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15sep10
Pedirán la intervención de la Legislatura de Santa Cruz
Santa Cruz se transformó en otro escenario de crisis institucional, con alcance a los tres poderes del Estado y con riesgo cierto de una intervención federal.
La provincia de los Kirchner quedó envuelta en nuevo escándalo al recibir el gobernador Daniel Peralta una denuncia penal de la propia Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al incumplir un fallo que lo obliga a reponer como fiscal de Estado a Eduardo Sosa, destituido hace 15 años por el entonces mandatario Néstor Kirchner.
Además, la Corte notificó al Congreso sobre este conflicto institucional, lo que llevo al bloque radical a presentar un proyecto para intervenir el Poder Legislativo de Santa Cruz. "La desobediencia de un gobernador pone en riesgo de una intervención. Es otro episodio de extrema gravedad sobre la manera en que ejercen el poder los Kirchner", dijo el titular del bloque radical de Diputados, Oscar Aguad.
Mientras, Peralta desafió a los jueces del alto tribunal, anunció que no restituirá al funcionario echado y consideró que la nueva decisión judicial tiene "intencionalidad política".
La Corte, además de la denuncia, aplicó un "apercibimiento" al gobernador y "remitió copia certificada de las piezas pertinentes a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública".
Los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay adoptaron la decisión después de que pasara casi un año desde el último pronunciamiento.
Lo que ocurrió. El 20 de octubre de 2009 la Corte había dispuesto ordenar "al gobernador de la provincia la carga de reponer a Eduardo Emilio Sosa en el cargo de agente fiscal ante dicho tribunal dentro de los 30 días de notificado".
La Corte argumentó su fallo en la "persistente y reiterada reticencia de las autoridades provinciales para disponer la reincorporación" de Sosa.
"A la fecha, y no obstante el tiempo transcurrido, la situación de incumplimiento se mantiene, por lo que la omisión en que han incurrido las autoridades provinciales configura un desconocimiento inadmisible de sentencias de esta Corte", sostuvo el fallo. "El incumplimiento por parte de la provincia de Santa Cruz de una sentencia dictada por la Corte Suprema constituye un desconocimiento del principio de división de poderes que las provincias se han comprometido a garantizar", añadió el texto.
En cuanto a la notificación al Congreso, el fallo recordó que la Constitución le impone al parlamento "garantizar la forma republicana de gobierno, que se vería privada de la base misma que la sustenta si se ignorasen las atribuciones que el texto constitucional reconoce a esta Corte".
La información remitida al Congreso, de la que jueces del máximo tribunal no recordaron antecedentes, apunta a que "adopte las medidas que considere pertinentes respecto de la situación informada".
Pese a todo, Peralta advirtió que no reincorporará a su cargo al ex procurador Sosa y advirtió: "No conozco a ningún gobernador que haya sido sancionado por la Corte Suprema".
[Fuente: La Voz del Interior, Córdoba, 15sep10]
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