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14feb07
La Corte nacional intimó al Estado argentino por la cárcel mendocina
La Corte Suprema de Justicia intimó ayer al Estado Nacional a que en un plazo de veinte días resuelva la crítica situación carcelaria de la provincia de Mendoza, ante lo que considera un agravamiento de las condiciones en las que se encuentran los detenidos, y el incumplimiento de la orden dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de garantizar la protección de la vida y la integridad física en los penales de esa jurisdicción "de modo que no se produzca una muerte más".
Además instruyó a los tribunales provinciales, incluida la Suprema Corte mendocina, a hacer cesar "toda situación de agravamiento de la detención que imponga un trato cruel, inhumano o degradante, o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado federal".
Es la segunda vez que el máximo Tribunal interviene para garantizar el cumplimiento del compromiso asumido por el Estado ante la CIDH, aunque en setiembre de 2006 los magistrados se limitaron a requerir información de los gobiernos nacional y provincial sobre las acciones que habían realizado para resolver la crítica situación, y en esta oportunidad directamente les fijaron un plazo para concretarlas.
La intimación se conoció poco después de que el gobernador Julio Cobos escuchara en Buenos Aires de boca del ministro de Justicia de la Nación, Alberto Iribarne, que al Gobierno nacional le preocupa la posibilidad de una posible sanción de la CIDH ante la falta de cumplimiento, por parte de Mendoza, de las medidas provisionales "obligatorias" ordenadas por ese Tribunal internacional en tres oportunidades.
En la reunión, a la que asistieron el ministro de Gobierno de Mendoza, Sergio Marinelli, y la senadora kirchnerista Marita Perceval, el Gobernador y el ministro Iribarne analizaron hasta qué punto habían logrado cumplir con la estrategia conjunta que se habían planteado tras el pronunciamiento de la Justicia internacional.
La Nación, aseguró un testigo del encuentro, puso sobre la mesa un listado de acciones que van desde la reactivación de la comisión de seguimiento ad hoc creada para atender la crisis carcelaria mendocina, hasta la concreción del traslado de los presos federales, pasando por el pago de 4.509.980 pesos a la Provincia correspondientes a una vieja deuda de la Nación por el alojamiento de sus detenidos, y el envío de trece oficiales superiores penitenciarios retirados para prestar asesoramiento y capacitación.
La Provincia, según relató el propio Cobos al regresar de la Capital Federal, pidió que se reforzara el envío de dinero y reclamó el traslado de penitenciarios federales para la atención de los presos de esa jurisdicción "para que la Provincia optimice sus recursos". Además, se comprometió a realizar el traslado de detenidos a la nueva cárcel de Cacheuta entre mayo y junio.
Con respecto a la deuda de la Nación con Mendoza por los presos federales, que es de 5 millones de pesos, Cobos dijo: "Ahora ellos (por la Nación) giraron una partida de 2 millones de pesos, así que tendríamos un saldo de 3 millones. Nuestra preocupación es ver si se refuerza. Ahora nos van a prestar 25 agentes penitenciarios federales, mientras nosotros hacemos el traslado a la cárcel de Cacheuta. Por eso estamos viendo la posibilidad de destinar presos federales a otro lugar o tener un refuerzo de penitenciarios federales para la atención de los presos", dijo.
Para las autoridades nacionales, sin embargo, la Provincia no parece haber actuado hasta el momento con el nivel de celeridad que requiere la amenaza de una condena de la CIDH al Estado nacional nada menos que por un tema vinculado a los Derechos Humanos.
La acordada posterior de la Corte Suprema vino a corroborarlo: "Resulta claro que la gravedad de la reiteración de los hechos que se denuncian, la ausencia de control y dominio adecuados en la Penitenciaría exigen de la Corte el ejercicio de control encomendado a la Justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado", advirtió el Tribunal.
Pablo Salinas, uno de los abogados que denunció hace tres años al Estado nacional y la provincia de Mendoza por la situación de los presos de los penales de Boulogne Sur Mer y la unidad Gustavo André de Lavalle, celebró el pronunciamiento del Alto Tribunal nacional y advirtió que "ni el Gobierno nacional ni el provincial hicieron lo suficiente" para resolver la crisis.
Salinas recomendó no perder de vista que el problema no es sólo de Mendoza porque "el que está sometido a juicio internacional es el Estado argentino", y advirtió: "La CIDH dijo que el Gobierno no puede alegar que tiene una estructura federal para dejar de cumplir una ley internacional".
La situación de violencia en el penal de Mendoza obligó en 2004 a la CIDH a hacer una visita a al penal de Mendoza, en una medida con pocos antecedentes en el país. Ese año, murieron 17 internos.
[Fuente: Los Andes, Mendoza, Arg, 14feb07]
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