 | Este documento ha sido publicado el 15nov04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
EQUIPO NIZKOR |
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14nov04
Proyecto de declaración del Senado sobre la situación de la cárcel de Mendoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El H. Senado de la Nación
DECLARA
Su preocupación por la grave situación de la Unidad Penitenciaria Gustavo André (Lavalle, Mendoza) y de la Penitenciaría Provincial de Mendoza - que ostenta el triste récord nacional de 18 muertes violentas en lo que va del año-, circunstancia que ha determinado que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos soliciten la adopción de medidas provisionales para preservar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad en tales centros, así como de todas las personas que ingresen a ellos.
Asimismo, expresa su plena solidaridad con los miembros del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos - quienes iniciaron las denuncias referidas al sistema carcelario provincial-, y con los dirigentes del Partido Justicialista de la Provincia, quienes fueron agraviados públicamente por miembros del Gobierno provincial. Dichas manifestaciones, a cargo de los responsables de dar una solución a la violación de derechos humanos que se cometen en Mendoza, merecen profundo repudio.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La situación carcelaria en la Provincia de Mendoza puede calificarse de escandalosa; especialmente en una provincia que fue considerada ejemplo de transparencia institucional.
Los hechos que a continuación describiremos no sólo atentan contra la dignidad de las personas privadas de su libertad, sino que violan principios constitucionales. Lo que desde hace años sucede en la Penitenciaría – agravado de manera violenta en el último tiempo- invalida el propio artículo 18 de nuestra Constitución Nacional respecto de que las cárceles “serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”
Las condiciones de los internos, en un círculo cerrado, hace ineficiente al propio sistema de seguridad, ya que la recuperación de las personas que hoy se encuentran intramuros es una falacia.
Las denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta de las condiciones que deben soportar los reclusos, las cuales atentan contra su dignidad: carecen de los más elementales servicios de higiene y salubridad; el hacinamiento en el que viven torna inhumana la vida de los internos. Ejemplo de ello es que 8 personas conviven gran parte del día en una celda de 2m2 y que la Penitenciaría, con capacidad para 700 para reclusos, alberga actualmente a 2133. Los procesados y condenados se encuentran en los mismos pabellones; la población carcelaria se encuentra hacinada, sin agua, ni baños, con absoluta falta de higiene, debiendo defecar en bolsas de plástico y orinar en botellas. La descripción de la situación que se vive en la Penitenciaría parece la de un campo de concentración.
La constatación de las denuncias, a través de delegaciones especiales de observadores internacionales que visitaron los mencionados lugares de detención, se tradujo en la intervención de diversos organismos de derechos humanos.
Amnistía Internacional, en nota dirigida al señor Gobernador de la provincia el 22 de octubre del corriente año, expresa su honda preocupación respecto de la situación y condición de detención de los internos de la Penitenciaria Provincial de Mendoza. En dicho texto, califica dichas condiciones como inaceptables y escandalosas; considera que los internos soportan un trato cruel, inhumano y degradante, y afirma que esta afrenta a la dignidad humana de los internos viola, además, las obligaciones internacionales adquiridas por la República Argentina. En consecuencia, Amnistía hace propias las denuncias sobre torturas y malos tratos, así como la privación de atención médica que sufren los internos. La Organización denuncia abusos aún más graves. Tal es el caso de las actividades supuestamente desarrolladas por un grupo de encapuchados que ingresan con palos y perros a la cárcel. Todos los hechos y situaciones mencionadas son violatorias de las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos.
Sin lugar a dudas, lo más aberrante, es la muerte de 158 internos, decesos ocurridos en circunstancias violentas, aún no aclaradas. En este sentido, los Organismos instan a que se lleven a cabo investigaciones imparciales exhaustivas y concluyentes sobre todas esas muertes y que los responsables comparezcan ante la Justicia.
A pesar de todas estas denuncias, a pesar de que el Gobierno Provincial firmó un compromiso para poner término a la sistemática violación de derechos, poco y nada se ha avanzado.
La presentación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene por objeto proteger a los internos que residen en la Penitenciaría y en la Unidad Penitenciaria mendocinas, en razón de que no se han llevado adelante las medidas de protección demandas en anteriores ocasiones. La ausencia de las mismas ha determinado el empeoramiento de la situación, nuevas muertes y el aumento de denuncias sobre condiciones infrahumanas de detención.
Por otra parte, ha sido responsabilidad de los miembros de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la Provincia de Mendoza quienes han dado a conocer a la opinión pública esta situación. Debido a su compromiso, estas personas han sido objeto de manifestaciones calumniosas por parte de funcionarios del gobierno provincial. Los agravios de los funcionarios también han alcanzado a dirigentes del Partido Justicialista de la Provincia, quienes señalaron que la situación de las penitenciarías pone en evidencia las deficiencias del sistema de seguridad provincial.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Proyecto presentado por la Senadora Nacional Marita Perceval
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