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20jun17
El Gobierno impuso una millonaria multa a la mayor petrolera privada del país
El mercado del gas en garrafas es el escenario de una de las contiendas político-económicas más importantes de los últimos tiempos. Mediante dos resoluciones, la administración de Mauricio Macri multó por $ 354,37 millones a Pan American Energy (PAE), la segunda entre las mayores petroleras del país y la más grande de ese rubro en el mercado privado. La penalización se debe a que encontró al grupo responsable de no cumplir el año pasado con sus compromisos de abastecimiento del mercado doméstico de garrafas, que atiende a los sectores más vulnerables de la población.
PAE pertenece a la firma británica BP, a la china Cnooc y a la familia Bulgheroni, que si bien no tiene una participación de control, cuenta con un rol preponderante en la conducción de los negocios en el país.
Las multas figuran en las resoluciones 63 y 64, que vio LA NACION. Ambas están fechadas el 22 de mayo pasado, pero no fueron publicadas en el Boletín Oficial porque no revisten interés general. Están firmadas por Marcos Pourteau, subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía. Esa dependencia estuvo hasta principios de año a cargo de José Luis Sureda, un ex funcionario que trabajó en PAE durante años y renunció a su cargo luego de una fuerte polémica con el jefe de esa cartera, Juan José Aranguren. Fuentes al tanto de la medida explicaron que la salida del ex empleado de PAE no tiene relación con el avance de las multas, que estaban en análisis desde antes.
La primera de las resoluciones multó a PAE Sucursal Argentina con $ 142,31 millones. Es el equivalente a cuatro veces el costo de una tonelada de gas licuado de petróleo (GLP) propano a nivel mayorista "por cada tonelada de butano no entregada por PAE a diversos operadores del mercado interno, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre" del año pasado.
La resolución 64, por otra parte, dispuso una multa de $ 212,07 millones a Pan American Sur (PAS) por el suministro no entregado a diversos operadores del mercado interno durante los mismos meses (de abril a diciembre) del año pasado.
El butano se extrae de los componentes ricos del gas. Las principales productoras del fluido son las empresas petroleras, que luego lo venden a fraccionadoras, encargadas de envasarlo en garrafas y tubos, entre otros envases. Algunas de estas fraccionadoras son a su vez propiedad de grandes petroleras, como YPF y Shell.
En marzo de 2015, el kirchnerismo creó el denominado Programa Hogar, que estipulaba subsidios para hogares de bajos recursos y viviendas sociales que utilizaran GLP en zonas adonde no llegaba la red de gas natural. Allí estipuló el aporte de butano y propano que las empresas productoras debían volcar al mercado interno para el fraccionamiento en garrafas de 10, 12 y 15 kilos.
PAE rechazó los argumentos que usó Energía en las resoluciones. La empresa sostuvo que no procesa, fracciona o distribuye líquidos del gas natural (GLP) y nunca participó en el mercado de garrafas, a diferencia de otras empresas enfocadas en esas actividades.
Según la empresa, tuvo un contrato por 10 años con TGS (Transportadora Gas del Sur) para la obtención de GLP, contrato que venció en abril de 2016. Y con respecto al denominado Plan Hogar, explicó que durante la vigencia del mencionado contrato de procesamiento con TGS, PAE mantuvo y cumplió con sus entregas destinadas a las garrafas sociales que la autoridad fijaba.
"Desde abril de 2016, tras vencerse el contrato con TGS, PAE no dispone de GLP y no tiene obligación legal alguna para generarlo".
Según las resoluciones, las compañías de PAE se comprometieron a hacer un aporte anual de butano el año pasado, pero no cumplieron. Eso obligó a que el Estado utilizara otras alternativas para cubrir el faltante, como la provisión del gas por parte de la estatal Enarsa.
PAE le envió notas al Ministerio en que sostiene que en febrero del año pasado se cayeron contratos con TGS, que se encarga entre otras cosas de separar los componentes ricos del gas. Por ese motivo, PAE discontinuó su producción orientada a cubrir la demanda de GLP, según los argumentos que esgrimió la compañía ante la consulta de LA NACION.
Pese a eso, según el Gobierno, la compañía no solicitó la salida del registro de productores de GLP.
Las multas que estipuló la cartera de Aranguren parecen dar por tierra con críticas que se le hicieron el año pasado. Por ejemplo, Elisa Carrió denunció a tres funcionarios de Energía por supuestas "negociaciones incompatibles con la función pública" por eximir a diversas empresas de hacer su aporte a las garrafas subsidiadas.
PAE debía abonar las multas en no más de 10 días hábiles desde que fue notificada con una transferencia bancaria a una cuenta del Ministerio en el Banco Nación. No lo hizo, dado que "está evaluando medidas administrativas [de reclamo] que están contempladas en este tipo de procesos".
[Fuente: Por Pablo Fernández Blanco, La Nación, Bs As, 20jun17]
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