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30mar07
"La doctrina dice que no se suspende la sentencia, es decir que Rossi debe renunciar", afirmó Rodríguez Signes.
El abogado Julio Rodríguez Signes explicó que la defensa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ) "tiene una instancia más para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el recurso de queja", para tratar de revisar la condena por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, confirmó que "la doctrina dice que no se suspende la sentencia, es decir que Rossi debe renunciar", y que si no lo hace es el Concejo Deliberante el que debe separarlo del cargo porque en caso contrario se estaría frente a un incumplimiento de una sentencia judicial.
En diálogo con el programa radial A quien corresponda (Radio Del Plata Paraná), Rodríguez Signes "técnicamente, el camino que podría plantear la defensa de Rossi después que se le denegara el acceso a la Corte Suprema por vía del recurso extraordinario, es a través de un recurso de queja", aunque anticipó que "las posibilidades de revisión de la sentencia son cada vez más reducidas a medida que se van acumulando las denegatorias".
De todas maneras, el letrado aclaró que "la realidad es que tiene una instancia más, pero eso no implica que la sentencia no deba cumplirse. La doctrina dice que no se suspende la sentencia, es decir que Rossi debe renunciar", aseguró.
Consultado sobre los mecanismos legales para desplazar al intendente en caso de que no quiera alejarse del cargo, Rodríguez Signes explicó que "en ese caso, deben ponerse en marcha una serie de mecanismos por medio del Concejo Deliberante". El presidente del cuerpo debe notificar a Rossi de la sentencia y esperar su renuncia. "En caso de que ello no suceda, debería intervenir un agente fiscal para iniciar una nueva causa, porque se estaría ante un alzamiento contra una sentencia pública. Y una tercera vía que podría utilizarse en este caso es que la provincia intervenga en el municipio", acotó el abogado.
"Si la sentencia no se cumple por motus propio, para eso también está la fuerza pública", remarcó el abogado que fuera presidente de la Cámara de Diputados.
Además, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se exige que se investigue cómo el condenado intendente por enriquecimiento ilícito adquirió una vivienda. Al respecto, Rodríguez Signes insistió en que "estamos frente a un caso en el que debe cumplirse la sentencia. Si hay una sentencia del Poder Judicial, hay que ajustar los mecanismos para que la misma se cumpla", concluyó.
[Fuente: Semanario Análisis de la Actualidad, Paraná, Entre Ríos, 30mar07]
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