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18jun11
Hermanos Noble Herrera: Piden un nuevo análisis para “terminar con la persecución”
Para intentar poner punto final al “acoso y la persecución” que ellos y su madre vienen sufriendo desde hace diez años, los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera decidieron resignar su derecho constitucional y no apelar ante la Corte Suprema de Justicia el reciente fallo de la Cámara de Casación. No sólo eso: también pidieron que se les realicen “cuanto antes” nuevas extracciones de sangre para confrontar su ADN con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), tal cual era reclamado por los querellantes.
Esta última decisión le fue comunicada ayer (fecha en que vencía el plazo para apelar) a la jueza Alejandra Arroyo Salgado a través de un escrito firmado por los dos hermanos, en el que solicitan “con la mayor premura posible” poder concurrir al BNDG para que se les realicen los análisis correspondientes. Esta será la cuarta vez que les extraerán muestras de ADN, algo sin antecedentes en el país, y que demuestra el ensañamiento y las presiones políticas de las que son víctimas.
En cambio, el Gobierno – a través del fiscal Raúl Plée-, una de las familias querellantes y las Abuelas de Plaza de Mayo apelaron el fallo de la Sala 2 de Casación, que se conoció el 2 de junio pasado, y que estableció -además de la compulsividad de los análisis-, su confrontación con un número limitado de perfiles genéticos.
Esa apelación podría demorar la resolución de la causa dos años más, pese a que los propios querellantes vienen insistiendo públicamente en concluirla cuanto antes. Lo lógico sería que luego del ofrecimiento de los hermanos, Abuelas dé marcha atrás con su planteo, ya que no hay razones para mantenerlo.
En un comunicado difundido ayer, los abogados de los hermanos explicaron que con su decisión Marcela y Felipe buscan “llevarle paz y tranquilidad a su madre, a la que por su edad y estado de salud, no quieren exponer a nuevos agravios y sufrimientos durante el plazo que puede durar una apelación ante la Corte”.
La decisión fue tomada por los hermanos a pesar de que en la causa no existe ningún indicio de sospecha sobre su origen, y menos su eventual vinculación con personas víctimas de la represión ilegal. La decisión, además, la llevan adelante a pesar de que todos los precedentes de la Corte Suprema de Justicia avalan el derecho de las personas a negarse a un análisis compulsivo. De hecho, para el máximo Tribunal, el análisis de sangre y saliva sin consentimiento es un método de prueba inconstitucional.
Sus abogados –Alejandro Carrió, Horacio Silva y Roxana Piña– explicaron que, pese a estos antecedentes que respaldaban sus derechos, Marcela y Felipe les comunicaron su decisión de no recurrir al máximo tribunal para concluir con el hostigamiento que viene sufriendo su familia desde hace ya una década.
“Su renuncia a este derecho tiene que ver con una decisión personal y humana, vinculada sobre todo con su madre. Los hermanos no han modificado sus convicciones respecto del derecho que tienen a resguardar su intimidad e integridad personal”, agregaron.
También explicaron por qué, aunque Casación le puso un límite razonable a las fechas de las comparaciones, los hermanos tampoco se acogerán a dicho límite y pedirán la compulsa con todas las muestras obrantes en el BNDG. “Los hermanos quieren concluir con todo este proceso; ellos ven que ninguna de las resoluciones judiciales que les fueron favorables terminó siendo cumplida, y aunque es imposible un vínculo biológico con personas desaparecidas con posterioridad a sus adopciones, quieren concluir de una vez por todas la virulenta persecución política y mediática” que están viviendo.
En efecto, el examen para el que ya dieron sangre los hermanos fue ordenado por jueces de primera instancia, de Cámara, de Casación y hasta confirmado por la Corte, pero nunca pudo concretarse. Incluso cuando no había más instancias de apelación para la querella, el Gobierno dictó un decreto e impulsó una ley para desconocer ese fallo.
Si bien el caso siempre estuvo plagado de componentes extrajudiciales y sujeto a presiones políticas de todo tipo, en los últimos años el acoso se volvió más brutal y despiadado. Funcionarios del gobierno, sectores aliados al kirchnerismo y medios oficialistas llevaron adelante una campaña de difamaciones en la que acusaron a los hermanos y a su madre sin prueba alguna y presionaron sin disimulo a la Justicia.
La causa Noble Herrera pudo haberse resuelto hace ocho años cuando los hermanos ofrecieron voluntariamente un análisis de sangre, que luego fue ordenado por la Justicia y ratificado en todas sus instancias, incluyendo la Corte Suprema. Inexplicablemente, este examen, que según la Justicia era el que “mejor respetaba los derechos de todas las partes” no se pudo concretar por la permanente negativa de los querellantes, pese a que los hermanos entregaron muestras de ADN al Cuerpo Médico Forense, el 28 de diciembre de 2009.
“Este caso es un ejemplo paradigmático de un proceso que pretende dilatarse en el tiempo pese a fallos judiciales muy contundentes. Es el único caso donde las supuestas víctimas tuvieron que entregar tres muestras de ADN sin una razón de peso que lo justifique. Esta será la cuarta”, señalaron los letrados.
Las primeras muestras de sangre y saliva, entregadas el 28 de diciembre de 2009 fueron consideradas completamente aptas por todos los peritos intervinientes, el pasado mes de noviembre. No obstante, los hermanos tuvieron que sufrir dos allanamientos en sus domicilios, el 29 de diciembre de 2009 y el 28 de mayo de 2010, donde se les secuestraron elementos personales y hasta la ropa que llevaban puesta, incluyendo prendas íntimas. Y también se les ordenó una requisa personal en la vía pública, por lo que fueron perseguidos por móviles policiales al salir del juzgado de San Isidro.
En todo este tiempo, en la causa Noble Herrera, declararon decenas de testigos y se presentaron toda clase de documentos. Por ninguna vía, se pudo obtener indicio alguno de que los hermanos pudieran haber sido apropiados, y mucho menos que pudieran ser víctimas de la represión ilegal que se desató en el país a partir de 1976.
Al mismo tiempo, tampoco se presentaron elementos que pudieron poner en duda la legalidad de los trámites de adopción realizadas. De hecho, la Justicia determinó que en las mismas no se cometió ningún delito y decretó la “falta de mérito” de la señora de Noble.
A través del escrito presentado a la jueza, los hermanos pidieron que se les fije fecha con la mayor premura posible para poder concurrir al BNDG para que se les realice los análisis, cuyos resultados podrán ser cruzados con todos los perfiles genéticos allí registrados.
Una decisión que por ley, Marcela y Felipe están avalados a no tomar. “No obstante, este derecho se resignó – concluyeron los abogados – para poder terminar con el calvario que los hermanos y su madre vienen injustamente sufriendo”.
[Fuente: Clarín, Bs As, 18jun11]
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