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Tras el rechazo de varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, una jueza desautorizó un operativo para detener a niños en situación de calle.
La decisión de detener a los chicos mendigos provocó el rechazo de varias organizaciones.
Una jueza de familia cuestionó el accionar de la Policía con los niños mendigos y desautorizó uno de los operativos que se había realizado el fin de semana pasado, desestimando también esas detenciones. A la vez dictó una medida judicial para que las instituciones de todos los poderes del Estado vincula das al tema busquen una salida integral al problema.
Por eso la jueza Adriana Rodríguez, del 7º Juzgado de Familia, citó para hoy a la tarde a los responsables de los ministerios de Justicia y de Desarrollo Social, de la Dinadyf y del Consejo del Menor.
La intención es que en la audiencia cada sector presente un informe sobre cómo actuó en los casos de la detención de menores y las propuestas que tienen. Por eso, ayer a última hora desde el Gobierno se terminaba de elaborar un plan. Entre otras cosas se propondrá relanzar el Pacto Metropolitano y se pedirá mayor penalización para los adultos que se aprovechen de los chicos de la calle, como así también protección para los niños.
Adriana Rodríguez tomó el turno de la Justicia de Familia el jueves pasado, una semana después del comienzo de los operativos de la Policía para sacar a los menores mendigos de las calles. Y la decisión de llamar a una audiencia a las autoridades surgió luego de que la jueza debiera intervenir en una causa de ese tipo en la que había menores involucrados, aunque no quiso dar precisiones.
Según trascendió, se trataría de la detención de cinco chicos que fueron encontrados en el Centro el fin de semana y que fue la última actuación de la policía en ese sentido.
Para la jueza, la actitud de la Policía y los jueces que trataron el tema anteriormente no es ilegal, pero sí inoportuna.
"Hay cosas y decisiones que son legales pero que pueden no ser legítimas y que la Justicia puede tenerlas en cuenta. Y yo las tengo en cuenta, como el contexto social", dijo la jueza, que aseguró que intenta que se abra el diálogo entre las partes para lograr compromisos reales. Por eso hizo que mediara una orden judicial para que las decisiones luego queden escritas.
Todo comenzó con la denuncia de comerciantes del centro sobre los perjuicios que traía a su actividad la mendicidad en el microcentro. Luego la Policía comenzó una serie de operativos en los que más de 30 niños y adolescentes fueron detenidos en el Centro y llevados en patrulleros a la Comisaría del Menor para, según la explicación oficial, tenerlos en resguardo.
Desde entonces, comenzaron los cruces de acusaciones y avales por el accionar Policial. Primero fueron organismos internacionales defensores de los derechos humanos los que denunciaron. Y ayer se sumó la Coordinadora de los Derechos Humanos de la provincia que denunció el accionar policial. "Este atropello constituye una seria amenaza a la libertad física de estos niños, los cuales además de ser víctimas de la pobreza son detenidos sólo por su aspecto físico y separados de sus familias", dice el comunicado de la organización.
La jueza también dijo diferir con los criterios que expuso el juez Ariel Spektor al rechazar el pedido de hábeas corpus en favor de los chicos. "Como fuero especialista tenemos la obligación de tener en cuenta otras cosas que no se colocaron en la decisión judicial anterior".
Así, desde la Justicia se intenta buscar una alternativa a un tema que quema en las manos del Gobierno y de los municipios. Anoche en una reunión ampliada del Consejo de Niñez y Adolescencia se redactaban las propuestas que intentarán consensuar hoy.
[Fuente: Pablo Icardi, Diario Los Andes, Mendoza (Arg), 22ene03]
Este documento ha sido publicado el 13feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights