EQUIPO NIZKOR |
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15feb05
La Peor Cárcel del País.
Por Pablo Gabriel y Martín Alejandro Salinas.
Trascendencia del Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice" señala nuestra Constitución Nacional en su artículo 18. Mientras tanto, la unidad penitenciaria de Mendoza ostenta el record de 16 muertos en un año, el último de ellos eviscerado y luego descuartizado, con una muestra de violencia inusitada; con fugados, heridos y condiciones infrahumanas, tales como falta de agua, de baños, encierros prolongados en celdas reducidas en las que los internos conviven con sus propios excrementos, hacinamiento, focos infecciosos producidos por ratas y sarna, entre otros. Ante semejante contraste, que no sólo viola nuestra Ley máxima sino también que va en contra de todo el sistema interamericano de derechos humanos, no debería sorprenderle a nadie que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptara medidas provisionales con respecto de la Argentina, y fijara un precedente inédito en la historia del sistema penitenciario Argentino.
Lo que si sorprende y shockea es la inacción del Gobierno de Mendoza, que se justifica sistemáticamente y no reconoce en modo alguno, hechos evidentes, lo que sólo puede explicarse por su interés meramente electoral que encaja únicamente con discursos de mano dura.
La cárcel de Mendoza se convierte así en el paradigma de las cárceles latinoamericanas en crisis, establecimientos que no cumplen la función para las cuales fueron creados y tampoco ayudan a mejorar la seguridad de los ciudadanos.
La labor de los organismos de Derechos Humanos y otras Instituciones.
Amnistía Internacional envió cuatro cartas al Gobernador de Mendoza denunciando las violaciones a los derechos humanos en la cárcel, mientras que el Equipo Nizkor publicó en Internet toda la información referida al caso y los organismos de Derechos Humanos locales se constituyeron como partes en el "caso de las Penitenciarias de Mendoza", apoyando las presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió intimar al Gobierno Nacional.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza calificó la situación carcelaria mendocina como "un chiquero humano", y el arzobispo de Mendoza agradeció a Dios que la situación haya salido a la luz pública
Una visita histórica.
Sin dudas la gestión del gobernador mendocino Julio Cobos será recordada en la historia de Mendoza y de la República Argentina por la visita realizada a la cárcel provincial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2004. El grupo fue integrado por el Comisionado Florentín Meléndez, el Secretario de la Comisión Santiago Cantón y los abogados Juan Pablo Alban y Elizabeth Abi-Mershed.
Debemos recordar que el único antecedente de esta visita, es la realizada en 1979 por la Comisión Interamericana a Argentina bajo la sangrienta dictadura militar que asoló al país y las conclusiones fueron publicadas en el informe anual de la CIDH como lo serán las conclusiones de la reciente visita a la cárcel de Mendoza y que en nada favorecen a la imagen del Gobierno Argentino en América y en el Mundo.
La visita llega en un momento en que nuestro Presidente hace gala de un discurso impregnado de terminología referente a los Derechos Humanos, y nuestro país se encuentra ante la mirada atenta de toda la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos en una cárcel que no tiene nada que envidiarle a Abu-Graib.
Si desde la Nación no se toman medidas urgentes que conduzcan a un verdadero cambio en la política penitenciaria mendocina, (que hoy por hoy solo se encuentra guiada por conceptos fundados en una política de tolerancia cero y en un régimen penitenciario duro), no se producirán mejoras concretas.
Cuando el hacinamiento parecía encontrar una salida rápida con el traslado de 300 presos federales al Polvorín ubicado en el departamento de Guaymallen, el gobierno de Mendoza se opuso al traslado y solicitó el dinero correspondiente a cada preso federal a la Nación. El dinero que la Nación se comprometió a enviar a Mendoza llega a los 5 millones de pesos desde que se impusieron las medidas cautelares en la Comisión Interamericana y Provisionales en la Corte Interamericana.
Pero el problema no se resuelve con dinero, sino que es una cuestión que solo puede tener solución con cambios en las políticas publicas que únicamente llegarán si cambian los hombres que hace cinco años eligen siempre el mismo tipo de medidas y las seguirán eligiendo, por que esa es su ideología.
Estas mismas doctrinas de mano dura que intentan una y otra vez aplicar en Mendoza, son las mismas que han demostrado ser ineficaces en otros países de Latinoamérica. En México, por ejemplo, "la "tolerancia cero" contra el delito nunca funcionó", reconoció recientemente el jurista mexicano Jorge Carmona Tinoco.
Esos antecedentes hacen evidente que es prácticamente imposible que en Argentina funcionen este tipo de medidas públicas sencillas, basadas solo en el carácter represivo de las mismas y que han generado un aumento indiscriminado de la violencia en todo el continente.
Mientras los funcionarios públicos se empecinan con aplicar políticas de "mano dura", los expertos internacionales remarcan que si se cumpliera con nuestra Constitución y con el Pacto de San José de Costa Rica (que tiene jerarquía constitucional desde 1994 según el art. 75 inc. 22 de nuestra C.N.), el resultado a largo y mediano plazo sería mayor seguridad. La reinserción social de las personas privadas de libertad no debe ser un anhelo sino un hecho concreto que beneficie a los ciudadanos a través de la disminución de la violencia.
Es decir que, si no hacemos algo humanitario por las personas que están hoy internadas en la Cárcel de Mendoza, entonces al menos deberíamos hacerlo por nosotros, porque mientras peor la pasen los detenidos penitenciarios mendocinos -y de cualquier penitenciaria-, peor la pasaremos todos cuando ellos recuperen la libertad.
La violencia genera mas violencia y si a la violencia delictual se le responde con violencia Estatal estamos perdidos. El Estado debe cumplir un rol educativo y fundamentalmente humano que hoy se pierde en el discurso del derecho penal de enemigos y no de ciudadanos que nos proponen imponer aquellos que durante años aplicaron este sistema sin resultados positivos a la vista.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El sistema interamericano de derechos humanos no tiene nada que envidiarle al Europeo, ya que su producción jurídica es mucho mas rica y en términos cualitativos mas fructífera. Además esta construyendo un verdadero sistema internacional de derecho paso a paso, con normas que permiten a siete destacados juristas americanos en el cargo de jueces de la Corte Interamericana, emitir resoluciones obligatorias para los Estados que han reconocido su competencia y de alguna manera ejercer un control sobre las permanentes violaciones a los derechos humanos que se registran en el continente.
El caso "De Las Penitenciarias de Mendoza" produjo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió como medida fundamental requerir al Estado Nacional la adopción de medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en la Penitenciaria de Mendoza y en la unidad Gustavo André de Lavalle así como la de todas las personas que se encuentren en el interior de éstas, demostrando la existencia e importancia del Sistema Interamericano en casos urgentes como el que promueve estas líneas.
El circulo de la impunidad.
En segundo lugar la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.
No está de más decir que por las dieciséis muertes producidas, solo hay un detenido. La impunidad genera el campo propicio para que los hechos sigan ocurriendo, y por eso es fundamental que se produzca la investigación de las muertes y de sus responsables.
La impunidad solo genera mayor impunidad y la falta de investigación de los hechos es palmaria.
Aunque es cierto que es muy difícil investigar las muertes producidas en las cárceles, también es cierto que hoy existen medios técnicos importantes para ayudar a combatir la impunidad como lo son las cámaras de circuito cerrado y el incremento de la vigilancia a los pabellones.
Los informes.
La Corte requirió además informes periódicos al Estado y a los Peticionarios (abogados presentantes) quienes constituyeron una comisión que se reúne periódicamente en Buenos Aires para resolver problemas atinentes a Mendoza, haciendo realidad que Dios está en todas partes pero solo atiende en la Capital.
Esta Comisión no solo no funciona correctamente sino que tampoco ha servido para generar un verdadero cambio de rumbo en la política penitenciaria y de seguridad de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que la actual política penitenciaria (o la falta de la misma) es lo que llevó al Estado Nacional a verse inmerso en medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La contradicción dentro del mismo Gobierno Nacional.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está desarrollando un trabajo digno de destacar en cuanto a la situación carcelaria mendocina, puesto que ha designado abogados que se ocupan del tema y que tienen una profunda formación y capacidad. Estos abogados vienen trabajando y visitando la provincia para lograr mejoras concretas. En igual sentido está trabajando la gente del Ministro de Relaciones Internacionales.
Todo lo contrario sucede con el Ministerio del Interior, que conducido por Aníbal Fernández, representa el ala política del Gobierno Nacional, que hasta ahora se ha dedicado casi exclusivamente a apoyar la "política" de seguridad y penitenciaria llevada adelante por la provincia, con los ya conocidos, magros resultados.
La falta de unidad de criterios de los distintos órganos del Estado Nacional, es una falencia digna de destacar, no sólo como una desinteligencia que en nada soluciona los problemas concretos de la cárcel de Mendoza, sino también como una falta de toma de conciencia cabal sobre la gravedad de la situación que se vive hoy en la Penitenciaría Provincial, que se traduce en la falta de políticas de estado serias.
Compromiso Nacional.
Solo si nuestro Presidente toma cartas en el asunto y fija una posición concreta en cuanto a la cárcel de Mendoza, que no tenga que ver únicamente con enviar mas o menos dinero, sino con la adopción de un régimen penitenciario comprometido con la vigencia del paradigma de los derechos humanos, será posible que algo cambie. Por el contrario, si el Ejecutivo Nacional no interviene y no incluye el tema en su agenda, desgraciadamente la cárcel de Mendoza seguirá generando malas noticias y lo que es peor, la seguridad de las personas privadas de libertad y de los mendocinos seguirá corriendo peligro.
Mendoza, 15 de febrero de 2004.
Pablo Gabriel Salinas.
Abogado presentante de la solicitud de Medidas Cautelares a la CIDH.
Profesor Adjunto de Derecho Penal II
Profesor de Problemática del Delito.Martín Alejandro Salinas.
Licenciado Comunicador Social, Periodista.
Ex becario en EE.UU.
Asistente de Investigación.
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