Este documento ha sido publicado el 13feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
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31ene03
Un juez penal presenta una denuncia contra los responsables de las detenciones de niños mendigos.
El juez penal de menores de Tunuyán, Alejandro Miguel, presentó una denuncia contra los responsables de las detenciones de los niños mendigos perpetradas desde principios de enero por la Policía. La denuncia fue radicada en la Segunda Fiscalía de Instrucción y por ahora está caratulada como averiguación de delito. El supuesto ilícito que el fiscal Felman debe investigar es privación de la libertad, que puede ser penado hasta con 10 años de cárcel.
Además, Amnistía Internacional volvió a denunciar al Gobierno en una nueva carta que hizo llegar al gobernador Roberto Iglesias. Esta vez la misiva está firmada por la responsable continental de la organización de derechos humanos, Susan Lee, y contiene más denuncias graves. Así, el tema volvió a tomar trascendencia internacional y el Estado argentino tiene, también, que responder ante esta solicitud.
En esa carta, que es una respuesta a las explicaciones oficiales, se vuelve a remarcar la ilegalidad de los traslados de niños a comisarías y se pide información sobre los chicos que aún permanecerían en los hogares de la Dinaadyf.
El conflicto se inició luego de las denuncias de los comerciantes del Centro por los perjuicios que les traían los mendigos. Esa misma semana, el 7 de enero, la Policía comenzó "de oficio" a hacer detenciones y trasladó a los niños mendigos a la comisaría Tercera y luego a la del menor. Pero al difundirse los operativos, surgieron los problemas para el Ministerio de Justicia y Seguridad por las denuncias presentadas por abogados e instituciones defensoras de los derechos humanos.
El primer revés que el Gobierno recibió desde la Justicia vino de parte de la jueza de Familia Adriana Rodríguez, quien descalificó las detenciones signándolas como arbitrarias por no haber mediado nunca orden judicial. Por eso la jueza ordenó que se hiciera cargo del problema la Dirección de Familia y que la policía no actúe más.
Sospechas
Ahora el tema toma otro color, porque se sospecha que quienes dieron la orden de realizar los operativos cometieron delitos. Por eso, desde la segunda fiscalía ya se comenzaron a tomar medidas para encontrar pruebas y, si surgen motivos suficiente, elevar la denuncia al juez.
La principal sospecha es que se habría privado ilegítimamente de la libertad a los niños, sin haber tenido en cuenta, además, las normas de protección de la infancia. Los responsables podrían ser culpados, así, bajo el rigor de los artículos 141, 143, 144 bis inciso 1, y 146 del código penal, que castiga con penas de 1 mes a diez años de prisión o reclusión a los responsables.
Desde un principio, la Policía dijo actuar de oficio y ninguna autoridad del Ministerio se hizo cargo de haber bajado la orden. Algunos piensan, puertas adentro, que "la Policía actuó sin medir las consecuencias".
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se dijo públicamente, luego de desmentir las acusaciones, que no se realizarían más operativos. Por eso, los abogados que habían presentado un pedido de hábeas corpus se dieron por satisfechos. "Consideramos que ganamos porque no se va a detener más chicos", dijo Pablo Salinas, uno de los abogados denunciantes.
[Fuente: Diario Los Andes, Mendoza, Arg, 31ene03]
Este documento ha sido publicado el 13feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights