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06feb05
Para la CIDH, "un abandono de la justicia" la situación de la Casa de Piedra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene bajo la lupa el sistema penitenciario de Mendoza. En la vieja penitenciaría conocida como Casa de Piedra hay 1400 presos que deben acomodarse en 600 plazas. La cárcel, que ya tiene un siglo, está prácticamente destruida. Las paredes están descascaradas; las celdas casi no tiene ventilación; la basura se amontona en prolíficos montículos y el hedor es sólido como l violencia; los presos juegan con las ratas y las matan y también se matan entre ellos.
En 2004 murieron allí diez presos. Otros seis fallecieron en un anexo situado en la localidad Gustavo André, en el departamento de Lavalle; cuatro de los seis, en un incendio, por lo que hay un uniformado procesado. Allí funciona una granja, donde son alojados los presos en "período de prueba", cuando les queda poco tiempo de encierro.
El último crimen fue el de Sergio Salinas, de 24 años. Lo descuartizaron. La madre del preso, Julia Rosario Ares, dijo a LA NACION qu su hijo padecía problemas mentales irreversibles, y que había sido internado cinco veces en un hospital psiquiátrico. "Era inimputable, y lo condenaron igual", sostuvo.
La mujer contó que su hijo cayó preso porque intentó, con un destornillador, robarle a un hombre en un colectivo. El hombre era policía y lo detuvo. Y el muchacho fue condenado a cinco años y diez meses de prisión.
"Dos semanas antes de que me lo matara me dijo: 'Tengo miedo, va a pasar algo antes de las fiestas' -reveló Ares-. El estaba en el Pabellón 7 y había visto a los que mataron a un compañero. Fui a la Dirección y les dije que me lo cambiaran de pabellón. No lo cambiaron. Y el 4 de diciembre pasado lo descuartizaron."
Entonces llegó la CIDH, recorrió la cárcel y elaboró un informe lapidario. El relator de la Comisión para la Argentina, Florentín Meléndez, habló en una conferencia de prensa de condiciones infrahumanas de vida, que vulneran los compromisos internacionales adquiridos por la Argentina en materia de derechos humanos.
Algunas de las denuncias recibidas por la Comisión fueron, además de las vinculadas al hacinamiento: falta de atención médica, demora de los beneficios judiciales, lo que constituiría, según la CIDH, un "abandono de la justicia".
A Meléndez también le llamó la atención el alto nivel de ocio en el penal, debido a insuficientes actividades recreativas y laborales.
La CIDH llegó a Mendoza por pedido de un grupo de abogados que vienen presentando hábeas corpus desde 2000 y que ya habían formulado una denuncia por las condiciones de detención del penal. Se trata de los doctores Alfredo Ramón Guevara, Alfredo Guevara Escayola (padre e hijo), Pablo Gabriel Salinas y Carlos Varela Alvarez. Estos abogados también recorrieron la cárcel, conjuntamente con autoridades nacionales, como Jorge Cardozo y Javier Salgado, por la Cancillería argentina, y Claudia Cessaroni, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Elaboraron un informe (que facilitaron a LA NACION) en el que detallan las condiciones de detención: superpoblación, presos que deben convivir con la basura y sus excrementos; ausencia de luz natural y artificial; regímenes de aislamiento en los que los internos sólo tienen una hora de recreación por día...
"Los médicos no recorren el penal. Para ir a la enfermería, se autolesionan. Esos presos después quedan el libertad, ¿qué piedad se le puede pedir a una persona que se autolesiona, que debe sobrevivir en un mundo tan violento?", dijo el doctor Varela Alvarez.
Coyuntura y largo plazo.
El director de la penitenciaría, Sergio Miranda, que se hizo cargo después del crimen de Salinas, dijo: "Cuando nos hicimos cargo, en diciembre, lanzamos una política que combina coyuntura y largo plazo para resolver el problema, de tres ejes: ocio, drogas y hacinamiento".
Y agregó que la cárcel vieja será demolida, entre agosto de este año y febrero de 2007. "Se va a dejar el muro perimetral de piedra y adentro vamos a construir módulos como os de la parte nueva", afirmó.
La parte nueva está detrás de Casa de Piedra. stá conformada por módulos rectangulares independientes. "Son cuatro bloques de 240 plazas divididos en sub-bloques de 120", explicó el director.
En el sector nuevo hay 480 plazas y 450 presos, según Miranda. En uno de los módulos funciona un pabellón de máxima seguridad, donde están alojados los reclusos conflictivos. Hay otro con "menores-adultos" (presos de entre 18 y 21 años) y otros dos destinados a los que obtuvieron el beneficio de la fase de confianza.
Estos últimos están rodeados por un alambrado. Del otro lado del alambrado hay una pequeña villa miseria. Eso parece, pero en realidad es el sector de los presos en período de prueba, la última instancia de encierro antes de la liberación.
"Deberían estar en la granja de André. Pero por ahora no podemos llevar más internos. Esta villa también va a ser demolida", afirmó Miranda.
Y concluyó: "El servicio penitenciario siempre fue un depósito de internos y de penitenciarios: los que no pudieron encontrar otro trabajo y se anotaron acá. Eso va a cambiar".
[Fuente: La Nación, Bs As, Arg, 06feb05]
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