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22dic13
Consecuencias del desmadre de los servicios de inteligencia
El senador radical Gerardo Morales me pidió permiso para identificarme como otro de los "target" de las tareas de inteligencia clandestinas del Ejército y le di mi consentimiento porque es la mejor forma de protegerme de este tipo de acciones en que los ciudadanos nos sentimos violados en lo más íntimo de nuestras vidas.
Desgraciadamente no se trata de un hecho aislado en mi carrera, ni en la vida política argentina. En el 2006 desconocidos hackearon mi correo electrónico para tratar de ensuciarme y no encontraron nada más que mails de trabajo. La Justicia descubrió que el hackeo se hizo desde un cibercafé de Avenida de Mayo y nunca se pudo identificar a los autores pero, en ese momento, eran pocos los que tenían en el Estado la tecnología para hacerlo. El año pasado me acusaron falsa y ridículamente de espía ruso. Pero no soy la única víctima. El suspendido fiscal José Campagnoli debía lidiar en la causa por la supuesta extorsión de Báez a Federico Elaskar con abogados vinculados a la SIDE y luego denunció que éste organismo habría borrado casetes con escuchas del hermano de la ministra de Seguridad.
Nadie se inmutó en un país con tantos problemas y donde nos acostumbramos a que lo irregular parezca normal. Como tampoco nadie se escandalizó cuando la jueza Servini denunció que le pusieron micrófonos ocultos en su despacho. Lo mismo cuando el Tribunal Oral Federal 3 afirmó que la SIDE le hacía operaciones en su contra en el juicio a Gustavo Béliz o cuando los mensajes privados de WhatsApp del juez Rafecas llegaron a las manos de Boudou por el escándalo Ciccone.
En un país con instituciones fuertes, horas después de la denuncia de un senador de la Nación un fiscal habría abierto una causa de oficio y un juez allanado el edificio Libertador. Aquí no pasó nada. En tribunales muchos le tienen miedo a la SIDE y ahora a Milani. Seguramente, la semana próxima Morales haga una denuncia formal y días más tarde quizás algún juez se anime a "asegurarse la prueba". Pero ya será tarde. La sala de situación que armó Milani para defenderse habrá estado desmantelada -si ya no lo está- y el resto de las huellas habrán sido borradas.
Será así porque en 207 años de existencia del Ejército nunca a un jefe del Estado Mayor se le permitió retener el cargo de director de Inteligencia. Nunca se le asignó una partida de $ 1.375 millones más por un DNU sin antes garantizar a dónde va a ir esa plata. Esta situación con servicios de inteligencia violando las leyes es consecuencia de la táctica de un Gobierno que usa y tolera esos excesos.
[Fuente: Clarín, Bs As, 22dic13]
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