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14feb08
Aguinaga acusa a Pablo Salinas de querer "voltearlo"
A Celso Jaque le explotó la primera crisis interna en su gobierno, dos meses después de haber asumido la conducción de la Provincia. Aunque era de esperar, fue sorpresiva la manera en que se evidenció este "crack" gubernamental originado en la polémica por la permanencia del ex comisario Carlos Rico como viceministro de Seguridad.
El caso es que Juan Carlos Aguinaga, el titular de la cartera, por defender al ex policía cuestionado por su acción durante la última dictadura, expuso crudamente sus diferencias con el coordinador de Derechos Humanos, Pablo Salinas.
"Hay miembros del Gobierno que no están en sintonía. Estoy un poco incómodo, porque hay que distinguir la barricada, o la pertenencia que han tenido como dirigentes de derechos humanos. Yo tengo la sensación que no están actuando como funcionarios; están excediendo quizás ese límite", lanzó el ministro apuntando a Salinas.
Aguinaga sostuvo ante los medios que durante la mañana había tratado el problema con el Gobernador "de manera general" y aseguró que Jaque ratificó a Rico como subsecretario de Seguridad. "La diferencia es fundamentalmente con Pablo Salinas. Lo respeto a Pablito, somos amigos, pero hay momentos en que él va más allá de su carácter de funcionario y se pone al frente de esta situación", persistió el demócrata.
También reiteró la descalificación hacia Alicia Morales, la testigo que aseguró ante la Justicia haber reconocido a Rico como uno de los policías que frecuentaba los calabozos del centro de detención clandestino D2 en 1976, donde estuvo encerrada.
Rico fue instructor contrasubversivo (formado en el Centro de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Federal) y líder del grupo especial de seguridad para el Mundial de Fútbol conocido como GE’78 creado ante la posible contraofensiva preparada por la cúpula montonera en su exilio en México, de la cual los organismos de inteligencia tenían información.
"Es una estafadora que tiene una causa que está para juicio en San Rafael y que tiene otras múltiples causas en trámite por estafa. La estafa es un delito que es el ardid y el engaño. ¿Cómo le pueden creer a una persona que engañó a la pobre gente que quería comprar una casa?", acusó Aguinaga.
Observadores de este entuerto advirtieron la diferencia de criterios en el discurso de Aguinaga según sea el afectado. Para el caso de Rico reclama el principio de inocencia ante las denuncias de los organismos de derechos humanos ya que no existe ninguna imputación probada, pero no toma la misma postura para el caso de Morales, que todavía no ha sido juzgada por el delito que se la acusa.
Un detalle que contribuyó aún más al estado de tensión, es que el abogado defensor de Morales en estas causas es Luis Alejandro Cazabán, el influyente Secretario General de la Gobernación (ver aparte).
De todos modos el sinceramiento del ministro dejó al desnudo el choque entre la áreas más sensibles del Gobierno. Sobre el final de la jornada Cazabán quiso desvirtuar esta situación hasta calificarla de "irrelevante", comparándola con todas las gestiones internas que compartieron los responsables de los sectores en pugna. Cazabán resistió además el calificativo de crisis e intentó minimizar la conmoción oficial relatando un día de gestión "normal" como si nada pasara.
Lo que obvió Cazabán fueron las reuniones de los apuntados Lavado y Salinas junto a la ex legisladora del Polo Social, Angélica Escayola, en el tercer piso del Palacio de Justicia, sede de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. Allí analizaron los dichos de Aguinaga e incluso llegaron a evaluar la renuncia a los cargos. Aunque luego sobrevino la ratificación de estos funcionarios por parte del ministro de Gobierno, Juan Marchena.
Cazabán confirmó el mandato de Jaque. "Están ratificadas las políticas de seguridad y derechos humanos porque estamos preocupados en resolver el problema de la inseguridad", insistió.
La historia tuvo otros capítulos. Los organismos defensores de los derechos humanos, con la actriz Mariú Carreras como vocera, le contestaron a Aguinaga, que había dicho que los organismos quieren desestabilizar y romper su gestión. "Esto es una cargada. Los organismos tenemos el derecho y la autoridad moral de reclamar porque nos asisten 32 años de lucha por la verdad y la Justicia. Son 32 años sin los cuerpos de nuestros familiares y nuestros seres queridos", proclamó
[Fuente: Los Andes, Mendoza, Arg, 14feb08]
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