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18ago18
Encendido debate en el juicio a los narcopolicías
Con un arduo debate comenzó ayer en la Ciudad Judicial el juicio a 8 miembros de la Policía de la Provincia y a dos civiles, acusados de conformar un asociación ilícita para la venta y comercialización de drogas en la ciudad. Tras la lectura de la acusación a los defensores de los imputados plantearon la nulidad del proceso por considerar que el procedimiento de detención de los policías estuvo viciado de nulidad.
De la investigación dirigida por la fiscal penal N§ 5 Gabriela Buabse se estableció que los acusados habían conformado una asociación ilícita que tenía como objetivo brindar protección a una familia de narcos de barrio Alta Tensión, como así también desintegrar el "negocio" a sus competidores con el propósito de monopolizar el mercado de venta de estupefacientes en la capital. En ese marco se determinó que la banda era comandada por Sandra Elizabeth Serrudo, quien contaba con la protección de efectivos de Drogas Peligrosas que operaban en el Sector 5 para lograr impunidad en la venta de drogas desde su domicilio en la calle Boedo al 1400, en la zona oeste.
Los aceitados contactos con los policías se consumaron a partir de la relación sentimental que Serrudo mantenía con el cabo Pedro Gustavo Carrizo. De las escuchas telefónicas surgió que el policía alertaba a la mujer de eventuales procedimientos en su domicilio, le aconsejaba qué debía hacer en caso de advertir a personas sospechosas que merodeaban la vivienda e intervenía en las "transas" de droga que realizaba Ezequiel Alfredo Thiz, hijo de Serrudo. Además se pudo corroborar que el personal de Drogas hizo caso omiso a las denuncias de vecinos que alertaron a través de la página web del Ministerio de Seguridad que Serrudo vendía estupefacientes en su vivienda.
Cuando la fiscal Buabse fue advertida de esta situación solicitó la colaboración de la Policía Federal para que investigaran a los agentes antinarcóticos del Sector 5. Las escuchas confirmaron la relación de Carrizo con Serrudo y que el policía actuaba en connivencia con la mujer narco y su hijo. Los federales también determinaron que se había preparado un plan para sacar del "mercado de la droga" a un competidor de la Serrano. Los narcopolicías cayeron en la trampa cuando solicitaron a Buabse allanar la vivienda de esa persona, conocida como "Rafa".
La fiscal pidió la correspondiente autorización al juez de Garantías N§ 2, Ignacio Colombo, y éste le hizo lugar. Paralelamente a ello Buabse hizo el mismo pedido al juez de Garantías N§ 4, Diego Rodríguez Pipino, para interceptar a los policías cuando fueran a allanar el domicilio del nombrado "Rafa". Con esta tarea de contrainteligencia la fiscal confirmó el accionar de los efectivos de Drogras Peligrosa, quienes se conducían en dos autos cuando fueron interceptados por los investigadores federales. En poder de los policías encontraron "bochitas" de cocaína y "porros" de marihuana.
"Tres cosas nos llamaron la atención: la tenencia de droga de los policías, que fueran a realizar un allanamiento sin testigos y que dos de los efectivos no portaran armas", expresó el comisario Fernando Sergio Chaín, quien al momento del operativo era el jefe de la delegación Salta de la Policía Federal. "Yo estuve al frente del procedimiento y puedo dar fe de que esto fue así", aseguró el testigo en la audiencia de ayer.
Duro, con la fiscal
Los defensores Enrique Fabio Choque y Juan Medrano cuestionaron enfáticamente a la fiscal Buabse por haber solicitado en una misma causa dos procedimientos simultáneos con distintos jueces. "Creemos que la fiscal falseó la plataforma fáctica y con su proceder violó garantías constitucionales del debido proceso", sentenció Choque, defensor del agente Sergio Eduardo López. A su juicio la funcionaria "no puede por un lado ordenar que los policías hagan un allanamiento y por otro disponer que los detengan", dijo. Y agregó: "Por ese motivo solicitamos la anulación del juicio".
En los mismos términos se pronunció el abogado Medrano, patrocinante del sargento Rafael Antonio Siares. "La fiscal no cumplió con lo que establece la ley y actuó con engaño frente la juez original (por Colombo) cuando autorizó a los policías a allanar el domicilio el tal Rafa", señaló. En tal sentido recurrió a la doctrina "del fruto del árbol envenenado" para describir que la pruebas recolectadas "se obtuvieron con ayuda de información falsa".
El fiscal Santiago López Soto calificó de extemporáneo el planteo de los defensores y pidió el rechazo de la nulidad. Mónica Mukdsi, Guillermo Pereyra y José Luis Riera, jueces del Tribunal de Juicio, coincidieron con el fiscal.
[Fuente: Por Rubén Arenas, El Tribuno, Salta, 18ago18]
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