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22dic12
El retorno de la violencia social
Una vez más, la Argentina se ha conmovido con escenas de violencia social. Primero en San Carlos de Bariloche y luego en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Campana, Concepción del Uruguay y Resistencia.
Los saqueos a supermercados, despensas de barrio y otros comercios han quedado asociados en nuestra historia reciente a las crisis de 1989 y de 2001, que combinaron factores sociales, políticos y económicos y produjeron las renuncias de dos presidentes democráticos, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, respectivamente.
Hoy no está en juego la continuidad de Cristina Fernández. En la profunda crisis social que se palpa en determinados puntos de la Argentina, la política nacional está presente, pero no es el factor determinante.
Por el contrario, son las condiciones locales las que pesan. Bariloche, cuyo intendente, Omar Goye, es justicialista y kirchnerista, es un buen ejemplo de ello.
Allí, la pobreza extrema es un problema estructural de larga data. De sus casi 100 mil habitantes, cerca de un tercio vive por debajo de la línea de pobreza, lo que se potencia con la alta inflación. Atravesadas por la ruta que va hacia El Bolsón, las barriadas del Alto, donde se originó el primer saqueo, viven en casillas de madera y chapa sin varios servicios esenciales; falta el gas, por ejemplo, esencial para la calefacción.
Sus habitantes tienen dos fuentes de ingresos: o trabajan o reciben planes del Estado. El trabajo en el Alto se vincula con la situación general de la localidad, que depende exclusivamente del turismo. Desde mediados de 2011, cuando sucedió la erupción del volcán chileno Puyehue, el flujo de visitantes ha mermado de manera considerable, de modo que se resintió toda la cadena económica.
Y el Estado municipal está virtualmente quebrado. Sobrevive gracias al sistema bancario, que paga los cheques sin fondo que emite el intendente. En ese contexto, hace meses que no se abonan diversos planes sociales.
En consecuencia, los saqueos fueron pronosticados por varios agentes sociales y los rumores sobre su inminencia, confirmados un par de días antes por el intendente. Sin embargo, no se hizo nada para prevenirlos. Ni se reforzó la seguridad, ni se contuvo a los sectores más carecientes, ni se dialogó con los grupos radicalizados.
Con los hechos consumados, la dirigencia política responsabilizó a distintas organizaciones políticas y a la delincuencia. Estos dos actores participaron -sin duda-, pero si bien son condición necesaria para explicar los saqueos, no son condición suficiente: sin una crisis social que ponga a vastos sectores en una situación desesperante, aquellos no podrían haber actuado.
Cuando el Estado advierte la pobreza y el desempleo de una fracción de la población y, en vez de asistirla, se retira y mira para otro lado, la violencia social aparece de nuevo.
[Fuente: La Voz del Interior, Editorial, Córdoba, 22dic12]
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