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06ago05
Nueva ley de menores de Buenos Aires.
El pasado viernes 29 de julio, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui) y la Federación de Centros Comunitarios de Quilmes, organizaron, en la UNQui, un debate sobre la nueva ley provincial de Promoción y protección de los derechos del niño (ley 13.298). En el debate participamos Adolfo Aguirre, de ATE (Ex diputado del Frepaso y, según comentó, estuvo en la gestación de la ley), Cristina Daroqui, asesora de menores de Quilmes, Viviana Suárez, de la Subsecretaría de Minoridad, departamental Quilmes y yo.
Más allá del desarrollo del debate, que creo que no estuvo muy bien organizado por cómo se desarrolló (faltó un cierre de cada uno, para -al menos- dejar claro dónde vemos la falencia en la exposición del otro), algunas cosas me quedaron claras y quiero señalarlas.
- Todos estábamos de acuerdo en que el decreto ley 10.067 había que reformarlo. Claro que eso no significa que haya que cambiarlo por “cualquier cosa”. Acá hay un riesgo. Por ejemplo, Viviana Suárez dijo que la ley 13.298 era perfectible, pero servía para suscitar el debate. Otros pensamos que el debate debería haberse dado abierta y claramente antes para que de allí surgiera la ley. Una ley no es un “disparador”.
- Todos tuvimos claro que la nueva ley tiene como objetivo secundario acabar con la justicia de menores. Ciertamente no hubo acuerdo en si eso es bueno o si eso es malo, ya que unos pensábamos una cosa y otros lo contrario.
- Todos tuvimos claro que la ley 13.298 no se preocupa por los menores víctimas. Unos porque así lo dijeron expresamente, y otros porque en la defensa de la ley no lo aludieron jamás, aunque el tema fue explicitado.
Pero quiero señalar algunas cosas que me llamaron la atención. Personalmente me queda claro, desde el principio, que la ley tiene un “tufillo progresista” que fascina a muchos (como fascinó también a muchos la Ley federal de educación, y la realidad se ocupó de mostrar la verdad). La ley habla de la Convención de los Derechos del Niño (art. 2), de las reglas de Beijing y las directrices de Riad (art. 10), y del derecho a la identidad de aquellos niños a los que les hubiera sido ocultada (art. 8). Ciertamente que coincido totalmente con esto, aunque no sea necesario que se mencione ya que todo esto tiene rango constitucional desde 1994 y no le veo sentido que una ley diga que va a cumplir con la Constitución Nacional.
Si hay algo que me llamó poderosísimamente la atención en los defensores de la Ley, es el absoluto desconocimiento de la realidad que manifestaron en todo momento. Hablaban de una realidad que no existe para los que tenemos que estar día a día en contacto con la muerte, el dolor o el sufrimiento. Por ejemplo (y este era el argumento para hacer desaparecer la justicia de menores), era que los menores ricos iban a un tribunal de familia, mientras que los menores pobres iban a los tribunales de menores, y no podía haber una justicia para pobres y otra para ricos. Acá me hubiera gustado hacer tres puntualizaciones:
- 1. no es que haya una justicia para menores pobres y otra para menores ricos, el drama es que hay una justicia total para pobres y otra para ricos. ¿O están presos los García Belsunce, Chabán, María Julia, los que vaciaron el país, y cientos de nombres más que todos conocemos. Las cárceles están llenas de pobres, ¿cuántos ricos presos hay? Y no es porque no haya ricos ladrones o asesinos, porque los que nos saquearon, y los genocidas no sólo están sueltos, sino que están impunes.
- 2. si hubiera una justicia para pobres, ¡bienvenida sea!, porque si algo para los pobres de la patria no hay, es justicia. ¿O es justicia lo que viven día a día en las salitas y hospitales, en el gatillo fácil, las escuelas, etc? Sería importantísimo alentar a que hubiera mucha más justicia para pobres.
- 3. si se quiere que la justicia para ricos y para pobres sea una sola, lo razonable es que se empiece por “abajo”. En ese caso, lo lógico es que los ricos vayan a donde van los pobres, y no los pobres donde van los ricos. No sólo porque “el fuego para calentar debe ir siempre por abajo” (M. Fierro), sino porque es allí -junto a los pobres- donde se asegura la universalidad.
No entiendo que ONGs como UNICEF sean “impolutas e incuestionables”. Claro que asesoraron la nueva ley, y que partes del discurso de Adolfo Aguirre eran literalmente idénticas del portal de UNICEF en la Web. Creo que si con el viejo decreto ley 10.067 las clínicas terapéuticas podían enriquecerse (como ocurrió, entre otras con unas dependientes del Arzobispado de Mercedes-Luján, según vimos en TV), hoy quienes pueden enriquecerse son ONGs (como UNICEF, precisamente, la redactora de la ley). Insisto que UNICEF -como el discurso de los defensores de la Ley- desconoce la realidad de los menores. La realidad real. Basta mirar la página Web donde hay párrafos y párrafos dedicados a los menores y el SIDA y no hay ¡ni siquiera un renglón! dedicado a los menores y el Chagas (¿cuántos menores con SIDA hay en Argentina? ¿cuántos menores con Chagas? Claro que el Chagas no figura en los libros y planillas desde donde la UNICEF “mira” la “realidad”). Pero ¡UNICEF es tan “políticamente correcto”! Si hasta están en “Un Sol para los chicos”...
Adolfo Aguirre también dijo que la Ley no daba respuestas si todos no nos unimos para controlar, para tomar la cosa en nuestras manos. Personalmente lo quiero decir bien claro, y lo dije: ¡yo no pienso controlar nada! ¡Conmigo no cuenten! No acepto que me digan dónde debo poner la vida. Creo que esta ley favorece clara y descaradamente las cajas de los municipios que deberían ser responsables de combatir la prostitución infantil, el trabajo infantil (y quizá también la venta de drogas a menores). Ya que está de moda hablar de muchos municipios e intendentes mafiosos (y porque creo firmemente que en verdad lo son), creo que ellos traficarán menores, los prostituirán, los venderán “a piezas o enteros como onzas de chocolate” (Serrat), se aprovecharán de su trabajo, o les venderán droga o usarán para venderla. Y la ley los favorecerá para que lo hagan, porque es el mismo municipio el que debe vigilar eso. Y yo no pienso controlarlo, porque no quiero que me maten porque un grupo de ineptos (o corruptos) hizo una ley de este tipo, sin debate previo, sin sacar a la luz la necesidad de modificar la anterior (que, como dije, ¡debía ser modificada!), sin tener en cuenta la realidad de los municipios de Buenos Aires (o teniendolo bien en cuenta, lamentablemente). Esta ley no funcionaría ni en Canadá, ni en Suiza, pero en Buenos Aires es peligrosísima.
Tengo claro que, aun con la 10.067, gracias a la Convención, Riad y Beijing, un juez de menores, con ganas de trabajar -convengamos que no son muchos, pero ese es otro tema- puede enfrentar los abusos de menores en el hogar, puede combatir la prostitución infantil y puede sacar la cara por los menores víctimas (y hay casos, incluso recientes que lo demuestran, con adultos detenidos, y oficiales depuestos). Hoy, con la nueva ley, no podrían hacerlo. Si pretendían que no haya una justicia para ricos y otra para pobres, algo lograron: habrá justicia para ricos, como siempre la hubo, y para los pobres ¡ni justicia! Aunque los escritorios y las declamaciones digan lo contrario.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2005
P. Eduardo de la Serna
Quilmes
Informes sobre Derechos Humanos en Argentina
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