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El Juez Ariel Spektor rechaza el Hábeas Corpus en favor de los menores detenidos ilegalmente y refrenda la actuación policial.
El juez Ariel Spektor, a cargo del Primer Juzgado de Instrucción, rechazó el hábeas corpus presentado el viernes pasado por tres abogados mendocinos. Con este recurso legal, los letrados pretendían, en primer lugar, que se ordenara a la Policía de Mendoza frenar las detenciones. Pero también pedía que se informara si los operativos habían sido realizados mediante la orden de algún juez competente.
Ni una cosa ni la otra. Según, explicó el abogado Alfredo Guevara -que presentó el recurso junto a los letrados Pablo Salinas y Diego Lavado-, el juez rechazó el pedido argumentando que la policía había actuado aplicando sus facultades.
Esto es, basándose en la Ley Orgánica policial (actuar en forma directa para proteger a los menores que estén en peligro material o moral) y en el Código de Faltas provincial (que autoriza la sanción a las personas que explotan a los menores).
La respuesta indignó a los abogados, que ya presentaron una apelación. "Por encima de estas normas está la ley 6.354, de Protección Integral del Niño y el Adolescente, y los tratados internacionales", refutó Guevara y agregó que expondrán el tema ante organizaciones internacionales y Unicef Argentina.
Más allá de lo legal
Hace una semana que comenzaron las detenciones de chicos en situación de calle en el microcentro y, hasta ayer, iban 29. Se llevaron también cuatro adultos, de los cuales, una mujer fue procesada por hacer mendigar a sus hijos y otros niños.
Al parecer, según la sensación que tienen en las comisarías Primera y Tercera, "por ahora parece que no van a continuar". El jueves se llevaron a los tres últimos chicos y, desde entonces, no hubo noticias de otros detenidos. Aunque, según un jefe policial, está vigente la orden de que sigan los controles.
Al principio, el "rastrillaje" dio resultado. Algunos días casi no hubo chicos mendigando en las calles. Pero lo que duró la "limpieza" fue lo que duró su ausencia. Ayer un grupo de tres chicos apresuraban pasos en la Peatonal para arrimarse a un hombre que les dio unas monedas.
Minutos antes, habían conseguido que un grupo de extranjeros les diera una buena porción de tostado a cada uno. Mientras lo comían, sentados bajo la glorieta, buscaban con la mirada otro posible contacto.
Después de que fueron noticia durante tantos días, no sólo se incrementó su nivel de desconfianza, sino también están más atentos a lo que pasa a su alrededor.
Sentado a una de las mesas de una heladería de la Peatonal, otro de sus compañeros (de cerca de 12 años) leía interesado un diario mientras, de vez en cuando, levantaba la mirada para encontrar a los más chicos. Un panorama similar se veía en la calle San Martín, en plena siesta.
La ausencia de los "ratis" (como llaman a los policías) durante el fin de semana y ayer, les da más libertad de acción. Cabe preguntarse hasta cuándo seguirán los controles y cuántos chicos más van a detener. El problema de fondo, que es el que se está poniendo de relieve en algunos ámbitos de Gobierno y no gubernamentales, es "doble victimización" de estos chicos.
Por un lado, sufren la exclusión y, por otro, de la situación traumática que genera una detención policial en un niño (y más teniendo en cuenta que los primeros fueron encerrados en un calabozo).
Ese fue tema de debate ayer en una reunión de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, con representantes de la Fundación Centro y de la casita Puente Afectivo. Aunque faltaron: el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Poder Judicial.
Desde la Comisión intentarán saber quién dio la orden de detención, elevarán a la Cámara de Senadores la denuncia formal de la Fundación y formarán un ámbito de debate acerca del problema de la mendicidad.
[Fuente: Diario Uno de Mendoza, 14ene03]
Este documento ha sido publicado el 13feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights