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05may14
Reactivan la causa Schoklender y el juez apunta contra los funcionarios
A casi tres años del escándalo, finalmente se reactiva la causa judicial que investiga las responsabilidades de funcionarios públicos en el escándalo de los hermanos Schoklender. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una batería de medidas de prueba que apunta a complementar el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el Plan Sueños Compartidos, que entregó 1.295 millones de pesos.
La investigación está enfocada a probar una administración fraudulenta, donde estarían involucrados los Schoklender, funcionarios municipales, provinciales y hasta la segunda línea de mando del Ministerio de Planificación.
Varios de ellos serían llamados a indagatoria antes de la feria de invierno. También podrían ser citados a declarar varios de los imputados de la causa principal, que estaba a cargo del juez Norberto Oyarbide hasta que fue desplazado. Ese expediente apunta a las maniobras de lavado de dinero que habrían realizado los Schoklender y sus allegados.
¿Qué responsabilidades tenían los funcionarios? El esquema de Sueños Compartidos arrancaba en la cartera que conduce Julio De Vido, pero involucraba a los municipios o provincias, donde se conformaban las Unidades Ejecutoras, encargadas de controlar el avance de las obras y luego librar los fondos que llegaban desde Nación.
La causa judicial que investiga esos circuitos fue abierta hace tres años por una denuncia del abogado Jorge Vitale, quien apuntó contra el ministro De Vido, el ex jefe de Gabinete y actual senador Aníbal Fernández, y la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Pero en su requerimiento de instrucción, el fiscal Miguel Osorio no imputó a ningún funcionario.
El expediente tuvo escasos avances hasta que, en febrero de este año, la AGN entregó un informe que le había encomendado el Congreso. El organismo de control que conduce Leandro Despouy detectó que Sergio Schoklender se autoadjudicó pagos por $ 23 millones, que su hermano Pablo obtuvo $13 millones y que la constructora Meldorek se alzó con $ 4,4 millones. También comprobó que la Fundación, en manos de los Schoklender, efectuó pagos a personas jurídicas cuya actividad no está relacionada con la construcción. Sólo a empresas agropecuarias, se transfirieron $ 72.824.237. En total, el monto investigado por endosos irregulares de cheques asciende a $ 121.762.624. El balance del plan de viviendas tampoco es bueno: sólo un 33% de las viviendas prometidas fueron entregadas (822 de las 2.470 auditadas, en total eran 4.757 proyectadas).
"La investigación apunta a descubrir los mecanismos usados para evitar los controles ", dejaron trascender desde la investigación. Sobre las responsabilidades, esa misma fuente dijo que "exceden las unidades ejecutoras". Esto implica que serían llamados a indagatoria funcionarios de Planificación. El plan de obras involucró desde su arranque a las subsecretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la de Obras Públicas, que dependen del secretario José López. Dentro de ese esquema, el más complicado es Abel Fatala. Un hombre de su confianza, Claudio Freidin, cobró al menos $ 180.000 de la fundación, en cinco cheques: dos del Banco Provincia (por $ 88.200 y $ 61.800, en marzo de 2011) y tres del Credicoop (por $ 10.000 cada uno en julio, agosto y noviembre de 2009). Freidin presidió el Instituto de la Vivienda porteño con Jorge Telerman y luego pasó a Planificación, donde supervisó el proyecto Sueños Compartidos. Se descarta que será citado.
Lo propio haría con Daniel Alfredo Nasif, funcionario del ex gobernador y actual senador kirchnerista Gerardo Zamora. Según el informe de la AGN, Nasif cobró dos cheques de $ 15.000. En diálogo con este diario, el funcionario aseguró que le pagaron "servicios profesionales". (ver página 4) Para avanzar con la investigación, Martínez De Giorgi pidió en los últimos días que tres bancos (Ciudad, Provincia y Nación) entreguen cheques vinculados a la operatoria para certificar los últimos endosos. También requirió a varias jurisdicciones que informen "con carácter urgente la forma en que se instrumentaron los pagos de las certificaciones", detallando el número de cada cheque y contra qué cuen ta fue girado.
El magistrado le requirió además al Ministerio de Trabajo que informe la nómina de los empleados "que fueron beneficiados de la ayuda convenida en los convenios" firmados con la Fundación. Eran $600 mensuales por cada trabajador, a cambio del "compromiso de respetar todas las obligaciones laborales y previsionales". Se sospecha que parte de ese dinero fue desviado para otros fines. Entre las medidas de prueba figura un oficio al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema para que realice un informe sobre las obras que no se inspeccionaron.
[Fuente: Por Nicolás Pizzi, Clarín, Bs As, 05may14]
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