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16feb14
Cinco ex jueces mendocinos comienzan a ser juzgados por su rol en la dictadura
A partir de mañana, la justicia de Mendoza comenzará a juzgarse a sí misma. El cuarto debate oral por delitos de lesa humanidad en la provincia tendrá a 5 ex jueces entre los 41 imputados: los ex camaristas Otilio Romano, Luis Miret y Guillermo Petra Recabarren, y los ex magistrados federales Gabriel Guzzo y Rolando Carrizo.
Este nuevo juicio será el más grande que se haya realizado en Mendoza, con más de cuarenta acusados por delitos cometidos contra más de 100 personas y se espera que declaren unos 200 testigos. Las audiencias serán en el Salón de Actos del Poder Judicial de Mendoza, sede de la justicia provincial que hasta 2011 tuvo como máximas autoridades a Miret y Romano.
Junto a los cinco ex magistrados figuran entre los acusados militares retirados, como el comandante del Tercer Cuerpo del Ejército,Luciano Benjamín Menéndez, jefes de la Policía de Mendoza, y del Departamento de Informaciones (D2) de esa fuerza, donde funcionó el principal Centro Clandestino de Detención de la provincia.
A diferencia del resto de los juicios del país, además de revelar el sistema represivo mendocino con epicentro en el D2, por primera vez se visibilizará de manera integral el rol que cumplieron en ese sistema jueces, fiscales y defensores de la Justicia Federal antes y durante la dictadura.
"El terrorismo de Estado contó en Mendoza con la complicidad de miembros de relevancia de un Poder Judicial que se adaptó sin más al 'plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión' imperante en aquellos años", señaló el requerimiento de elevación a juicio del entonces fiscal Omar Palermo, ahora en la Suprema Corte mendocina.
Para la investigación, la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos, dirigida por Palermo analizó 900 expedientes judiciales y 350 habeas corpus presentados durante la dictadura y en los años previos y concluyó que, pese a las innumerables denuncias "no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por lacomisión de esos hechos".
También reveló que "la mayor parte de las denuncias fueron archivadas o provisionalmente sobreseídas sin mediar una investigación más o menos seria", y que "los habeas corpus fueron sistemáticamente rechazados sin otra tramitación que la puramente formal".
El dictamen señaló que la justicia generó un "contexto de impunidad absoluta" para el accionar represivo, lo que provocó en la población "el convencimiento general de que nada ni nadie podría torcer el curso de los acontecimientos prefijados", y concluyó: "Esto no habría sido posible sin la colaboración de algunos jueces y fiscales silentes".
En concreto, Miret, juez federal en dictadura; Petra, entonces defensor oficial y juez subrogante, y los jueces federales Carrizo y Guzzo, fueron imputados por el delito de omisión de promover la investigación de los secuestros y tormentos. Romano, por su parte, quien se desempeñó como fiscal federal en la dictadura, deberá responder como partícipe primario de 98 casos de secuestros y torturas.
Ese rol de garantes de la impunidad de jueces y fiscales de la dictadura continuó en democracia, cuando a partir de 2004 tuvieron que decidir sobre las causas por delitos de lesa humanidad que involucraban a represores, a civiles y magistrados. Así, la Cámara Federal de Mendoza, integrada por Romano, Miret y Petra, trabó durante años el desarrollo de los juicios en Mendoza y la investigación de represores. Las causas que investigan el terrorismo de Estado pudieron avanzar recién con su salida de la Justicia. Ya sin ese poder de frenar las investigaciones, años después terminarían ellos mismos entre los acusados.
"Este juicio demandó un tremendo esfuerzo. En 2009, a seis años de la anulación de las leyes de impunidad, focalizamos nuestra atención en Mendoza porque existía una mora de los trámites escandalosa. No pasó mucho tiempo cuando las causales de la parálisis de esos procesos saltaron a la vista y claramente tenían nombres y apellido, y son los jueces que están imputados en esta causa", destacó Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y recordó que fue denunciado ante el Procurador General de la Nación por los camaristas que ahora serán juzgados por haber señalado las demoras y la connivencia de esos jueces con los represores.
Este juicio emblemático de Mendoza será el primero en investigar a miembros del Poder Judicial después de la condena al ex juez santafesino Víctor Brusa, primer y único magistrado condenado. A pesar de las dificultades para investigar a miembros de la justicia, en los últimos años 21 ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales fueron procesados por su actuación en la dictadura, según las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A los procesados se suman otra veintena de funcionarios en actividad o retirados que están siendo investigados.
"Pienso que de algún modo las causas ya están encaminadas, lo que no quiere decir que no haya trabas para sortear. Cuando nació esta Procuraduría dijimos que el desafío era ampliar el universo de investigación hacia sectores económicos y civiles, por eso hablamos también de complicidad de las estructuras judiciales, porque el terrorismo de Estado no fueron sólo los cuarteles", agregó Auat. «
Algunos casos emblemáticos
El proceso oral que se inicia mañana incluye numerosas causas cuyos denunciantes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a vejámenes en el D2 y otras dependencias policiales. Aborda, también, las desapariciones del dirigente montonero Jorge Vargas, visto por última vez en aquel centro clandestino y la del estudiante de periodismo Edesio Villegas, así como lo acontecido con Miguel Ángel Gil entregado a la Penitenciaría casi moribundo.
A lo largo de las audiencias se revisará la embestida contra el sindicalismo combativo presente en el Banco Mendoza, ATE y otro sectores laborales que adhirieron a la Juventud Trabajadora Peronista -JTP- y a corrientes clasistas. Ente ellos estará presente el nombre de Marcos Ibáñez, delgado sindical ante el histórico Sindicato de Obreros y Provinciales -SOEP-, secuestrado en el D2, trasladado a la Unidad 9 de La Plata y muerto a manos de los guardias de esa cárcel Federal. Por primera vez, los ataques sexuales quedarán visualizados y abordados como un delito con entidad propia, independientemente de las torturas; se juzgará a algunos miembros del D2 por "Violación agravada por el uso de la fuerza", lo que deja al descubierto los permanentes ataques sexuales denunciados por cuatro mujeres detenidas en ese CCD.
[Fuente: Por Gregorio Araguren, Tiempo Argentino, Bs As, 16feb14]
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