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18sep11
Silvia Ontivero acusa al juez Romano de haber avalado a sus torturadores
La ex delegada detenida en Mendoza en 1976 dio un testimonio clave para que el fiscal Otilio Romano fuera juzgado por 103 delitos de lesa humanidad. Vive en Valparaíso, donde la semana pasada recibió la noticia del pedido de refugio del suspendido camarista en el vecino país. "No existe margen legal para que le otorguen asilo", subrayó. Memoria y reconstrucción de una historia marcada por la oscura tragedia de los años de la dictadura.
En Valparaíso, en las costas chilenas que bañan el Pacífico, habita una mujer argentina que hace tres semanas volvió a revivir algunos de los peores recuerdos de su pasado. Dice que la incertidumbre se profundizó a partir del 25 de agosto, cuando el suspendido camarista federal Otilio Romano se fugó de Mendoza y llegó a Chile para pedir refugio político. La noticia estalló en toda la prensa internacional, como el primer caso de un juez argentino que buscó asilo en el vecino país. Hace 48 horas, en una entrevista que concedió al diario conservador El Mercurio, el ex juez dijo que no sabe por qué lo acusan, aunque en Mendoza está imputado en 103 delitos de lesa humanidad. Silvia Ontivero, es uno de esa lista que, con nombre y apellido, aceptó encontrarse con Tiempo Argentino en un café de Santiago de Chile para contar quién es el hombre que le pidió asilo al gobierno de Sebastián Piñera. Para ella, el ex fiscal Romano no es un desconocido, sino el rostro del funcionario judicial que se encargó de su caso en 1976, cuando fue detenida por una patota que la llevó, junto a su hijo de cuatro años, a las celdas del temible Departamento 2 de Inteligencia (D-2) de la Policía de Mendoza.
-¿Cómo recibió la noticia de la llegada de Romano a Chile?
-Con dolor, pero a la vez con entereza. Esto está pasando porque la justicia argentina ha comenzado a desenmascarar a estos tipos. Ese fin de la impunidad los obliga a fugarse, como verdaderos convictos. Por eso considero que, diga lo que diga el gobierno, no existe margen legal para la posibilidad de refugio para Romano. Hay que tener en cuenta que la acusación es por crímenes contra la humanidad y eso obliga a los estados de la comunidad internacional a no otorgar el asilo.
-Usted fue detenida antes del golpe militar. ¿Con qué pruebas fue acusada?
-Lo hicieron a partir de las actuaciones, labradas por el D2. Ese día fue notificado el procurador fiscal, que por entonces era Otilio Roque Romano, que no hizo nada, o mejor dicho, sí hizo: convalidó toda la información que entregó la Policía de Mendoza y la Fuerza Aérea, la fuerza militar que nos torturó con la Policía.
-¿La detención fue ordenada por la justicia?
-Me detuvieron junto a mi pequeño hijo de cuatro años. Estábamos almorzando con el delegado de ATE Fernando Rule. Irrumpieron siete u ocho tipos con pelucas y un armamento impresionante. Me golpearon delante del niño, nos insultaron, me llevaron vendada en un auto. Mi hijo gritaba desesperadamente y al llegar a un lugar, que luego reconocimos como el D2, nos separaron y volví a saber de él recién cuando nos legalizaron, casi un mes después.
-¿Qué recuerda de su paso por las celdas de la D2?
-Ahí me decían que si no colaboraba no vería más a mi hijo. Durante mi estadía allí, varios policías o militares me violaron salvajemente. También me picanearon y me introdujeron un arma en el ano. Estuve vendada permanentemente, sin alimentos, haciendo las necesidades en la misma celda, escuchando cómo violaban a otras compañeras y cómo torturaban al resto. Aprendí que los gritos de dolor de otros son casi más horrorosos que los propios. Escuché la agonía de Miguel Ángel Gil, el delegado de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que murió en la tortura.
-¿Qué hizo Romano ante esos hechos?
-Absolutamente nada. Convalidó lo hecho por mis torturadores.
-¿Estuvo todo el tiempo presa en Mendoza?
-Sólo hasta octubre de 1976, que nos mandaron a la cárcel de Devoto, donde concentraron a todas las presas políticas. Estuve detenida hasta 1983, cuando salí en libertad vigilada durante seis meses que se desvanecieron muy pronto, gracias al retorno democrático.
-Cuando salió de la cárcel se transformó en testigo de cargo contra Romano. ¿Cuáles son sus acusaciones?
-Somos once personas que estamos dentro de una gran causa que tiene el fiscal Omar Palermo. En su mayoría son hechos relacionados con todas las violaciones a los Derechos Humanos en Mendoza. Acusamos a un grupo de tres jueces federales, entre ellos al juez Luis Miret, que fue destituido en marzo, y cuatro ex fiscales federales, entre ellos a Otilio Romano.
-¿Con qué cargos?
-Lo acusamos como cómplice de detención ilegal, permanencia en centros clandestinos, tortura, violaciones y muerte. En la causa general, donde está inserta nuestra causa, también se suma el de robo de identidad al hijo de la pareja desaparecida Marique-Terrera. Tenemos suficientes motivos para atribuir a sus investiduras una enorme cantidad de acontecimientos que ocurrieron porque no cumplieron con las funciones que ostentaban y que debieron cumplir en ese momento.
-¿Cómo actuó la comunidad judicial mendocina en la época en que Romano fue fiscal?
-En Mendoza, en el aparato judicial estuvieron los ex jueces federales Luis Francisco Miret, Gabriel Fernando Guzzo y Guillermo Max Petra Recabarren, junto a los ex fiscales federales Romano, Ernesto Peñaloza, Carlos Ernesto Fuego y Edgardo Díaz Araujo. Cada uno, desde su jerarquía, garantizaba la parte que le correspondía para reinterpretar la ley, cajonear los expedientes, desaparecer las pruebas y, en síntesis, convalidar lo actuado por la dictadura. Con la democracia, conservaron sus puestos y pudieron profundizar alegremente su currículum de complicidad. En 2003 llegaron otros aires y la posibilidad de justicia. Allí comenzaron a darse cuenta de que su tesoro más preciado, la impunidad, empezaba a desmoronarse.
[Fuente: Por Claudio Mardones, El Argentino, Bs As, 18sep11]
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