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24sep14
Una escucha complica a Oyarbide por presunta protección a talleres textiles clandestinos
Un tribunal oral denunció al juez federal Norberto Oyarbide por la presunta protección a dueños de talleres textiles clandestinos que utilizaban mano de obra semi-esclava para confeccionar prendas de primeras marcas en el mercado.
El Tribunal Oral Federal número cinco, integrado por los jueces Oscar Hergott, Sergio Paduczak y Ángel Nardiello, condenó la semana anterior a 12 personas de nacionalidad boliviana a penas de entre tres y cinco años de prisión por explotación laboral en talleres clandestinos.
En la investigación, fue detectada una escucha telefónica en la que un tal "Alejandro", un presunto abogado, le cuenta a su interlocutor, identificado como "Emilio": "Tenemos novedades, en el juzgado nos dieron certeza que ustedes no van a estar más ni escuchados. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos que no pasa nada".
La escucha es del 12 de junio de 2012, y el supuesto abogado añade: "Nos pidieron tiempo con el tema de la ropa, cuánto tiempo no establecieron pero nos dijeron que nos quedemos tranquilos que no pasa nada".
Fuentes judiciales explicaron que la escucha tiene relevancia porque la investigación no avanzó contra los empresarios ya que a juicio oral fueron enviados sólo los responsables de los talleres clandestinos, pese a que la Cámara Federal le había ordenado a Oyarbide que avanzara hacia arriba en la escala de responsabilidades.
En la investigación se detectó que los talleres trabajaban para marcas de ropa como "Motor Oil", "Siamo Fuori", "Sandler Premiun Jean", "Kosiuko", "Cheta" y "Pop", entre otras.
Los jueces del tribunal oral entendieron que la escucha revela un "posible delito de acción pública" y ordenaron que se inicie una causa penal para investigar, Esta es la segunda vez en menos de un año que Oyarbide es denunciado por irregularidades en el trámite de una causa.
A fin de año le ocurrió lo mismo cuando oficiales de la Policía Federal le pidieron 300 mil dólares al dueño de una financiera para no hacer un allanamiento ordenado por Oyarbide en una causa por lavado de dinero y que lo hacía en nombre del juez.
[Fuente: Clarín, Bs As, 24sep14]
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