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24dic09
Por una justicia democrática
La constante lucha por justicia de los familiares de detenidos desaparecidos, asesinados, secuestrados y ex presos políticos de la última dictadura militar y de los organismos de derechos humanos continúa, después de 33 años.
Siempre estuvimos convencidos que la única vía para lograr la condena a los represores era acudir a la justicia y que los crímenes contra la humanidad cometidos durante los años 1976-1983 debían ser juzgados por tribunales imparciales y democráticos. Siempre creímos que debía asegurarse a las partes el legítimo derecho de defensa y la realización de juicios justos, sin que jamás existiera un acto de venganza personal de las víctimas, a pesar de la gravedad de los hechos cometidos contra nuestros compañeros desaparecidos y asesinados por el Estado Terrorista.
Sin embargo, nuestra esperanza de una respuesta judicial acorde a los estándares internacionales se ha visto opacada. Hace años que venimos batallando en la instrucción de las causas por violaciones a los derechos humanos en los tribunales federales de nuestra provincia, pero sólo el diez por ciento de las mismas se encuentran elevadas a juicio en el Tribunal Oral.
Hemos padecido, desde la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, una justicia lenta y que al momento de imputar y procesar a los responsables ha guardado demasiada prudencia. Una justicia federal que no investiga con la seriedad y con la profundidad requerida para asegurar una justicia verdadera, acorde a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino al firmar los tratados internacionales de derechos humanos.
Pocas son las acciones y escasos son los jueces y funcionarios judiciales que han sabido demostrar que la justicia federal de la Provincia de Mendoza está comprometida en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Estas excepciones, por supuesto, no las podemos desconocer y nos dan una pequeña esperanza.
Como querellantes, hemos tenido que enfrentar las resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones, las que, con total injusticia permitieron que los represores obtengan su libertad, a pesar de los aberrantes crímenes cometidos en nuestro país.
Esta justicia, que no es justicia, nos llevó a denunciar a los miembros de la Sala B de la Cámara Federal ante el Consejo de la Magistratura.
Hoy, los camaristas Dres. Julio Demetrio Petra Fernández y Alfredo López Cuitiño están siendo investigados por mal desempeño en sus funciones en la causa Nº 434/08 del Consejo de la Magistratura , causa que ha sido admitida, que se encuentra etapa de investigación preliminar y en la que los denunciados han tenido que presentar sus defensas, lo que demuestra que, los organismos de derechos humanos junto a todos los abogados que trabajamos para que haya justicia para nuestros compañeros desaparecidos teníamos justas razones para denunciar la situación de impunidad que se había generado a partir de estas resoluciones judiciales arbitrarias, infundadas y absolutamente injustas.
Se suma al mal desempeño de los jueces denunciados, la actitud de algunos defensores oficiales, quienes más que ejercer una función legítima dentro de la justicia, ejercen una defensa ideológica del golpe de Estado de 1976.
Por eso, los querellantes en las causas por violaciones a los derechos humanos, estamos denunciando ante la Defensora General de la Nación , Dra. Stella Maris Martínez, a defensores oficiales que promueven una clara defensa del terrorismo de Estado y de la doctrina de la Seguridad Nacional , calificando de "subversivos" a los desaparecidos y pretendiendo justificar el accionar de los represores mediante pruebas inaceptables y que evidentemente atentan contra el régimen democrático.
Los tribunales federales mendocinos, durante todos estos años, no han sabido dar respuestas a la tan anhelada justicia que merecen nuestros compañeros, manteniéndose el permanente reclamo de los organismos de derechos humanos, de los familiares y de las víctimas de la última dictadura militar.
Nos identificamos con Eduardo Galeano cuando escribe que "la justicia no puede detenerse al pie de los uniformados, como si tuvieran un aura dorada que los protege. Y tampoco al pie de los ricos, que siempre consiguen salir. La justicia debe ser democrática para ser justa y eso implica el rescate de la memoria, sobre todo la reciente sobre el terror del Estado. Especialmente sobre un crimen que, de algún modo, es la síntesis de todos los cometidos: el imperdonable crimen de haber aniquilado una generación entera…"
Seguimos luchando por un país con justicia verdadera, por un país que mantenga viva la memoria. Y en cada una de nuestras acciones, comprometidas con los derechos humanos, estarán siempre presentes nuestros 30.000 compañeros desaparecidos.
Mendoza, 24 de diciembre de 2009
Pablo Gabriel Salinas y Viviana Laura Beigel
Abogados apoderados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
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