAL, Jorge Horacio GRANADA, Carlos Alberto TAFFAREL y
Víctor Raúl AGUIRRE- en el Destacamento de Inteligencia 181.
A partir de lo expuesto en los capítulos precedentes -
particularmente, al abordar el contexto histórico y el plan de
persecución de las víctimas como caso general- ha quedado explicado
el rol central que dicha estructura militar ocupó en la planificación,
ejecución y control de los hechos.
Como dato preliminar, se explicó que, desde el propio
trazado del esquema orgánico-represivo, el Comando Vto. Cuerpo
ejercía la jefatura de la Zona de Defensa 5, en tanto que su Segundo
Comandante -Acdel VILAS- era el Jefe de la Subzona 51, jurisdicción
a la que estaba asignado el Destacamento de Inteligencia 181 como
unidad técnica en la especialidad. Como derivación, las autoridades
del Comando mantuvieron la dirección de la empresa criminal.
En este plano, en lo concerniente a los procedimientos de
privación de la libertad, el Comando Vto. Cuerpo -con la intervención
prioritaria de su Departamento III Operaciones- dirigía y controlaba
todas las operaciones ejecutadas en la jurisdicción, ya sea por su
propio Grupo de Tareas (Agrupación Tropas), o bien por las fuerzas
policiales y de seguridad bajo control operacional, entre las cuales se
encontraba la Delegación local de la Policía Federal Argentina.
Asimismo, a través de su Departamento II Inteligencia y del
Destacamento de Inteligencia 181, el Comando también tenía la
dirección y el control de todos los aspectos de inteligencia para el
desarrollo del plan criminal, en lo concerniente a la fijación del blanco,
la realización de los interrogatorios y la ejecución de la operación
psicológica.
En este punto, todas las tareas de inteligencia realizadas
por los órganos técnicos que operaban en la subzona 51, en el seno
de cualquier fuerza policial o de seguridad, eran coordinadas por el
Comando a través del Destacamento de Inteligencia 181, cuyo Jefe
dirigía la Comunidad Informativa que englobaba a todos aquellos
elementos de colección. Por su parte, toda la información obtenida a
través de dichas tareas era canalizada por medio de la Comunidad
Informativa hacia el Destacamento de Inteligencia 181 y, por su
intermedio, al Departamento II Inteligencia.
El marzo descripto fue reconocido, en el caso, por el propio
Vilas, quien asumió que fue el Comando el que diseñó el plan de
"lucha contra la subversión" a partir de la premisa de que el núcleo
subversivo se encontraba enquistado en la Universidad del Sur y, en
función de ello, el que ordenó a la Policía Federal llevar adelante la
persecución contra los docentes universitarios (conf. su declaración
indagatoria en la causa 11/86 y el artículo de su autoría "Bahía
Blanca: el hecho histórico").
Incluso, quedó establecido que -al margen de la pantalla de
legalidad que significaron las causas judiciales- las órdenes de
captura emanaron de ese comando militar, aspecto que se desprende
de la documentación de inteligencia incorporada a la causa. En este
sentido, dentro del archivo documental de la Sección Informaciones
de la Prefectura de Zona Atlántico Norte que constituye elemento de
prueba en esta causa, obra un informe de la Sección Informaciones
de la Prefectura, titulado "INFILTRACIÓN MARXISTA EN LA U.N.S.",
de fecha 6 de septiembre de 1976, el cual refiere a la situación de
Juan Pedro DRISALDI, señalando que "[e]l nombrado integraba la lista
de prófugos suministrada por el Comando V° Cuerpo de Ejército y
Delegación local de la Policía Federal, involucrado en el plan de
penetración ideológica marxista en la nombrada casa de altos
estudios".
Otro documento de inteligencia correspondiente al mismo
fondo documental, del 27 de octubre de aquel año, expresaba: "con
respecto a la penetración marxista en las casas de estudio […] han sido
interrogadas en dependencias militares 20 personas. Siendo
investigado cada uno de ellos, sometiendo a la Justicia Federal de
Bahía Blanca a los responsables de la corrupción y adoctrinamiento, y
poniendo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional…".
En el mismo sentido, ya hicimos referencia al caso de Carlos
José CHIARAMONTE, que integraba la lista de prófugos con pedido
de captura, y en relación a quien el Ministerio de Interior informó en
el expediente que, hacia principio de 1977, contaba con un pedido de
captura girado por el Jefe del área Militar 181 de Bahía Blanca (conf.
hojas 3070 de la causa "Ramírez…").
No hay dudas, entonces, de que los secuestros eran
decididos por la cúspide del aparato criminal en la región, encabezado
por el Comando Vto. Cuerpo, canalizándose la respectiva orden a
través de las fuerzas militares, policiales o de seguridad bajo control.
Tal como sucedía con todas las víctimas de la Zona 5 y de la
Subzona 51, también concernía a las autoridades del Comando la
decisión sobre la suerte de los secuestrados, optándose -en el caso de
los docentes- por el "blanqueo" de los secuestros a través de las
causas judiciales y de la puesta a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional.
En cuanto al lugar de cautiverio, si bien en la mayoría de
los casos se colocó a las víctimas en sedes bajo control operacional
del Comando (Delegación de la Policía Federal y Unidad Penitenciaria
de Villa Floresta), es significativa la situación de Dolio SFASCIA,
Miguel Ángel ARIAS y Luis Alberto RODRÍGUEZ, quienes
permanecieron en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181
desde el 17 de julio hasta el 3 de agosto de 1976, sede a la que fueron
introducidos tabicados y donde permanecieron algunos días en
calidad de desparecidos.
También resulta revelador el caso de Víctor BENAMO,
quien ya se encontraba privado de la libertad al momento de armarse
las causas judiciales, y que incluso había pasado por el CCDT "La
Escuelita".
Párrafo aparte amerita la situación de José Luis PERALTA.
El nombre de la víctima aparece recurrentemente a lo largo del
expediente judicial de los docentes universitarios, e incluso integraba
la nómina de prófugos con orden de captura. No obstante, las
autoridades militares habían determinado para la víctima una
modalidad delictiva diferente, aunque ejecutada de manera
sincronizada.
PERALTA fue secuestrado en Mar del Plata tan sólo dos días
después de la conferencia de prensa en la que VILAS y ALAIS
expusieron el caso de los docentes al público. Trasladado a "La
Escuelita" de Bahía Blanca, la víctima fue asesinada y su cadáver si
hizo aparecer el 18 de septiembre, junto al de Alberto Ricardo
GARRALDA, mediante el montaje de un enfrentamiento con las
fuerzas estatales.
Sobre estos ejes, a continuación, se analizará la
responsabilidad delictiva de cada uno de los acusados.
6.1. Osvaldo Bernardino PAEZ
Conforme surge de su legajo personal, Osvaldo Bernardino
PAEZ, con el grado de Teniente Coronel, desde el 13 de enero de 1975
se desempeñó en el Departamento IV Logística del Quinto Cuerpo de
Ejército, a cargo de una de las Divisiones.
El 1 de enero de 1976, ya como Oficial de Estado Mayor,
pasó a prestar servicios al Departamento III Operaciones del mismo
Comando, como Jefe de una de las dos divisiones que lo integraban
(la División Educación) cargo que revestía al momento de los hechos
imputados.
Permaneció como Jefe de la División indicada hasta el 17 de
diciembre de 1976 (inclusive), tal como lo reconoció en su declaración
indagatoria celebrada en el marco de la Causa N° 982 ("Bayón…") y
en su indagatoria del 8 de mayo de 1987 en el marco de la Causa
11/86 ante la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, pese a
que de su legajo surge que habría cesado dos días antes (15 de
diciembre de 1976).
Por el periodo que abarcó su permanencia en el
Departamento III - Operaciones, fue calificado el 15 de octubre de
1976 como "Uno de los pocos sobresalientes para su grado" por Juan
Manuel BAYÓN (jefe del departamento citado y G3, superior
inmediato del imputado) y por Adel VILAS (Segundo Comandante del
V Cuerpo de Ejército y Jefe del Estado Mayor), asignándole en esa
oportunidad el máximo puntaje posible (100 puntos).
Por el período de revista del 15 de octubre a diciembre de
1976, fue calificado nuevamente por Juan Manuel BAYÓN con el
máximo puntaje (100 puntos) y por Abel Teodoro CATUZZI (quien
sucedió a VILAS).
Sentada la posición orgánica del imputado, se debe tener
presente que en la causa se encuentra acreditada el relevante rol
cumplido por el Departamento III Operaciones en el marco de la
denominada "lucha contra la subversión", órgano que tenía
responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con
las operaciones emprendidas en el marco de la misión asignada, entre
las que se encuentran los procedimientos realizados en perjuicio de
las víctimas cuyos casos se le atribuyen.
En este orden, el jefe del Departamento que integraba era el
principal miembro del estado mayor con responsabilidad primaria
sobre todos los aspectos relacionados con la organización, la
instrucción y las operaciones, debiendo preparar y difundir los planes
y órdenes de operaciones y supervisar y coordinar la ejecución de las
operaciones, planear los movimientos de tropas, las operaciones
psicológicas y las operaciones no convencionales (conf. art. 3.007 y
3.010 del Reglamento RC 3-30).
Conforme surge de múltiples elementos de prueba |71|, dentro
del Departamento III, se encontraba conformada la Agrupación
Tropas, es decir el grupo operativo dedicado prioritariamente a las
actividades de secuestro y ultimación de las víctimas.
Como resumió la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca, el Departamento III - Operaciones "tenía la responsabilidad
primaria en la totalidad de los aspectos operativos de la Gran Unidad
de Batalla (GUB), o dicho en otros términos, no se limitaba al
planeamiento y ejecución de procedimientos de secuestro contando
dentro de su órbita con el grupo de tareas o grupo operativo más
numeroso y reconocido del Subz. 51 y el Área 511, llamado
indistintamente "Agrupación Tropas", "Eq. C/Subv." o "Compañía
Operacional", sino que también de los operativos ejecutados por los
grupos de tareas de las distintas unidades controladas
operacionalmente" |72|.
En ese marco, de los archivos recuperados de la Prefectura
de Zona Atlántico, agregadas a la causa 15000005/2007, surge que
PÁEZ de manera constante requirió el secuestro y remisión de
antecedentes de numerosas víctimas, a través de pedidos que se
hacían circular tanto entre las distintas unidades del Cuerpo como de
las fuerzas de seguridad subordinadas operacionalmente
(Departamento II Inteligencia, Batallón de Comunicaciones 181,
Agrupación Tropas, Regimiento de Infantería de Montaña 26, Unidad
Regional Quinta, Delegación de la Policía Federal, Prefectura de Zona
Atlántico Norte).
De igual manera, de un informe producido por la ex
Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
de fecha 28 de septiembre de 1976 |73|, surge que PÁEZ, al mando de
fuerzas del propio Ejército (del Comando y del Batallón de
Comunicaciones 181) y policiales bajo control operacional, dirigió el
operativo de secuestro de diversas víctimas.
En conclusión, de la posición orgánica descripta y de la
documentación referida, se advierte el importante rol que cumplió
PÁEZ como Oficial de Estado Mayor e integrante del Departamento III
Operaciones del Comando V Cuerpo, en la ejecución de los secuestros
y cautiverio de las víctimas (fijando prioridades, dando instrucciones
de cómo proceder, comandando fuerzas, disponiendo la libertad de
cautivos).
De esta manera, queda acreditada en esta instancia la
responsabilidad del imputado, como eslabón fundamental de la
cadena de mandos, en el secuestro, el cautiverio y los tormentos
sufridos por las víctimas, a través de la emisión de las órdenes y el
control de su cumplimiento para la concreción de tales hechos.
En tales términos, este Ministerio Público Fiscal solicita la
elevación a etapa de juicio de Osvaldo Bernardino PAEZ, en
calidad de COAUTOR MEDIATO (art. 45 CP) de los siguientes
delitos de LESA HUMANIDAD constitutivos de GENOCIDIO:
a)- violación de domicilio (art. 151 del CP)
correspondientes a las víctimas Sergio Gustavo CUSTODIO, Rodolfo
Humberto CASANOVA, Eduardo Alfredo VILLAMIL, Héctor
PISTONESI, Rafael Luis LAPLAZA, Mario Carlos AGGIO, Luis Alberto
RODRÍGUEZ y Horacio CIAFARDINI (8 hechos);
b)- privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público y agravada por el empleo de amenazas y
violencia (art. 144 bis 1° y último párrafo en función del art. 142 inc.
1° del Código Penal conforme leyes 14.616 y 20.642) del que fueron
víctimas Sergio Gustavo CUSTODIO, Rodolfo Humberto CASANOVA,
Ana María PUCCIARELLI, Carlos Bernardo DARTIGUELONGUE,
Marcos Luis ISABAL, Walter Enrique DAUB y Oscar Julio GALFRE (7
hechos);
c)- privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público, agravada por el empleo de amenazas y
violencia y por prolongarse más de un mes (art. 144 bis inc. 1° y
último párrafo en función del art. 142 incs. 1° y 5° del Código Penal
conforme leyes 14.616 y 20.642) cometidas en perjuicio de Eduardo
Alfredo VILLAMIL, Miguel Ángel ARIAS, Anahí Silvia RODRÍGUEZ,
Heber Nazareno TAPPATÁ, Victorio Manuel SCHILLIZI, Rafael Luis
LAPLAZA, Carlos Adolfo BARRERA, Luis Alberto RODRÍGUEZ,
Horacio CIAFARDINI, Mario Arnaldo USABIAGA, Carlos Alberto
CRISTIÁ, Juan Pedro DRISALDI, Hugo Reinaldo SARTISON, Hugo
Osvaldo DEL CAMPO, Félix Gustavo SCHUSTER y Marta Natividad
PANTANO de BOSCO (16 hechos); y
d)- privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público agravada por haber sido consumada con
amenazas y violencia, y por su duración mayor a un mes (art. 144
bis inc. 1° y último párrafo en función del art. 142 incs. 1° y 5° del
Código Penal conforme leyes 14.616 y 20.642) en concurso real (art.
55 CP) con el delito de tormentos agravados por ser la víctima
perseguida política (art. 144 ter, 1er. y 2do. párr. del Código Penal
conforme ley 14.616), del que resultaron víctimas Dolio Heraldo
SFASCIA, Héctor PISTONESI, Mario Carlos AGGIO, Alberto Constante
BARBEITO, Edgardo Arturo TRIGO (2do. secuestro) y Daniel VILLAR
(6 hechos).
6.2. Norberto Eduardo CONDAL
Conforme surge de su legajo personal, Norberto Eduardo
CONDAL, con el grado de Teniente Primero, revistó en el
Destacamento de Inteligencia 181 desde el 26 de diciembre de 1975
hasta el 18 de octubre de 1976 dentro de la 1ra. Sección Ejecución.
Por ese período, fue calificado por LOSARDO y GONZÁLEZ con la
máxima puntuación.
Al momento de su designación, CONDAL poseía Aptitud
Especial en Inteligencia, habiendo aprobado el Curso de Técnico en
Inteligencia N° 5.
El 18 de octubre de 1976 fue comisionado para prestar
servicios en el Departamento II Inteligencia del Comando Vto. Cuerpo
de Ejército. Durante su desempeño en ese departamento, el 31 de
diciembre de 1976 ascendió al grado de Capitán y fue calificado por
el periodo 1976/1977 por el G-2 Aldo Mario ÁLVAREZ y por el jefe del
citado Departamento, Walter Bartolomé TEJADA, con la máxima
puntuación.
Permaneció en el Departamento II hasta el 13 de enero de
1978, fecha en la que se reintegró al Destacamento Inteligencia 181,
como Jefe de la 2da. Sección Ejecución. El 18 de marzo de 1979 pasó
a prestar servicios en la Escuela Superior de Guerra.
En lo que respecta a su posición en la 1ra. Sección
Ejecución, cabe marcar que, si bien CONDAL no figura a cargo de la
jefatura de la sección, lo cierto es que tenía el mismo grado jerárquico
que el jefe GRANADA, al punto que el ascenso a Capitán de ambos
imputados se produce en la misma fecha.
De acuerdo con el Libro Histórico de 1976, además del Jefe
y 2do. Jefe, había tres tenientes 1ro. (GRANADA, CONDAL y
TAFFAREL). Por debajo del mando de estos oficiales, había un cuerpo
de 11 suboficiales, 16 soldados y 14 agentes Personal Civil de
Inteligencia.
La Sección Ejecución en la que se encontraba el imputado
era el elemento del Destacamento específicamente dedicado a la
función de reunión de información en el lugar de detención
clandestino, y contaba para ello con el personal técnico necesario.
También en el caso de CONDAL, existen documentos de
inteligencia remitidos por la Comisión Provincial por la Memoria |74|,
suscriptos por el imputado como Oficial del Destacamento de
Inteligencia 181, que vienen a corroborar que su ámbito de actuación
era indudablemente la inteligencia sobre el blanco de exterminio.
En cuanto a las funciones cumplidas desde el 18 de octubre
de 1976, debemos señalar la importancia que tuvo el área de
inteligencia en la ejecución del plan criminal y, en ese marco, el rol
cumplido por el citado departamento y por el Destacamento de
Inteligencia 181.
Ha quedado acreditado que el Departamento II fue la cabeza
de toda la estructura de inteligencia del aparato criminal en la Zona
V, y que de él dependía el Destacamento de Inteligencia 181, órgano
que le giraba toda la información colectada a través de la Comunidad
Informativa o por sus propios medios.
De igual manera, se encuentra demostrado el rol que los
integrantes de ese departamento tuvieron en la realización de
operativos de secuestro y acción psicológica.
En este orden, el involucramiento de CONDAL en la
actividad criminal fue señalada por otro imputado en causas de lesa
humanidad de esta jurisdicción, GONZÁLEZ CHIPONT, en la
presentación realizada ante la Junta Calificadora que obra agregada
a la causa 15000005/2007. En ese reclamo, GONZÁLEZ CHIPONT,
luego de asumirse como responsable del abatimiento de numerosas
víctimas, indica a CONDAL entre las personas que podían avalar esa
circunstancia, lo que demuestra su intervención en tales tareas
criminales.
En consecuencia, desde su posición jerárquica y funcional
-impartiendo, transmitiendo o cumpliendo órdenes ilegítimas- tuvo
pleno dominio del curso causal de los hechos que se le imputan y, por
tal razón, deberá responder penalmente.
Se debe tener presente que, en los casos imputados se
encuentra acreditada la realización de actividades de inteligencia,
tanto en forma previa como durante la consumación de las
privaciones ilegales de la libertad y los tormentos sufridos por las
víctimas.
En tales términos, este Ministerio Público Fiscal solicita la
elevación a etapa de juicio de Norberto Eduardo CONDAL, en
calidad de COAUTOR MEDIATO (art. 45 CP) de los siguientes
delitos de LESA HUMANIDAD constitutivos de GENOCIDIO:
a) privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público agravada por haber sido consumada con
amenazas y violencias (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo en
función del art. 142 inc. 1° del Código Penal conforme leyes 14.616 y
20.642) respecto de Ana María PUCCIARELLI, Carlos Bernardo
DARTIGUELONGUE, Marcos Luis ISABAL, Walter Enrique DAUB y
Oscar Julio GALFRE;
b) privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público agravada por haber sido consumada con
amenazas y violencia, y por su duración mayor a un mes (art. 144
bis inc. 1° y último párrafo en función del art. 142 incs. 1° y 5° del
Código Penal conforme leyes 14.616 y 20.642) respecto de los hechos
por los que resultaron víctimas Miguel Ángel ARIAS, Heber Nazareno
TAPPATÁ, Luis Alberto RODRÍGUEZ, Juan Pedro DRISALDI, Félix
Gustavo SCHUSTER, Marta Natividad PANTANO de BOSCO y María
Gabriela SARTORI; y
c) privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público agravada por haber sido consumada con
amenazas y violencia, y por su duración mayor a un mes (art. 144
bis inc. 1° y último párrafo en función del art. 142 incs. 1° y 5° del
Código Penal conforme leyes 14.616 y 20.642) en concurso real (art.
55 CP) con el delito de tormentos agravados por ser la víctima
perseguida política (art. 144 ter, 1er. y 2do. párr. del Código Penal
conforme ley 14.616), en perjuicio de Edgardo Arturo TRIGO (2do.
secuestro) y Daniel VILLAR.
6.3. Víctor Raúl AGUIRRE
Conforme surge de su legajo personal, fue destinado al
Destacamento de Inteligencia 181 el 30 de enero de 1976,
produciéndose su alta en la unidad al día siguiente. En esa sede
permaneció hasta el 22 de noviembre de 1983, cuando pasó a prestar
servicios al Batallón de Inteligencia 601.
Al llegar al Destacamento de Inteligencia 181, fue destinado
como auxiliar de la Sección Actividades Sicológicas Secretas, en
donde, a partir del 13 de enero de 1977, revistó como encargado de
sección. El 16 de octubre de 1978 pasó a revistar como encargado de
la 1ra. Sección Ejecuciones de la misma Unidad.
Por su actuación en la Sección Actividades Psicológicas
Secretas, fue calificado por su Jefe TAFFAREL y por los sucesivos
Jefes y segundo Jefes de la Unidad.
Conforme surge del legajo citado, antes de su destino en
Bahía Blanca, AGUIRRE revistó en la Escuela de Inteligencia del
Ejército Argentino, donde culminó el curso de Técnico en
Inteligencia |75|. A su vez, el 12 de mayo de 1975 había sido asignado
"en comisión del servicio a la zona de operaciones del -Operativo
Independencia" en Tucumán bajo las órdenes Adel VILAS, quien se
encontraba a cargo de la V Brigada de Infantería.
Por su actuación en ese marco, recibió una calificación
especial por parte de VILAS en la que, además de señalar que actuó
como auxiliar en el área de inteligencia, destacó su "entusiasmo
profesional, contracción al trabajo y un gran espíritu de indagación
sobre las tareas contribuyentes al perfeccionamiento de su
especialidad en el área", y le otorgó la calificación de sobresaliente.
Teniendo presente el destino en que se encontraba el
imputado al momento de los hechos delictivos que abarca esta
requisitoria, resultan aplicables las consideraciones que se
desarrollarán en este requerimiento al momento de tratar la situación
de su Jefe inmediato en la Sección respectiva, es decir el coimputado
Carlos Alberto TAFFAREL |76|.
En efecto, AGUIRRE integraba la cadena de mando de
TAFFAREL, cumpliendo las funciones que le fueren asignadas
personalmente, y transmitiendo las órdenes a aquellos suboficiales
que se encontraban bajo su órbita de incumbencia, garantizando así
la continuidad de esa cadena, en el marco del plan sistemático
implementado a los fines de la denominada "lucha contra la
subversión".
A lo expuesto, se le debe sumar la especial preparación que
reunía AGUIRRE en el área de inteligencia, así como el desarrollo de
actividades de esa índole, aspectos que -como vimos- surgen de su
mismo legajo personal.
No debe perderse de vista que la actividad del imputado
abarcaba, entre otras tareas, el interrogatorio de los secuestrados.
En conclusión, desde su posición funcional, AGUIRRE tuvo
pleno dominio del curso causal de los hechos que se le imputan.
En tales términos, este Ministerio Público Fiscal solicita la
elevación a etapa de juicio de Víctor Raúl AGUIRRE, en calidad
de COAUTOR (art. 45 CP) de los siguientes delitos de LESA
HUMANIDAD constitutivos de GENOCIDIO:
a) privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público, agravada por el empleo de amenazas y
violencia y por prolongarse más de un mes (art. 144 inc. 1° y último
párrafo bis en función del art. 142 incs. 1° y 5° del Código Penal
conforme leyes 14.616 y 20.642) en perjuicio de Miguel Ángel ARIAS,
Juan Pedro DRISALDI, Luis Alberto RODRÍGUEZ, Dolio Heraldo
SFACIA y Heber Nazareno TAPPATÁ.
6.4. Jorge Horacio GRANADA
Con el grado de Teniente Primero, el 14 de diciembre de
1974 comenzó a revistar en el Destacamento de Inteligencia 181, en
donde fue designado jefe de la Sección "Actividades Sicológicas
Secretas", función que desempeñó hasta ser puesto al mando de la
"1ra. Sección Ejecución" (J. 1ra. Sec. Ejec.) el día 1 de enero de 1976.
Con fecha 31 de diciembre de 1976 ascendió al grado de
Capitán, y el 5 de diciembre de 1977 pasó a prestar servicios al
Destacamento de Inteligencia 201.
Por el período 75/76, fue calificado como uno de los pocos
sobresalientes de su grado, por el 2do. Jefe del Destacamento de
Inteligencia 181, el Mayor GONZALEZ y por el Jefe de la Unidad
Antonio LOSARDO. Por el periodo 76/77 fue calificado por el 2do. jefe
BLAZQUEZ y nuevamente por LOSARDO.
Antes de los nombramientos indicados, durante el año
1974, el imputado cursó en la Escuela de Inteligencia y adquirió el
título de técnico de inteligencia número 10, formándose en todos los
ámbitos de la especialidad.
La responsabilidad penal en la comisión de los hechos que
se imputan a GRANADA, encuentra sustento a partir de su ubicación
en la estructura jerárquica del área de inteligencia, en donde estuvo
a cargo -primero- de la Jefatura del elemento "Actividades Sicológicas
Secretas" y, principalmente, -luego- de la Sección "1ra. Ejecución".
Las referidas secciones se encontraban regidas por el
Reglamento RC-16-5, el cual reglamenta lo atinente a los elementos
que componen una unidad de inteligencia, entre ellos los dos que
estuvieron a cargo del imputado: "Actividades Sicológicas Secretas" y
"Ejecución".
En cuanto al primero de los elementos mencionados, su
misión consistía en ejecutar las actividades psicológicas secretas que
emanan de los planes correspondientes y tenía por función proponer
el reclutamiento y despliegue del personal para la ejecución de tales
actividades. Entre sus capacidades, se encontraban las de reunir
información sobre actividades psicológicas que efectuara "el enemigo"
en la profundidad del propio dispositivo y operar en el ámbito interno
o externo de la zona de responsabilidad.
Por su parte, la misión del elemento "Ejecución" radicaba en
la realización de actividades especiales de inteligencia (ámbito
externo) y de contrainteligencia, censura militar y reunión de
información (ámbito interno). Entre sus funciones estaba la de
realizar las actividades de investigación que expresamente se le
ordenara y, entre sus capacidades, la de obtener información
mediante el examen de documentos, el espionaje y ejecutar el
sabotaje, las actividades relativas al contraespionaje, contrasabotaje
y contrasubversión, y estar en aptitud de actuar con su personal
formando grupos, aisladamente o integrando otros.
Los hechos que abarcan esta requisitoria en relación a
GRANADA requirieron, a los fines de su ejecución, de un accionar
previo de inteligencia, de reunión de información e intercambio de las
misma, tareas que, como se describió, se presentó a lo largo de toda
la secuencia delictiva.
En todo este marco, la responsabilidad penal del imputado,
resulta ineludible.
Ello no sólo por su incumbencia en la actividad desplegada
en la captación de blancos, sino también en la obtención y el
procesamiento de la información extraída a las víctimas sometidas a
cautiverio.
En síntesis, desde su posición jerárquica y funcional (la cual
fue cumplida en consonancia con la reglamentación pertinente),
GRANADA tuvo pleno dominio del curso causal de los hechos que se
le imputan y por tal razón deberá responder penalmente.
En tales términos, este Ministerio Público Fiscal solicita la
elevación a etapa de juicio de Jorge Horacio GRANADA, en calidad
de COAUTOR MEDIATO (art. 45 CP) de los siguientes delitos de
LESA HUMANIDAD constitutivos de GENOCIDIO:
a) privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público, agravada por el empleo de amenazas y
violencia y por prolongarse más de un mes (art. 144 inc. 1° y último
párrafo bis en función del art. 142 incs. 1° y 5° del Código Penal
conforme leyes 14.616 y 20.642) en perjuicio de Miguel Ángel ARIAS,
Juan Pedro DRISALDI, Luis Alberto RODRÍGUEZ, Dolio Heraldo
SFACIA y Heber Nazareno TAPPATÁ.
6.5. Carlos Alberto TAFFAREL
Conforme surge de su legajo personal, Carlos Alberto
TAFFAREL egresó de la Escuela de Inteligencia como Técnico en
Inteligencia. A partir del 26 de diciembre de 1975, fue destinado al
Destacamento de Inteligencia 181, con el grado de Teniente Primero.
Desde su arribo a la unidad, se desempeñó como Jefe de la
Sección Actividades Sicológicas Secretas. El 31 de diciembre de 1976
fue ascendido al grado de Capitán.
Por el periodo 1976/77 fue calificado por el Jefe y el
Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 181 con la máxima
puntuación (100 puntos), oportunidad en lo que se lo consideró en el
juicio sintético como "uno de los pocos sobresalientes para su grado".
El día 1 de marzo de 1978 fue nombrado Jefe de la 1ra.
Sección Ejecución de esa misma unidad, y desde el 18 de abril de ese
año se desempeñó simultáneamente como Jefe de la Sección
Actividades Sicológicas Secretas. Desde el 5 de marzo de 1979,
conforme surge del mismo documento, se desempeñó exclusivamente
como jefe de la primera sección mencionada, hasta su egreso de la
unidad en fecha 24 de febrero de 1980.
La responsabilidad penal de TAFFAREL se sustenta a partir
de su ubicación en la estructura jerárquica del órgano de inteligencia,
la relevancia que esta última tuvo en la ejecución del plan criminal y
en su participación personal en la ejecución de las actividades propias
del área que integraba.
Los cometidos correspondientes a la sección de Actividades
Sicológicas, cuya jefatura ejerció TAFFAREL, se encuentran
reglamentados en el Capítulo II, secc. V del RC-16-5 "La Unidad de
Inteligencia".
De acuerdo a esa reglamentación, la misión de la sección
consistía en ejecutar las actividades sicológicas secretas emanadas de
los planes correspondientes, siendo su función la de proponer el
reclutamiento y despliegue del personal para la ejecución de tales
actividades. Como único órgano del Destacamento en una de las dos
áreas técnicas encaradas por la unidad, encabezaba el despliegue de
las operaciones psicológicas desarrolladas en su jurisdicción.
Recordemos que la importancia de la actividad psicológica
en el plan criminal se advierte de la ponderación de distintos
reglamentos y directivas militares (Directiva 1/75 del Consejo de
Defensa, Directiva 404/75 del Comandante, Reglamento RC-16-5 y
RC 5-2).
Asimismo, corresponde tener en cuenta que la actividad del
personal de inteligencia, y específicamente la de TAFFAREL en su rol
de Jefe de una de las secciones del Destacamento de Inteligencia 181,
abarcaba además de la fijación de blancos, el interrogatorio de los
secuestrados y, una vez obtenidos los datos que resultaban de su
interés, el procesamiento de la referida información para definir así
su destino y la suerte de las víctimas.
Cabe tener presente que las condiciones en que se sometió
al cautiverio, tuvieron como finalidad reducir a las víctimas a
condiciones de absoluta vulnerabilidad para quebrantar las
subjetividades, a la vez que, mediante torturas físicas y sicológicas,
se convertían en la "fuente de información" perseguida por los
ejecutores del plan criminal.
Como señaló la Cámara Federal local, la sección a cargo de
TAFFAREL "fue responsable del registro y archivo de la información
reunida como primera etapa de su procesamiento, necesaria para la
tarea de adquisición de blancos futuros; cumplía con la ejecución de
operaciones sicológicas de tipo compulsivas, utilizando la técnica de los
hechos físicos y los medios ocultos -entre otras, la compulsión física y
psíquica de personas, y la participación en operativos clandestinos u
oculto-" |77| (Conf. RC-5-1, Acción Sicológica -Ex RC-5-2 Operaciones
Sicológicas-, art. 2.004).
Para el logro de dicho objetivo se utilizaron mecanismos
especiales, definidos y ejecutados por quienes contaban con aptitudes
técnicas especiales para ello, como es el caso de TAFFAREL, quien era
uno de los pocos oficiales con aptitud especial de inteligencia (AEI),
resultando así "responsable no solo de las detenciones sino también
de los sufrimientos de las víctimas de dichos lugares y de la suerte
corrida por las mismas" (Cfr. resoluciones de la Cámara Federal de
Apelaciones de Bahía Blanca, fecha 21/12/2009 en expte. 65.842 y
del 31 de marzo de 2011 correspondiente al expte. 66.571).
Por otra parte, se debe señalar que, entre la documentación
de inteligencia obrante en la causa 15000005/2007, se encuentran
pedidos de antecedentes suscriptos por el propio TAFFAREL en
relación a víctimas del plan criminal investigado |78|.
Destacadas las especiales funciones que desarrollaba el
Destacamento de Inteligencia 181 en el marco del plan criminal, la
responsabilidad penal del imputado -que ocupó la Jefatura del
elemento Actividades Psicológicas Secretas- resulta ineludible.
Desde su posición jerárquica y funcional -impartiendo
órdenes ilegítimas a sus subordinados, transmitiendo las emanadas
desde los estamentos superiores por la línea de comando y
cumpliendo las mismas-, tuvo pleno dominio del curso causal de los
hechos de las víctimas que se le imputan, sobre las cuales se
realizaron actividades de inteligencia, tanto en forma previa a la
ejecución de los delitos, como durante su consumación.
En tales términos, este Ministerio Público Fiscal solicita la
elevación a etapa de juicio de Carlos Alberto TAFFAREL, en
calidad de COAUTOR MEDIATO (art. 45 CP) de los siguientes
delitos de LESA HUMANIDAD constitutivos de GENOCIDIO:
a) privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público, agravada por el empleo de amenazas y
violencia y por prolongarse más de un mes (art. 144 inc. 1° y último
párrafo bis en función del art. 142 incs. 1° y 5° del Código Penal
conforme leyes 14.616 y 20.642) en perjuicio de Miguel Ángel ARIAS,
Juan Pedro DRISALDI, Luis Alberto RODRÍGUEZ, Dolio Heraldo
SFACIA y Heber Nazareno TAPPATÁ.
6.6. Osvaldo Lucio SIERRA
Conforme surge de su legajo personal, como Mayor de
Caballería, el 6 de diciembre de 1975 pasó a continuar sus servicios
al Destacamento de Inteligencia 181, y el 30 de enero de 1976 al
Departamento II de Inteligencia del Comando del V Cuerpo de
Ejército, siendo calificado con un puntaje de 100 puntos tanto por
Adel VILAS (Segundo Comandante) como por Aldo Mario ÁLVAREZ
(jefe del Departamento II).
A partir del 16 de octubre de 1976, su legajo lo ubica como
Jefe de la División Relaciones de Ejército, y en tal calidad fue
calificado por el Comandante de Cuerpo (AZPITARTE). Por un período
breve, comprendido entre el 16 y el 31 de octubre de 1977, figura
como "Ayudante del Comandante de Cuerpo". En esta última fecha,
pasa a continuar sus servicios en el Comando en Jefe del Ejército,
siendo destinado al exterior, como agregado en el Ejército de la
República de Bolivia.
Cabe destacar que, al momento de su llegada a Bahía
Blanca, el imputado contaba con preparación y experiencia en el
desarrollo de tareas de inteligencia.
En efecto, reunía Aptitud Especial de Inteligencia (AEI),
adquirida con la realización del curso de Técnico en Inteligencia para
personal superior que efectuó en el año 1970. A su vez, entre el 1° de
junio de 1975 y el 28 de noviembre de 1975 cursó y aprobó el "Curso
de Inteligencia" para "Jefes de Unidades de Inteligencia y Auxiliares
G-2".
A su vez, había actuado como Auxiliar G 2 del Puesto de
Comando Principal del Operativo Independencia en la provincia de
Tucumán, bajo el mando de Adel VILAS, quien lo destacó por su
"rápida comprensión de las características particulares del tipo de
lucha que se enfrenta, particularmente el Área de inteligencia"
(calificación del 14 de noviembre de 1975).
Con esa preparación y experiencia previa, SIERRA formó
parte del grupo de agentes traídos por el propio VILAS a esta ciudad,
para ocupar cargos de sustancial relevancia en la órbita de
inteligencia y desde allí ejecutar el plan criminal.
En este marco, poseía una encumbrada posición jerárquica
dentro del entramado de inteligencia establecido en la Zona 5,
específicamente en el Departamento II, ubicándose por encima de
CORRES, CONDAL y GONZÁLEZ CHIPONT, y por debajo únicamente
de ALVAREZ y TEJADA (durante el año 1976).
En cuanto al rol que le cupo, SIERRA revistó en el ámbito
del Departamento II de Inteligencia, cumpliendo funciones de
reunión, procesamiento y análisis de inteligencia, y de
contrainteligencia (Conf. art. 293 Reglamento de estados mayores RC-
3-30).
A modo ejemplificativo, y para evidenciar claramente la
actuación criminal de SIERRA, podemos citar la solicitud de
antecedes de Zulma MATZKIN y de Guillermo PLUNKET -otras
víctimas de delitos de lesa humanidad de la causa "05/07"-, dirigida
al Jefe de la Prefectura Naval Argentina -Zona del Atlántico- Sección
Informaciones, del 21 de julio de 1976 (obrante entre los archivos de
la Prefectura agregados a la recién mencionada causa,
específicamente el Bibliorato Nro 92, Carpeta Documentos 68-69-70-
80, páginas 179/181 del DVD 1 del material digitalizado).
El documento fue elaborado un día después del secuestro
de PLUNKET y transcurridos dos días desde que fuera secuestrada y
puesta en cautiverio en el CCDyT "La Escuelita" Zulma MATZKIN.
Si bien Zulma MATZKIN y de Guillermo PLUNKET no son
víctimas de esta requisitoria de elevación a juicio, corresponde
destacar ese documento, ya que en el mismo SIERRA solicita la
información de manera urgente, y pide que se envíe a "este
Destacamento de Inteligencia". Es decir que, aun perteneciendo al
Departamento II del Comando, el imputado emite un memorando en
representación de una de las formaciones de esa gran unidad de
batalla. Se coloca dentro del Destacamento, que figura como unidad
remitente de la nota.
Tal constancia probatoria, demuestra un avocamiento a la
primordial tarea, en el marco de la lucha contra la subversión, de
objetivación de blancos, es decir la identificación de víctimas para su
posterior secuestro e interrogatorios que permitieran hallar "nuevos
elementos enemigos" y así proceder a su eliminación.
Como antes se expuso, también se desempeñó como Jefe
División R.R. E.E., concretamente operó como Ayudante del
Comandante de Cuerpo, es decir ayudante de Osvaldo René
AZPITARTE, tal como consta en su legajo personal. En ese rol operó
sobre el público externo, lo que abarcaba a la población, pero
particularmente al entorno de las víctimas, los familiares, allegados y
las gestiones realizadas en su favor (art. 3.024 RC-3-30).
En ese sentido resulta gravitante lo manifestado por una
víctima de la causa "05/07", Horacio Ricardo GAITÁN |79|, quién
sostuvo que sus familiares se contactaron con el obispo de Bahía
Blanca para dar con su paradero y el de su esposa, Susana Margarita
MARTÍNEZ, y que este confeccionó una nota dirigida a SIERRA.
A su vez, la víctima Eliseo Ricardo PÉREZ, al recordar en su
declaración testimonial las motivaciones de sus captores para
posteriormente dejarlo en libertad, aseguró que SIERRA era cursillista
junto a sus padres y que por ello se comunicó con los mismos a fin de
preguntarles si él era su hijo, y ante la respuesta afirmativa les
aseguró que lo haría aparecer con vida, lo que efectivamente ocurrió |80|.
De esta manera, queda acreditado que SIERRA poseía
suficiente incidencia dentro del Comando del V Cuerpo como para,
por su intermedio, disponer o asegurar la libertad de las víctimas.
Otros testigos que también dieron cuenta del desarrollo de
las tareas indicadas por parte del imputado en las especialidades
señaladas, y de su vinculación con el Destacamento de Inteligencia
181, son María Cristina LEIVA, Daniel RANDAZZO y Mario
DALHOFF |81|.
En conclusión, se encuentra acreditada la inserción de
SIERRA en el aparato criminal y los roles esenciales ejecutados para
el cumplimiento del plan delictivo en perjuicio de las víctimas por
cuyos hechos se encuentra procesado, sobre las cuales se realizaron
actividades de inteligencia, tanto en forma previa a la ejecución de los
delitos, como durante su consumación.
En tales términos, este Ministerio Público Fiscal solicita la
elevación a etapa de juicio de Osvaldo Lucio SIERRA, en calidad
de COAUTOR MEDIATO (art. 45 CP) de los siguientes delitos de
LESA HUMANIDAD constitutivos de GENOCIDIO:
a) violación de domicilio (art. 151 del CP) correspondientes
a las víctimas Sergio Gustavo CUSTODIO, Rodolfo Humberto
CASANOVA, Eduardo Alfredo VILLAMIL, Héctor PISTONESI, Rafael
Luis LAPLAZA, Mario Carlos AGGIO, Luis Alberto RODRIGUEZ,
Horacio CIAFARDINI;
b) privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público agravada por haber sido consumada con
amenazas y violencias (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo en
función del art. 142 inc. 1° del Código Penal conforme leyes 14.616 y
20.642) respecto de Sergio Gustavo CUSTODIO y Rodolfo Humberto
CASANOVA;
c) privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público agravada por haber sido consumada con
amenazas y violencia, y por su duración mayor a un mes (art. 144
bis inc. 1° y último párrafo en función del art. 142 incs. 1° y 5° del
Código Penal conforme leyes 14.616 y 20.642) respecto de los hechos
por los que resultaron víctimas Eduardo Alfredo VILLAMIL, Miguel
Ángel ARIAS, Anahí Silvia RODRIGUEZ, Heber Nazareno TAPPATÁ,
Victorio Manuel SCHILLIZI, Rafael Luis LAPLAZA, Carlos Adolfo
BARRERA, Luis Alberto RODRÍGUEZ, Horacio CIAFARDINI, Mario
Arnaldo USABIAGA, Carlos Alberto CRISTIÁ, Juan Pedro DRISALDI,
Hugo Reinaldo SARTISON y Hugo Osvaldo DEL CAMPO; y
d) privación ilegal de la libertad cometida por
funcionario público agravada por haber sido consumada con
amenazas y violencia, y por su duración mayor a un mes (art. 144
bis inc. 1° y último párrafo en función del art. 142 incs. 1° y 5° del
Código Penal conforme leyes 14.616 y 20.642) en concurso real (art.
55 CP) con el delito de imposición de tormentos agravados por ser
la víctima perseguida política (art. 144 ter, 1er. y 2do. párr. del
Código Penal conforme ley 14.616), en perjuicio de Dolio Heraldo
SFACIA, Héctor PISTONESI, Mario Carlos AGGIO y Alberto Constante
BARBEITO.
7. PETITORIO
Por las razones expuestas:
7.1 Este Ministerio Público Fiscal considera que la
instrucción se encuentra completa respecto de los hechos que la
presentación abarca, en relación a los imputados Osvaldo
Bernardino PÁEZ, Norberto Eduardo CONDAL, Víctor Raúl
AGUIRRE, Jorge Horacio GRANADA, Carlos Alberto TAFFAREL y
Osvaldo Lucio SIERRA (art. 347 inc. 1 CPPN).
7.2 En consecuencia, se solicita la elevación parcial a
juicio de esta causa, por los hechos detallados en la presente
requisitoria (art. 347 inc. 2 CPPN).
Unidad Fiscal, 6 de marzo de 2026
Firmado
digitalmente por
PALAZZANI Miguel
Angel
Fecha:2026.03.06
15:28:56 -03'00'
[Sello parcialmente ilegible]
[Firma]
PABLO VICENTE FERMENTO
AUXILIAR FISCAL
Notas:
|1| Caratulado "LEGAJO DE APELACIÓN… EN AUTOS: 'AGUIRRE, Víctor Raúl;
ANDRÉS, Raúl Esteban;
BRUNELLO, Carlos Alberto (D) y Otros p/PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD
AGRAVADA ART. 142 INC. 5
(Lesa Humanidad)'". [Volver]
|2| Caratulado "LEGAJO DE APELACIÓN… EN AUTOS: 'AGUIRRE, Víctor Raúl;
ANDRÉS, Raúl Esteban;
BRUNELLO, Carlos Alberto (D) y Otros p/PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD
AGRAVADA ART. 142 INC. 5
(Lesa Humanidad)'". [Volver]
|3| Caratulado "LEGAJO DE APELACIÓN… EN AUTOS: 'AGUIRRE, Víctor Raúl;
ANDRÉS, Raúl Esteban;
BRUNELLO, Carlos Alberto (D) y Otros p/PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD
AGRAVADA ART. 142 INC. 5
(Lesa Humanidad)'". [Volver]
|4| Caratulado "LEGAJO DE APELACIÓN… EN AUTOS: 'AGUIRRE, Víctor Raúl;
ANDRÉS, Raúl Esteban;
BRUNELLO, Carlos Alberto (D) y Otros p/PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD
AGRAVADA ART. 142 INC. 5
(Lesa Humanidad)'". [Volver]
|5| Caratulado "LEGAJO DE APELACIÓN… EN AUTOS: 'AGUIRRE, Víctor Raúl;
ANDRÉS, Raúl Esteban;
BRUNELLO, Carlos Alberto (D) y Otros p/PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD
AGRAVADA ART. 142 INC. 5
(Lesa Humanidad)'". [Volver]
|6| Caratulado "LEGAJO DE APELACIÓN… EN AUTOS: 'AGUIRRE, Víctor Raúl;
ANDRÉS, Raúl Esteban;
BRUNELLO, Carlos Alberto (D) y Otros p/PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD
AGRAVADA ART. 142 INC. 5
(Lesa Humanidad)'". [Volver]
|7| Según Inés Izaguirre en Argentina comenzó a institucionalizarse el concepto de seguridad
nacional
desde fines de la década del cincuenta, desde sus inicios estuvo asociado con la "estrategia de
crecimiento económico capitalista vigente, que en todos los casos y para cualquier modelo
económico implicaba desarticulación del capitalismo obrero y persecución de toda expresión
política
ideológica capitalista". Izaguirre, Inés "La ideología de la seguridad nacional: ayer y hoy", en:
Daniel
Feierstein y Guillermo Levy (comp.), "Hasta que la muerte nos separe. Poder y prácticas
sociales
genocidas en América Latina", Ediciones Al margen, La Plata, 2004. [Volver]
|8| NOVARO, Marcos y Vicente Palermo, "La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de
Estado a la
restauración democrática", Buenos Aires, Paidós, 2003. [Volver]
|9| Según Acuña y Smulovitz, la decisión acerca de los alcances y modalidad de la estrategia
represiva
había tenido lugar a partir de septiembre de 1975 a partir de una resolución de Videla,
entonces
comandante en jefe del Ejército, en una reunión a la que habrían concurrido Viola como jefe
de
Estado Mayor y los comandantes de cuerpo, y en la que se habría acordado que además de las
modificaciones a la normativa legal era necesario desarrollar una estrategia clandestina, y que
los
opositores no sólo debían ser neutralizados sino también exterminados físicamente. Citado en:
Canelo; Paula, "El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone", Prometeo,
Buenos
Aires, 2008. [Volver]
|10| El decreto 1368/74 (06/11/74) declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional. Fue
prorrogado por el decreto 2717/75, y finalmente levantado el 28 de octubre de 1983 por
medio del
decreto 2834/83. [Volver]
|11| Texto del decreto del Poder Ejecutivo, Mayoría, 8/11/1974, citado en: De Riz, Liliana,
"Retorno y
derrumbe: el último gobierno peronista", Hispamérica, Buenos Aires, 1988. [Volver]
|12| NOVARO, Marcos y Vicente Palermo, op. cit. [Volver]
|13| Directiva del Comandante General del Ejército nro. 404/75 (Lucha contra la subversión). [Volver]
|14| Mittelbach, Federico, "Punto 30. Informe sobre desaparecedores", Ediciones de la Urraca,
Buenos
Aires. [Volver]
|15| En el año 1980 se dividió la subzona 53 y se creó la número 54. [Volver]
|16| Partidos Bahía Blanca, Tres Arroyos, González Chávez, Cnel. Dorrego, Cnel. Pringles,
Tornquist,
Villarino, además comprendía la jurisdicción sobre el departamento Caleu Caleu (Pcia. de La
Pampa). [Volver]
|17| Declaración de VILAS en la causa nro. 11/86, caratulada "Causa artículo 10, Ley 23.049,
por hechos
acaecidos en la Provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, bajo control operacional
que
habría correspondido Vto. Cuerpo de Ejército", hojas 846-1031. [Volver]
|18| Duhalde, Eduardo Luis, "El estado terrorista argentino", Ediciones El Caballito, Buenos
Aires, 1983. [Volver]
|19| Orbe, Patricia A., "De la radicalización política a la partidización de los claustros: El caso
de la
comunidad universitaria de Bahía Blanca a comienzos de la década de los setenta", en
e-l@tina.
Revista electrónica de estudios latinoamericanos, Volumen y número, Buenos Aires, fecha,
página(s),
disponible en línea en <http://www.iigg.fsoc.uba.ar/elatina.htm>. Fecha de visita: 19/08/2016. [Volver]
|20| Orbe, Patricia A, op. cit. [Volver]
|21| Orbe, Patricia A, op. cit. [Volver]
|22| El 29 de julio de 1966, Onganía desarticuló, mediante el decreto-ley 16.912, el esquema de
gobierno tripartito vigente en las universidades, y los decanos pasaron a depender
directamente del
Ministerio de Educación, transformándolos en una suerte de interventores. Tales
circunstancias han
sido descriptas del siguiente modo: "el sistema universitario fue cerrándose sobre un esquema
de
control y disciplinamiento que deparó consecuencias demasiado negativas para el desarrollo
del país.
La supresión de las autonomías universitarias llevó a la discrecionalidad de sus interventores,
restricciones a la libertad académica y de investigación, emigración masiva de científicos y
cruentas
persecuciones ideológicas" (Rodríguez Zoya, Leonardo G. y Salinas, Yamil S., "Universidad y
dictadura.
La Educación universitaria argentina en el período 1976-1983", pág. 17). [Volver]
|23| la experiencia del Departamento de Economía de la Universidad del Sur en la década del
'70. "Lo
que la represión se llevó", diario Página 12, edición del 2 de marzo de 2015, disponible en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-8317-2015-03-02.html [Volver]
|24| Se trata de Alberto Barbeito (UBA); Carlos Barrera (Université de Grenoble); Oscar Braun
(Universidad de Cambridge, UK); Horacio Ciafardini (Universidad de Varsovia); José Luis
Coraggio
(Universidad de Pennsylvania); Carlos Cristiá (Universidad de Santa Fe); José Carlos
Chiaramonte
(UBA); Cristian Dimitriu (Université de Lausanne); Alberto Federico (UBA); Héctor
Gambarota
(Universidad de Harvard); Pablo Gerchunoff (UBA); Ernesto Libolerio (Universidad de
Chicago);
Enrique Melchior (UBA); Héctor Pistonesi (Ecolatina, Chile); Roberto Salas (Universidad de
Moscú);
Dolio Sfaccia (Université de París IX Dauphine); Miguel Teubal (Universidad de California). [Volver]
|25| En su art. 5 expresa: "Queda prohibido en el ámbito de la universidad el proselitismo
político
partidario o de ideas contrarias al sistema democrático que es propio de nuestra organización
nacional". [Volver]
|26| Oficio BNPB, CRH N° 172 "ESC"/975 dirigido al SIN, del 8 de marzo de 1975. [Volver]
|27| Oficio BNPB, CRH N° 189 "ESC"/975 al S.I.N. del 14/3/1975. [Volver]
|28| Memorandum 8687-IFI-N° 43/975 del 10 de abril de 1975. [Volver]
|29| Oficio BNPB, CHR N° 189 'ESC'/975 al S.I.N. del 14-3-75. [Volver]
|30| Oficio BNPB, CRH N° 215 "ESC"/975 dirigido al SIN del 4/4/1975. [Volver]
|31| Los alumnos expulsados fueron José Dante Patrignani, Graciela Lusky, Alberto Daniel
Berstein,
Marta Noemí Resnicof, José Pietrángelo, Zenobbe Marcos Lucio Cánova, Aurelio Enrique
Sandoval,
Rodolfo Reinaldo Vega, Leonardo Ariel Romanos, Silvia Mónica Valiota, María Graciela
Palihes,
Roberto Daniel de Iorio, Silvia Beatriz Oyhamburo, Graciela Haydeé Leiva, Evelio César
Jiménez, José
Luis Santagada, Alberto Manuel Rodríguez, Jorge Eduardo Fernández, Aldo Altomare, Juana
Servidio,
Carlos Alberto Ferrari, Graciela Esther Montaña y Sigisfredo Alvarado Soto. [Volver]
|32| Informe correspondiente al memorándum 8687-IFI-N° 12/975. [Volver]
|33| Informe correspondiente al memorándum 8687-IFI-N 13 "C"/1975. [Volver]
|34| Tales premisas demuestran hasta qué punto -desde la propia confección del plan criminal-
fueron
necesarios, no sólo un aparato operativo armado para concretar los hechos planificados en un
sentido propio, sino además un aparato de acción psicológica para que la actividad
materializada
cumpliera su función ejemplificativa. Más abajo, al abordar el rol del diario La Nueva
Provincia,
retomaremos este orden de ideas, exponiendo el modo en que los objetivos de Vilas fueron las
consignas fundamentales en el discurso editorial del medio (recogidas con una pasmosa
literalidad),
a los cuales destinó todos los recursos, espacios y esfuerzos de su monopolio multimedio,
durante la
totalidad del período investigado. [Volver]
|35| Causa n° 11/86 caratulada "Causa artículo 10, Ley 23.049, por hechos acaecidos en
Provincias de
Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, bajo control operacional que habría correspondido al V
Cuerpo
de Ejército", hoja 849. [Volver]
|36| Causa n° 11/86, hoja 898 vta. [Volver]
|37| Causa n° 11/86, hoja 875. [Volver]
|38| Como correlato de la previa concertación entre las instancias militares, policiales y
judiciales, la
puesta en escena que habilitó el inicio de la causa judicial devela su carácter de tal con sólo un
repaso
de la versión que se plasmó en el expediente. Con sorprendente fugacidad, en un lapso de
apenas
tres horas y media, se pasó de la supuesta recepción de la notitia criminis, a las primeras
privaciones
de la libertad: a las 21hs. del 29 de junio de 1976, consta la recepción de una denuncia, en la
que se
vinculaba a los menores -de 14 años- Rodolfo Humberto CASANOVA y Sergio Gustavo
CUSTODIO
(hijo de Stella Maris RAMÍREZ) con la posesión y distribución de estupefacientes en el
ámbito
estudiantil; a las 00:10hs. del 30 de junio, personal de la Policía Federal irrumpió en el
domicilio de
CASANOVA, allanó el lugar (sin hallar elementos en infracción) y detuvo al menor; a las
01:30 hs. de
la misma noche, miembros de esa dependencia policial realizaron idéntico procedimiento en el
domicilio de CUSTODIO. En lo que respecta al motivo del procedimiento (la búsqueda de
drogas), en
el lugar se incautaron algunos cigarrillos y una bolsa con polvo blanco. Luego se determinó
que los
cigarrillos no contenían sustancias ilícitas, y que el polvo era bicarbonato de sodio. [Volver]
|39| El salto en la persecución de una institución educativa a la otra se efectuó mediante la
siguiente
maniobra: en primer lugar, se señaló en el expediente que parte del material "subversivo"
utilizado
en la carrera de Asistencia Social, era impreso en la imprenta de Hugo Reinaldo SARTISON;
y a
continuación, se advirtió que ese comercio recibía encargos de impresiones de material de
igual
índole, por docentes del departamento de Economía de la UNS. [Volver]
|40| En el despacho, MADUEÑO "consciente de la ardua tarea que su pedido demandará, pone
a
disposición del señor Rector, para que se secunde al personal de esa Universidad a quien
encomiende
la misma, a un oficial de la Policía Federal y un empleado del Juzgado a su cargo, teniendo en
cuenta
además, la celeridad que debe imprimirse a tal requerimiento".
[Volver]
|41| Editoriales y columnas de opinión en ediciones del 3/1/76, 18/3/76, 25/3/76, 17/4/76,
24/5/76,
10/6/76, 19/6/76, 9/8/76, 12/8/76, 15/8/76, 23/8/76, 12/9/1976, 14/9/76, 17/9/76, 19/9/76,
20/9/76, 22/9/76, 27/9/76, 27/9/76, 11/10/76, 18/10/76, 24/11/76, 1/12/1976, 2/12/76,
6/12/76,
9/12/76, 13/12/76, 19/12/76, 2/1/77, 4/1/77, 23/1/77, 30/1/77, 20/2/77, 25/2/77, 28/2/77,
5/3/77,
7/3/77, 10/3/77, 20/3/77, 28/3/77, 3/4/77, 4/4/77, 6/4/77, 7/4/77, 17/4/77, 18/4/77, 21/4/77,
23/4/77, 24/4/77, 27/4/77, 12/5/77, 23/5/77, 24/5/77, 25/5/77, 28/5/77, 30/5/77, 31/5/77,
1/6/77,
4/6/77, 20/6/77, 30/6/77, 11/7/77, 24/7/77, 1/8/77, 7/8/77, 10/8/77, 12/8/77, 14/8/77,
15/8/77,
18/8/77, 20/8/77, 21/8/77, 22/8/77, 29/8/77, 1/9/77, 17/9/77, 18/9/77, 15/10/77, 6/11/77,
19/11/77, 26/11/77, 27/11/77, 17/12/77 y 24/12/77. [Volver]
|42| Conf. el siguiente sitio
web:http://es.scribd.com/doc/130167220/Revista-Cabildo-recopilacion-09 [Volver]
|43| Conf. hojas sub 1/98 del expediente FBB 15000005/2007/37 caratulado "Legajo N° 37 -
QUERELLANTE: LARREA CZERNIECKI FUSTER, ADPH Y OTROS IMPUTADO: DEL
PINO, ENQIRQUE JOSÉ
Y OTROS s/ LEGAJO DE INVESTIGACIÓN". [Volver]
|44| Causa 612/76 caratulada "Ramírez Stella Maris y otros s/ infracción a la ley 20.840". [Volver]
|45| C.S.J.N. Fallos 318:2148, considerandos 31 y 32 del voto de los jueces Moliné O'Connor y
Nazareno
y del voto del juez Bossert. [Volver]
|46| C.S.J.N. "DERECHO, René J". S. del 11/07/2007. [Volver]
|47| Conf. TIPY, Prosecutor v. Kupreskic, p. 615 y 622. [Volver]
|48| Conf. TIPY, Prosecutor v. Kupreskic, p. 631. [Volver]
|49| Por citar sólo algunos ejemplos: TIPY, Prosecutor v. Zdravko Tolimir, p. 848; Tribunal
Internacional
para Ruanda, Prosecutor v. Georges Ruggiu y Prosecutor v. Nahimana, p. 1072. [Volver]
|50| C.F.C.P., sala IV, resolución del 27 de diciembre de 2012 en la causa n° 13.968 caratulada
"RICCHIUTI, Luis José…", coto del juez Gustavo M. Hornos, al que adhirieron los otros
magistrados. [Volver]
|51| Conf. declaración referenciada en la prueba del caso. En adelante, las citas corresponden a
las
declaraciones individualizadas al describirse cada hecho. [Volver]
|52| Zaffaroni, Raul. E., Manual de Derecho Penal. Parte General, 1ra. edición, Ediar, Buenos
Aires, 2005,
pp. 113/14. [Volver]
|53| Cabe referir que a pedido del Juez Federal intervino en la revisión de la víctima (entonces
imputado) un médico enviado por el Comando Vto Cuerpo (hojas 920 y 924). [Volver]
|54| El destacado no es del original. [Volver]
|55| Los destacados no son del original. [Volver]
|56| Zaffaroni, Raul. E., Manual de Derecho Penal. Parte General, 1ra. edición, Ediar, Buenos
Aires, 2005,
pp. 112. [Volver]
|57| Fontan Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Abeledo Perrot, 2da. Edición, 2004,
consultado
en AbeledoPerrot online: AP/DOC/18/2011. [Volver]
|58| Feierstein Daniel, Hasta que la Muerte nos Separe. Poder y Practicas Sociales Genocidas
en America
Latina, La Plata - Ediciones Al Margen 2004., Cap. 2 Una Discusión Abierta: La violencia
Política en la
Argentina y su Peculiaridad Genocida. [Volver]
|59| DELGADO, Federico/SECO PON Juan C./LANUSSE NOGUERA, Máximo, en:
BAIGÚN, David y
ZAFFARONI, Raúl Eugenio directores "Código Penal", Hammurabi, Buenos Aires, 2008.
Tomo 5,
página 351. [Volver]
|60| DELGADO, Federico/ SECO PON Juan C. / LANUSSE NOGUERA Máximo, en:
BAIGÚN, David y
ZAFFARONI, Raúl Eugenio directores "Código Penal", Hammurabi, Buenos Aires, 2008.
Tomo 5,
página 350. [Volver]
|61| Conf. Esteban Righi, Derecho Penal parte General" Ed. Lexis Nexis Argentina, 2007. [Volver]
|62| Kai Ambos, "La Parte General del Derecho Penal Internacional", traducida al español por
Ezequiel
Malariño, ed. Konrad-Adenauer.-Stiftunge E.V, Uruguay, Montevideo, 2005, páginas 73 y ss. [Volver]
|63| Considerando séptimo, punto 5, a. de la Causa nro. 13/84. [Volver]
|64| Ver Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata en la sentencia del caso "Von
Wernich"
de noviembre de 2007, voto del Dr. Carlos Rozanski, pto. IV. [Volver]
|65| "Los que tomasen parte en la ejecución del hecho…". Soler, Sebastián, Derecho Penal
Argentino,
tomo II, segunda reimpresión, Ediar, Buenos Aires, 1953, pp. 255 y 258; Nuñez, Ricardo,
Derecho
Penal Argentino, parte general, tomo II, Ediar, Buenos Aires, 1960, pp. 280 s.; Fontán
Balestra, Carlos,
Derecho Penal, introducción y parte general, actualizado por Guillermo A.C. Ledesma,
decimoséptima edición, LexisNexis / Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 405. Todos estos
autores se referían a los supuestos clásicos de autoría mediata y no al supuesto de la autoría mediata
en
virtud del dominio de la organización, pero para la cuestión de la base normativa de la autoría
mediata ello es irrelevante. [Volver]
|66| Sancinetti, Derechos Humanos en la Argentina Post-dictatorial, cit. p. 28, nota 24; Lascano
(h),
Carlos Julio, Teoría de los aparatos organizados de poder y delitos empresariales, en Nuevas
Formulaciones en las Ciencias Penales, Homenaje al Profesor Claus Roxin, La lectura -
Lerner,
Córdoba, 2001, p. 363; Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado de derecho penal, parte general,
tomo IV,
Ediar, Buenos Aires, 1982, p. 309 s; Zaffaroni, Eugenio Raúl/Alagia, Alejandro/Slokar,
Alejandro,
Derecho Penal, parte general, Ediar, Buenos Aires, 2003, pp. 777 y s. (las dos últimas obras se
refieren
a otros supuestos de autoría mediata). [Volver]
|67| Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires en
la "causa
13/84" (considerando séptimo, punto 7). [Volver]
|68| Sancinetti, Derechos Humanos en la Argentina Post-dictatorial, cit. p. 27, nota 24; también
Rusconi,
en Código Penal y normas complementarias, cit., comentario a los arts. 45 a 49, p. 263. [Volver]
|69| ZAFFARONI, Raúl Eugenio, Tratado de Derecho Penal, parte general, t. IV, Ediar,
Argentina, 1998,
pág. 330. [Volver]
|70| ZAFFARONI, Op. Cit., pág. 334. [Volver]
|71| Entre otros elementos, lo expuesto se desprende de los legajos de otros imputados
en causas de lesa humanidad de la jurisdicción, como el legajo de Emilio IBARRA
(Jefe de la Agrupación) y de otros integrantes (Jorge Aníbal MASSÓN, Mario Carlos
Antonio MÉNDEZ y Mario Alberto CASELA), de la declaración de Emilio IBARRA del
7 de diciembre de 1999 en el marco de los Juicios por la Verdad y del expediente
administrativo N° 0923/94 incorporado a la Causa 15000005/2007, iniciado ante
el reclamo efectuado por Guillermo Julio GONZÁLEZ CHIPONT ante el Estado
Mayor General del Ejército (presentación del 22 de febrero de 1980). [Volver]
|72| CFABB, sentencia del 15 de febrero de 2018, expediente N°
15000005/2007/226/CA109, caratulado "LEGAJO DE APELACIÓN… EN AUTOS:
'ABELLEIRA, Héctor Jorge (D); AGUIRRE, Víctor Raúl (D); AYALA, Felipe (D);
BAYÓN, Juan Manuel (D) y Otros p/ PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD PERS. (art.
142 bis inc. 5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC. DE DOS O MÁS
PERSONAS y OTROS'". [Volver]
|73| Identificado como Mesa DS, Legajo 6323. [Volver]
|74| Conf. nota de fecha 11/2/1976 (N° S960253/27). [Volver]
|75| A fin de acreditar la capacidad funcional en tareas de inteligencia de AGUIRRE,
se debe tener presente que tal como surge de un informe remitido por el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (agregado a hojas 13.441/2 de la causa
05/07), el curso de técnico en inteligencia tenía por fin la capacitación para la
ejecución de procedimientos técnicos de inteligencia y el curso de perfeccionamiento
(denominado por el BRE 4644 y 4650 como "INTERROGADORES") tenía por
finalidad la capacitación en la dirección y ejecución de procedimientos especiales
para la obtención de información. [Volver]
|76| Recordemos que la misión de la sección consistía en ejecutar las actividades
sicológicas secretas emanadas de los planes correspondientes, siendo su función la
de proponer el reclutamiento y despliegue del personal para la ejecución de tales
actividades. Como único órgano del Destacamento en una de las dos áreas técnicas
encaradas por la unidad, encabezaba el despliegue de las operaciones psicológicas
desarrolladas en su jurisdicción. La importancia de la actividad psicológica en el
plan criminal se advierte de la ponderación de distintos reglamentos y directivas
militares (Directiva 1/75 del Consejo de Defensa, Directiva 404/75 del Comandante,
Reglamento RC-16-5 y RC 5-2). [Volver]
|77| CFABB, resolución del 29 de marzo de 2017 expediente FBB
15000005/2007/193/CA86. [Volver]
|78| Ver por. ej. Notas del 25 y 28 de febrero de 1977, dirigida al Jefe de la Prefectura
de Zona. [Volver]
|79| Declaración de Ricardo Horacio GAITÁN del 15 de febrero de 2012 en el marco
del debate de la causa 982 caratulada "BAYÓN…". [Volver]
|80| Declaración en el marco del debate de la causa 982 caratulada "BAYÓN…", con
fecha 23 de noviembre de 2011. [Volver]
|81| Conf. declaraciones de María Cristina LEIVA en la audiencia del 14 de diciembre
de 2016, de Daniel RANDAZZO en la audiencia del 6 de febrero de 2017 y de Mario
DALHOFF en la audiencia del 7 de febrero del mismo año, en el marco de la causa
N° 93000001/2012/TO1 ("González Chipont…"). [Volver]
Radio Nizkor
